Tecpetrol en territorio Wichi: responsabilidad social empresaria y criminalización

AVANCE PETROLERO SOBRE EL CHACO SALTEÑO

“Comprometida con el desarrollo de su personal,
las comunidades en las que trabaja y con el cuidado
del medio ambiente, la empresa continúa analizando
oportunidades para la incorporación de nuevos negocios”
Tecpetrol S.A. (1)

Por OPS.- El conflicto entre las comunidades wichí y Tecpetrol se origina a mediados de febrero, con la llegada de la empresa a Fortín Dragones para explorar –y eventualmente explotar- nuevas áreas hidrocarburíferas licitadas por el gobierno salteño en 2006. A principios del 2007 la subsidiaria del grupo Techint para el sector de hidrocarburos, asociada a Petrobras, se adjudican el área Hickman. La incursión en territorio indígena -violando convenios internacionales y legislación nacional- y los reparos sobre el potencial riesgo presentados por más de 5.000 habitantes no ha constituido un freno para una inversión estimada en más de 40 millones de dólares. Una de las comunidades más afectadas es La Chirola, cuyo territorio ancestral fue comprado por la empresa Sidecto, el grupo de la familia Macri.

El pedido de trabajo por parte de los pobladores y la financiación de proyectos productivos, de acuerdo a sus necesidades, son considerados “excesivos” por representantes de la empresa; en cambio, el hostigamiento policial y la judicialización de los wichi sigue el camino de la “normalidad”. Por otra parte, el gobierno provincial y los organismos específicos, como el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) -que tendría que intervenir en este tipo de casos-, no han dado señales de vida. Mientras el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) aletarga su presencia, las instancias de negociación con la empresa se realizaban en la Unidad 4 de Infantería de Tartagal, localidad distante de las comunidades en conflicto.

El chaco salteño, territorio arrasado

El hecho se desenvuelve en el noreste de Salta, donde el panorama provincial parece a punto de estallar por las actividades del sector hidrocarburífero y sus consecuencias socio-ambientales. Además de este conflicto, en los últimos días se ha denunciado la firma de una ordenanza por la legislatura de Mosconi que permite el uso del agua de la laguna Aguay por las empresas petroleras que allí operan, al mismo tiempo que existían cortes del suministro para la población. (2) En la misma zona, fueron reprimidos y detenidos un grupo de desocupados que la semana pasada reclamaba fuentes de trabajo en la sede de Pan American Energy (PAE) en Acambuco. (3) Promediando febrero José “Pepino” Fernández, referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, ya había denunciado el recrudecimiento de la criminalización de la protesta social por parte del Estado como garantía de “orden y seguridad jurídica” para la industria petrolera. (4)

La magnitud del desmonte llevado a cabo en Salta posicionan a la provincia como la número uno del país en superficies deforestadas, siendo la región chaqueña la más perjudicada. Esta zona, rica en diversidad de vidas y culturas -territorio de los pueblos wichi, guaraní, chulipí, kolla, chané, tapiete y toba- es a su vez la zona más pobre de la provincia. La Ley de Bosques y el fallo de la Corte Suprema de Justicia no han logrado frenar un fenómeno que desde 2002 a 2009 acumulaba casi 860 mil hectáreas. (5) Esta dinámica agudiza el estado paupérrimo de las comunidades indígenas y pobladores criollos de la zona -afectadas por la falta de empleo, la escasez de agua potable, los desalojos, la falta de reconocimiento de sus territorios y la desnutrición- al tiempo que pone en jaque sus formas de vida tradicionales.

