Reflexiones sobre la participación de Colombia en la Cumbre de Copenhague

 

 

Freddy Ordóñez

La participación del presidente Álvaro Uribe en la XV Cumbre de las Naciones Unidas para el cambio climático, celebrada en la capital danesa, del 16 al 18 de diciembre del 2009, evento conocido como la Cumbre de Copenhague suscita una serie de reflexiones . En alocución televisada el 15 de diciembre, el mandatario nacional dio a conocer los planteamientos que llevaría a Dinamarca, los cuales básicamente –como se pudo ver a lo largo de la Cumbre-, se centraron en señalar al “gran enemigo de la selva que es el narcotráfico”[1]. Una vez en Copenhague, Uribe retomó el argumento anterior así como otros encaminados a: distanciar la responsabilidad del modelo capitalista en el cambio climático; mostrar la preocupación gubernamental por el cuidado de la selva; y el anteriormente señalado, sobre la culpabilidad del narcotráfico en la destrucción del ambiente.

A continuación analizaremos algunas de las exposiciones realizadas por el mandatario colombiano en Copenhague, así como lo que ha sido el desarrollo de propuestas con un contenido abiertamente predatorio del ambiente en nuestro país, que han contado con el direccionamiento o aval presidencial.

No hay tiempo para discusiones de fondo

Una de los debates que debió darse en la Cumbre es el concerniente al modelo de desarrollo. Efectivamente el actual modelo capitalista, es el que esta causando los mayores impactos socioambientales, ya que “la realidad del crecimiento incondicional bajo nuestras condiciones de reproducción metabólica social resulta ser la de un despilfarro al extremo y el amontonamiento de los problemas para que los encaren las generaciones futuras”[2]. El sistema del capital se eleva como epicentro y superioridad en el planeta, y tal como indica Mészáros, si al mismo no se le pone fin bien preciso en el futuro cercano, mientras estamos a tiempo de hacerlo, lo que nos espera con certeza absoluta es la autodestrucción de la humanidad[3].

Algunos mandatarios como los presidentes Hugo Chávez y Evo Morales, propusieron el debate en torno al capitalismo como modelo lesivo del ambiente, es decir pusieron en la mesa el debate de fondo, el presidente de los colombianos, ahincado defensor del capitalismo global, se sumó a la postura completamente contraria, la cual esquivaba la discusión del modelo y prefería una discusión sobre formas de reducción de emisiones, so pretexto de que una controversia como la que se proponía prolongaría “la agonía del planeta”. Uribe señaló: “La amenaza del cambio climático no da tiempo a prolongar debates, no da margen para discutir el desarrollo sostenible. La amenaza del cambio climático exige actuar para cumplir ambiciosas metas en reducción de emisiones, para ayudar a los países pobres a adaptarse al nuevo proceso de la economía”[4]. De igual forma el Jefe de Estado trasladó elementos propios de sus planteamientos en política interna al escenario internacional, como lo es la figura del ‘estado de necesidad’, la cual ha utilizado en Colombia con una aparente vocación altruista para justificar medidas arbitrarias y antidemocráticas (por ejemplo la reelección, la política de seguridad democrática y decisiones económicas cuestionables). En el mismo sentido esquivo y prosistémico el Presidente expresaba: “El imperativo del acuerdo y su cumplimiento no es una discusión ideológica, es un estado de necesidad para salvar el planeta que habremos de heredar a las nuevas generaciones […] hagamos la diferencia entre lo que es una discusión ideológica, que hoy ante la gravedad de la crisis climática debería superarse, y lo que es un estado de necesidad, el que enfrentamos para poder salvar al planeta de esta amenaza”[5].

