Un modelo que agota

Las islas Lechiguanas, que pertenecen a la provincia de Entre Ríos y que están frente a la costa de Ramallo, nuevamente conforman el escenario de la escena. Pareciera ser un nuevo capítulo de una serie con demasiadas temporadas, en la cual los personajes se repiten y los desenlaces de las acciones se tornan previsibles. Como en aquellos relatos cinematográficos, en esta película de no ficción sólo algunos salen ilesos y los demás acusan recibo de los golpes. En este caso, las personas afectadas son quienes sostienen la resistencia ciudadana.

– Parece interminable. Con algunas variantes pero son los mismos capítulos que vimos siempre-. La saga a la que refiere Fabián Maggi, abogado ambientalista, pertenece a una secuencia del orden de lo real. El desarrollo de los hechos es pura causalidad. Dentro de las escenas de los  capítulos anteriores hubo: terraplenes, endicamientos, quemas antrópicas, fumigación con agroquímicos, ingreso de máquinas agrícolas, siembra, denuncias y cautelares. En esta nota intentaremos dar cuenta del devenir de los hechos más recientes.

Desde las partes más altas de los edificios que están sobre la costa de Ramallo, los vecinos empezaron a ver en la oscuridad de la noche movimientos de luces provenientes de la zona de islas donde lógicamente no hay rutas ni caminos. Las luces proyectadas venían de la zona en la cual tienen el emprendimiento los empresarios Fabio Di Fonzo y Juan Nazar. Al día siguiente de recibir la alerta de los vecinos, dos integrantes de la organización UPVA (Unidos por la Vida y el Medio Ambiente) decidieron seguir la luz de la sospecha.

– Al otro día agarramos una lancha y fuimos para ahí, recorrimos una distancia de 6 kilómetros aproximadamente hasta las islas Lechiguanas. Cuando llegamos vimos lo que no queríamos ver-. Quien habla es Matías Scarpacci, integrante y miembro fundador de UPVA. Matías no es fotógrafo pero ese día tenía un rol bien definido, una responsabilidad: registrar lo que estaba sucediendo en la zona de islas explotada por la empresa El Mapuche SRL.

Para ver lo que no querían ver, los dos enviados de UPVA tuvieron que bajarse de la lancha y caminar. “El pescador que pasa por ahí no puede ver los movimientos porque están los terraplenes. Sólo se ve una loma de tierra. Eso hace que puedan trabajar mucho más escabullidos sin levantar la perdiz”, dirá después Matías. Aquel día caminaron un kilómetro y pasaron por dos zanjones, el último con el agua al pecho. Una parte de la adrenalina tenía que ver con el temor de lo que podía pasarles si los veían en el lugar. Pero era necesario grabar esas filmaciones. “Lo que queríamos era tener la filmación de esta gente cosechando el maíz”.

Cuando subieron al terraplén pudieron observar la secuencia que ocurría a unos quinientos metros: una cosechadora y dos tractores con monotolvas trabajando como en la pampa húmeda. La cosechadora iba y venía y los tractores buscaban el maíz en la cosechadora y lo llevaban a los silos bolsas. Los dos días siguientes volvieron al lugar con un drone que captura las imágenes con los datos de geolocalización. Esas filmaciones, captadas entre el domingo 24 y el martes 26 de octubre, fueron presentadas en el juzgado de Paraná a cargo del juez Daniel Alonso. Previamente hicieron la denuncia en Prefectura. Les dijeron que los iban a llamar pero el teléfono no sonó. Tuvieron que ir dos veces más para que les dijeran que intentarían parar la cosecha, cosa que hicieron recién el miércoles 27. “Siempre tarde porque en definitiva este empresario hizo todos los ilícitos y llegó al objetivo que era llenarse de plata en base a un ecocidio sobre toda la población de Ramallo y las ciudades aledañas”, apunta Matías.

De cautelares y violaciones

El 1 de julio y el 1 de diciembre de 2020 se dictaron dos medidas cautelares que abarcan a esta zona de conflicto. La primera incluye a todo el Delta (Alto, Medio y Bajo), mientras que la segunda es específicamente para las islas Lechiguanas que pertenecen al Delta Medio. En la primera cautelar, el Juzgado Federal N° 2 de Paraná falló a favor de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná y la Asociación Civil Foro Medio Ambiental –uno de cuyos representantes es el Dr. Fabián Maggi- e impuso un amparo que ordena ´la prohibición absoluta de acciones humanas con capacidad para alterar el medio ambiente, especialmente la quema de recursos naturales, actividades que impliquen riesgo de incendio aún de carácter accidental, construcción de diques y terraplenes de cualquier naturaleza o realización de actividades que pongan en riesgo el ecosistema identificado en la demanda´. La segunda medida cautelar agrega la prohibición del uso ´de agroquímicos, plaguicidas y/o sustancias contaminantes de cualquier naturaleza para la realización de tareas agrícolas´. Y también ´impide el ingreso de nuevas maquinarias y equipos agrícolas o viales a las Islas Lechiguanas, que, de encontrarse en el lugar, serán objeto de secuestro preventivo´.

