Soberanía alimentaria en Paraguay: sobre la cuerda floja
"La única forma de conservar el maíz nativo y el criollo, y toda otra semilla, se da a través de la resistencia en las comunidades campesinas e indígenas a los monocultivos transgénicos. Esto implica una lucha descarnada contra los intereses de las transnacionales, que no dudarán en amedrentar utilizando los aparatos de represión del Estado, perseguir la protesta social con la eliminación física de los principales líderes a través del sicariato a su servicio o inventar una guerrilla campesina inexistente para argumentar la violencia y vaciar el campo de campesinos y campesinas, militarizando de esa forma el Gobierno las zonas de conflicto, en un continuo Estado de excepción."
“SOBERANÍA ALIMENTARIA EN PARAGUAY: SOBRE LA CUERDA FLOJA”
Autoras:
moc.liamg@sorevivanaid
moc.liamg@zetirbzeravlaalrep
Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas – CONAMURI (Paraguay)
Mesa de Trabajo: “Justicia Ambiental y Lucha por los Derechos”
Área temática 3: Participación, Representación y Actores Sociales
Trabajo preparado para su presentación en el 7° Congreso Latinoamericano de Ciencia Política, organizado por la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política (ALACIP). Bogotá, 25 al 27 de septiembre de 2013
RESUMEN
En las siguientes páginas, el documento “Soberanía Alimentaria en Paraguay, sobre la cuerda floja”, será dividido en tres partes principales para una mejor comprensión del tema: 1) Concepto de Soberanía Alimentaria, tal como está siendo perfeccionada constantemente por las organizaciones miembros de La Vía Campesina Internacional y demás movimientos sociales que se inspiran en este paradigma, en el marco de encuentros mundiales, conferencias y seminarios regionales y con el aporte de las bases populares; 2) La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (CONAMURI), qué representa, cuáles son sus objetivos, cuáles sus postulados; y 3) Contexto político, social y económico del Paraguay, en el marco de la transgenización del país en manos de sus autoridades.
SOBERANÍA ALIMENTARIA EN PARAGUAY: SOBRE LA CUERDA FLOJA
I. Soberanía Alimentaria en el debate campesino
La soberanía alimentaria fue definida por La Vía Campesina durante la Cumbre Mundial de la FAO, que se llevó a cabo en Roma en el año 1996. Desde entonces, los pueblos hablan en términos políticos de un derecho inalienable que fue necesario acuñar debido al avance acelerado del capitalismo en la agricultura, actividad humana cuyo profundo sentido logró evadir por buen tiempo la avidez de la lógica extractivista en su sentido más amplio.
Más tarde, tres eventos de repercusión mundial reunieron a los movimientos sociales y a la sociedad civil en su conjunto para afinar el concepto de Soberanía Alimentaria: en septiembre de 2001, el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria, de La Habana; en junio de 2001, el Foro de Organizaciones No Gubernamentales / Organizaciones de la Sociedad Civil para la Soberanía Alimentara, de Roma, paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación; y en febrero de 2007, Nyéléni, el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria, en Sélingué, Mali, África.
El último evento que congregó a más de 50 delegados y delegadas de redes regionales, movimientos y organizaciones sociales en torno a esta temática, fue la 1° Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe, que tuvo lugar en Bogotá, entre el 5 y el 7 de agosto último.
Con mucho acierto, decimos hoy que la soberanía alimentaria:
… defiende [1] el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, y el derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Sitúa a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de e incluye a las futuras generaciones. Ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca hacia su gestión por productores y productoras locales.
La Soberanía Alimentaria da prioridad a las economías locales y a los mercados locales y nacionales, otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sustentabilidad ambiental, social y económica. La Soberanía Alimentaria promueve el comercio transparente, que garantice ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producen los alimentos. La Soberanía Alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos étnicos, clases sociales y generaciones.
Dicho concepto se ha instalado como un tema mayor del debate agrario internacional, inclusive en instancias de la ONU.
Durante la 6° Conferencia Internacional de La Vía Campesina, que tuvo lugar en Indonesia en junio pasado, se volvió a ratificar en la importancia estratégica que significa custodiar la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Así lo expresa el Llamamiento de Yakarta [2]:
“La Soberanía Alimentaria es el eje central de la lucha por un proyecto de justicia social que hoy convoca a amplios sectores del campo y la ciudad. La soberanía alimentaria es el derecho fundamental de todos los pueblos, naciones y estados a controlar sus alimentos y sus sistemas alimentarios y a decidir sus políticas asegurando a cada uno alimentos de calidad, adecuados, accesibles, nutritivos y culturalmente apropiados. Ello incluye el derecho de los pueblos para definir sus formas de producción, uso e intercambio tanto a nivel local como internacional.
