Acciones y recursos financieros frente a la crisis de la cadena láctea

Con una importante inversión de recursos financieros y la puesta en marcha de medidas de protección, estímulo al acopio y fomento de las compras públicas locales, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha atendido la crisis del sector lácteo colombiano.

Así lo manifestó la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Ortega, en su comparecencia ante el Congreso, en el debate de control político citado por la Comisión Tercera del Senado, interesada en conocer las políticas de la cartera frente a los problemas de la industria lechera.

Además de una estrategia de largo plazo para la industria láctea colombiana, formulada en mediante el Plan de Ordenamiento Productivo (Resolución 160 de 2022), con un horizonte a 20 años, el ministerio ha respondido de manera oportuna con una serie de acciones para enfrentar la coyuntura crítica que vive la cadena lechera.

El ministerio destinó 18.000 millones de pesos para apoyar la comercialización de los pequeños productores, lo que descongestionará más de 4 millones de litros de leche a campesinos productores, quienes son los más afectados en la actualidad, debido a la caída de los precios y la reducción de la demanda; y se dispusieron 2.000 millones de pesos para promover el almacenamiento de leche en polvo. En total, son 20.000 millones de pesos para promover el acopio. Adicionalmente, fueron destinados 3.000 millones de pesos para estabilizar el mercado interno.

Otra de las medidas adoptadas fue el fortalecimiento de las compras públicas locales. Con los contratos que suscriban las entidades de Gobierno (ICBF, Fuerzas Militares y otras) se garantizará la compra del 30% de la producción en el primer semestre de 2025. El Gobierno del Cambio intensificó en julio pasado las compras públicas mediante la incorporación de notas conceptuales a las minutas de compras en entidades de Gobierno, lo que asegura la ejecución de las adquisiciones durante los próximos meses.

Se han realizado 24 ruedas de negocios en 19 departamentos, con las que se consiguió descongestionar un importante volumen de la leche acopiada. En cuanto a las acciones de promoción del consumo, la viceministra Ortega informó que fueron entregados 1,1 millones de litros de leche y sus derivados a población vulnerable en el último bimestre. Agregó que actualmente se encuentra en marcha un estudio de preferencias de mercado, a través de la Bolsa Mercantil, que permitirá orientar de manera precisa la campaña de promoción del consumo en la sociedad colombiana.

También mencionó la promoción de exportaciones. A través del Fondo de Estabilización de Precios de carne y leche se otorgaron compensaciones por 3.600 millones de pesos, con lo que se consiguió exportar 2.052 toneladas de leche en polvo. También se han realizado subastas que permitieron negociar 1.266 toneladas de leche en polvo y 2.547.000 litros de leche UHT, así como 8.000 kilos de queso.

La industria láctea en Colombia contribuye en el empleo rural con aproximadamente 705.000 empleos directos, y cerca de 321.000 familias dependen económicamente del sector.

Desde hace algunos años, los problemas de la producción láctea colombiana se han agudizado debido a varios factores. Uno de ellos es la disminución del consumo interno de leche y sus derivados, calculada en al menos 6,5%. Según datos de FAO, el consumo debería estar en 182 litros por persona / año, pero en Colombia se redujo a 148 litros, lo que afectó los inventarios.

Un factor decisivo es la sobreoferta de productos lácteos importados, provenientes en su mayoría de Estados Unidos, que hicieron caer el precio interno al productor de manera dramática. Los costos de los insumos hacen que el precio al consumidor se mantenga alto, a pesar de la caída de los demás factores.

El origen de esta situación se encuentra en los Tratados de Libre Comercio, que permitieron el crecimiento de las importaciones en 25%, y que dejan a los productores nacionales en condiciones desventajosas frente a los productos lácteos foráneos.

Frente a los factores estructurales, relacionadas con los impactos negativos del TLC y la baja tasa de formalización, el Gobierno en su conjunto ha realizado varias acciones. Se destaca el trabajo realizado con Invima e ICA para la excepción de pagos de tarifas a pequeños productores, con lo cual se busca elevar la tasa de formalización. En la actualidad, solo el 45,5 % de los pequeños productores están vinculados formalmente a la cadena productiva.

Fuente: Agencia Prensa Rural