Tocar el nervio: cómo las campañas populares en las Naciones Unidas están desafiando el dominio corporativo

Desde el año 2015 está teniendo lugar una negociación, en el Palais des Nations de las Naciones Unidas en Ginebra, que puede hacer tambalear los cimientos del capitalismo corporativo. Este evento anual es el resultado de la Resolución 29/6 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) en junio de 2014, que estableció un grupo de trabajo intergubernamental para desarrollar un instrumento legalmente vinculante para la regulación de las empresas transnacionales.

Como era previsible, la negociación se ha topado con obstáculos a cada paso, poniendo de manifiesto los intereses frecuentemente enfrentados (y, ocasionalmente, comunes) de sus tres actores principales: Estados, empresas, y comunidades afectadas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil (OSC). 

En este momento nos encontramos en una encrucijada en la que vemos converger tres caminos distintos. Los Estados se ven ante el reto de asumir una nueva responsabilidad histórica mediante la implementación de un Tratado vinculante que aborde y reconozca las carencias existentes actualmente en materia legislación relativa a los derechos humanos, la propia arquitectura del poder empresarial, el acceso a la justicia y la impunidad. Las empresas transnacionales continúan su defensa del statu quo, legitimando sus violaciones de los derechos humanos y la primacía del lucro privado por encima de los derechos de las personas. Por último, las comunidades afectadas y los movimientos sociales mantienen su tenaz resistencia mediante la jurisprudencia comunitaria y la presión sobre los gobiernos. 

Abordar la impunidad corporativa sistémica

La resistencia constante por parte de las comunidades afectadas ha sido sin duda una importante herramienta de lucha contra las empresas transnacionales y sus violaciones de los derechos humanos. Pero las Sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre empresas transnacionales europeas en América Latina (2004–2010) marcaron el inicio de un nuevo ciclo. Su objetivo: reunir a los diferentes movimientos y desarrollar un análisis común en torno a las violaciones de los derechos humanos por parte de empresas multinacionales. El análisis de casos permitió identificar el carácter sistémico de las violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas, y los veredictos señalaron la existencia de una 'arquitectura de impunidad’ que da cobertura a la violación de los derechos humanos por parte de las transnacionales.

La Sentencia del TPP fue un punto de inflexión que inició un viraje hacia un marco normativo internacional vinculante para las operaciones de las empresas transnacionales, reclamando al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la elaboración de un código de conducta obligatorio para las empresas transnacionales. Por otro lado, proponía que las comunidades afectadas y movimientos sociales desarrollaran un marco legal vinculante en el contexto del derecho internacional.

El año 2012 marcó el inicio de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad (en adelante, Campaña Global), que es el resultado de una exhaustivo proceso de consulta y debate en torno a maneras de articular estrategias para abordar la impunidad corporativa. También fue el año en el que se inició el desarrollo de un Tratado Internacional de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales.

La campaña tenía dos pilares principales: un pilar judicial, que preparaba propuestas detalladas para un marco regulador internacional vinculante para las ETNs; y un pilar de alternativas, que trabajaba por la promoción de una economía más centrada en las personas y la defensa de la democracia y la soberanía de los pueblos.

Superar el enfoque voluntario

El primer y principal desafío era superar el consenso internacional existente en torno al enfoque voluntario respecto a las violaciones empresariales de los derechos humanos, enfoque incorporado en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PRNU), adoptados por la ONU en 2011, y asumidos como el máximo umbral de protección posible frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de las ETN. 

Las comunidades que se estaban enfrentando a la impunidad devastadora de las empresas transnacionales insistían en señalar que la autorregulación no era suficiente. Exigían una regulación vinculante. Esta demanda, mantenida viva gracias a la resistencia de las comunidades afectadas y los movimientos sociales, resurgió en septiembre de 2013 cuando Ecuador y Sudáfrica (con el apoyo de al menos 85 gobiernos) presentaron una Declaración conjunta la 24ª Sesión ordinaria del CDHNU indicando su intención de reabrir la agenda de un marco regulatorio legalmente vinculante para las ETN.

El resultado de esta amplia coalición, orientada a trabajar conjuntamente por un tratado vinculante, fue el histórico voto en apoyo a la Resolución 26/9, que estableció un Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta (GTI) cuyo mandato es elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular, en el derecho internacional de los derechos humanos, las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales…'. La resolución fue aprobada por una pequeña mayoría en el CDH, y respaldada por los gobiernos del Sur Global. Contó con la oposición de todos los Estados en los que se encuentran las principales ETN, poniendo sobre la mesa un conflicto geopolítico.

