Vicentin y la soberanía alimentaria
El pasado 9 de julio, diversos sectores de la sociedad santafesina salieron a las calles para apoyar la intervención del Gobierno en Vicentin. Más allá del debate sobre la expropiación, desde las organizaciones ligadas a la pequeña producción agraria consideran que es una oportunidad para discutir sobre la forma en que se producen y comercializan los alimentos, y acerca de qué modelo de desarrollo territorial y agropecuario se busca construir en la Argentina.
El pasado 9 de julio no fue una fecha menor para los manifestantes que se movilizaron en distintas localidades de Santa Fe, como Rosario, Gálvez y Reconquista, para apoyar la intervención del Gobierno en Vicentin, ya que, para muchas personas, la independencia va de la mano de la soberanía alimentaria. Ese “ruidazo” coincidió con los banderazos anticuarentena que también se replicaron en distintos puntos de la provincia y el país.
Cuando anunció la intención de expropiar la empresa, el presidente Fernández consideró a la medida como “un paso hacia la soberanía alimentaria”. Desde entonces, una nueva grieta parece dividir a los argentinos. Una disputa que ha sido centrada entre quienes apoyan y quienes rechazan la medida, dejando de lado debates profundos y urgentes vinculados al modelo de producción agrario dominante, su impacto sobre la salud y el ambiente, cómo se producen los alimentos y qué tipo de reformas agrarias podrían potenciar el desarrollo en los distintos territorios del país.
“El 9 de julio vamos a manifestar en Rosario, con los cuidados que hay que tener, pero decirle a la sociedad que no solo están los que defienden a Vicentin, sino también los que defendemos la intervención del Estado”, había adelantado Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Aceiteros, durante un conversatorio virtual organizado unos días antes por el Foro Agrario (que el año pasado reunió a más de un centenar de organizaciones de pequeños productores de todo el país para concebir un programa con sugerencias de políticas públicas).
“Lo que ocurrió el 9 de julio fue casi una pueblada. Sin agresiones y respetando las distancias por la cuarentena, se cubrieron entre 40 y 50 cuadras compactas de vehículos, entre autos, motos y bicicletas. Fue muy conmovedor. Los medios lo ignoraron pero para nosotros fue demostrar que hay gente que piensa de otra manera”, le dijo a Agencia TSS el educador rural Abel Fenoglio, vecino de Reconquista, en Santa Fe, que participó de la movilización. “La consigna era manifestarse a favor de la justicia, de un nuevo proyecto social, de que la empresa siga funcionando pero con otras características, de un modelo de desarrollo diferente para el norte de la provincia”, aclaró.
Bajo consignas similares, también se movilizaron algunos vecinos de Gálvez, una localidad de alrededor de 25.000 habitantes emplazada en medio del desierto verde santafecino. Allí, la cantidad de autos fue menor pero significativa para el ritmo habitual de la ciudad, tal como le contó a TSS Pablo Rivoira, productor agroecológico de esa localidad. “Necesitamos una nueva ley de medios para empezar a hacer visibles todas estas cosas que están pasando. Las radios comunitarias tienen que cumplir otro rol y estar financiadas desde otro lugar”, opinó Rivoira y se refirió a la necesidad de visibilizar y dar a conocer entre la ciudadanía otras problemáticas locales que suelen quedar desatendidas, en este caso las vinculadas al modelo de desarrollo, a la exportación cerealera y a la producción de alimentos en la provincia y en el país.
“Está claro que Vicentin es un coloso del agronegocio, pero si a través del Estado y las cooperativas es factible crear una nueva empresa que derive parte de las rentas de exportación a la creación de una empresa pública de alimentos, puede intervenir para discutir qué se produce en materia de alimentos, cómo y para quién”, consideró durante el conversatorio del Foro Agrario el economista Claudio Lozano, actual director de Banco de la Nación Argentina. “La puerta está abierta para que podamos transformar lo que ha sido esta estafa generalizada en una herramienta que pueda servir para controlar al comercio de granos, para tener mejor acceso a la oferta de divisas y poder abrirle la puerta a la soberanía alimentaria”, subrayó.
El concepto de soberanía alimentaria fue propuesto por Vía Campesina en la década del noventa. Se refiere al derecho de los pueblos, comunidades y países de definir sus propias políticas alimentarias, que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas. Excede la idea de seguridad alimentaria que había sido instalada décadas antes por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que se refiere a garantizar el acceso físico y económico a una cantidad suficiente de alimentos inocuos y nutritivos.
“Nosotros venimos construyendo soberanía alimentaria cada vez que un campesino deja de producir con agroquímicos y se pone a hacer bioinsumos, cuando abrimos un almacén de ramos generales o un mercado mayorista, o cuando conseguimos tierra fiscal para comenzar a pensar un proyecto emancipador que tiene que ver con una colonia de abastecimiento”, dijo Federico Di Pascuale, integrante de la regional santafesina de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT), y sostuvo que, para esta agrupación, una intervención de Vicentin representaría “un paso adelante” en el camino de la construcción de la soberanía alimentaria, pero que no la garantizaría.
“Nuestro rol es poner en discusión el modelo agropecuario en la Argentina, la concentración de granos, de exportación y de intereses, que poco tienen que ver con la alimentación que nuestro pueblo requiere ni con las políticas públicas que necesitamos”, coincidió Eleonora Pedot, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (MNCI-UTEP), y advirtió que “hay muchísimas deficiencias y necesidades en nuestra producción: el hecho de no tener agua ni caminos o que nuestros jóvenes tengan que emigrar a las ciudades si quieren estudiar”, ejemplificó.