El abogado Fabián Maggi explica que después de varios días de haber hecho la denuncia en Prefectura sin tener ningún tipo de novedad, presentaron el 4 de noviembre una nota en el expediente judicial reclamándole al doctor Alonso sobre lo mismo que ya se había denunciado en Prefectura. “Recién ahí tenemos la primera noticia de una real intervención del juez que despacha una orden de inspección del predio. El 9 de noviembre nos enteramos de que esa inspección se realizó sin invitarnos a participar, sin fijar fecha y hora para que nosotros podamos fiscalizar que era lo que sucedía”. Tampoco fue notificado el fiscal que está a cargo de la investigación penal. “Sabiendo cabalmente el juez Alonso que está en curso una investigación penal, no tuvo la prudencia de notificar al fiscal para que intervenga y opine”.

Tres días después de la primera denuncia que hicieron en Prefectura, el mismo buque Flecha Misionera que había sido denunciado salió desde el emprendimiento El Mapuche SRL cargado con la máquina cosechadora –que también figuraba en la denuncia- rumbo a San Pedro. Esos tres días transcurridos desde el 25 hasta el 28 de octubre, la cosechadora siguió trabajando en el lugar y se fue por dónde había venido sin que Prefectura tomara nota de eso. Ese egreso de la máquina cosechadora figura en un acta testimonial de una persona que vive en la zona de islas cuya identidad prefieren reservar desde UPVA. “Resulta absolutamente increíble -por el porte del buque y por la carga que llevaba- que Prefectura no advierta que semejante embarcación estaba cruzando el río Paraná frente a la delegación Ramallo”. Una vez que esa declaratoria fue incorporada en la segunda denuncia, Prefectura se vio forzada a intervenir. Pero el abogado Maggi vuelve a la preocupación sobre el vacío temporal transcurrido hasta entonces. “En la filmación tenemos individualizados cinco silos bolsa y hay una nota de Prefectura firmada por el Prefecto donde dice que hay dos silos bolsa. Estaría faltando una parte importante de la carga”, advierte.

Cuando subieron al terraplén observaron la secuencia que ocurría a unos quinientos metros: una cosechadora y dos tractores con monotolvas trabajando como en la pampa húmeda

En el informe de la Prefectura Naval Argentina firmada por el Prefecto Juan Fabricio Galarza con fecha del 4 de noviembre, se destaca la conformación de una comisión a cargo del Subprefecto Carlos Mauricio Rotta ´con el fin de constatar el incumplimiento de la medida cautelar Nro. 004602/2020, referida a la prohibición del ingreso de materiales agrícolas a la citada isla, a fin de detectar actividades que se desarrollen en el lugar, maquinarias, vehículos, embarcaciones, aeronaves y todo lo que se encuentre en el predio´. En el informe se constata que ´una vez en el lugar, se pudo observar sobre la costa del A° Lechiguanas la cantidad de Trece (13) bolsones de 1 metro aproximadamente los cuales contienen en su interior Maíz en granos, Ocho (08) tachos de 200 litros vacíos, Un (01) contenedor de 1 metro tipo sisterna plástica vacío y Una (01) motobomba de marca Honda ubicada dentro de un puesto de resguardo; seguidamente en inmediaciones del campo se observó una plantación de maíz sin cosechar en estado de descomposición y de esa posición hacia el Norte a unos 2000 metros se pudo detectar Dos (02) silobolsas de unos Doscientos 200 metros de largo aproximadamente´.