Recientemente en un estudio del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), motivado por los fuertes aludes que sepultaron a Tartagal en 2006 y 2009, confirmó las denuncias que vienen elevando los pobladores: el desastre tiene una relación directa con la expansión de las fronteras agropecuaria, forestal e hidrocarburífera.(6)

La actividad extractiva data de más de un siglo en la provincia. Hoy en día, además de Tecpetrol y Petrobras, operan YPF, Compañía General de Combustibles S.A. (CGC), Ledesma, Mobil Argentina, Pluspetrol, Refinor y PAE. Si bien Salta se posiciona octava en la producción de crudo a nivel nacional y segunda respecto del gas –muy lejos, sí de los volúmenes extraídos en Neuquén-, su importancia geopolítica es considerable por ser la puerta de entrada para el gas boliviano, vital para subsanar la crisis energética que atraviesa Argentina. Por el departamento de Gral. San Martín corre uno de los gasoductos neurálgicos que nutre a las industrias y centros urbanos del país. El Gasoducto Norte tiene como principal accionista (56% del capital) a Gasinvest S.A. (sociedad conformada por Tecpetrol, CGC, Total Gas y Electricidad Argentina S.A. y Petronas Argentina S.A.).

Salta, el nuevo despertar hidrocarburífero

Salta, como otras provincias, encaró un proceso paulatino de licitación para la búsqueda de hidrocarburos tras la sanción de la Ley Corta en el 2006. Ese año ofertó 6 áreas para exploración -permisos por 8 años- y eventual explotación -concesiones por 25 años- sobre un total de 16 que se encontraban en condiciones similares. Una de ella era el área Hickman (7), que compromete el territorio de las comunidades wichí La Chirola, La Corzuela, La Asamblea, La Golondrina, Media Luna, El Algarrobito Blanco, El Algarrobito, Carpintero y Las Yalas. Este bloque, de 6.500 km2, fue otorgado en enero de 2007 a las firmas Tecpetrol y Petrobrás. El compromiso de inversión es de 43,9 millones de dólares, de ese monto 18,7 millones de dólares serían destinados a tareas de exploración a realizarse hasta 2012. (8)

En 2007 la provincia anunció la apertura de una segunda ronda licitatoria, donde incluía los bloques Arizaro, Cobres, Güemes, Joaquín V. González, Metán, Río Colorado, Rivadavia, Rosario de la Frontera, Valle de Lerma y Valles Calchaquíes y La Unión -esta última había quedado sin oferentes en la primera ronda. () A fines de 2009 Tecpetrol fue favorecida con la concesión del área en Orán, frontera con Bolivia, en una tercera ronda licitatoria. Surgieron dudas ya que el bloque fue adjudicado por apenas 250 mil dólares. (10)

Fortín Dragones, la respuesta de las comunidades frente al atropello

La actividad realizada por Tecpetrol en el área Hickman ha encontrado la resistencia de las comunidades wichis cercanas a Fortín Dragones. Alfredo Céliz, allegado a las comunidades, sostuvo que la más afectada sería La Chirola, cuyo territorio está comprendido por la finca El Yuto, controlada desde 2005 por el grupo Macri (11). Aunque la prioridad productiva para la finca es el sector agroganadero, en 2008 firmó un convenio con Tecpetrol y Petrobras -en calidad de adjudicatarias del área- a través del cual les permite operar en una zona determinada. A diferencia de las comunidades, la firma del grupo Macri percibe un cánon por parte de las empresas en concepto de servidumbre de paso. (12)

En la primera quincena de marzo cortaron la ruta 81, acción que contó el apoyo de sus vecinas Salim, Carboncito, Misión Chaqueña y Hickman. Esta medida fue inmediatamente judicializada y policías de civil, ostentando sus armas, intentaron amedrentar a los manifestantes. Los wichi denunciaron que fueron amenazados por el comisario de la localidad, Jorge Camacho: “vos me tiras una piedra y yo te pego un tiro”. (13) La desocupación en la zona ronda el 60%, el pedido de trabajo por parte de los comuneros y pobladores locales ha sido tema de negociación constante con la empresa desde principios de este año. (14) En diálogo con el OPS, Ramón Roca, de la comunidad La Corzuela, explicó los motivos del actual conflicto.

-¿Cómo se origina este conflicto?

