Semillas: El paradigmático caso de Honduras

En Honduras, la primera ley de semillas fue en 1980. Esa ley, ahora que la hemos comenzado a ver con otros ojos, es una ley de certificación de semillas, que contiene un artículo que menciona que hay semilla certificada y semilla común, y por semilla común se refiere a las semillas campesinas e indígenas y, después de todo, el desarrollo de la ley es la certificación, cómo va a funcionar, los reglamentos, etcétera.

Si revisamos esa ley, no hay ningún problema en que los campesinos cambien, intercambien sus semillas, las regalen o las vendan. Pero comenzaron a presentarse problemas tras el huracán Mitch, cuando empezaron a circular los transgénicos sin control alguno a través de la ayuda humanitaria.

Después del Mitch se elaboró un reglamento de bioseguridad con énfasis en plantas transgénicas, cuyo objetivo era promoverlas. Se reunió un grupo para revisar el reglamento y nosotros fuimos de las personas que nos opusimos y no nos volvieron a invitar, porque consideraron que yo no era científico del tema. Entonces quedó un espacio coptado por los biólogos y funcionarios de la Universidad El Zamorano, alineados con esta mirada —incluso una doctora ecuatoriana, María Mercedes Roca—, que se encargaron de promocionarles de modo desordenado.

Hubo un gobierno que intentó pararlos, pero con las presiones internacionales en 1998 se decidió que los maíces transgénicos podían estar en los valles y que en las montañas no. Se metieron esas lógicas científicas que son fuertemente criticadas —que las mallas de seguridad fueran de 50 metros alrededor y todas esas estupideces de una seudo-contención—, pero hasta ese momento no se prohibía que los sistemas campesinos continuaran funcionando como tales.

En 2012 se emitió la Ley UPOV (Ley de Protección de Obtenciones Vegetales) y allí aparecen las “falsas iniciativas” y cosas extraordinarias como multas (por no permitir la inspección) de 300 a 3 mil días de salarios mínimos. Me imagino que eso es copia de las leyes en otros países. Uno de los artículos dice que se pueden patentar incluso las uvas que vienen de otros lados y que se compran en el supermercado. En Honduras no existen más que las uvas silvestres que no están en el mercado. Pero todos estos marcos jurídicos se hacen a espaldas de los pueblos. En 2012 se emitieron unas 198 leyes que han salido poco a poco, y una de esas leyes fue justamente la ley de protección de obtenciones de vegetales. Claro, cuando uno busca las actas del Congreso, quiénes las aprobaron y lo demás, no las encuentra.

Si revisamos el marco jurídico en Honduras, hasta el 2012 no se prohibía guardar semillas, regalarlas, intercambiarlas. Desde 2012, está el marco jurídico de la ley UPOV, aunque no está reglamentada. Para la Anafae, la estrategia de estas empresas multinacionales es contaminar todos los maíces a nivel nacional, porque en Honduras hay unas 450 mil familias campesinas que cultivan maíz y otras cosas, y las familias que están en los valles donde están cultivando los transgénicos no llegan ni a 500 familias; por tanto hay 450 mil familias que no utilizan variedades “mejoradas” de polinización libre ni híbridos ni transgénicos porque los costos de las semillas son demasiados altos.

La tenencia de la tierra en Honduras es complicada, la gente tiene menos de una hectárea en promedio, en la zona sur, y la gente camina de las comunidades a los centros más poblados a veces tres, cuatro horas.

Si una de las estrategias de Monsanto o de estas empresas fuera perseguir al campesino en su parcela para que tuviera que pagar regalías no tendría sentido, porque el costo de ir a esa finca es demasiado alto para hacer este seguimiento. Lo más fácil es contaminar y luego, en complicidad con los funcionarios del gobierno, demostrar que los maíces certificados y los genes de los transgénicos están en todo el mundo y que entonces la factura se la paga el Estado a Monsanto, porque es demasiado difícil hacer la persecución finca por finca.

