Audio - Pueblo de Guatemala celebra derogación de la Ley Monsanto
Por considerarlo un atentado contra la soberanía de Guatemala y su producción de siembras con productos autóctonos del país, el sector campesino inició una serie de protestas luego de darse a conocer la aprobación de La Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, más conocida como “Ley Monsanto” que fue aprobada el pasado 10 de junio de este año, sin ser consultada al pueblo.
El instrumento promovía los derechos de propiedad intelectual de las nuevas variedades de semillas vegetales, que a juicio de las organizaciones y activistas de la sociedad civil, favorecían a grandes empresas en detrimento de las libertades individuales.
El decreto 19-2014 que aprobaba la ley, firmado por el presidente de la República Otto Pérez Molina, el presidente del Congreso Arístides Crespo Villegas y por los ministros de Agricultura y Finanzas Públicas, fue revocado en su totalidad por los legisladores con carácter de “urgencia nacional”. De los 158 diputados, 117 votaron a favor de derogación.
El pasado 1 de septiembre 120.000 guatemaltecos de 82 comunidades indígenas diferentes, junto con alcaldes, campesinos y pobladores locales, mostraron su repudio a la aplicación de la llamada Ley Monsanto, y exigieron al Congreso su inmediata derogación. Para ello, bloquearon varios kilómetros de la ruta Interamericana.
La derogación entrará oficialmente en vigor el 26 de septiembre; el mismo día que hubiese entrado en vigencia la Ley Monsanto.
Además de las organizaciones indígenas, otras asociaciones sociales que se manifestaron en contra de la normativa fueron la Red Nacional para la Protección de la Biodiversidad, el Colegio de Ingenieros Agrónomos, la Universidad San Carlos de Guatemala, la Plataforma Agraria y la Universidad Rafael Landívar.
“De acuerdo a esta ley los derechos de obtentor [autor] son prioritarios al derecho de los pueblos al uso libre de las semillas […] Es un ataque directo a los conocimientos ancestrales, a la biodiversidad, a la vida, a la cultura, a la economía campesina, a la cosmovisión de los pueblos y a la soberanía alimentaria”, expresó la Alianza para la Protección de la Biodiversidad.
Ante las diferentes protestas que emprendió el pueblo campesino guatemalteco, se logró la derogación de esta ley el pasado jueves que se denominó “de urgencia nacional”, esta abolición registró 111 votos a favor por parte de los diputados del Congreso de la República, cuatro en contra y 33 ausentes.
“La ley fue aprobada sin ser consultada y sin el consentimiento de los pueblos”, así lo manifestó Norma Maldonado a Radio Ñanduti.
Enviarán un mensaje a todos los pueblos para que conozcan lo que significa esta ley, calificada como el paquete de ley para la muerte, que pone en riesgo el salario mínimo y lo sustituye por un salario de servidumbre, que obliga a las personas a ceder sus propiedades, facilita los monopolios de las telecomunicaciones y afecta la integridad y estabilidad de un pueblo soberano y con autodeterminación.
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