¡Japón se lleva el yacón! RAFI

Comunicado - 24 de agosto del 2001

El secuestro por parte del gobierno japonés de un tubérculo peruano de gran utilidad, pero muy poco conocido, ha motivado un escándalo en los medios de ese país. Sin embargo, según Pat Mooney, Director Ejecutivo de RAFI, los que están en el banquillo de los acusados no son los verdaderos culpables: el escándalo disimula temas más serios relativos a la soberanía y a quienes realmente tienen la responsabilidad por la biopiratería en los Andes.

Plata dulce:

El yacón (Smallantus sonchifolius), planta nativa de los Andes pariente del girasol, tiene sabor dulce pero no engorda. El cuerpo humano no es capaz de metabolizar el azúcar de esta planta, por lo que su eventual utilización en alimentos significaría que los que están a dieta podrían comer muchos más dulces sin pensar en las consecuencias. Teóricamente, al ser un edulcorante que no engorda, el yacón podría suplantar cultivos como la caña de azúcar y la fructosa de maíz en muchos productos, desde galletas a refrescos. Viendo este enorme mercado potencial, los japoneses han estado investigando y patentando derivados del yacón por más de una década. Según Julie Delahanty de RAFI que ha hecho un seguimiento de estas patentes, en Japón se están cultivando experimentalmente más de cien hectáreas de yacón.

Escándalo de semillas:

La tormenta alrededor del yacón (ha aparecido citado en varios diarios y canales de televisión de Perú), se comenzó a formar cuando dos ex - empleados del Centro Internacional de la Papa (CIP) en Lima acusaron a los directores de este instituto público de investigación de contrabandear germoplasma de yacón para el gobierno de Japón. Los ex - empleados, el Dr. Noel Pallais y el Dr. Zoesimo Huaman (éste último constituyó su propia ONG - ProBioAndes- luego de salir del CIP) afirman que el CIP recibió un pedido del embajador japonés de germoplasma incluido en el "fideicomiso" del Centro en noviembre de 1999. (CIP tiene un amplio banco genético internacional en Lima que frecuentemente es usado por gobiernos regionales para una buena conservación de tubérculos, los materiales en fideicomiso no pueden ser objeto de ninguna forma de propiedad intelectual). Pallais y Huaman sostienen que para evitar acusaciones de biopiratería, el CIP entregó las muestras de yacón a un instituto gubernamental peruano (INRENA) cuya directora, Josefina Takahashi, posteriormente le dio los tubérculos al embajador de Perú; en Japón, que voló con ellos a Tokio unos días más tarde. La historia se pone más picante, porque el embajador en Perú es el cuñado de Fujimori, el ex - presidente peruano refugiado en Japón. Cambien se asocia a Takahasi del INRENA con los intereses de Fujimori.

Investigando:

"Oímos rumores sobre el yacón en una reunión de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en febrero de este año," recuerda Pat Mooney. "Contactamos a otras organizaciones de la sociedad civil en Perú y también hablamos con varias personas relacionadas al CIP" -continúa Mooney. "Llegamos a la conclusión que lo que hizo el CIP fue repatriar recursos genéticos peruanos a partir de una solicitud del gobierno peruano. Posteriormente, las autoridades peruanas permitieron intencionalmente la fuga de plantas al Japón. Si le hubieran llegado noticias a RAFI de que el CIP se negaba a dar materiales peruanos a Perú - o que de cualquier otra forma hubiera coartado la soberanía de Perú- hubiéramos denunciado al CIP por esta razón." Mooney agrega "Nuestras investigaciones también mostraron que los dos empleados que ahora están haciendo la denuncia, conocían muy bien la situación durante todo el proceso y no expresaron ninguna objeción hasta meses después de que se enviaron las muestras. Ambos habrían podido hablar públicamente en el momento adecuado y eso hubiera significado una diferencia real en los resultados. Ahora están quejándose por que el CIP no rompió con el acuerdo que tiene con el gobierno, cuando ellos, como ciudadanos peruanos, tenían la posibilidad y el derecho de intervenir legalmente!".

La capital de la biopiratería en el mundo.

Aunque en este caso CIP sea inocente, el caso del yacón es una pérdida real para el Perú y otros países andinos, así como para la gente que lo ha estado cultivando por siglos. "El CIP sabía que las semillas iban a ser llevadas a Japón" dice Alejandro Argumedo de la Asociación Kechua-Aymara ANDES, en el Cuzco, "pero no tenían derecho a interferir legalmente. Las autoridades peruanas también sabían lo que iba a suceder y deberían haber intervenido. Pero esto es un triste ejemplo más donde el discurso disfraza la biopiratería. La región andina es la capital de la biopiratería en el mundo."