Pensamos que esto puede ocurrir. Hicimos un estudio en 2012, y había 30 mil hectáreas de maíz transgénico, de las 400 mil hectáreas cultivadas. Los valles están casi llenos de maíz transgénico. Hemos hecho análisis con algunos productores, porque la gente a veces no hace números. Parece que la estrategia de las empresas ha funcionado. Hay algunas empresas que financian la actividad, entregan la semilla, entregan el paquete y la gente paga con maíz. Entonces la empresa va a cosecharlo y lo lleva a la empresa donde procesa para la industria de alimentos concentrados, y si hay una diferencia entre lo que la empresa les dio y lo que vale el maíz, entonces les compensan “equis” cantidad de dinero.

Los pequeños productores me dicen, mira, es que el plan de inversión en maíz transgénico es caro, pero como me lo financian, entonces no siento que invierto, y si me queda un poquito de ganancia o no, pues no importa. El plan de inversión cuesta unas 22 mil lempiras, como mil dólares por manzana (un poquito más pequeña que la hectárea), y encontramos que los productores están perdiendo. Entonces eso de que es negocio es puro cuento.

Frente a la nueva ley, desde Anafae comenzamos a sonar la alarma. Estamos cerca de Vía Campesina, y siento que ha habido preocupación por el tema pero no la suficiente. Hemos logrado despertar en la sociedad hondureña el interés de plantarnos ante esta amenaza, y a veces cuando uno se pone frío y analiza la situación, uno entiende por qué organizaciones que deberían estar más comprometidas no están tanto, frente a un Estado que criminaliza y asesina campesinos.

Cuando matan a compañeros de comunidad o los meten presos, los dirigentes tienen que estar con el grupo de abogados intentando meter el habeas corpus y ver dónde están, de tal manera que es complicado estar en todo.

Cuando revisamos la manera en que la gente ha manejado sus semillas —en los intercambios, el modo de guardarlas, sus cuidados—, la gente no cree que haya tanta perversidad: que alguien pueda despojarlos de algo que ha sido de ellos desde siempre.

Cómo despertar la preocupación de que está amenazada su vida. En Honduras hay miles de familias campesinas que si se les despoja de sus semillas será casi imposible su derecho a la alimentación. Mucha gente no va a poder producir sus alimentos.

Hay datos interesantes. La FAO hizo un estudio en 2011 y halló que 88% de las variedades de frijoles que los campesinos utilizan son criollas, apenas 12% son mejoradas. Un 52% del maíz es criollo y 48% variedades mejoradas, incluidos los transgénicos, pero el estudio es a nivel nacional, incluyendo los valles y la montaña. Estamos terminando un estudio pequeño pero sólo en las zonas de montaña: ahí 100% de los maíces son criollos.

La razón es sencilla: los centros de experimentación con variedades de maíz y frijoles en Honduras son los valles, y cuando tales variedades llegan a las montañas simplemente, como dicen los campesinos, truenan.

El campesino vive en la montaña, baja al valle y mira una variedad de maíz que le gusta; el compadre le regala, lo lleva en la bolsa, lo prueba, seguramente no funciona, pero dio pie a la contaminación.

Se podría hacer un análisis y demostrar que está contaminado este maíz, porque en el estudio que hicimos, el 100% de las variedades de maíz y frijol son variedades campesinas. Y en la zona sur de Honduras, en la zona seca, se utiliza sorgo y maicillos, y del 100% de las variedades, 98% son variedades campesinas.

La amenaza de esta ley para la vida del pueblo hondureño es gravísima.