Durante las últimas dos décadas nuestra visión de la Soberanía Alimentaria ha inspirado a una generación de activistas comprometidos con el cambio social. Nuestra visión del mundo implica una revolución agrícola que significa profundas transformaciones agrícolas, socioeconómicas y políticas. La Soberanía Alimentaria ha enfatizado la importancia crucial de la producción local y sustentable, el respeto por los derechos humanos, precios justos para los alimentos y la agricultura, comercio justo entre países y la salvaguarda de nuestros bienes comunes contra la privatización.
Hoy estamos frente a la mayor crisis de nuestra historia y la misma es una crisis sistémica. Las crisis alimentaria, laboral, energética, económica, climática, ecológica, ética, social, política e institucional están llevando al colapso en muchas partes del mundo. En simultáneo, la crisis energética se agudiza día a día frente al agotamiento de los combustibles fósiles y es enfrentada con falsas soluciones que van desde los agrocombustibles a la energía nuclear, la cual ha demostrado ser una de las peores amenazas para la vida sobre la tierra.
Rechazamos el capitalismo, que en este momento se caracteriza por un agresivo flujo del capital financiero y especulativo hacia la agricultura industrial, la tierra y la naturaleza. Esto ha generado un inmenso acaparamiento de tierras, la expulsión de campesinas y campesinos de su tierra, la destrucción de pueblos, comunidades, culturas y sus ecosistemas, creando migraciones y desempleo masivos. Esto genera masas de migrantes económicos y refugiados climáticos y desempleados, incrementando las inequidades existentes.
Las transnacionales en complicidad con los gobiernos y las instituciones internacionales están imponiendo, bajo el pretexto de la Economía Verde, monocultivos de transgénicos, la mega-minería, las grandes plantaciones forestales, la imposición de plantaciones de agrocombustibles, la construcción de grandes represas, el fracking y los oleoductos o la privatización de nuestros mares, ríos, lagos y nuestros bosques. La Soberanía Alimentaria recupera el control sobre nuestros bienes comunes devolviéndolos a manos de las comunidades.”
II. La Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas - CONAMURI
La Conamuri se define como una organización de género, etnia y clase, constituyéndose en una herramienta de lucha para defender los intereses de la clase trabajadora explotada, en solidaridad con la lucha de todas las mujeres del mundo.
Se constituye en Paraguay el 15 de octubre de 1999, como una coordinadora nacional integrada por organizaciones de mujeres campesinas e indígenas. Actualmente congrega a más de 3 mil mujeres en 11 departamentos del país en ambas regiones, Oriental y Occidental.
Busca la transformación social del país con la participación activa de las mujeres trabajadoras y está abierta a incorporar a mujeres sin tierra, asalariadas, estudiantes, artesanas y del sector popular.
Como organización articulada con La Vía Campesina, una de sus banderas principales es la Soberanía Alimentaria y, en ese sentido, se busca potenciar en las comunidades de base el derecho a una alimentación sana, nutritiva y equilibrada, además de bregar por la permanencia de la agricultura campesina, que se ve bajo amenaza desde la introducción del modelo de producción industrial.
Resultado de un largo proceso político que implicó la búsqueda de su propia identidad organizacional, Conamuri comulga con el feminismo popular y campesino, ese que se expresa a través de la soberanía alimentaria, el rescate y la defensa de las semillas nativas y criollas frente al poder corporativo, ese mismo feminismo que se embandera en el rol productivo de las mujeres en la agricultura y en la protección de sus derechos de acceso a la tierra y al agua.
Actividades de Conamuri con relación a la Soberanía Alimentaria
Haciendo hincapié en la lucha contra los agrotóxicos y las semillas transgénicas, a favor de la vida, Conamuri tiene un programa en desarrollo desde 2006, fortalecido a partir de 2008, llamado “Campaña por el Rescate y la Conservación de Semillas Nativas y Criollas”.
Cabe mencionar que el antecedente de esta campaña es la de “Justicia para Silvino”, que fuera derivada de la muerte a consecuencia de la exposición a los agrotóxicos del niño Silvino Talavera, el 7 de enero de 2003. El caso fue a juicio, a instancias de Conamuri y otras organizaciones solidarias; a pesar de que se ha ganado la causa, la sentencia a dos años de prisión de los responsables –dos sojeros de origen extranjero– no se cumplió.
Debido a la gran repercusión que ha tenido este trabajo, las mujeres se han empoderado, y empezaban a llamar la atención sobre un tema aparentemente doméstico, los agrotóxicos, colocando el análisis político y económico, además del social e ideológico que encierra, lo que se presenta en las propagandas como un apoyo a la agricultura, pero termina siendo una enorme trampa.