Esto se origina, principalmente, porque se instaló una empresa en la zona nuestra, estábamos completamente desinformados. Después vimos que entraba maquinaria en nuestra zona, ahí empezamos a rastrear y ver lo que estaba pasando.

-¿Esto en qué fecha se da?

Entraron hace como un mes y ahora están trabajando, es la empresa Tecpetrol.

Nosotros queríamos que baje un responsable para ver qué es lo que se puede dar a las comunidades, porque al final la ley dice que existe para nosotros, pero nosotros nos vemos marginados, pues.

-¿Qué es lo que ustedes están reclamando?

Nosotros estamos reclamando que la petrolera arregle bien con las comunidades, que dé un buen pago a las comunidades. En caso contrario nosotros no vamos a permitir que sigan perforando.

En primer lugar nosotros queríamos que nos den el detalle del impacto ambiental, que no lo tenemos, para saber cómo nos va a dañar a las comunidades cercanas. Si nos conviene negociar, negociamos; y en caso de que no, vamos a solicitar que la empresa levante. Porque acá hay mucha desnutrición y son muchos los chicos que están así. Acá está asustando mucho la enfermedad de la diarrea y no sabemos de dónde proviene, sospechamos que son las contaminaciones que siempre nos causan.

Vino una señora por parte de la empresa, Diana Rodríguez, encargada de Recursos Humanos. Entrevistamos con la empresa, pero no concretamos nada porque la propuesta de ella es la mitad de una migaja. Cuando nosotros queríamos hacer la contrapropuesta tampoco quería aceptar y nosotros dejamos ahí nomás.

-¿Cuál era la propuesta de la empresa?

La propuesta de la empresa era dar una huertita para cada comunidad, y usted sabe bien que cada comunidad cuenta con 300 familias, 2.000, 3.000 habitantes, y una huertita de una hectárea no nos conviene.

-¿Han reclamado al gobierno provincial?

Cuando nosotros reclamos a la empresa ellos nos mandan al gobierno, y cuando reclamamos al gobierno ellos nos mandan a otro organismo que son mano derecha, ñoquis del mismo gobierno. Por ejemplo, en la provincia tenemos el IPPIS, el ETO [Equipo Técnico Operativo, dependiente del IPPIS para llevar adelante el relevamiento catastral reglamentado por la ley 26.160], la Secretaría del Pueblos Originarios [dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano] en fin, en todos ellos se excusan, y cuando nosotros reclamamos nos toman como que somos violentos y que no conocemos la ley. Hasta nos toman como ignorantes.

-No han tenido ningún interés en atender el reclamo de las comunidades.

No, hasta el momento a ellos no les interesan los problemas que están surgiendo aquí en el norte. Ni con el tema del territorio ni con lo de Tecpetrol, no han dado respuesta. El mismo gobierno está jugando con la gente, con los dirigentes más que nada. Por ejemplo, yo como dirigente fui a reclamar al gobierno y me dicen que estoy reclamando locuras. Lo que uno se pone a pensar es que en la Legislatura hacen las leyes para las comunidades, pero después no se cumplen, la que se cumple es la ley de gente blanco, pero para nosotros no se está aplicando nada.

-Nos puede comentar la acción que han realizado en la ruta.

Cortamos la semana pasada (15), pero levantamos porque esa no era la estrategia para llegar una solución, porque es perjuicio para los que circulan. Eso también respetamos.

-Leímos que hubo gente de civil con armas

Sí, era la infantería, y un oficial de la policía del lugar. Nosotros la verdad no sabemos cual será la maniobra de ellos, yo tenía entendido que el auxiliar tenía que venir con un uniforme, así parecía un delincuente.

-¿Era un oficial de la localidad?

Sí, un auxiliar nada más. Pagado por la empresa, para que reprimiera, pero como no queríamos conflictos con nadie, respetamos la postura de los que circulan, porque el problema es con la empresa.

-¿Toda la policía está recibiendo plata de la empresa o es este oficial únicamente?