El 9 de noviembre, el juez Alonso sacó una resolución (expediente civil 4602/2020) en la cual acredita la ´existencia de maquinarias e implementos agrícolas no declarados por Fabio Ernesto Di Fonzo y El Mapuche SRL´ cuya introducción en el lugar da cuenta de una ´clara violación a la cautelar decretada´. Además, incorpora en la resolución ´el ingreso y egreso de una trilladora y dos tolvas a que refiere el puestero y con las que habría realizado la cosecha denunciada por los actores y confirmada por el puestero´. El puestero es el encargado de cuidar el lugar. Es el propio empleado de los empresarios quien da cuenta en la declaración del ingreso y egreso de las maquinarias. El juez resuelve que todos esos motivos hacen procedente ´correr vista al Ministerio Público Fiscal por la eventual comisión de un delito de acción pública´. Sin embargo, desde la defensa de la organización ambiental, Fabián Maggi expone los puntos que justifican la disconformidad con el proceder judicial:

1) “Debió decir que también la Prefectura incumplió con sus deberes: tenía una orden concreta de no dejar ingresar maquinaria y la dejó ingresar sabiendo que es una zona en conflicto; no advirtió la actividad de cosecha y sólo intervino cuando tuvo una orden escrita en su despacho. Debió también incluir al señor Nazar y no lo hizo”.

2) “No se pudo constatar efectivamente si lo que dice Prefectura es realmente cierto o había más para decir. Por ejemplo, Prefectura niega que haya habido movimientos de suelo con una data inferior a seis meses, estableciendo esa fecha de manera arbitraria porque debió chequear si había movimientos de suelo después del dictado de la medida cautelar que ocurrió en diciembre de 2020 y eso es prácticamente un año. En algunas de las imágenes que registramos se observa en el suelo un sector con forma de o mayúscula. Esos círculos son depresiones que aparentemente son para bombear agua o algún uso similar. Tienen que tener menos tiempo porque si no hubiera crecido la vegetación en esos sectores”.

3) “El juez Alonso ya resolvió sin tomar ninguna otra medida concreta. No ordenó el secuestro de la embarcación, la búsqueda, localización y secuestro de la maquinaria ni el secuestro del maíz. El juez tiene permanentemente una actitud muy arbitraria en las dos causas civiles que llevamos adelante en su juzgado por la problemática en el Delta Paraná -una es la causa Di Fonzo/Nazar que abarca el territorio de Las Lechiguanas y la otra es la conocida como la causa Baggio que abarca la zona del puente Rosario-Victoria-. Tiene un temperamento inapropiado para la materia ambiental y no la aborda con la pro actividad ni la flexibilidad necesaria. En esta causa puntualmente presenta graves deficiencias en el ejercicio de la magistratura”.

Los brazos ciudadanos

Entre marzo y abril de este año, desde UPVA registraron con un drone los surcos de maíz que aparentemente fueron sembrados antes de la medida cautelar. Sin embargo, en octubre pasado registraron imágenes de la cosecha y del acopio de granos, dos actividades que no deberían haber ocurrido porque, por un lado, estaba prohibido el ingreso de maquinaria y, en segundo lugar, porque no se podía poner en riesgo al ecosistema. “Consideramos que desde el momento en que se sembró y ahora aún más con la cosecha y el acopio de maíz en el sector islas, se genera un riesgo de daño en el ecosistema por la reproducción de plaga de ratones”. El abogado Maggi recuerda como caso testigo lo que sucedió en el emprendimiento Bema Agri, conocido como ´los holandeses´, que está en la zona de Villa Constitución del lado entrerriano y que fue uno de los primeros y el más grande de los emprendimientos que empezó a endicar miles de hectáreas para producción agrícola ganadera. Años atrás, ese lugar fue afectado por una gran plaga de ratones que se reproducían descontroladamente ante la sobreabundancia de granos.

“En la filmación tenemos individualizados cinco silos bolsa y hay una nota de Prefectura donde dice que hay dos. Estaría faltando una parte importante de la carga”

Los empresarios Di Fonzo y Nazar también están implicados en una causa penal en la cual se investigan varios delitos: infracción a la ley 24.051 de Residuos Peligrosos por la aplicación de agroquímicos en la zona de islas; usurpación de aguas y de espacio público por los movimientos de suelo y canalizaciones que desvían el curso natural del agua; lavado de activos. Por este último punto también está constituida como querellante la UIF (Unidad de Investigación Financiera). Quien estaba a cargo de la investigación era el fiscal federal Carlos García Escalada, que murió por Covid durante la pandemia. Después de un tiempo en el que la fiscalía estuvo sin ningún titular que impulsara las diversas investigaciones, hace unos meses asumió el Fiscal Walter Rodríguez. “Nuestra mayor expectativa está puesta en la reacción del fiscal Rodríguez. A raíz de nuestro rol de querellantes, pudimos tener las primeras entrevistas. Se muestra como un fiscal muy activo y predispuesto a actuar. Confiamos en que así va a ser por sus antecedentes en materia ambiental”, describe Maggi.