Tal es así que esto anima a continuar el trabajo, denunciando, informando, formando, integrando y, por sobre todo, proponiendo.
Surgió así la Campaña mencionada de rescate y protección a las semillas nativas y criollas, y en el marco de la misma, se busca fortalecer a las poblaciones campesinas e indígenas a través de la elaboración de proyectos de leyes que beneficien a las y los pequeños agricultores. Tal fue el origen del Proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Variedades Locales de Maíz, que desde 2008 se viene impulsando, en conjunto con diferentes actores de la sociedad civil, en el Parlamento Nacional, sin que hasta la fecha se la haya tenido en consideración.
A pesar de que se llevaron a cabo dos audiencias públicas para promocionar la Ley del Maíz, las y los legisladores no han tenido interés suficiente en estudiar y mucho menos aprobar esta propuesta nacida de los movimientos sociales.
Ante el nuevo panorama que se abre con la realidad de los agronegocios, se torna una necesidad de las familias rurales organizarse y defender la agricultura campesina en pequeña escala, que se sustenta en armonía con la naturaleza.
En el artículo 1º del Proyecto de Ley del Maíz se puede leer:
Esta ley tiene por objeto preservar el maíz (Zea mays L.), como patrimonio genético y cultural del Paraguay desarrollado en miles de años, combatir el hambre derivada del aumento de precios de alimentos básicos y consecuentemente, la pobreza y coadyuvar en la seguridad y soberanía alimentaria de la población.
Así también, dentro de las actividades que Conamuri desarrolla en el eje de Soberanía Alimentaria, en enero de 2010 fue fundada “Semilla Róga” (Casa de la Semilla, en guaraní), espacio donde se almacenan las variedades de semillas para su posterior distribución a los diferentes comités de productores y productoras, inicialmente en ocho departamentos del país y con expectativas de crecimiento. Incentivar la producción de alimentos en forma natural es una preocupación invariable de las organizaciones que ven a la agricultura no como una fuente de lucro, sino como una cultura de vida y de supervivencia.
Para llevar adelante los objetivos de Conamuri, se ha empezado un plan de incorporación de jóvenes comprometidos con los lineamientos de la organización. Voceras y voceros de la Campaña de la Semilla vienen desarrollando diferentes actividades en los departamentos con mayor presencia de cultivos transgénicos, haciendo difusión en medios alternativos, talleres de capacitación y constante concienciación a las y los pobladores acerca de la problemática que acarrea la agricultura mecanizada y el modelo de producción vigente.
La amenaza que significa para las mujeres rurales el uso indiscriminado de agrotóxicos, sumada a los abortos y malformaciones, la expulsión forzosa del territorio, el hambre, el desempleo, la degradación del suelo, la desaparición de los montes y la contaminación del agua y del aire, que, a nivel mundial, provocaron ya los presentes cambios climáticos, son motivos suficientes que obligan a la Conamuri a seguir en resistencia contra los postulados de un sistema que no diferencia la importancia entre una moneda de oro y vivir un día más en el planeta.
Durante los años 2011 y 2012, la Conamuri ha co-organizado la Semana de las Semillas Paraguayas, en la que además de demostrar cuánto aun de las semillas nativas y criollas son mantenidas en manos de campesinas, campesinos e indígenas, se han discutido los desafíos a enfrentar ante las amenazas por parte de las empresas transnacionales interesadas en mercantilizar las semillas, quitándolas del cuidado, especialmente de mujeres. Durante esa semana, se han abordados temáticas como: modelos de desarrollo rural sostenibles, el negocio de las semillas y los agrotóxicos como caras de la misma, efectos de los agrotóxicos en la salud humana, entre otros.
Desde el año 2010, la Conamuri desarrolla un curso de formación teórico y práctico de Agroecología con énfasis en la conservación de semillas. Este curso se realiza con jóvenes, mujeres y varones, campesinos e indígenas de todo el país, con la metodología de campesino a campesino. Como una apuesta a contribuir en la formación técnica de la militancia de base en su lucha cotidiana por resistir en el campo, además de otorgar elementos de formación política integral con el objeto de contribuir con elementos para la acción política en las comunidades.
A partir de diciembre de 2011, Conamuri, en alianza con Base Investigaciones Sociales y la Cooperativa Atycom Ltda., ha incursionado también en la televisión, a través del espacio culinario y cultural “Tembi’u Rape” (“El camino de la comida”), con una presentación semanal en la TV Pública Paraguay. En este espacio, las cámaras ingresaban a la intimidad de los ranchos campesinos e indígenas para verlos preparar sus alimentos, en un recorrido que iniciaba en la chacra comunitaria o la huerta familiar, largo proceso que acababa en la preparación de alimentos y el servicio puesto sobre la mesa hogareña. Esta apuesta tuvo gran repercusión, habiendo sido incluso nominado en la premiación de la Televisión América Latina –TAL– en la categoría de “producciones innovadoras”.
