Reflexiones sobre la disputa de la "Bioprospección" en Chiapas Geno-Type

Siguiendo el tono del momento, si existe Santa Claus, Virginia, de seguro no es el Tío Sam. Aún los proyectos mejor intencionados parecen destinados a convertirse en biopiratería. El 1 de diciembre, RAFI emitió un comunicado titulado "Organizaciones Indígenas Mayas denuncian proyecto de biopiratería en Chiapas -La Universidad de Georgia se niega a suspender el proyecto." El comunicado se originó en el pedido que hicieron a RAFI 11 organizaciones de Chiapas (nombradas aquí como el Consejo ), solicitando a RAFI que fuera a Chiapas a discutir con ellos su oposición al proyecto GCIB -Maya. Luego de varias reuniones en México, RAFI contactó a la Universidad de Georgia (UGA, Athens) para comprender su perspectiva frente a la oposición local a este acuerdo de bioprospección. Basándonos en estas discusiones y especialmente en el rechazo de la Universidad de Georgia a suspender el proyecto y participar en una reunión abierta sobre el tema en Chiapas, RAFI llegó a la conclusión de que se debería darle una difusión más amplia al tema. Consecuentemente, el comunicado de RAFI del 1o. de diciembre, incluyó abundantes citas de las partes afectadas en el tema, para que sus preocupaciones fueran escuchadas. Bastante atípico de RAFI, evitamos en gran medida nuestros propios comentarios editoriales.

El comunicado sacó a la luz preocupaciones importantes. Si el resultado final es que arrojó más "luz" o apenas más "calor" a la discusión, está por verse. Pero lo que sí sabemos es que el caso de Chiapas reavivó el debate sobre temas más abarcativos relacionados a la bioprospección/biopiratería. También fue una oportunidad para revisar nuestras propias posiciones y políticas:

• En toda iniciativa de comercializar material genético y conocimiento local subyacen consideraciones éticas y prácticas sobre la propiedad y el control de la sociedad. Hoy en día, la comercialización presupone monopolios exclusivos de propiedad intelectual sobre los productos finales y/o los procesos de obtenerlos. Muchas comunidades e individuos plantean objeciones políticas, éticas o religiosas al patentamiento de formas de vida. Muchos se oponen, además, a la ingeniería genética. Estas preocupaciones deben ser respetadas y tratadas directamente en cualquier negociación de prospección. En nuestra experiencia, la evaluación plena de estos temas requiere un proceso amplio y prolongado, que en casi todos los casos ha sido tratado inadecuadamente.

• En ausencia de protocolos efectivos y procedimientos regulatorios socialmente acordados, ni los gobiernos nacionales ni los tratados internacionales pueden garantizar la integridad de ningún proyecto de bioprospección. El período de 10-20 años que implica la comercialización de biomateriales -en el contexto de rápidos cambios de identidad por adquisiciones o divisiones corporativas- exacerba enormemente los escenarios normativos. Por esta razón, creemos que sin el establecimiento de mecanismos efectivos y en funcionamiento, todos los acuerdos de bioprospección amenazan los derechos e intereses de las comunidades locales.

• RAFI ha mantenido por más de 22 años la posición de que los monopolios exclusivos de propiedad intelectual sobre productos y procesos restringen la innovación y despojan aún más a la sociedad del poder de decidir. RAFI no cree que exista actualmente ningún mecanismo adecuado -incluyendo al Convenio sobre Biodiversidad- capaz de salvaguardar los derechos e intereses de las comunidades locales. Por eso, sin impugnar la buena voluntad y las honorables intenciones de nadie, RAFI considera todos los acuerdos de bioprospección como biopiratería. Constatamos sin embargo, el derecho de las comunidades locales, pueblos indígenas y naciones a sacar sus propias conclusiones sobre estos temas.

En el caso de Chiapas, podría ser que no hubiera falta de buena voluntad o sinceridad, pero pese a su deseo de hacer otra cosa, los socios del proyecto son víctimas de un síndrome antropogénico según el cual aún los antropólogos (que usualmente sabrían actuar mejor) se engañan a sí mismos a pensar que su rol en la vida es definir las reglas del compromiso. En México, esta enfermedad está combinada con cleptomanía comerciogénica aguda ya que las compañías multinacionales se preparan a inventariar la riqueza genética e intelectual de uno de los ambientes más diversos del mundo. Sin duda, muchos malentendidos se podrán resolver, pero es altamente dudoso que esta iniciativa particular se pueda rescatar. El diagnóstico lógico sería sacarle al paciente su sustento vital artificial y dejarlo morir. El acalorado debate electrónico ha girado alrededor de seis puntos:

1. El contrato: Es importante recordar por qué se fundó el proyecto GCIB-Maya. Básicamente, se trata de una iniciativa del gobierno de Estados Unidos para identificar, patentar y comercializar conocimiento y materiales biológicos mayas a través de -por lo menos parcialmente- una empresa biofarmacéutica privada. Para este propósito, se ha contratado una universidad norteamericana para desarrollar una relación en el marco del proyecto con las autoridades mexicanas y comunidades mayas, que haga mutuamente aceptable la extracción y privatización de sus recursos y conocimientos. Esto no implica que no haya otras motivaciones positivas, como la conservación de la biodiversidad y el desarrollo "económico" sustentable, pero el proyecto no existiría sin la meta principal de la explotación comercial.

2. PIC-NIC: El gobierno de Estados Unidos (la iniciativa GCIB de los Institutos Nacionales de Salud) y otros socios comerciales en el proyecto, contrataron a la Universidad de Georgia (cuyo director asignado para el proyecto tiene una historia en Chiapas larga y reconocida). La Universidad de Georgia parecía ofrecer la experiencia y aceptación necesarias para obtener la cooperación de las autoridades mexicanas y mayas.