En las palabras de Uribe se evidencia su nula intención de discutir sobre el capitalismo, de donde se deduce que su preocupación no es ambiental, por el contrario su preocupación es lograr la profundización y perpetuación del capitalismo en su modo de economía global, la cual ahonda la vulnerabilidad del planeta, ya que “el sistema de capital, por no tener límites para su expansión, termina por convertirse en una procesualidad incontrolable y profundamente destructiva”[6], esta condición de expansionista, destructivo e incontrolable hace necesario el cambio del modelo, si realmente lo que se pretende es salvar al planeta y a la misma especie humana: “el sistema capitalista mundial […] es, en términos ecológicos, profundamente insustentable y debe ser reemplazado, si ha de existir un futuro digno de vivirse”[7].

“La selva es un pulmón de la humanidad”

Otras de las frases pronunciadas por el mandatario y resaltadas por el portal web de presidencia, fueron las expresadas, con relación al cuidado y protección de las selvas colombianas: “mantenemos nuestro compromiso con la preservación de la selva”[8], “creemos en la necesidad de remunerar el cuidado de la selva. La selva es un pulmón de la humanidad”[9]. Durante el gobierno actual, la selva ha sido una de las principales víctimas del modelo de desarrollo. Como ejemplo de lo anterior, tenemos en primer lugar, otras dos frases pronunciadas igualmente por Álvaro Uribe en ocasiones anteriores: “La nueva generación no va a entender que haya carretera de Panamá a Alaska y de Colombia a la Patagonia, y que no la haya en ese tramito para unir a las dos Américas”[10], y “me da mucha tristeza que mi generación vaya a llegar a la hora postrera y que esa carretera no esté abierta. Se los digo con todo corazón”[11]. La primera frase fue expresada en el 2004, durante la XIV cumbre iberoamericana, celebrada en Costa Rica, la segunda es del 1 de abril del 2009, y las dos son la manifestación del deseo del Gobierno colombiano (deseo prolongado durante por lo menos 5 años) de culminar la Carretera Panamericana, en el “tramito” que falta: Colombia – Panamá, conocido como “Tapón del Darién”, zona selvática considerada uno de los pulmones de la humanidad.

La construcción de la Carretera Panamericana en el Tapón del Darién, se presenta como un ecocidio a manos del capital. Para varios sectores económicos colombianos, especialmente de Antioquia, la carretera es una necesidad vital para acercar de una forma más ágil a Colombia a los mercados de Panamá y Centroamérica, mercados a los que se busca llegar inicialmente con la venta de energía y gas, y posteriormente con toda una oferta industrial[12]. Esta carretera impactaría la zona de reserva forestal del pacífico y el Parque Nacional Katios, trayendo la construcción vial consigo la deforestación para la construcción misma, así como para la adecuación de campamentos de los empleados que realizaran la adecuación de las vías; la alteración de la calidad físico-química y biológica del recurso hídrico, originada por el aporte de sedimentos del material excavado, del material orgánico por desmonte y descapote, del vertimiento de aguas residuales domesticas sin tratar u otros residuos líquidos como el derrame de combustibles, etc.

En general el perjuicio para el planeta producido por la construcción de la vía es de proporciones inimaginables y el único que no lo ve es el presidente Uribe: la zona del Darién fue declarada por la UNESCO como patrimonio mundial y reserva de la biosfera y además es considerada por la comunidad científica internacional como una de las 25 regiones más importantes del mundo para salvar la biodiversidad. La propuesta de construir una carretera en el Tapón del Darién fue reprobada unánimemente durante el Congreso Mundial de la Conservación, realizado en Tailandia del 17 al 25 de noviembre de 2004.

Ante la imposibilidad de construir en el futuro inmediato la carretera binacional y como una forma de tener todo listo para cuando se pueda hacer “el tramito”, se ha propuesto la ampliación y mejoramiento de la Vía Panamericana del Darién, en el tramo Lomas Aisladas – Cacarica, de 51 kilómetros, y que igualmente tiene un impacto nocivo en zonas selváticas del Chocó y Antioquia.

Otras vías que afectarán zonas selváticas y que se proponen o desarrollan bajo la administración Uribe son: Medellín – Quibdo; Animas – Nuquí y Tumaco – Pasto – Mocoa. De esta forma, mediante el desmonte de la selva para que circule el capital global, es que se proyecta desde la presidencia la protección del “pulmón de la humanidad”.