Desde este año 2013, la Conamuri, junto con personas interesadas en fortalecer el lazo campo-ciudad, han organizado las ferias de productos agroecológicos y orgánicos “Semillarte”, articulando esfuerzos por concienciar a consumidores y consumidoras sobre la importancia de conocer el origen de lo que consume.
Comidas a base de maíz que realizan las mujeres, cada 3 de diciembre, día por el no uso de plaguicidas, es una afrenta a las propias empresas del agronegocio, que tratan de demostrar con propagandas engañosas y ganarse la mentalidad campesina e indígena. Con la demostración efectiva de qué es lo que estamos perdiendo con el modelo sojero, no sólo ganancias microeconómicas, sino también biodiversidad, cultura y hasta la propia vida.
Junto con otras organizaciones de mujeres, se han desarrollado varias acciones tendientes a la valoración del trabajo de las mujeres en la producción de alimentos y por tanto en la conquista de la soberanía alimentaria. Todas estas acciones muestran cuánto impacta también sobre la cuidad el deterioro de las condiciones de producción en el campo y cómo afecta en la vida cotidiana a las mujeres las desigualdades estructurales y de género. Entre estas acciones podemos mencionar la “Comilona Avati”, la Feria “Jakaru Porã Haguã”, Feria Guasu de Puerto Abierto, con comidas caseras y de producción orgánica directamente traídas de las huertas agroecológicas comunitarias, entre otras muchas acciones.
Reforma Agraria con enfoque de género
En el marco de estas circunstancias que se van tejiendo, surge la cuestión de género como una de las piezas de la problemática actual. Las mujeres, sobre todo las campesinas, las indígenas y todas las que conforman la clase trabajadora, ven como una urgencia la instalación de la reforma agraria integral, en el sentido de ir construyendo una mayor justicia social durante el proceso de cambio en el que está enclavada la democracia paraguaya.
Pero, ¿qué significa para las mujeres la reforma agraria integral?, ¿cuáles demandas estarían siendo cubiertas en caso de darle pie a los principios que ella entraña? Para empezar, forzoso es aclarar que la reforma agraria que se plantea tiene como presupuesto incorporado la cuestión de género. En la lucha de los movimientos sociales y las organizaciones del sector popular siempre han estado presentes las mujeres, ya madres, ya jóvenes, y han sido ellas las menos visibilizadas, las más estoicas, las del perfil bajo que se movilizan porque tienen hijos a quienes dar de comer, tienen deseos de estudiar y superarse, tienen esperanzas multiplicadas. Hoy día, no se puede hablar de cambio ni de transformación alguna sin tener en cuenta el aporte de las mujeres.
Una reforma agraria integral debe garantizar, antes que nada, la igualdad y la no discriminación por motivos de sexo o etnia y priorizar a los sectores más carenciados en la distribución de las tierras, en un mismo pie de igualdad y sin discriminación, a menos que ésta sea positiva, reconociendo a las mujeres como sujetos de derechos y obligaciones.
En relación al drama global que nos afecta con los cambios climáticos, la lucha por la soberanía alimentaria se presenta como la alternativa válida para frenar esta catástrofe sin precedentes. Una reforma agraria que responda a los reclamos de las mujeres no puede divorciarse de la realidad en que estamos insertos. Los campesinos y las campesinas del mundo, a través del fomento de la producción agroecológica, permitirán volver al “buen vivir” o “vivir bien”, el teko porã de nuestros pueblos originarios.
Entre los retos más próximos a ser enfrentados por la Conamuri, figura la unificación de nuestros ejes de actuación con otras organizaciones de mujeres y demás sectores de la clase trabajadora. Movilización política constante, sin tregua, en contra de las multinacionales que violan la soberanía nacional y aquellos que pretenden lucrar con el patrimonio del pueblo. Prenderse a los debates de construcción de integración regional a través de los proyectos ALBA y UNASUR. Y, finalmente, ganar espacio político para un mayor protagonismo y empoderamiento de las mujeres, campesinas e indígenas, en las instancias de poder, como sector y como clase.
III. CONTEXTO PARAGUAYO
La mayor contradicción en el Paraguay gira en torno a la tenencia de la tierra. El 85% de las tierras está concentrado en manos del 2% de la población. El grado de extranjerización del territorio alcanza el 19%. Esto genera desigualdades que terminan afectando la calidad de vida de la mayoría absoluta, en tanto que una pequeña casta de familias privilegiadas concentra las mayores riquezas y bienes comunes naturales.