Sin embargo, el GCIB está en su segundo año, y todavía enfrenta una seria oposición local. Un número significativo de reconocidas organizaciones locales del Estado de Chiapas han denunciado al proyecto y su oposición a éste. (A las 11 organizaciones locales del Consejo, se han sumado otras 13 organizaciones del Estado de Chiapas, algunas locales y otras que son coaliciones de más organizaciones, entre las que se incluye ARIC , sector chiapaneco de UNORCA , representante de la confederación global Via Campesina)
Según representantes del GCIB-Maya, algunas pocas comunidades locales parecen haber aceptado el proyecto. No hay consenso entre los pobladores de Chiapas sobre si el proyecto debería continuar.

Los organizadores del proyecto, más que aceptar lo que debería contarse claramente como un veto, dicen que necesitan más tiempo para convencer a la gente. Parece poco claro si a aquellos que se ha buscado para que den su Consentimiento Informado Previo (PIC por sus siglas en inglés) se les reconoce el derecho de declarar su NIC: Ninguna Intención de Consentimiento.

3. Conocimiento "común": El tema de quiénes tienen la autoridad para dar el sí o el no, es crítico, ya que la Universidad de Georgia ha declarado su intención de comenzar a sacar muestras aunque solamente algunas comunidades estén de acuerdo. La Universidad de Georgia declaró también que, sin embargo, estará abierta a compartir las ganancias del proyecto también con las comunidades que se hayan negado a participar en él. Aunque esto indudablemente está pensado como un acto de generosidad, obvia el hecho de que los recursos biológicos y los conocimientos que serán recogidos y comercializados provienen de todas las comunidades. A menos que todas estén de acuerdo, se está violando irreparablemente los derechos de algunas. Teóricamente, el acuerdo de incluso una sola comunidad podría permitir legalmente al proyecto privatizar los conocimientos/recursos que son todas las comunidades. De nuevo, se plantea la cuestión de ¿Qué parte de las comunidades de Chiapas convierten este proyecto en aceptable y quiénes hacen esa evaluación?

4. Colectas de material: Ha habido mucho debate sobre si el GCIB-Maya ha comenzado o no a recoger muestras. Primero se le dijo a RAFI que no se había recogido ni una sola planta. Luego nos dijeron que ECOSUR (el socio institucional del GCIB en México) había comenzado algunas colectas, pero para otros propósitos o para otros proyectos. Ahora se nos informa que se han comenzado "colectas botánicas" en cuatro municipalidades -pero que las colectas con objeto de "evaluación biotecnológica" no se habían iniciado todavía. Estas declaraciones corregidas cada vez, demandan una clarificación inmediata. La confusión es extremadamente perjudicial y mina el sentido de cualquier búsqueda de consentimiento informado previo. Al parecer, ni el GCIB -ni ECOSUR- han definido un protocolo o procedimientos claros que podrían asegurar la integridad de los materiales mayas.

5. Circo cerrado: Una reunión cara a cara entre los protagonistas parece necesaria y posiblemente constructiva. Todas las partes confirman que el Consejo ha propuesto una reunión de este tipo y que el GCIB se ha negado. Al tiempo que rechazan la propuesta, los socios del GCIB declaran que una reunión abierta sería "un circo" y que preferirían una discusión privada entre representantes del GCIB y el Consejo (y quizá otras comunidades mayas?).

Los encuentros abiertos en un medio controvertido no son nunca divertidos. Existen sin embargo, tres razones de peso por las cuales el GCIB debería aceptar esta reunión. Primero, porque el GCIB está pidiendo permiso para hacer algo y no debería predeterminar las condiciones para la negociación. Si el GCIB no está preparado para negociar en términos locales, no es capaz de conducir este proyecto. Segundo, una reunión abierta es un evento que ofrece "oportunidades igualitarias" a todas las partes, para presentar sus puntos de vista y demostrar el nivel de apoyo que tienen sus posiciones en Chiapas. Tercero, la alternativa que proponen -un encuentro que posteriormente podría ser caracterizado como "a puertas cerradas" o como discusión "secreta"- sería perjudicial para todas las partes. De hecho, en esta coyuntura, un encuentro abierto sería lo único que podría servir a los intereses de todos.

6. Influencias foráneas. El caso Chiapas ha disparado inevitablemente la discusión sobre si las comunidades locales están siendo manipuladas por intereses externos. Los socios del proyecto GCIB han acusado al Consejo de estar influido por asesores no indígenas. El Consejo ha acusado al GCIB de estar dominado por personas e intereses extranjeros. Mientras que muchas de las afirmaciones pueden ser motivo de disputas, algunas son indiscutibles. Primero, los extranjeros dominan contractualmente el proyecto GCIB. Segundo, cuando el proyecto comenzó su presentación en Chiapas, hubo una invitación a miembros del Consejo a participar. Solamente después de su rechazo al proyecto se ha acusado al Consejo de estar dominado por externos y ya no se lo considera como interlocutor válido.

Estos seis puntos no deberían llevarnos a pensar que la bioprospección es para siempre imposible. O que el vasto caudal de conocimientos y recursos de las comunidades indígenas y locales debe meterse en una fortaleza, contra las necesidades de la humanidad. La verdad es lo contrario. Tradicionalmente, este conocimiento ha sido compartido. Fue el advenimiento de la monopolización y privatización por patentes que ha forzado a limitar su flujo e intercambio libre. Si esas tradiciones fueran respetadas, habría pocas restricciones para la bioprospección. Nuestra respuesta tiene que ser asegurar que exista ese ambiente ético, legal y de regulaciones, necesario para que los pueblos que así lo consientan, puedan seguir compartiendo su sabiduría, digna y equitativamente, para beneficio de todos.