Una razón por la cual el ataque al CIP ha ganado popularidad es que permite que aquellos que deberían haber estado velando por los intereses nacionales, desvíen la atención hacia un objetivo internacional, que los deja afuera. CIP, como parte de la red pública CGIAR (Grupo Consultivo de Investigación Agrícola Internacional), es vulnerable a las críticas.

"Hemos mantenido una actitud crítica hacia el CGIAR por los últimos 25 años"; dice Pat Mooney, pero reconocemos que el CIP y su socio el CIAT (Centro Internacional del Agricultura Tropical) en Colombia, han tenido conductas correctas últimamente, defendiendo a los agricultores contra la biopiratería. "A principios de este año, cuando el escándalo del yacón estaba fermentando, la FAO y el CIAT trabajaron junto con RAFI para apelar legalmente por el patentamiento de una variedad de frijol amarillo mexicano por parte de una empresa de semillas estadounidense. Las Naciones Unidas y este centro del CGIAR apoyaron la demanda de los agricultores mexicanos, que todavía está en juicio. Actualmente, RAFI también está trabajando junto a un centro del CGIAR para apelar jurídicamente otra patente -la del frijol nuña, un frijol con el que se puede hacer palomitas, nativo de los Andes.

"Los campesinos peruanos estamos exigiendo que se rescinda la patente, pero aún el gobierno no nos ha contestado" dice Alejandro Argumedo disconforme. "Tanto CIP como CIAT han adoptado una actitud constructiva en esos casos", agrega Pat Mooney.

En los últimos años, los gobiernos de los países andinos han ignorado una serie de casos de biopiratería:

* A principios de los `90, RAFI denunció que un mejorador de algodón de los Estados Unidos había logrado una forma de derechos de propiedad intelectual sobre el algodón naturalmente coloreado, originario de los Andes. Los gobiernos andinos no hicieron nada.

* En 1996, RAFI alertó que la unidad de investigación médica de la Marina de los Estados Unidos había estado recogiendo muestras de sangre en Lima e Iquitos, en Perú. El gobierno permaneció totalmente pasivo.

* En 1997, organizaciones de agricultores de los Andes y RAFI, iniciaron una campaña para derogar una patente de la Universidad del Estado de Colorado (Estados Unidos), que incluía decenas de variedades tradicionales de la quinua andina. Los gobiernos ni siquiera se dieron por enterados.

* En 1998, RAFI advirtió que una compañía sueca de nombre Biogaia había patentado un microorganismo extraído del seno de una mujer peruana. El hongo fue comercializado en yogures y otros productos vendidos en Escandinavia. Ninguna respuesta del gobierno.

* En 1999, gracias a la intensa presión de pueblos indígenas de la Amazonia, y basado en la información que les entregó RAFI en 1995, la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos canceló una patente oprobiosa que había otorgado sobre la planta sagrada Ayahuasca. Sin embargo, en enero del 2001, la patente fue reinstalada, concediéndola nuevamente al ciudadano norteamericano que la había solicitado originalmente. Sin oposición de ningún gobierno de los países amazónicos.

* En el 2000, trabajando con la Asociación Kechua-Aymara y grupos de campesinos de los Andes, RAFI reveló que existía una patente sobre el frijol nuña, otorgada a una empresa estadounidense y urgió al CGIAR y a los gobiernos de la región a apelar contra esta piratería. Hasta ahora solamente el CGIAR ha respondido.

* En el 2001, la Asociación Kechua-Aymara y RAFI comenzaron a trabajar con los Kallawaya de Bolivia y Perú preocupados por la comercialización de varias plantas medicinales propuestas por la Universidad de Texas y una compañía farmacéutica japonesa. Los gobiernos no han mostrado interés.
"En cada caso" concluye Pat Mooney, "los gobiernos tienen una obligación evidente de actuar. Esperamos que el nuevo gobierno de Perú tome este desafió y actué contra la biopiratería". "El yacón debe volver a su casa," concuerda Argumedo, al igual que los demás recursos que han sido pirateados."

Por más información:

Alejandro Argumedo, IPBN (Red de Biodiversidad de Pueblos Indígenas)
Ruinas 451, Casilla 567, Cuzco, Perú
Tel: 51-84-243-427 o 651-329,Correo electrónico: ten.bew@nbpi

Pat Mooney, Director / RAFI
Winnipeg, Canada
Tel: 1- 204- 453-5259
Fax: 1-204- 284-7871
Correo electrónico: gro.ifar@ifar

RAFI
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Fundación Internacional para el Progreso Rural
www.rafi.org
gro.ifar@ifar