El abogado grafica la investidura que tiene la figura de un fiscal en tanto representante del Estado. Explica que una de sus misiones es custodiar el interés general que tiene la preservación del medioambiente y que por lo tanto podría disponer las medidas que considere necesarias para en principio garantizar el cese del delito. Matías Scarpacci suma el dato de que la cautelar estipulaba que en caso de violación de la medida se decomisarían las máquinas, algo que no sucedió. “Estaba todo muy servido para la justicia en base a la actuación de UPVA para poder frenarlo. Pero este personaje Di Fonzo violó todas las leyes que tuvo por delante sin ningún pudor. Fue avanzando y no lo frenó ni Prefectura, ni el poder político ni el juez Alonso”. Scarpacci remarca que las organizaciones sociales son las que vienen haciendo el trabajo que le compete a los poderes del Estado. “Nosotros lo que podemos hacer es visibilizarlo pero no tenemos el poder de policía de frenar una obra. Cuando Prefectura lo frenó ya tenían todos los silos bolsa llenos de maíz”.

La medida cautelar establecía un plazo de cinco días para realizar un inventario, otra de las materias pendientes. El abogado Maggi se refiere a la falta de proactividad desde el juzgado para que se realicen todas las notificaciones, no sólo al señor Nazar sino también a la Prefectura. “Es realmente insólito que el juez haya sacado un decreto reclamándonos a nosotros la falta de una supuesta notificación a la Prefectura. Es inadmisible que el poder judicial nos pida a nosotros que notifiquemos a otra autoridad del Estado, cuando el juez tiene vía directa y es la autoridad indicada para notificarlo”.

Si bien se estiman cinco mil hectáreas endicadas, no hay un registro concreto del territorio afectado. Se desconoce la superficie sembrada, el nivel producido de granos, la declaración de esa producción y la fiscalización impositiva. El abogado refiere a la grave omisión del gobierno nacional al no haber inspeccionado mediante la AFIP lo que está sucediendo a nivel de generación de ganancias y tributos. “Generalmente la excusa poco fundada del gobierno nacional es que en materia ambiental resuelven las provincias pero en materia tributaria está la AFIP y sin embargo no pasa nada”. Si bien los empresarios Di Fonzo y Nazar son personajes opacos, algunos elementos dan cuenta de que actúan en sociedad. Por un lado, se presentaron de manera conjunta bajo la representación del mismo abogado en la causa penal. Fabián Maggi remarca que “nadie que no tiene una relación se presenta con otra persona en un mismo escrito firmando los dos juntos”. Por otro lado, en la declaración testimonial el puestero del emprendimiento los nombra a ambos cuando dice ser empleado de los señores Di Fonzo y Nazar.

Además de los empresarios, la Prefectura y el juez Alonso, hay otros actores implicados en la serie: los actores políticos que gestionan los poderes ejecutivos. El abogado enumera algunos: “Qué pasa con la municipalidad de San Pedro que no advierte que en su puerto se está embarcando una cosechadora. También el reclamo permanente hacia las autoridades del gobierno de Entre Ríos, los grandes ausentes en esta historia. Y además hay una responsabilidad del gobierno nacional de no ejecutar las tareas necesarias de control y fiscalización para que esto no suceda”.

Matías Scarpacci repasa la metodología del accionar empresario: “El barco Flecha Misionera llevaba y traía el maíz. A la tardecita se ponía a la vera del Lechiguanas. Después de ir al silo bolsa, los tractores cargaban bolsones y los llevaban a la vera del río. Iban acumulando una cantidad y de noche el barco cargaba los bolsones y se los llevaba”. Para Matías, con todas las cartas sobre la mesa, “sería una locura que no haya una buena determinación con respecto a estos empresarios”. Advierte sobre el precedente que podría sentar la inacción de la justicia. “Dejás abierto para que venga cualquier empresario a hacer lo que quiera. Es la misma lucha en todo el Delta”.

Matías destaca la importancia de visibilizar estas discusiones y tratar de apoyar porque “vienen por todo, hoy están en la isla y mañana en otro lado tratando de vaciar hasta la última gota en base al atropello de la vida humana y de la vida en general”. Habla del daño consumado y de la asfixia del planeta Tierra. Y vuelve a la fuerza del movimiento social. Desde UPVA ya acumulan diez años de diversas luchas. “El movimiento tiene que venir desde los ciudadanos de a pie. Somos todos bracitos que vamos tirando para el mismo lado”.

Fuente: Enredando