¿A quién protegen los "Tratados de Protección de Inversiones"?

Nuestro analista Álvaro Padrón invitó a participar en su columna semanal a Carrau por ser ésta especialista en el tema del título. La invitada abrió el espacio explicando que esos tratados fueron concebidos y son diseñados exclusivamente para “proteger a los inversores”. Luego reseñó los tres juicios ganados por Uruguay a tres trasnacionales durante los años y semanas recientes: a Phillip Moris, a Italba y a Aratirí, éste hace solo días.

Después describió a grandes trazos cuáles son los actores que representan el sistema capitalista “en esta etapa neoliberal” e indicó cómo opera “la arquitectura de la impunidad” de los inversores. Explicó qué son en rigor esos tratados y que “el principal mecanismo” de operación “ocurre cuando se activan los juicios de una empresa trasnacional contra un Estado”.

El primer perjuicio para los Estados empieza con tener que pagar los costos enormes de su defensa legal. Así, “los bufetes de abogados son uno de los actores de esa arquitectura de la impunidad” y constituyen “una industria”.

El segundo perjuicio deviene del límite autoimpuesto por los Estados para regular actividades económicas y sociales por temor a ser enjuiciados por una trasnacional ante los tribunales arbitrales de inversiones. “La ONU lo llama ´enfriamiento regulatorio´ (…) por miedo a…”. “La asimetría es tan brutal que, ¿cómo hace el Estado para enfrentar a una multinacional?”.

Recordó que “Uruguay tiene una treintena de tratados firmados” y planteó preguntas a modo de reflexiones abiertas en torno a qué hacer con esto. Graficó que a “los contratos inversionista-Estado (…) podemos pensarlos como un contrato de alquiler”, pero para el que rigen las lógicas y términos de los ´tratados de protección de inversiones´ y que está regido por éstos.

Advirtió que actualmente “Uruguay tiene cinco demandas” en curso en su contra “y dos” de ellas es muy probable “que se activen”. Subrayó que “es significativo que todas las demandas” contra nuestro país “empiezan a aparecer después de 2010”, es decir cuando se estableció una “agenda de derechos” en el marco de “un rol muy activo del Estado” en la defensa de amplios intereses de la sociedad y de la actividad pública en la economía.

La “opacidad” y la falta “de transparencia” de los sistemas jurídicos y políticos están en la base de la arquitectura de la impunidad. Y “los Estados no pueden demandar” a las trasnacionales ante organismos como el Ciadi, tienen expresamente vedado el recurso habilitado para sus demandantes.

Carrau ejemplificó también algunas de las formas y procedimientos por los que esta estructura atenta directamente contra la democracia en los países. Señaló que “en la izquierda y el campo popular hay una idea de la inversión como algo positivo”, concepto que merece reflexión y pienso.

Sobre esto último, resaltó no obstante que “ahora se está hablando mucho más de estos temas y es un paso fundamental”, tanto lo es que “era difícil colocar estos temas en prensa y en programas de debate hace pocos años”.

También destacó la existencia de un proceso “promovido por algunos gobiernos” y actores sociales en Naciones Unidas para ajustar relaciones entre los inversores y los países, orientado a proteger a éstos en términos “de Derechos Humanos” contra el abuso e imposición de las trasnacionales, un asunto que claramente “no escapa a las relaciones centro-periferia”.

Recordó que tanto a nivel nacional como global “no hay evaluaciones sobre lo que han dejado los ´tratados de protección de inversiones´” a los países. Y enfatizó que “a la izquierda política y al campo popular se les va la vida” en conocer las consecuencias de esas inversiones en todos los planos. “Y establecer líneas rojas”, como por ejemplo: “¿cuáles son los límites que va poner Uruguay en una negociación?”, se preguntó al respecto la invitada.

Fuente: M24