El proceso hacia un Tratado vinculante, un espacio en disputa

Desde su inicio, en 2014, el proceso del CDH ha evidenciado los conflictos de intereses y las contradicciones entre sus tres protagonistas: los Estados, las empresas transnacionales y la sociedad civil. Esto ha traído consigo una peculiar alienación de los gobiernos según sus intereses: por un lado, algunos gobiernos de los países que albergan a las mayores empresas transnacionales han establecido alianzas con éstas. Paralelamente, algunos gobiernos del Sur Global se han aliado con los movimientos sociales, al mismo tiempo que exhortan a los gobiernos del Norte Global a participar de manera activa y constructiva en el proceso. Por su parte, las empresas transnacionales utilizan el Foro Anual sobre Empresas y Derechos Humanos para presentarse como modelos de 'buenas prácticas' en lo relativo a los derechos humanos ante el CDH en Ginebra.

La influencia y el éxito del lobby empresarial se hace evidente a la hora de bloquear, en la medida de lo posible, o vaciar de contenido el Tratado Vinculante. Las tácticas obstructivas del nexo ETN-Estados van de lo retórico a lo procesal y lo político. Frente a los obstáculos de las empresas y sus Estados aliados, los movimientos sociales y algunos gobiernos del Sur se han movilizado activamente para mantener el pulso de la iniciativa.

La impunidad y negación de justicia que han marcado casos históricos como los de Union Carbide o Chevron, y también otros más recientes como los de Rana Plaza, Lonmin y Vale, demuestran que el sistema actual no está funcionando.

Ganar impulso en cada sesión

La movilización social ha permitido que el proceso haya continuado a pesar de los innumerables intentos de hacerlo descarrilar. La campaña no solo se ha manteniendo firme en sus posiciones, sino que ha ido ganando impulso a medida que avanzaba: la participación en las sesiones de 2018 y 2019 ascendió a 90-100 Estados.

Los 22 artículos del Primer Borrador Revisado incluyen un conjunto básico de disposiciones marco, algunas de las cuales tienen potencial para facilitar el acceso a la justicia. En lo relativo a la prevención, el texto se basa principalmente en la idea de "diligencia debida”.

Las disposiciones del Primer Borrador Revisado sobre los derechos de las víctimas pueden servir de base para un mayor desarrollo posterior.

La conclusión de la quinta sesión es que el debate acerca de si es necesario un tratado e instrumento legalmente vinculante que aborde la evidente impunidad de las empresas transnacionales y abra decisivamente la puerta a la justicia para las comunidades afectadas ya está superado. Por primera vez, tanto los Estados como todos los demás actores tienen que estudiar y explicar sus posiciones de manera concreta y abordar algunas preguntas difíciles.

Los artículos más controvertidos hasta la fecha aparecen en las primeras tres secciones del Borrador Revisado. El primero se refiere a la definición de las empresas transnacionales, sus cadenas de suministro y las "relaciones contractuales" relacionadas con éstas; el segundo a la extensión del Tratado a "todas las empresas"; y el tercero a la reiteración del enfoque centrado en el Estado para responder a las violaciones de los derechos humanos. Estos son los puntos que, en 2019, las comunidades afectadas y los movimientos sociales consideran el talón de Aquiles de este primer borrador. 

El enfoque centrado en el Estado niega implícitamente que las empresas transnacionales tengan obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos a nivel internacional. Esto es precisamente una de las exigencias centrales de la Campaña Global, ya que es una condición necesaria para que una comunidad o persona afectada pueda recurrir a la jurisdicción internacional en el caso que sus derechos sean violados por una ETN.

Es posible que el régimen internacional de derechos humanos aún no esté listo para los profundos cambios que exige un Tratado sobre ETN vinculante.

El texto actual no incluye otros elementos sustantivos de la Campaña Global y propuestos por los canales oficiales: entre ellos la incuestionable primacía de los derechos humanos sobre los acuerdos de comercio e inversión.

Navegar los desafíos futuros

En los casi 50 años de lucha para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y las normativas medioambientales por parte de las ETN, esta es la primera vez que las comunidades afectadas y la sociedad civil de los seis continentes han sido incorporados de manera activa y significativa en el proceso.

Aún son muy pocos los Estados comprometidos con el proceso, y todavía existen importantes poderes trabajando para bloquearlo. Pero, tras cinco años, las negociaciones han resistido todos los embates y cada vez más Estados, parlamentarios, expertos, académicos y, por supuesto, líderes y activistas de las comunidades afectadas, los movimientos sociales y la sociedad civil, participan en el proceso.

Contra todo pronóstico, el proceso para la implementación de un Tratado vinculante sobre las empresas transnacionales ha conseguido tomar impulso; modificar el imaginario colectivo, rompiendo el mito de que las empresas transnacionales son "intocables"; y está ayudando a desmantelar el poder corporativo en la actual fase del capitalismo.

Nos encontramos en el albor de una nueva época en la que va a ser necesario un cambio radical que nos permita abordar las contradicciones cada vez más intensas en lo económico, lo político y en lo que respecta a nuestra relación con la naturaleza. El Tratado vinculante es una iniciativa crucial en lo que respecta a esta transformación, y una parte integral del conflicto que está en curso.

Fuente: Transnational Institute (TNI)