“El narcotráfico destruye la selva”

Tal como se expresó al inicio de este escrito el presidente llevó como argumento central a la Cumbre la responsabilidad del narcotráfico en la destrucción de la selva. Esta tesis no es novedosa en la administración Uribe, pues en octubre de 2007, su ex Ministro de Defensa (hoy precandidato presidencial), Juan Manuel Santos, afirmó que los grupos armados y el narcotráfico tienen un alto grado de responsabilidad en el calentamiento global, concretamente Santos acusó a las FARC de ser “los más grandes contribuyentes al calentamiento global”[13]. En Dinamarca el mandatario nacional, en su ya conocido lenguaje (lenguaje en el que iguala las plantas de coca con la cocaína), señaló que los campesinos vinculados al Programa de Familias Guardabosques (PFGB), antes destruían la selva para sembrar narcóticos”[14], ahora mantienen unas “áreas libres de drogas ilícitas”[15], indicando que esta iniciativa es un ejemplo para el mundo en cuanto a preservación de bosques y selvas. En primer lugar, frente al conocido reduccionismo uribista de los problemas del país al narcotráfico y a los llamados “narcoterroristas”, el investigador y periodista Alfredo Molano, recientemente en una columna publicada en El Espectador señaló que el aporte al calentamiento global no proviene de los cultivos de coca sino de la deforestación de la selva con fines pecuarios:

A la Cumbre de Copenhague irá el presidente Uribe a decir que nuestra cuota de CO2 —unos 60 millones de toneladas— es producida por el cultivo de lo que llama las matas de cocaína […] La verdad de nuestro aporte al recalentamiento es otra: el arrasamiento de nuestras selvas. En la sola Amazonia se tumbaron en los años 80 más de 15 millones de hectáreas y la gran mayoría de ese descumbre terminó volviéndose haciendas ganaderas. El fariseísmo del Gobierno es asombroso. Según la revista Global Environmental Change, la deforestación en Colombia es responsable de la mitad de nuestras emisiones de CO2. “Se calcula que solamente la deforestación en la parte colombiana de la selva amazónica aporta 13,5 millones de toneladas de este gas invernadero cada año”. El solo estiércol de las vacas bota el 18% del CO2 colombiano. La colonización, que es la forma de ampliar la frontera agrícola para la ganadería, causa, según el IGAC, el 73% de la deforestación y la coca —léase bien— sólo el 2%. En el país hay cerca de 30 millones de vacas que se alimentan en 30 millones de hectáreas, las más fértiles y mejor situadas[16].

También debemos tener en cuenta, con relación a los cultivos de uso ilícito y su impacto ambiental, la guerra contra los mismos declarada por la administración Uribe. En Colombia, según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – UNODC, para diciembre de 2008, existían 81.000 hectáreas sembradas de coca distribuidas en 24 de los 32 departamentos del país. La distribución nacional tuvo cambios con relación al año 2007, pues en 2008, en ocho departamentos se presentó un 78% del área cultivada (Nariño, Putumayo, Meta, Antioquia, Guaviare, Vichada, Cauca y Caqueta), en estos mismos departamentos el porcentaje en el 2007 fue del 89%[17]. Esto quiere decir que las estrategias implementada por el Gobierno contra la coca ha tenido un impacto ambiental negativo básicamente por dos razones: (i) han distribuido en otros espacios de la geografía nacional las plantaciones, estas nuevas zonas deben gozar de condiciones de difícil acceso para los erradicadores y los aviones fumigadores, es decir zonas selváticas; y (ii) las propuestas de erradicación y fumigación, no son las ambientalmente más convenientes ya que para que se presentara una reducción de 18.000 hectáreas entre el 2007 y el 2008 se debieron fumigar 133.496 hectáreas de zonas donde se presumía existían cultivos de coca, léase selvas y montañas.

