Se profundiza la extranjerización de las tierras argentinas

Modificación de Macri a la Ley de Tierras

11/09/2017

El conflicto por la desaparición de Santiago Maldonado durante la intervención de Gendarmería en una protesta mapuche en Chubut puso nuevamente en foco la problemática de la creciente extranjerización de la tierra en la Argentina.

En el caso de la comunidad Pu Lof, esta lleva años reclamándole al magnate italiano Luciano Benetton parte de las hectáreas que compró en la Patagonia y que, aseguran, les pertenecen ancestralmente.

Junto al empresario inglés Joe Lewis, Benetton representa el paradigma de los recursos naturales argentinos en manos extranjeras.

Entre las miles de hectáreas que el británico posee en la Patagonia se incluye Lago Escondido, en Río Negro, el paradisíaco lugar de aguas glaciares en el que Lewis construyó una mansión a la que el Presidente Mauricio Macri suele acudir durante sus días de descanso. De hecho, el mandatario argentino reconoció “conocer de años” al magnate y ser su “amigo”.

Detrás del interés por las tierras nacionales, están los recursos estratégicos que poseen, como su aptitud para la producción agroalimentaria, reservas de minerales y, sobre todo, una importante cantidad de agua dulce, codiciada por su escasez mundial.

Si bien la Constitución Nacional no impide que se vendan tierras del Estado a extranjeros, ya que iguala los derechos de los foráneos con los de los nacidos en el país, la Ley 26.737, que regula el suelo nacional, define a la tierra como “un recurso natural escaso y no renovable de valor estratégico para el desarrollo humano y social”.

En los hechos, año tras año miles de hectáreas argentinas siguen pasando a manos de extranjeros que, en la mayoría de los casos, no pueden ser identificados ya que la normativa local permite vender territorio tanto a personas físicas como jurídicas.

Plata fácil

“Lamentablemente, lo que estamos viendo es la gran oscuridad que rodea las acciones que ha llevado adelante el Gobierno nacional, como el decreto de Macri modificando la llamada Ley de Tierras, flexibilizando de manera escandalosa la venta de campos y grandes extensiones a extranjeros”, afirmó a este medio el economista Martín Hourest.

El decreto al que hace referencia el exlegislador porteño fue firmado por el Presidente el 30 de junio último, bajo el argumento de actualizar la reglamentación del Código Civil y Comercial, que limitaba la compra de tierras por parte de extranjeros cuando el destino fuera la búsqueda de inversiones.

Uno de los principales cuestionamientos a la norma, además de que habilita a forasteros para la compra indiscriminada de propiedad nacional, es que no tiene validez constitucional, ya que nunca una ley puede ser modificada por un decreto.

Para Hourest, “hay una fiesta de los capitales especulativos yendo a la ganancia fácil y segura. Aquellos que no optan por la bicicleta financiera se van a la compra de tierras, lo que es una locura total”.

En ese sentido, el economista advirtió que “un país que se denomine serio no puede armar su su­pervivencia en materia de desarrollo económico-social creyendo que va a avanzar vendiendo su soberanía. A este ritmo vamos a un fracaso estrepitoso”.

Porcentaje de hectáreas vendidas a extranjeros en cada provincia

- Tierra del Fuego: 4,50

- Santa Cruz: 10,84

- Chubut: 4,27

- Río Negro: 2,11

- Neuquén: 6,40

- Mendoza: 8,69

- La Pampa: 2.95

- Buenos Aires: 3,47

- San Juan: 10,70

- San Luis: 3,23

- Santa Fe: 1,10

- Córdoba: 4,20

- Entre Ríos: 4,78

- La Rioja: 7,63

- Catamarca: 12,08

- Tucumán: 4,46

- Santiago del Estero: 5,89

- Chaco: 3,34

- Corrientes: 13,86

- Misiones: 13,88

- Salta: 11,80

- Jujuy: 5,32

- Formosa: 1,73

“Han permitido que los extranjeros se queden con lagos enteros”

Daniel Sabsay - Abogado constitucionalista

“Mientras que no haya una previsión, los extranjeros pueden comprar tierras argentinas, partiendo de la base de que no hay motivo razonable para impedir que un extranjero acceda a la propiedad igual que un nacional, porque la Constitución nacional lo dice, pero si compran tierras en zona de fronteras sería inconstitucional, por razones de seguridad nacional.

No creo que modificaciones a la Ley de Tierras se puedan hacer por decreto como hizo el Gobierno nacional, ya que eso solo hay que hacerlo por ley porque es la reglamentación de un derecho reconocido en la Constitución Nacional, por lo tanto un decreto es inválido y carece de validez, ya que viola el principio de legalidad.

En esto hay muchísima politiquería, hay que ver el caso y pensar si realmente es razonable reservarle a los extranjeros tierras o no. Para darle un ejemplo, a mí me parecería una locura venderle a los extranjeros tierras que están en toda la franja del norte del país, como lo son Formosa, Salta, Jujuy, que son fronteras muy calientes y por lo tanto creo que deberían ser tierras reservadas para los nacionales.

Lo que se critica en el sur es que se ha vendido en la época de Menem, y se ha permitido que los extranjeros se queden con lagos enteros, por lo tanto el ciudadano común, el habitante nativo, no puede acceder a esos lagos, lo cual también es inconstitucional, ya que todo el camino que rodea a los lagos es de dominio público y no pueden ser dados a extranjeros o privados”.