Por otra parte, existen 350.00 familias campesinas sin tierra, y a esto se suman los indígenas sin tierra y territorio. Este problema estructural no se modificó tras el inicio de la apertura democrática en 1989. Lo que refleja que tenemos un Estado de subdesarrollo social y cultural.
En consonancia con lo que ocurre en el resto del mundo, Paraguay no escapa a las políticas neoliberales que pretenden eliminar la autodeterminación de los pueblos y entregar el control sobre la población a las corporaciones del agronegocio.
Las amenazas que el agronegocio cierne sobre nuestras cabezas van más allá de los impactos que puedan repercutir en la humanidad; sus tentáculos tienden a explayarse sobre todo el equilibrio ambiental y la vida en el planeta. Es así de sencillo, sin más retórica y sin más circunloquios: la vida misma está en peligro.
Todo lo que entraña la instalación del agronegocio en un país se acentúa con violencia cuando existe disconformidad por parte de los movimientos sociales y, especialmente, por parte de las organizaciones campesinas e indígenas. Allí interviene el Estado para allanar el camino a las corporaciones multinacionales. La expansión del modelo de agricultura industrial requiere del uso de la fuerza pública en las zonas rurales donde la oposición a los monocultivos, y su paquete tecnológico, es mayor.
En 2012, hubo un golpe de Estado en el Paraguay, auspiciado, entre otros, por la gigante de la biotecnología, Monsanto. 17 muertes fueron necesarias para justificar un juicio político mal construido y derrocar al gobierno progresista de Fernando Lugo. En estas muertes que se dieron el 12 de junio en lo que se llamó la Masacre de Curuguaty, 11 eran de campesinos sin tierra y 6 de policías. Se les sumaron, posteriormente, el asesinato de 5 dirigentes campesinos en un lapso de 11 meses.
En abril pasado, las elecciones generales legitimaron la vuelta del Partido Colorado al poder, luego de 4 años de alternancia política, representada por el gobierno de Lugo. El golpe de Estado que concedió la administración del país a Federico Franco, tiene su continuismo en Horacio Cartes y su equipo de trabajo. Se avizoran tiempos realmente difíciles para los movimientos sociales y, muy particularmente, para el campesinado organizado.
Durante el gobierno de Franco se liberaron en el país siete eventos transgénicos de soja, maíz y de algodón. La mayoría pasó por alto la normativa y los requerimientos técnicos imprescindibles para su aprobación, como el dictamen del Ministerio de Salud, el ensayo previo o la evaluación de impacto ambiental. Según la prensa oficial, se estaría buscando liberar en total once variedades de semillas genéticamente modificadas, en principio, para posicionar al país “como uno de los mayores productores a nivel mundial, junto a sus vecinos Brasil y Argentina”.
Sobre el maíz transgénico, existen actualmente en el país 5 variedades aprobadas y 4 ya inscriptas. Las 11 razas y 200 variedades de maíz nativo se ven amenazadas ante esta realidad. Aunque el agricultor cuide de su cultivo, el sabotaje puesto en marcha por los empresarios del agronegocio logrará que su especie termine contaminada, y al campesino no le quedará otra más que engrosar los cordones de miseria de las ciudades, con su familia. El modelo del agronegocio no puede convivir con la agricultura tradicional campesina. Por eso la idea es destruirla.
De acuerdo al estudio “La otra cara de la soja” [3], desarrollado por Quintín Riquelme y Elsy Vera, del Centro de Documentación y Estudios (CDE), la cantidad de agroquímicos utilizados en la plantación de soja transgénica llega a los 32.550.000 litros, y a 2.400.000 kilos de insecticidas.
Este mismo estudio enseña datos preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, en donde se estima la población nacional paraguaya en 6.672.631 habitantes, de los cuales el 41% corresponden al sector rural y el 58% al urbano.
Cabe señalar que la investigación mencionada insinúa una relación directa entre la expansión de la frontera de la soja con la aparición de nuevas patologías en la población expuesta.
Luis Rojas [4], de Base Investigaciones Sociales (Base IS), estima que alrededor de un millón de campesinos, campesinas e indígenas se niegan a dejar de ser lo que fueron: gente del campo, hijos e hijas de la tierra, con raíces profundas ancladas en esa superficie que tanto ambicionan terratenientes y corporaciones extranjeras. La única competencia verdadera que encuentra un gigante como Monsanto es el conocimiento atesorado en las comunidades campesinas e indígenas. Las agricultoras y los agricultores crean una barrera a los intereses de esta empresa por controlar la alimentación y la vida de las personas.