En segundo lugar, la propuesta de Familias Guardabosques ha sido bastante polémica, por lo que implica para las comunidades que se integran a ella: en primer lugar, las familias deben hacer frente a los grupos armados que ven en la propuesta una forma de colaboración y cooptación del campesinado por parte del Gobierno y las FFMM. En segundo lugar, la llegada a una zona del PFGB, hace que se presentan rupturas de las comunidades, tal manifestación fue hecha tiempo atrás por campesinos de municipios donde éste se ha intentado implementar, señalaban los labriegos que parte de los compromisos de Familias guardabosques incluían el informar qué personas de las veredas y corregimientos tienen cultivos de coca, información que es recompensada económicamente. Este tipo de situaciones resultaba destructora del tejido social y contraria a la cultura campesina.

Por otra parte, un estudio de la Universidad de Los Andes demuestra que Familias Guardabosques, no es una opción que consolide el capital humano y social para lograr trasladar a los antiguos cultivadores de la hoja de coca a la legalidad, de igual forma el programa a partir de su fase III no tiene efectos significativos en la reducción de las tasas de homicidio en los municipios[18]. Y finalmente los mismos informes sobre el seguimiento al programa Familias Guardabosques, señalan que de las familias vinculadas ahora al programa, anteriormente un 29.6% obtenían sus ingresos de la propiedad de los cultivos ilícitos y un 19.6% de las familias vivían de jornalear en cultivos ilícitos[19]. Es decir un 49.2% vivía de lo que daban los cultivos ilícitos, lo que, en reduccionismo uribista, significa que menos del 50%, de los hoy vinculados al PFGB “afectaban de alguna manera el ambiente”, es decir el programa tiene únicamente un 50% de beneficio ambiental.

Tal como se aprecia la problemática socioambiental originada por los cultivos de uso ilícito va mucho más allá de las simples plantaciones y del campesinado, teniendo mayor relación con el modelo agropecuario que se plantea desde el Gobierno, esto debido al reduccionismo de los planteamientos presidenciales no es apreciado, de otro lado el PFGB no es la propuesta más acertada para dar solución a los conflictos socioambientales, y por el contrario parece que trae consigo la formación de nuevos conflictos.

El buen derrotero de entregar tierra a comunidades indígenas

Otro de los comentarios hechos por el mandatario nacional fue su impulso al otorgamiento de tierras a las comunidades indígenas. En la alocución el Presidente expresó: “Gobiernos anteriores caminaron por el buen derrotero de entregar cantidades muy importantes de nuestra tierra a comunidades indígenas. Este Gobierno lo ha continuado”[20]. Una de las relaciones más tensas que ha tenido el Gobierno Uribe ha sido con los pueblos indígenas y esta tensión se ha fundamentado principalmente en la exigibilidad del derecho a la tierra que han adelantado las comunidades, derecho que han negado en reiteradas ocasiones los funcionarios allegados al mandatario:

El 27 de noviembre de 2006, el Ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias manifestó que debido a los lamentables hechos ocurridos ese día en Caloto (Cauca), el Gobierno no iba a comprar las tierras que los indígenas reclamaban. En mayo de ese año, el Ministro ya había manifestado que no habría “ni una hectárea más de tierra para los indígenas”[21].

En el 2008 los indígenas de Colombia marcharon y se manifestaron por su derecho a la tierra y al territorio, ese año el Presidente comentó por televisión: las minorías étnicas que son el 2.2 o 3.2% a lo sumo de la población, tienen el 27% de la tierra del país. Esta apreciación tenía como finalidad el señalar de inapropiadas las exigencias de los indígenas, lo cual estaría acorde con la condición de latifundista del actual mandatario.

Si bien es cierto que en Colombia se han legalizado como resguardos territorios indígenas que ocupan 31.695.421, 10 Hectáreas (22% del territorio nacional), estas tierras tienen como referente principal no “el buen derrotero de los gobiernos de entregar tierras a las comunidades”, sino que son producto de movilizaciones de comunidades dirigidas a recuperar y reestructurar resguardos coloniales y a titulaciones en territorios baldíos principalmente en la Amazonía, Orinoquía, Pacífico y Guajira[22].

