Una historia de la panela

No es sólo una delicia gastronómica enraizada en la tradición colombiana: es la base social y económica de muchas comunidades indígenas y campesinas de todo el país. Porque, en Colombia, los grandes monocultivos de caña conviven con una tradición de producción de panela que sigue en manos de pequeños productores que no sólo subsisten gracias a estos ingresos, sino que articulan sus modos de vida en torno a la plantación y producción a partir de trapiches artesanales y de propiedad colectiva. “Este producto es de los pocos que generan valor agregado en las fincas, gracias a la transformación de la caña desde las pequeñas parcelas campesinas: la caña no vale apenas nada cuando se comercializa; la panela, sí, de allí su importancia para la economía de las familias campesinas”, apunta Javier Castellanos, del Comité de Integración Regional por la Soberanía y Autonomía Alimentaria (SALSA), del altiplano cundiboyacense.

Para producir la panela, el jugo de caña se seca antes de pasar por el proceso de purificación que lo convierte en azúcar moreno (mascabado). Es un producto muy apreciado por todos los colombianos, pero sobre todo entre las clases populares. Colombia es el segundo productor mundial de panela, después de la India, y el primer consumidor: los colombianos consumen unos 32 kilos por habitante y año, y la panela supone el 2,18 por ciento del gasto en alimento.

El grueso de la producción proviene de los pequeños campesinos; se trata de unidades productivas de tipo mini y microfundio, con fincas de menos de cinco hectáreas; a menudo, varios vecinos poseen colectivamente un trapiche artesanal, con molinos accionados por pequeños motores o mediante fuerza animal. Las explotaciones a gran escala -esto es, con extensiones superiores a 50 hectáreas-, suponen apenas un 5 por ciento de la producción; aquí, ya sí, el circuito es eminentemente comercial y el proceso productivo, intensivo en capital.

Sin embargo, en los últimos años la situación se les ha complicado a los pequeños campesinos: en 2001 se negociaron las Bases para un Acuerdo de Desarrollo de la Cadena Agroindustrial de la Panela. La anterior ley, de 1990, protegía la producción de los pequeños productores y dejaba fuera la panela de la necesidad de los registros sanitarios, por no ser un alimento perecedero. Ahora, la resolución 779 de 2006 exige que los trapiches artesanales se conviertan en centros de producción “avalados”, que cumplen con ciertas resoluciones sanitarias, lo que obligaría a cerrar muchos trapiches artesanales en todo el país, que son básicos para el sustento de poblaciones enteras.

“Bajo el discurso de la seguridad alimentaria y de la necesidad de certificación para garantizar la inocuidad de los productos, quieren quedarse con este poderoso y ya cautivo mercado”, subraya Castellanos. Es la lectura de este activista, que desde 2004 trabaja con comunidades campesinas y movimientos de base en el departamento de Boyacá, en el centro-oriente del país. Para la organización Asocomunal La Vega del Cauca, con esta normativa el Estado colombiano se ha entregado “a los intereses del capital”, al someter a un mismo régimen a los pequeños productores “y a los usurpadores industriales, bajo el sofisma de la eficiencia y la competitividad”, olvidando la relevancia que la producción panelera tiene en la cultura y la economía campesina e indígena.

Las asociaciones campesinas se cuestionan “quién hace las leyes y en beneficio de quién”. Castellanos entiende que es fundamental “la defensa de la panela como producto campesino, frente a las consecuencias de la agroindustrialización y monopolio de la producción y distribución por parte de tres o cuatro empresas”, como sucede ya con el azúcar refinada. De ahí que las organizaciones de base estén trabajando desde hace años en la creación de redes y la formación de los campesinos para la defensa de la distribución y comercialización de su producción desde la economía popular.