Masacre de Marina Kue: justificando el “juicio político”
En este contexto se produce el golpe de Estado del 15 de junio del 2012, que forma parte del proyecto imperialista, que entra en contradicción con un gobierno progresista. El imperio permanentemente intentó golpes contras gobiernos de izquierda, como el caso de Venezuela y Bolivia. En Honduras, que es un país “primo hermano” de Paraguay, (con problemas parecidos), el golpe sí prosperó en 2010.
En el departamento de Canindeyú, distrito de Curuguaty, se da lugar al asesinato de 11 campesinos sin tierra y seis policías, en el hecho que quedó registrado con el nombre de “Caso Marina Cué”. Hasta el día de hoy, solo campesinos han sido apresados e imputados, sin prueba alguna, por una Fiscalía intolerante y parcialista que tiene todo preparado para acusar a campesinos y campesinas. Muchos de estos se han visto obligados a hacer huelga de hambre en reclamo de su libertad, y 4 han conseguido una victoria parcial a través de la prisión domiciliaria.
Al día de hoy, la audiencia preliminar que debe decidir si elevar o no la causa a juicio oral y público, todavía no ha sido concluida, al contrario, fue suspendida en más de tres ocasiones, y la jueza que entiende en el caso fue recusada por la defensa de los acusados y las acusadas, aunque la Corte Suprema de Justicia, finalmente, la mantuvo en el juzgado.
La masacre de Curuguaty fue el detonante de un plan montado por el agronegocio y sus socios entre las élites locales, latifundistas, ganaderos y la derecha para hacer avanzar los acuerdos e instalar un escenario táctico para la imposición de “libre comercio” como la entrega de territorios estratégicos a las multinacionales, en este caso particular, Monsanto, Cargill, Syngenta y Río Tinto Alcán.
El plan está en marcha y de manera acelerada; ahora se anuló la ley de fronteras, se aprobaron las semillas transgénicas de maíz y algodón, se negocia la entrega del Acuífero Guaraní y del petróleo a los yanquis. En esta situación, el papel de los medios de comunicación (de masas) es fundamental, jugando a favor del agronegocio, cuyo avance representa una amenaza para el campesinado y para las comunidades indígenas.
El golpe fue financiado y orientado por las multinacionales para colocar a un gobierno más de derecha, abriéndose una nueva etapa de criminalización de la lucha social teniendo como soporte la ley antiterrorista aprobada durante el gobierno de Lugo, sumada a la liberalización de los transgénicos, la instalación de Rio Tinto Alcán, el despido masivo en el funcionariado público y la derechización de las instituciones del Estado.
El escenario se presenta favorable para la mejor explotación por la multinacionales de los bienes comunes naturales, tienen vía libre para la mayor apropiación de la tierra, la energía, los minerales, la imposición de los rubros transgénicos (algodón, maíz, soja, etc.), utilizando impunemente los agrotóxicos. Esto forma parte de una mayor latifundización, de aumento de la sojización por lo tanto, de una mayor descampesinización. La meta de descampesinización, que es el proyecto del Banco Mundial, es dejar solo el 7% de campesinos en el campo. En ese contexto, la clase trabajadora en general está al borde de ser derrotada, más allá de una resistencia concentrada en Asunción, que llegó a acumular fuerzas populares muy importantes en algún momento, pero que debe enfrentarse cada vez más con la indiferencia y la alienación impuesta desde el Estado a la población mayoritaria.
Gobierno de facto y continuismo [5]
Este nuevo periodo político que se inaugura en el Paraguay se presenta sin que se hayan aclarado las irregularidades que llevaron al poder al presidente de facto, Federico Franco, el gobierno del golpe de Estado, el de la angurria desmedida contra las arcas públicas, el de la impunidad pactada con la clase dominante y cuya base fue la muerte de 17 compatriotas en Marina Kue.
Toda la ciudadanía coincide en que este gobierno de traición fue el peor de la historia de nuestro país, pues procedió a llenarse las manos con la plata del pueblo, sin ningún tipo de contemplación, al punto en que hoy los hospitales no cuentan con presupuesto para insumos, el sector de la educación se moviliza para garantizar salarios y derechos, los asignados en el programa Tekoporã se quedaron sin percibir el pago de sus beneficios, las rutas no acabaron de inaugurarse, pues la larga puja electoral les fue contraria a los liberales, quienes no dudaron en priorizar su campaña por el poder en desmedro del pueblo.
La gestión de Federico Franco dejó al nuevo gobierno con un déficit fiscal de 430 millones de dólares. Y él todavía se da el lujo de auto-condecorarse por sus méritos y señalar que no han tocado un centavo del Erario, culpando de su fracaso y del déficit fiscal a la evasión impositiva de las agroexportadoras y al contrabando.