Lo que sabemos es que la dependencia está defendiendo a la empresa, manda personal hasta el acceso y nosotros no podemos entrar porque es una empresa privada. Nosotros lo que queríamos era la parte pacífica, que se venga un representante de la empresa y hable con nosotros.

-¿Cuánta gente vive en las comunidades?

En la comunidad mía están habitando 700 personas, en la comunidad Misión Chaqueña, entre 2.000 y 3.000 personas. Llegaríamos a 5.000 personas en todas las comunidades

-De ahora en adelante, ¿cómo piensan seguir ustedes?

De aquí en adelante, entre lunes y martes de la semana que viene [22 y 23/03/2010] va a venir la señora [Diana Rodríguez] a analizar la contrapropuesta nuestra y a dar respuesta [la empresa no se hizo presente para estos días]. No sé si será positivo o negativo, pero si sigue siendo negativo no lo vamos a aceptar, más bien lo vamos a denunciar, porque ahora le estamos metiendo un recurso de amparo.

-¿En qué consiste su contrapropuesta?

Nosotros queremos que se beneficie el todo, no una o dos personas de cada comunidad, esa es la estrategia nuestra. En todas las comunidades no tenemos buena agua. Hay agua, pero siempre dependemos de una localidad, del pueblo. Lo que nosotros queríamos es que nos den una perforación de 100-150 metros para agua potable a cada comunidad, y que sea potable el agua. Después hay otros que pidieron un proyecto productivo para el desarrollo de la comunidad. La señora [Diana Rodríguez] decía que era mucho lo que estábamos pidiendo.

Las propuestas van a seguir y las negociaciones de las comunidades van a ser estables. Porque aquí, la verdad, nos están llevando la riqueza y después nos quieren dar una migajita nomás, cuando ellos no se van a llevar un peso, dos pesos, los millones que se van a llevar.

El OPS también dialogó con Alfredo Céliz, trabajador social vinculado a las comunidades wichi.

-¿Que está ocurriendo hoy en día?

La empresa Tecpetrol viene trabajando hace mucho tiempo en Salta, ahora se instala en la ruta 81, en la altura de Dragones. Se instalan en lo que es la finca del Yuto. Dentro de ésta se encuentra una de las comunidades más perjudicadas, que es la comunidad de La Chirola, unas 15 familias. Después hay otras comunidades aledañas que están amenazadas, y otras que han ido a dar apoyo a la gente.

-¿Qué es lo que se está reclamando?

Por un lado se piden informes de impacto ambiental y, por otro, si la empresa se va a instalar y crear puestos de trabajo, garantizar la inserción de la gente en esos puestos. Parece una contradicción, porque por un lado se está hablando que no se dio a conocer el informe de impacto ambiental y cuál va a ser el grado de contaminación, y al mismo tiempo se habla de una posible inserción de la parte activa de las comunidades en la empresa. El tema es que no se les da participación a las comunidades en la toma de decisión ni se le ha brindado información.

-O sea que no se cumplió con la consulta previa

No, ya instalada la empresa y a fuerza del reclamo, se acercaron para que la gente acepte unos proyectos del área de Responsabilidad Social Empresaria de Tecpetrol, que tiene a cargo Diana Rodríguez, que también es la encargada de Recursos Humanos. Ante el reclamo, es un no a puestos de trabajo, lo que pueden ofrecer son huertas comunitarias y cría de ganado menor, gallinas o chanchos. Ninguno de esos proyectos surge del interés ni las necesidades reales de la comunidad. Nunca quisieron aceptar tampoco una contrapropuesta. La comunidad La Chirola no tiene ni luz ni agua y ante un proyecto de desarrollo sustentable, ya que la empresa no quiere tomar gente de la comunidad para sus puestos de trabajo, pedía proyectos para adentro de la comunidad que generen sus propias fuentes de trabajo.