Contrario a lo planteado por el presidente, existen zonas solicitadas por las comunidades para que les sean reconocidas, cuya extensión es de 1.623.965 hectáreas, solicitudes que han encontrado obstáculos y dificultades en las instituciones gubernamentales para su titulación, tal es el caso de los territorios ubicados en el departamento del Cauca, donde los indígenas reclaman 309.000 Has, las cuales son negadas por los terratenientes y la clase política[23].

Las tierras tituladas a los indígenas son insuficientes, pues las comunidades tienen otra forma de relacionamiento con la tierra, relacionamiento que lleva a que esta adquiera la condición de territorio, para los indígenas la tierra no es una “propiedad” tal como se concibe en las sociedades occidentales urbanas. Las extensiones dadas por los gobiernos colombianos, no son adecuadas en cantidad y proporción a los grupos indígenas, de igual forma las características de las tierras en muchas ocasiones las hacen inapropiadas. Existen pueblos indígenas que viven en verdaderas condiciones de hacinamiento, otros que no tienen tierras y viven en la periferia de las ciudades (caso Pijaos en el Tolima) y comunidades que viven en condiciones de confinamiento debido a la confrontación armada en sus territorios (caso Awá en Nariño).

Nuevamente podemos identificar en el discurso presidencial elementos que buscan crear una imagen a nivel internacional manifiestamente contraria a la realidad nacional.

La producción colombiana de biocombustibles no es a expensas de la seguridad alimentaria y de la selva

Otro de los puntos expuestos por Uribe estuvo relacionado con los llamados “biocombustibles” (que de “bio” nada poseen), el mandatario antes de partir a la capital danesa afirmó: “El mundo puede tener la certeza de que nuestro avance en biocombustibles tiene dos restricciones: no puede ser a expensas de la seguridad alimentaria ni se puede destruir un milímetro cuadrado de selva”[24]. De igual forma durante su intervención en la Cumbre mencionó: “Colombia es en Latinoamérica el segundo productor de etanol y el primer productor de biodiesel. Lo hacemos con tres compromisos: no derribar la selva; no limitar la seguridad alimentaria; y garantizar entre las plantaciones de caña de azúcar, palma africana y los biocombustibles, una ganancia neta en absorción de dióxido de carbono” (De la intervención 17-12-09).

Ante las aseveraciones presidenciales se debe aclarar que los agrocombustibles son una modalidad de “eco-negocio” dentro del capitalismo, que tiene como bandera la supuesta reducción de gases y la disminución del calentamiento global al disminuir los combustibles fósiles tras su mezcla con productos extraídos de vegetales. Lo cierto es que es un negocio que profundiza las relaciones transnacionales del capital con graves consecuencias para la tierra y la producción local de alimentos, en este caso en Colombia.

El negocio de los agrocombustibles en nuestro país ha crecido, no por una conciencia ambiental masificada, sino debido, por una parte, a que los principales dueños de cultivos para producir etanol y biodisel son empresarios privados de alto reconocimiento a nivel nacional e internacional y que gozan de cercanía al círculo del poder, a tal punto que han sido contribuyentes en las campañas presidenciales de Uribe; y por otra parte, a que el Gobierno ha utilizado las estructuras del poder para apoyar a sus amigos y colaboradores agroindustriales:

ha aprobado exención de impuestos a los productores de agrocombustibles, ha fijado la obligatoriedad de la mezcla de gasolina con etanol, ha expedido resoluciones para incrementar los precios, ha declarado zonas francas especiales, ha brindado estabilidad jurídica para los inversionistas, es decir ha creado una plataforma de garantías para los productores y dueños del negocio en el mercado doméstico con miras a la exportación[25].