Hemos hecho acciones de lucha, movilizaciones, contra la minería, contra las concesiones hidroeléctricas. Hay una articulación nacional contra el extractivismo y los monocultivos, y ahí hemos promovido desde Anafae lo de las semillas. En octubre de 2016 sometimos a la Corte Constitucional un recurso de inconstitucionalidad de la ley, que fue rechazado; estamos en este momento revisando el dictamen de la Corte para insistir, y hablamos con los franciscanos para buscar apoyo desde la Curia y presentar de nuevo el recurso, con algunos apoyos desde afuera. Con el gobierno actual, pensamos que igual va a rebotar, pero sí queremos hacer todas las acciones, las movilizaciones en las calles y jurídicas, para ver hasta dónde podemos avanzar.

El año pasado iniciamos un proceso de declarar las semillas campesinas como patrimonio de los municipios. En dos municipios los alcaldes se atrevieron a desafiar los marcos jurídicos internacionales y se declararon, en un municipio de la zona sur y en el centro de Honduras, las semillas campesinas como patrimonio del municipio y del pueblo hondureño. Junto a la declaratoria política, trabajamos los mecanismos de implementación. Cómo vamos a defender la declaratoria, teniendo reservas de semillas en el municipio, promoviendo los intercambios, apoyando a las familias con más habilidad para mejorar las semillas, promoviendo el acceso a estas semillas en las comunidades donde se han perdido. Todo esto lo estamos cocinando.

En territorio lenca (hay un grupo que se llama Milpa y es miembro de Anafae). Ellos declararon sus semillas como patrimonio y su territorio como libre de transgénicos. Estamos trabajando con ellos en los mecanismos de implementación. Y la pregunta es, ¿y si llega una empresa y quiere vender transgénicos, qué vamos a hacer?, porque a esas empresas las amparan las leyes nacionales, y si hay resistencia, ahora en Honduras hay una ley antiterrorismo. Está prohibido pronunciarse en las calles porque van presas las personas. Estamos en las redes de la telaraña que se está tejiendo, y prácticamente no permite que haya acciones.

Uno de los mecanismos que han pensado los compañeros campesinos es declararse en rebeldía completa.

Si llega la policía y quiere agarrar a un campesino por resistir las semillas transgénicas, movilizar esa red social y llevar mil campesinos a decir, bueno, llévennos a todos.

Es un un intento por desbordar la capacidad del Estado de reprimir, porque tal vez puede funcionar con unos cuantos lideres, pero si la comunidad en general hace la resistencia, entonces va a ser más difícil.

El año pasado comenzó la revisión de la ley de semillas liderada por FAO. La posición nuestra ahí en ese espacio de discusión es garantizar los derechos de campesinos indígenas a la libre circulación de las semillas, porque la ley va orientada justamente a la certificación. Ahí hemos estado poniendo los frenos, hemos hablado con algunos diputados, dándoles información y datos, porque hay muchísima ignorancia acerca del papel de las semillas para la gente.

Un tema sensible es la dominación del pensamiento académico por parte de los agrónomos del mundo del “desarrollo” que desvalora o desconoce la realidad de la existencia de todos estos materiales genéticos.

Hemos hecho caracterizaciones en los municipios en los que se declararon las semillas como patrimonio; en uno de los municipios encontramos, en cuatro comunidades, unas 25 variedades de maíz diferente y 22 variedades de frijoles; y no hemos recorrido ni 20% del municipio porque no hay tanto recurso, pero es el camino inicial. Si profundizamos y llegamos a conocer lo que existe, incluso va más allá de lo que creemos que está vinculado.

Desde que entramos en el grupo que discute la ley, les dijimos, si están estos artículos que queremos promover —respetar el derecho de los campesinos indígenas a lo que han hecho siempre—, vamos a seguir. En el momento que eso desaparezca de la discusión vamos a ir a las calles de nuevo. Y por supuesto hay el reto de vincular esta lucha con los movimientos sociales, que encontremos la sensibilidad de cómo esto es una amenaza real para la soberanía alimentaria, para la vida de los campesinos e indígenas en nuestro país.

Fuente y foto: Revista Biodiversidad, sustento y culturas 93