El de Horacio Cartes se avizora como un gobierno de derecha que tendrá su funesto toque de retroceso a los tiempos del régimen stronista, con mucho énfasis en el sector empresarial, las privatizaciones, tratados de libre comercio y una coyuntura regional a contramano. Otra de las características que se pueden ver desde larga distancia es la criminalización a toda forma de organización, ya campesina, ya sindical y de otros sectores, pues Cartes ha dado señales claras acerca de su postura en este tema a través de declaraciones no tan felices a la prensa nacional.
Al respecto, sectores sindicales advirtieron ante los medios de prensa que Cartes llevará a cabo medidas restrictivas y una política de persecución a trabajadores del sector público y privado, lo que desencadenará una serie de protestas, marchas y movilizaciones.
Por otro lado, Cartes parece no tener consciencia de los problemas que puede acarrear el hecho de abandonar Mercosur para el pueblo paraguayo. Muchos compatriotas, familias enteras, se verán afectados por las decisiones que se asuman en este sentido, paraguayos y paraguayas que encuentran trabajo en países vecinos y tienen la posibilidad de enviar remesas a sus parientes para ayudar en la sobrevivencia.
El programa para los primeros 100 días de gobierno del presidente electo demuestra nítidamente que los ejes de su administración girarán en torno al remate de los bienes públicos a través de las privatizaciones y una entrega mayor a los militares para ejercer control y vigilancia sobre la población.
Nuestro posicionamiento como Conamuri ante esta coyuntura es que debemos hacer una autocrítica sana todos los movimientos sociales, de mujeres, campesinos, indígenas, estudiantiles, sindicales, toda la clase trabajadora debe consensuar y elaborar una agenda común de lucha y reivindicaciones a corto plazo, para defender los intereses en juego. Igual tesitura deberían ser capaz de adoptar los partidos de izquierda y progresistas, aunando esfuerzos para el diálogo en busca del bien común y la asunción de los desafíos.
Si Franco dejó al país en terapia intensiva, arrancándole territorios extensos y ofreciéndolos a las transnacionales y empresarios extranjeros; si sirvió en bandeja a las corporaciones nuestra soberanía territorial y alimentaria, agudizando la grave situación del campo, nada impide creer que esto tendrá su continuación en el gobierno entrante, al contrario.
Con este panorama, todo hace predecir que el ingreso en tropel de las semillas transgénicas y los agrotóxicos tendrá como aliado perfecto al Ministerio de Agricultura y el Senave. Se agudizará la violencia institucional en el campo a través de los órganos de represión representados por la Fiscalía y el Ministerio del Interior. La reforma agraria será un concepto en desuso en este nuevo gobierno, defensor de la propiedad privada y, peor, de las tierras malhabidas.
Militarización de zonas rurales con mayor presencia del movimiento campesino
La reciente (22/08/2013) aprobación de la modificación de la ley de defensa nacional abre un contexto de militarización de zonas rurales donde se entrecruzan interés del gran capital con sus representantes locales, con sus contradicciones propias (narcotraficantes, sojeros, rolleros, ganaderos) y la de las comunidades campesinas e indígenas.
A menos de una semana de su vigencia, los atropellos a derechos de las familias de las zonas afectadas se suceden impunemente con anuencia de las propias fuerzas policiales y la actuación irregular e inconstitucional de militares.
La transgenización del campo paraguayo
La transgenización es un fenómeno que empezó por el alto valor de la soja, lo que permitía la producción masiva del rubro para destinar a mercados externos, sobre todo de Europa y Asia.
Ya desde la década de 1970 se tienen los primeros cultivos de soja en nuestro país, de la mano de colonos brasileños. Desde entonces, el modelo sojero no ha parado de expandirse, generando graves problemas para los agricultores y las agricultoras locales.
Las primeras semillas transgénicas (u organismos genéticamente modificados, OGM) llegaron de contrabando al Paraguay a mediados de 1990, desde la Argentina, cuando no existía en nuestro país normativa que permitiera el cultivo transgénico. Las semillas transgénicas forman parte del llamado «paquete tecnológico» de la agricultura mecanizada.
El sector de la soja se encuentra en un proceso acelerado de expansión [6]. El área de cultivo se ha duplicado en el último decenio hasta ocupar el 80% de la superficie destinada a la agricultura. Aproximadamente la mitad de esas tierras eran anteriormente estancias ganaderas, mientras que la otra mitad pertenecían a familias campesinas o indígenas. En muchos casos estas familias vendieron o alquilaron su propiedad o sus derechos de ocupación al verse rodeadas por el cultivo de soja y obligadas a convivir con la fumigación permanente de agrotóxicos.