De manera similar, Di Pascuale destacó la necesidad de pensar la matriz estructural del sistema agrario argentino en pos de alcanzar la soberanía alimentaria: “Sin políticas de acceso a la tierra ni programas de arraigo rural que permitan el abastecimiento de alimentos sanos en circuitos de cercanía y a precios populares, la discusión queda trunca. Para garantizar la soberanía alimentaria para el pueblo y los productores, además de contar con Vicentin, tenemos que pensar en la ley de acceso a tierra, la promoción de la agroecología, el arraigo rural y al feminismo como parte fundamental de la lucha campesina, así como generar y garantizar colonias de abastecimiento urbano a nivel nacional”.
Silvio Antinori, tesorero de la Federación de Cooperativas Federadas (FeCoFe), agregó que el concepto de soberanía alimentaria también debe considerar que haya una distribución democrática y no concentrada de la cadena de comercialización y producción. “Vicentín es una oportunidad para las cooperativas desde que se cerró la Junta Nacional de Granos, de tener una empresa testigo, por un lado, pero especialmente para mostrar que tenemos un modelo político diferente, que no sea de concentración sino inclusivo, que se centre en el trabajo y en las personas”, consideró el dirigente, y advirtió que entre los 2400 acreedores de Vicentín hay cooperativas y empresas que representan a muchas personas, a las que se suman los empleados directos, los trabajadores tercerizados y todas las empresas que dependen del grupo.
Oportunidad para un debate amplio
La expropiación es un mecanismo para regular el funcionamiento de un régimen capitalista que no funciona adecuadamente. Es una posibilidad incluida en el artículo 17 de la Constitución Nacional, desde 1853. Sin embargo, ni bien se anunció la intervención de Vicentin (que luego fue vetada por un juez provincial), se instaló en el centro del debate el temor y el rechazo a la medida, considerada como un ataque a la seguridad jurídica y a la propiedad privada.
“Hay muchas formas de intervenir y el Estado siempre lo hizo con Vicentin. Y está bien si esos aportes son para que la empresa se desarrolle y así se promueva el desarrollo de empresas del interior, pero eso no fue lo que pasó. Entonces, si cuando el Estado aportó estaba bien, ¿por qué ahora que dice vamos a ver qué pasó, tenemos una marcha diciendo `Vicentin somos todos´?”, cuestionó Antori, que además preside una de las 98 cooperativas acreedoras de Vicentin.
En total, Vicentin tiene 2638 empresas acreedoras en todo el mundo. Entre ellas, 1895 son productores (el 40% de Santa Fe, el 27% de Córdoba y el 11% de Buenos Aires), y 98 cooperativas (42 de Santa Fe, 27 de Córdoba, 15 de Buenos Aires y 8 de Entre Ríos). La deuda total declarada alcanza los 99.345 millones de pesos, de los cuales 64.000 millones de pesos corresponden a deudas con instituciones financieras. La más importante es con el Banco Nación, de 18.182 millones de pesos. También tiene préstamos sin pagar del Banco Provincia (1.814 millones de pesos), Bradesco (770 millones de pesos) e Hipotecario (760 millones de pesos), entre otros.
Sin embargo, según detalló Lozano, la empresa se ubica en el puesto 34 entre las grandes fortunas de Argentina. El crecimiento promedio de su facturación anual fue de 84% (mientras que el de las principales empresas del país fue de 51%) y pasó de ocupar el puesto 19 al 6 en solo cuatro años, de 2015 a 2019. Además, es el sexto mayor exportador de la Argentina.
“El violador de la seguridad jurídica y el que ha afectado la propiedad privada es Vicentin, porque los productores también son propiedad privada, así como los ahorristas que pusieron dinero en los bancos que le prestaron y los trabajadores que quedan en riesgo. No se trata de un grupo empresario que está funcionando de maravillas, sino que ha entrado en cesación de pagos e involucra 7000 trabajadores, 1800 productores y si sumamos a sus familias, son cerca de 130.000 personas. Esta en juego la economía del norte de la provincia de Santa Fe, el comercio exterior de granos y la oferta de divisas en Argentina”, dijo Lozano, además de recordar que la empresa también le debe a bancos extranjeros.
“Entre los bancos extranjeros, el principal acreedor es el brazo financiero del Banco Mundial, que ha puesto en marcha una causa judicial en Nueva York, denominada Discovery, que tiende a buscar en el sistema financiero internacional por dónde se fugó el dinero de la cerealera”, agregó Lozano.
Para Pedot, “también es necesario pensar si las organizaciones y movimientos sociales podemos ser parte de una cerealera e imaginarla como una organización que no corre la frontera agropecuaria ni desaloja campesinos para producir granos. Es nuestra oportunidad para identificar y discutir con el pueblo sobre el discurso que transmiten algunos medios de que esto es la apropiación de lo privado”. La integrante del MNCI-UTEP consideró que es el momento adecuado para debatir sobre la distribución y el acceso a la tierra, así como su restitución a comunidades indígenas y la regularización de terrenos que utilizan productores periurbanos, que en su mayoría alquilan y son quienes producen la mayor parte de los alimentos que llegan a las ciudades.