Las bondades de estos productos no son tantas como se promueven, pues la elaboración de agrocombustibles requiere de mayor energía que la que se produce, especialmente se requiere combustible fósil (derivados del petróleo) para la obtención de los insumos de producción agrícola industrial y para las plantas de fabricación, aunado a lo anterior para que los agrocombustibles sustituyan la gasolina habría que ampliar considerablemente la frontera agrícola, usar grandes cantidades de agua y de insumos químicos, lo que evidentemente trae graves consecuencias ambientales. Por ejemplo en el caso de “cultivos como el de la caña de azúcar se promueve un monocultivo mecanizado que requiere de agroquímicos y maquinarias, modelo productivo que se basa en el consumo de petróleo contaminante, lo que finalmente aumenta las emisiones de CO2”[26].

Ha sido tal la alianza entre Agroempresarios y el Gobierno Nacional que tierras asignadas a población desplazada han pasado a manos de industriales, como la famosa finca Carimagua para iniciar allí grandes cultivos de palma africana, proyecciones que también se presentan para regiones selváticas, como el Vichada. En el mismo sentido, las tierras que Uribe dice se han concedido colectivamente a grupos étnicos están siendo arrebatadas por los grupos paramilitares para cultivos de palma africana, esto se ve en municipios como Jiguamiandó, Curvaradó, Domigodó en Chocó, departamento donde ya no se cultiva para alimentar a la población sino para alimentar vehículos. No es una coincidencia que en esta zona del país donde se promueve la palma los niños están muriendo de hambre.

Lo anterior permite concluir que el interés en promocionar los agrocombustibles, no es ambiental sino un negocio montado entre empresarios y el gobierno nacional, que encuentra eco en los grupos de extrema derecha, va en contra de la soberanía y la seguridad alimentaria, destruye selvas y es maquillado en el extranjero de “color verde”.

Legislación y políticas sectoriales contra el ambiente

Otra de las formas en que se ha afectado a la biodiversidad y al ambiente en Colombia ha sido mediante la implementación de leyes y políticas sectoriales retrógradas en materia ambiental, las cuales Rafael Colmenares Faccini, agrupa en: (i) la política de bosques, que tuvo su máxima expresión en la “Ley Forestal”, declarada inexequible por la Corte Constitucional; (ii) la política de promoción a los agrocombustibles, impulsada mediante la Ley 693 de 2001 y el Conpes 3510 de 2008; (iii) la política minera, materializada en el Código de Minas, Ley 685 de 2001, recientemente modificado; (iv) la política de generación de energía con base en la construcción de grandes megaproyectos hidroeléctricos, contenida en el Conpes 3527 de 2008[27]. A parte de los señalados podemos incluir: (v) la política de consolidación de los corredores de comercio exterior, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 “Estado Comunitario: desarrollo para todos” (Ley 1151 de 2007) y en los documentos Visión Colombia II Centenario: 2019 y Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad. Esta política incluye la expansión y construcción de vías y la expansión, mejoramiento y construcción de puertos. De diferentes elementos a desarrollar en el marco de la consolidación de los corredores de comercio exterior ya se han elaborado varios documentos Conpes.

La participación del mandatario nacional en la Cumbre de Copenhague, estuvo orientada a la reafirmación de la orientación gubernamental hacia el modelo capitalista global, buscando crear una falsa imagen internacional de preocupación por el ambiente, justificando –ahora en el cuidado de la selva- su cruzada interminable contra el narcotráfico, de igual forma justificando el favorecimiento realizado durante su administración a sectores económicos y políticos vinculados a los agrocombustibles como una forma de contribuir al cuidado del ambiente. De otra parte se puede observar que durante los dos periodos de Álvaro Uribe se ha desarrollado y proyectado la profundización del actual modelo económico, a expensas de los bienes naturales y ambientales. Nuevas resistencias, nuevas emancipaciones y nuevas críticas deben surgir ante esta propuesta, partiendo de un ambientalismo popular, renovado y alternativo.

[1] Alocución del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sobre la Convención del Cambio climático en Copenhague. [en línea]. Disponible aquí

[2] MÉSZÁROS, István. El desafío y la carga del tiempo histórico. Caracas: Vadell hermanos Editores, 2008. p. 212.

[3] Ibíd. p. 32.