“Venden soberanía porque son terrenos ubicados en lugares de privilegio”

Eduardo Barcesat - Abogado constitucionalista

“Lamentablemente, un decreto del actual Gobierno recortó la Ley de Tierras para hacerla prácticamente inútil, y esto se está cuestionando en una acción judicial que se tramita en la Capital Federal, en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 5 y está a sentencia.

La petición es que se anule, por modificar una ley de la Nación. Este decreto levanta las trabas y, por lo tanto, posibilita la enajenación y no tiene límites en cuanto a la naturaleza del lugar, es decir, puede ser territorio de frontera y someterse a un régimen de privatización.

Un ejemplo concreto actual es el que se conoce como Campo Andes en Mendoza, que es un predio militar que, por ley de la Nación, es un bien de dominio público, donde estamos hablando de más de 100.000 hectáreas. Sin embargo, el Gobierno actual lo quiere privatizar para un emprendimiento inmobiliario, lo que también está siendo cuestionado en sede judicial, pero está este decreto perverso que sacó el Gobierno que es el que habilita estas operaciones para enajenar el territorio argentino.

Mientras tanto se están vendiendo tierras, y el pedido que hemos hecho es que, anulado el decreto, se retrotraiga a la situación previa a la fecha de entrada en vigencia de este decreto, que es de mayo de 2016.

Se vende soberanía porque todas estas tierras que están codiciadas tienen una enorme aptitud para la actividad agropecuaria o, en su mayoría, también el valor paisajístico, es decir, son terrenos que están ubicados en lugares de privilegio y se pierde esto porque al privatizarse queda excluida buena parte de la población”.

Fernando “Pino” Solanas: “Macri elevó al 50 por ciento el tope de tierras fiscales vendidas a extranjeros”

El senador Fernando “Pino” Solanas denunció al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de que se negara a revisar el marco legal en el que el empresario inglés Joe Lewis compró 11.000 hectáreas de la Patagonia.

Según relató el referente de Proyecto Sur a este medio, “en 1996 la sociedad Properties Buenos Aires SA, integrada por accionistas argentinos, compró un predio de 8.000 hectáreas en Lago Escondido, pero al momento de la transacción, esta sociedad ya le había vendido las acciones a la inglesa Hidden Lake SA de Lewis. Es decir, la empresa argentina fue la pantalla para que esta venta fuera admitida. Cinco meses después, adquirieron 2.600 hectáreas más”.

“En octubre del año pasado, el procurador general del Tesoro, Carlos Balbín, presentó ante el Ministerio del Interior un planteo, avalado por el secretario jurídico de la cartera, en el que denunciaba este fraude. La respuesta de Frigerio fue que ya habían pasado muchos años y que la Ley de Tierras no marca una penalidad, por lo que ya era tarde para hacer una acción de nulidad”, contó Solanas.

Basado en estos hechos es que el legislador nacional presentó una denuncia contra el titular de la cartera de Interior. “Los delitos no prescriben jamás, y menos siendo un fraude al Estado por lo que Frigerio no tiene ningún fundamento”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que “el Lago Escondido (ubicado en la provincia de Río negro), propiedad de Joe Lewis, está en franca violación a la ley que prohíbe que las tierras de frontera estén en manos de extranjeros”.

Solanas indicó que “el gobierno de Mauricio Macri elevó al 50 por ciento el tope de tierras fiscales vendidas a extranjeros, modificando por decreto la Ley de Tierras”. En ese sentido, consideró que “vivimos en una etapa de degradación institucional histórica, porque se hacen estas cosas y nadie acusa recibo”.

Los estadounidenses son los que más tierras argentinas poseen

1) Estadounidenses: 3.042.680,69

2) Italianos: 2.310.384,94

3) Españoles: 2.135.340,68

Tipo de persona que posee territorio nacional

- 77% personas jurídicas

- 33% personas físicas

Fuente: Registro Nacional de Tierras Rurales del Ministerio de Justicia de la Nación

Debate clave en el Congreso antes de fin de año

El 23 de noviembre vence la Ley 26.160, sancionada en 2006 con el objetivo de evitar desalojos en los territorios ocupados por comunidades aborígenes. Su eventual prórroga dependerá de la aprobación o no del Congreso, que deberá tratarla antes del plazo en el que caduca.

El debate promete ser caliente, ya que en él intervendrán los intereses de gobernadores y de privados, el derecho de los aborígenes a reclamar sus tierras y el rol del Estado como defensor o no de la soberanía nacional.

Según el senador “Pino” Solanas, cuando en 2006 se votó esa ley, el argumento fue que rigiera “hasta tanto no se les hiciera un relevamiento a las comunidades y se les diera su título de propiedad”.

“En aquel momento, el Inadi comenzó un estudio para detallar qué tierras les correspondían, pero once años después solo se hizo en el 30 por ciento de las comunidades; el otro 70 por ciento todavía está esperando el relevamiento para tener el título”, agregó.

El referente de Proyecto Sur aventuró que “si cae la ley, los propietarios podrán desalojar los predios que están apropiados. ¿Y entonces por qué todo este lío? Porque han descubierto que esas tierras que se otorgaron creyendo que eran un desierto tienen petróleo y muchos minerales. Que no quepa la menor duda de que hay negocios de fondo”.

Respecto a la legitimidad del reclamo de los aborígenes, Solanas consideró que “acá no hay apropiación de tierras por los pueblos originarios, hay ocupación y usurpación de nuevos propietarios de las tierras que tradicionalmente ocuparon los mapuches y por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional les pertenecen. Además, el artículo 19 de la Carta Magna reconoce que somos pluriculturales”.

Fuente: Diario Hoy