-¿Hubo intentos previos por parte de las empresas en la clave de Responsabilidad Social Empresaria?

Hay algunos grupos minoritarios, se han repartido en total 12 puestos de trabajo. Acá estamos hablando de por lo menos 7 comunidades, un aproximado de 5 mil personas, deberíamos ver igual la población económicamente activa. Obviamente no se puede pedir la inserción de toda la población, sino al menos el 50% de la plantilla.

-¿Cuál es hoy en día la situación de las comunidades?

Cada una tiene sus particularidades pero básicamente todas las necesidades básicas están insatisfechas. La problemática puntual y central es la del territorio. La empresa se asienta sin consultar ni informar nada, reacciona con la medida de la gente de cortar la ruta y reclamar.

-Vos comentabas que Tecpetrol ya operaba en la provincia. ¿Se encuentra en localidades cercanas?

Si, por la información que manejamos, en este momento tiene hechas perforaciones más al norte, hacia la ruta 86. Lo que argumenta la empresa acá es que se está perforando para [determinar] el tipo de petróleo que hay en la zona. Dentro del radio, incluido la finca del Yuto, hay 14 pozos demarcados.

-¿Qué otros problemas encontraron con la instalación de la empresa?

Fue la persecución por parte de la policía y la gendarmería. Empezaron a inventar causas y caer citaciones para los tribunales de Orán para cinco personas que son miembros de la comunidad. Incluso citan a gente que ni siquiera había estado en el corte sino que simplemente adhería.

-¿Quién inicia las denuncias? ¿En base a qué?

El tema es que simplemente le llegaron las citaciones y lo que le piden es que comparezcan ante los tribunales en la primer citación, en la segunda ya lo intiman a que serán conducidos por la fuerza pública. Pero en ningún momento se aclara de qué se los acusa.

-¿Hubo diálogo con la empresa?

Si, cuando se accedió al diálogo nos llevaron a un grupo de delegados a Tartagal, la gente de la empresa no quiso acercarse a la comunidad sino que nos llevaron a la seccional 4 de Infantería de Tartagal. Esto pusieron como requisito ellos para hablar, que es algo que consideramos como un atropello. Se negaron a que yo esté presente, que me encontraba como apoyo, y la policía formó parte de eso también.

-Comentaba Ramón que un policía, que llegó armado y de civil, estaría siendo pagado por la empresa.

Es un oficial del destacamento de Dragones, y yo no te puedo afirmar que le esté pagando la empresa, que aparte de la policía estén funcionando como trabajadores de la empresa. Pero si [la empresa] se mueve con su propio personal de seguridad, que está armado. A la vera del camino, en la entrada de la finca, lo que había era personal policial haciendo guardia.

El tema es que la comunidad todavía no ha conseguido que le reconozcan su territorio. En su momento la finca El Yuto SA iba a donar unas 11 hectáreas, que es donde está asentada la comunidad, pero esa donación nunca se terminó de asentar en la escrituración de la propiedad comunitaria. También la destrucción del monte que se encaró, o sea, del lugar de donde ellos toman sus medios de subsistencia, es muy fuerte.

Después de acceder al diálogo la propuesta de la empresa sigue siendo la misma. Se establecieron 5 días donde el acuerdo fue levantar la medida de fuerza y ahí volver a reunirse para charlar sobre la situación. Nosotros estamos esperando que los organismos oficiales intervengan, puntualmente el INAI y la Secretaría de Medio Ambiente de Nación. La empresa está instalada, es muy difícil que se vaya, lo que se pide es el informe de impacto ambiental y los proyectos de desarrollo sustentable.

-¿Y de Nación no han tenido ninguna respuesta?

Yo puntualmente estuve en contacto con la gente del INAI, lo que dicen es que estarían llegando la semana que viene [semana del 22 de marzo, finalmente llegarían en la última semana del mismo mes]. Lo que estamos necesitando acá es que alguien oficialmente asuma el caso de ahora en más, porque todo este tiempo estuvimos solos. No podemos contar tampoco con el instituto descentralizado del INAI, que en Salta es el IPPIS, que ya viene de tradición el ninguneo. Todo lo demás es ambiguo, por eso lo que se pide es información y transparencia.