La superficie destinada al cultivo de soja superó los 3 millones de hectáreas en la campaña agrícola 2012/13.2 Entre 2002 y 2012 esta superficie creció a un ritmo promedio de más de 150,000 hectáreas por año, y algunas previsiones apuntan a metas de 7 a 8 millones de hectáreas. El 70% de la soja producida en Paraguay se exporta en forma de grano.
En un inicio la soja se instaló en los departamentos fronterizos de Alto Paraná –un 68% de cuyo territorio estaba cultivado con soja en 20103– e Itapúa, donde se encuentran las tierras más fértiles. Posteriormente el cultivo se expandió hacia los departamentos centrales de San Pedro, Caazapá y Caaguazú, desplazando la actividad ganadera hacia el Chaco. La mayor parte de la superficie de cultivo de soja está en manos de brasileños: el 64% en todo el país y hasta un 80% en algunos distritos del área fronteriza.
Actualmente Paraguay es el país del mundo con mayor proporción de superficie cultivada con semillas transgénicas (un 66%) seguido por Argentina, Uruguay y Estados
Unidos. El 95% de la soja que hoy se cultiva en Paraguay es Roundup Ready (RR), modificada genéticamente para tolerar el glifosato (el ingrediente activo del Roundup), un herbicida no selectivo popularmente conocido como “matatodo” que se aplica durante todo el ciclo del cultivo. Tanto la semilla como el herbicida han sido patentados por Monsanto, que recauda en Paraguay unos 35 millones de dólares anuales en concepto de regalías.
Las organizaciones ambientalistas calculan que en Paraguay se aplican cerca de 30 millones de litros de agroquímicos en cada ciclo de cultivo de soja.
De esta manera, Paraguay pese a su pequeño tamaño, es el sexto país productor y el cuarto exportador de soja del mundo. Aún así, sigue siendo el país más rezagado de América del Sur en materia de desarrollo. A nivel mundial ocupa el puesto 111 (entre 186 países) según el Índice de Desarrollo Humano, situándose en el grupo de desarrollo humano medio9. Y un ingreso promedio per cápita de 3.020 dólares lo sitúa dentro del grupo de ingreso medio-bajo10. Los elevados índices de pobreza y desigualdad siguen siendo importantes desafíos.
La escalada en el precio de la energía y de los alimentos ha estimulado el interés del capital por el agro, que tras la crisis financiera busca nuevos sectores donde invertir. Estas inversiones, muy lejos de representar oportunidades para los sectores campesinos, dan lugar a una mayor competencia por la tierra y causan graves impactos sobre el medio ambiente, la salud de las personas y sus medios de vida.
Hoy, con la introducción de otros rubros transgénicos, el panorama se vuelve aún más desolador.
Resistencia campesina e indígena
La única forma de conservar el maíz nativo y el criollo, y toda otra semilla, se da a través de la resistencia en las comunidades campesinas e indígenas a los monocultivos transgénicos. Esto implica una lucha descarnada contra los intereses de las transnacionales, que no dudarán en amedrentar utilizando los aparatos de represión del Estado, perseguir la protesta social con la eliminación física de los principales líderes a través del sicariato a su servicio o inventar una guerrilla campesina inexistente para argumentar la violencia y vaciar el campo de campesinos y campesinas, militarizando de esa forma el Gobierno las zonas de conflicto, en un continuo Estado de excepción.
La lucha encarada por los movimientos campesinos e indígenas se da también a través de la propuesta agroecológica contra el modelo capitalista de producción de monocultivos. Hoy día somos testigos presenciales de las consecuencias de este sistema de producción que se manifiesta a través del uso de los agrotóxicos, la pérdida de semillas nativas y criollas, el acaparamiento de las tierras, la privatización del agua, etc.
La agroecología, más que una alternativa, constituye, por ende, un modo de vida porque ella encierra “saberes populares”, alimentos sanos, equilibrados y nutritivos.
Por eso, y a pesar de todos los problemas señalados, la agricultura campesina sigue alimentando a un porcentaje importante de la población. Aún cuando está atravesando por una crisis de producción y de productividad, es la alternativa frente al agronegocio para promover la seguridad y la soberanía alimentaria.
Notas
[3] “La otra cara de la soja – El impacto del agronegocio sobre la producción de alimentos y la agricultura familiar campesina en el Paraguay”, estudio a cargo de Quintín Riquelme y Elsy Vera, del Centro de Documentación y Estudios (CDE). Asunción, 2013.
[5] Editorial del boletín informativo “Ñe’ê Roky” de CONAMURI N° 13. Agosto, 2013.
[6] “El espejismo de la soja”. Documento presentado por la ONG Oxfam. Asunción, 2013.