Para Castellanos, la nueva norma es funcional al proceso de “agroindustrialización de este sector que tiene que ver con la modernización rural bajo la premisa de campo sin campesinos”; mientras, paralelamente, avanza en Colombia, con inusitada velocidad, un proceso de acaparamiento de tierras y especulación con el suelo rural. Este activista recuerda que Colombia es el tercer país más desigual del mundo y pone este hecho en relación con el ataque frontal a su estructura de producción, “el precio de la tierra, que se ha llegado a triplicar en los últimos años, la extrema pobreza rural, la concentración de la tierra, la violencia -los desplazados y el paramilitarismo-, las condiciones de endeudamiento, las normas restrictivas en la producción de productos básicos como la leche y los huevos, y el abandono estatal; son apuestas que buscan provocar la asfixia económica para que las pequeñas unidades de producción familiar fracasen y dejen el campo. Esto es gravísimo para la soberanía y autonomía alimentaria de un país como Colombia, donde los pequeños campesinos aún proveen entre el 60 y el 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el país”.

Así describen este inquietante proceso desde la Asocomunal La Vega del Cauca: “Estamos jugando en una economía manejada por las manos privadas. Hasta el agua esta privatizada, las cuencas están siendo entregadas a los grandes grupos económicos. Todas las áreas productivas están siendo privatizadas. Los planes departamentales de aguas nos pusieron a pagar deudas. Estos planes fueron financiados de nuestro bolsillo. Campesino sin tierra es campesino sin alma”. Y se preguntan, “¿cómo es posible que se penalice la producción agrícola para la subsistencia?”

En el encuentro de organizaciones campesinas que tuvo lugar en Bogotá en 2010, las organizaciones estimaron que existían en ese momento 70.000 parcelas que producen caña panelera y están en funcionamiento unos 15.000 trapiches artesanales. La panela genera al año unos 25 millones de jornales para alrededor de 350.000 personas, esto es, el 12 por ciento de la población rural activa. Para los trabajadores rurales, es el segundo producto más importante, después del café. Pero, a diferencia del café, la panela ha sido hasta ahora también una pieza fundamental de la articulación socioeconómica de las zonas rurales.

“Toda la estrategia de industrialización alimentaria viene determinada desde los grandes grupos económicos internacionales y organismos como la OMC, que están detrás del exterminio de los sectores campesinos que aún ostentan el control sobre los medios de producción”, sostienen en la Asocomunal La Vega Cauca. Esta organización relaciona este proceso con el proyecto de ley para “reemplazar las semillas tradicionales por semillas transgénicas”, que también abordaremos en este volumen.

El proceso corre en paralelo con  el auge de los agrocombustibles, que han hecho la caña más atractiva para los grandes inversores. Se ha señalado, por ejemplo, el proyecto Riopaila Castilla, que durante los próximos años invertirá 800.000 millones de pesos colombianos (unos 334 millones de euros) para apostar por el etanol y diversificar así su negocio. Uno de sus proyectos consiste en una destilería para la producción de alcohol carburante que se ubicará en Zarzal, en el Valle del Cauca. Riopaila Castilla es uno de los principales productores de azúcar del país y tiene una importante presencia tanto en el mercado del envasado como en la industria confitera.

El caso colombiano sintetiza muchas de las contradicciones y desafíos que se viven en América Latina. La crisis financiera internacional llevó a los inversores internacionales a apostar por el mercado a futuro de alimentos y por la compra de tierras, impulsando un proceso especulativo en el campo en amplias regiones del mundo, y provocando un aumento de precios de ciertas materias primas, como la soja, que han conllevado la reprimarización de las economías latinoamericanas. En muchos casos, el proceso va de la mano de las resistencias sociales, y éstas se combaten, por parte de los poderes fácticos, con violencia. Los paramilitares colombianos defienden los intereses de las oligarquías locales, asociadas a las grandes multinacionales. El caso colombiano es extremo y tristemente paradigmático, pero los procesos de violencia y criminalización de las resistencias sociales se suceden a lo largo y ancho del continente latinoamericano [1].

NOTAS AL CAPÍTULO

1. Véase el informe Transformar dolor en esperanza, de Amnistía Internacional, 2012.

Fuente: Carro de Combate