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Asalariados agrícolas y su participación en la IV Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria que inicia este 2 de mayo.
El principio de Soberanía Alimentaria aglutina a diversos sectores sociales en la elaboración de propuestas para políticas públicas, entre los cuales los asalariados rurales cumplen un rol importante y reclaman visibilidad, respeto en sus derechos y acciones estatales tanto a nivel nacional como en articulaciones internacionales.
En América Latina y el Caribe, las redes y organizaciones regionales se han dado desde hace dos años, una herramienta de articulación denominada la Alianza para la Soberanía Alimentaria que convoca para esta semana a la IV Conferencia Especial para la Soberanía Alimentaria, previa a la XXXIII Conferencia Regional de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO.
La sede de ambos encuentros será Santiago de Chile, donde se aguarda la presencia de unos 70 delegados y delegadas de las organizaciones sociales, dispuestas a discutir con los representantes gubernamentales las políticas referidas a la agricultura familiar, en un año en que fuera explícitamente destacado este sector por parte de la propia FAO.
Al respecto, Alessandra da Costa Lunas, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Agricultura (CONTAG) de Brasil y de la Alianza por la Soberanía Alimentaria, subrayó que para los movimientos sociales que incorporan este principio en sus plataformas, la agricultura familiar tiene rostro de campesino, de indígena, de pescadoras y pescadores artesanales. Y conlleva asimismo a la defensa de los territorios, las semillas y los saberes de agricultores, pobladores rurales y asalariados.
“Para nosotros el Año Internacional de la Agricultura Familiar, Campesinas, indígena y no patriarcal, más que una declaración, es una oportunidad para hacer diálogos y construir propuestas concretas para el fortalecimiento de este sector en todos nuestros países”, dijo la dirigente desde Brasilia.
En cambio, Lunas reconoce que en la mayoría de los países no existe este diálogo. Y que otras lógicas, como de la promoción del agronegocio, priman en la planificación de la alimentación de las poblaciones y la gestión territorial.
La referente de los trabajadores rurales, que además coordinó la Coordinadora de Organizaciones de la Producción Familiar del Mercosur (COPROFAM), destacó la importancia de realizar incidencia en materia de políticas públicas en instancias como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) o la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac).
Potencializar la producción agroecológica de alimentos, es un ejemplo de los conceptos a ser internalizado por los estados con políticas explícitas de promoción. Destacó que en octubre de 2013 se aprobó en Brasil el Plan Nacional de Agroecología dentro de la construcción de una política de desarrollo rural amplia.
La diversidad de situaciones en cada país, no oculta elementos en común, anota Alessandra: que necesitamos tener espacios de diálogo y de concreción de políticas porque la agricultura familiar es la responsable por la gran mayoría de los alimentos que llegan a nuestras poblaciones.
Alianza en crecimiento
El reciente ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (Mercosur), la aproximación del Ecuador a este bloque regional y la creciente articulación internacional de las organizaciones –de la cual la Alianza es un fruto reciente- ha motivado la ampliación de las discusiones de las organizaciones del campo y de los ríos en todo el continente.
Las negociaciones comerciales, como por ejemplo el tratado de libre comercio con la Unión Europea, impactarían claramente en el sector agrario-campesino de los países latinoamericanos, por lo cual el posicionamiento de las organizaciones es imprescindible, dijo Alessandra en el diálogo con Radio Mundo Real.
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