300 organizaciones y 14 mil ciudadanos rechazan eventos transgénicos aprobados por Jeanine Añez

En una Carta Abierta y un Pronunciamiento Nacional entregados el lunes 18 de mayo en el Palacio de Gobierno, organizaciones de productores, organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, consumidores, instituciones, colegios de profesionales, organizaciones campesinas e indígenas y colectivos urbanos que promueven el consumo de alimentos saludables en Bolivia señalan que estos decretos -que promueven la introducción de eventos transgénicos en Bolivia- son inconstitucionales por saltar las siguientes normas: la Constitución Política del Estado, Ley 300: Ley Marco de la Madre Tierra y desarrollo Integral para Vivir Bien, Protocolo de Cartagena, Ley 622 de alimentación escolar, Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, Ley 144 de Revolución Productiva, Ley 2452 y 2735 de etiquetado de OGM (Organismos Genéticamente Modificados) en Bolivia entre otras más. 

Argumentan que el uso de eventos transgénicos para maíz, soya, caña de azúcar, algodón y trigo provocarán un aumento exponencial del uso de agroquímicos, debido a que los transgénicos están ligados al uso de éstos. En casos presentados en Argentina, Estados Unidos y Francia por ejemplo se muestran evidencias científicas que indican que el uso de agroquímicos afecta negativamente al medioambiente (suelo, agua y aire), la salud humana ( afecta al sistema inmunológico) y la biodiversidad. Al mismo tiempo advierten que el Estado boliviano no ha hecho investigaciones serias e independientes sobre estos impactos, escuchando solo a los sectores empresariales y no a la sociedad civil.

La decisión de apoyar al sector del agronegocio boliviano, a la cabeza de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) va en contrasentido de la tendencia mundial de disminuir el uso semillas transgénicas para monocultivos en zonas de bosques de alta diversidad, por el riesgo que suponen para la salud humana, medio ambiente y biodiversidad.

A su vez, el pronunciamiento exige se cumpla el mandato nacional de abrogación inmediata del Decreto Supremo 3973 y la Ley 741, que permiten actividades de chaqueo desmedido, desmonte y megaincendios forestales, con el fin de ampliar la frontera agrícola para favorecer al mismo sector agroganadero, encabezado por la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegazacruz) y la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), que busca exportar carne de vaca.

Hasta mayo de 2020 el país ha tenido un incremento del 43% de focos de calor con relación a 2019, de los cuales 19% se encuentran en zonas forestales y áreas protegidas, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). Estos incendios son promovidos por un modelo de desarrollo extractivista agroganadero, que promueve la deforestación, desertificiación, incendios y desequilibrio ecosistémico, atentando contra la biodiversidad, seguridad alimentaria, la salud y la vida de todos los bolivianos y bolivianas.

Por ello, las y los firmantes exigen el fomento y apoyo a la agricultura familiar, a la agricultura ecológica, orgánica, biológica, agricultura urbana y periurbana, agricultura de conservación, agricultura regenerativa, sistemas agroforestales. Así como el reconocimiento y respeto a la agricultura ancestral campesina e indígena y otros sistemas agroalimentarios sostenibles libres de transgénicos y agroquímicos. Estos sistemas están demostrando ser más exitosos frente al cambio climático y son la mejor opción para la soberanía y seguridad alimentaria en un país biodiverso como Bolivia.

Fuente: El País