Morococha, agroecología, Coharyima y Comando Covid Indígena-Junín

Elvis Fuester Calderón, presidente del Frente de Defensa del distrito de Morococha-Junín

En pie de lucha

Los sobrevivientes de Morococha, ciudad destruida por la empresa minera Chinalco ubicada en la provincia de Yauli, región Junín; continúan en lucha por sus derechos a pesar de que la minera los asfixia para que acepten la reubicación en la nueva ciudad de Carhuacoto.

Dialogamos con Elvis Fuester Calderón, presidente del Frente de Defensa del distrito de Morococha, quien denuncia que la nueva ampliación del proyecto minero Toromocho de Chinalco intenta deslindar toda responsabilidad con la población afectada.

En el estudio de impacto ambiental de Chinalco de 2010, la ciudad de Morococha figura como área afectada; por esto se espera una respuesta clara del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).

Fuester también aclara que la empresa minera china, en la década de explotación de cobre, no cumplió los compromisos a cabalidad con la población y menos llegó suscribir un convenio marco.

Luis Gomero, presidente del Consorcio Agroecológico Peruano (CAP)

Peligro transgénico

EL uso de semillas transgénicas en el Perú pondría acabar con la bioseguridad alimentaria del país y beneficiará directamente a la agricultura de exportación, afirma Luís Gomero, presidente del Consorcio Agroecológico Peruano (CAP).

Para proteger y garantizar la biodiversidad de las semillas agroecológicas se pide al Congreso de la República ampliar, por 10 años, la ley que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al territorio nacional.

Luis Gomero defiende que las semillas producidas en el país son tan capaces que las transgénicas, como es el caso del maíz.

El presidente del Consorcio espera que el gobierno tome conciencia de cuidar la alimentación y la economía de los peruanos y que los incentivos estatales de salvataje para el sector agricultor no se desvíen a las empresas exportadoras.

Alejandro Irey Corisepa, presidente del Consejo Harakbut, Yine y Matsiguenka (COHARYIMA)

Sin consulta

En la región Madre de Dios, la comunidad nativa San José de Karene, corre gran riesgo de ser invadida por mineras foráneas y depredadores de áreas forestales por la apertura de una vía ilegal promovida por el alcalde provincial del Manu.

Así lo indica Alejandro Irey Corisepa, presidente del Consejo Harakbut, Yine y Matsiguenka (COHARYIMA) quien denuncia que el alcalde provincial viola el derecho a la consulta previa de los los pueblos indígenas y se espera una respuesta de la autoridad.

Al igual que San José de Karene, las comunidades Barranco Chico y Puerto Azul están expuestas a sufrir más invasiones por la apertura de carreteras que ponen al descubierto sus territorios para los foráneos depredadores y traficantes de tierras.

El presidente del COHARYIMA señala que las comunidades de esa parte de la región de Madre de Dios viven de la minería artesanal por necesidad y exige que las autoridades elaboren un plan sostenible que permita controlar y reducir la actividad minera.

Fredy Gerónimo Chumpate, presidente del Comando Covid Indígena de la región Junín

Fuera de control

El plan de intervención del Estado peruano para reducir los efectos adversos del coronavirus en las comunidades indígenas, no funciona de la región Junín. El gobierno regional no efectiviza las transferencias a las redes de salud y existe errores en las ejecuciones.

Así lo expresa Fredy Gerónimo Chumpate, presidente del Comando Covid Indígena de la región Junín, quien también denuncia que la cobertura en los puestos de salud de las comunidades es pésima.

Los promotores de salud están en primera línea de contacto y contagio en las comunidades nativas al monitorear la propagación de la pandemia para las redes de salud, pero estos no cuentan con protección ni algún seguro de vida.

El presidente del Comando COVID Indígena de Junín espera que el gobierno central tome cartas en el asunto para reencaminar el plan de intervención con la contratación de médicos y personal sanitario para las comunidades nativas.

Fuente: Servindi