[4] Discurso del Presidente Uribe en la clausura de la XV Cumbre sobre el Cambio Climático. [en línea]. Disponible aquí

[5]Intervención del Presidente Álvaro Uribe en la XV Cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. [en línea]. Disponible aquí

[6]ANTUNES, Ricardo. La sustancia de la crisis. En: ESTRADA, Jairo (comp.). Crisis capitalista, economía, política y movimiento. Bogotá: Ediciones Espacio crítico, 2009. p. 53.

[7] NOVEL Joel. et al. Manifiesto Ecosocialista. En: Viento del Sur. No. 4. (ene. 2006); p.8.

[8]Intervención del Presidente Álvaro Uribe en la XV Cumbre de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. [en línea]. Disponible aquí

[9] Discurso del Presidente Uribe en la clausura de la XV Cumbre sobre el Cambio Climático. [en línea]. Disponible aquí

[10] Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. ¿A quién beneficiará la Panamericana? [en línea]. [consultado 4 ene. 2010]. Disponible aquí

[11] Ibíd.

[12] La construcción de la vía también tendrá importancia para la consecución de las apuestas productivas definidas para el departamento de Antioquia, especialmente las referentes a la agroindustria y a la minería. Dentro de la dinámica de competitividad y productividad se propone que Antioquia sea en el año 2020 la mejor esquina de América, lo cual incluiría “un mayor aprovechamiento de su salida al mar y de su ubicación estratégica frente a los mercados de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe”. DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Agenda Interna para la productividad y la competitividad. Documento regional Antioquia. Bogotá : Departamento Nacional de Planeación, 2007. p. 16.

[13] Farc son las más grandes contribuyentes al calentamiento global, afirmó Ministro de Defensa. En: El Tiempo. 18 oct. 2007. [en línea]. [consultado 4 ene. 2010]. Disponible aquí

[14] Discurso del Presidente Uribe en la clausura de la XI Cumbre sobre el Cambio Climático [en línea]. [consultado 4 ene. 2010]. Disponible aquí

[15] Ibíd.

[16] MOLANO, Alfredo. Malabares, En: El Espectador. 12 dic. 2009. [en línea]. [consultado 4 ene. 2010]. Disponible aquí

[17]OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO, Colombia. Monitoreo de Cultivos de Coca, junio de 2009.p. 7.

[18]MARTÍNEZ, Catalina. Impacto del programa familia guardabosques sobre la criminalidad. Bogotá: Universidad de Los Andes, Facultad de Economía – Cede, 2008. pp. 25 – 26.

[19] AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCIÓN SOCIAL Y LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL y OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO. Informe Ejecutivo sobre el Seguimiento a los Programas de Familias Guardabosques y Proyectos Productivos. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación al Desarrollo Alternativo en Colombia. Bogotá: Acción Social y UNODC, 2008. p. 13.

[20] Alocución del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sobre la Convención del Cambio climático en Copenhague. [en línea]. Disponible aquí

[21] MESA DE PUEBLOS INDÍGENAS Y DESC. Ni una hectárea más para los indígenas. En: PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO. Sin democracia, sin derechos. Quinto año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: Coordinación Colombia–Europa–Estados Unidos, Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo, 2008. p. 105.

[22] Ibíd. p. 106.

[23] Ibíd.

[24] Alocución del Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, sobre la Convención del Cambio climático en Copenhague. [en línea]. Disponible aquí

[25]ÁLVAREZ ROA, Paula. Una mirada sobre la transformación del campo: el caso de los agrocombustibles en Colombia. En: MONCAYO, Héctor, et al. La cuestión agraria hoy. Colombia: Tierra sin campesinos. Bogotá: INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SERVICIOS LEGALES ALTERNATIVOS, 2008. p. 152.

[26]Ibíd. p. 155.

[27]COLMENARES FACCINI, Rafael. Derecho humano al agua, crisis ambiental e iniciativa ciudadana. En: PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO. ¿Continuidad o desembrujo? La Seguridad Democrática insiste y la esperanza resiste. Bogotá: Plataforma colombiana de derechos humanos, democracia y desarrollo, 2009. pp. 134 – 135.