-Nos comentaba Ramón que próximamente tendrán una reunión con la empresa.

Si que en realidad lo consideramos como un intento de desarticular la unión y la lucha que se tomó como base de la comunidad La Chirola. De hecho distintos miembros de las comunidades fueron ahí para el corte. La propuesta de la empresa fue ir a conocer las necesidades de cada comunidad visitándolas, lo vemos como un intento de desarticular el grupo. Como bien se sabe, acá la gente tiene extrema necesidad y lo que buscan es convencerlos por separado, con nimiedades, propuestas triviales y ajenas a su necesidad. Muchas veces, por la extrema necesidad o por el miedo a quedarse sin nada, terminan cooptando a la gente.

Notas

1-Quiénes somos, Tecpetrol, http://www.tecpetrol.com

2- Ver más información en: Utilización de Agua potable para la industria petrolera en el Departamento San
Martín, COPENOA, 22/03/2010, http://www.copenoa.com.ar y José “Pepino” Fernández: “Nos quieren quitar el Aguay”, COPENOA, 22/03/2010, http://www.copenoa.com.ar

3- Disturbios frente a una petrolera en Acambuco, El Tribuno, 25/03/2010, http://www.eltribuno.info

4- Petroleras y gobierno acentúan criminalización de la protesta social en Salta, 22/02/2010, COPENOA, http://www.copenoa.com.ar

5- Salta, capital del desmonte, Darío Aranda, Página/12, 21/02/2010, http://www.pagina12.com.ar

6- El alerta que pesa sobre Tartagal, Darío Aranda, Página/12, 21/02/2010, http://www.pagina12.com.ar

7- Las otras áreas licitadas eran Chirete, Tartagal Oriental, Morillo, Malvalay y La Unión.

8- Exploración en busca de hidrocarburos en Embarcación, Tartagal Noticias, 15/07/2009. http://www.tartagalnoticias.com.ar

9- Ibid. Ese mismo año el área Río Colorado fue otorgada para exploración a las empresas Tecpetrol y Petrobras.

10- Saqueo de recursos naturales en Salta: Licitaron áreas petroleras millonarias por solo 250 mil dólares, 07/12/2009, COPENOA, http://www.copenoa.com.ar

11- Macri lanza una mega granja, Diario Clarín, 19/02/2005. http://www.clarin.com – El regreso de Francisco Macri, Diario Página/12, 19/02/2005. http://www.pagina12.com.ar

12- Según el Acta de Directorio de Sidecto Americana S.A., presentado por la empresa ante la Comisión Nacional de Valores, la firma Yuto S.A. tiene como objetivo el “desarrollo progresivo de tierras vírgenes en la zona marginal del norte de la provincia de Salta”. (Acta de Directorio N° 2985. Documento disponible en http://www.cnv.gov.ar) La “zona marginal” de la provincia no es otra que lo que ha tratado de proteger la Ley de Bosques 26.331, sancionada en el 2007 y reglamentada en 2009. La finca fue favorecida con un permiso para el desmonte de 2.400 hectáreas cuando la sanción de la norma era inminente. Un fallo de la Corte Suprema, de diciembre de 2008, obligaba frenar los desmontes sobre territorio indígena. Sin embargo, no encontró eco en el gobierno salteño que evitó aplicar las medidas necesarias para ejecutar la medida.

13- Comisario amenaza de muerte a grupo de desocupados en Dragones, COPENOA, 08/03/2010. http://www.copenoa.com.ar

14- Petroleras limitan el ingreso laboral en zonas donde la desocupación ronda el 60%, 09/03/2010, COPENOA, http://www.copenoa.com.ar

15- La entrevista fue realizada el 19 de marzo.

Fuente: OPSUR