¿Puede el Estado llevar la agroecología a escala? Experiencias de políticas públicas para la territorialización agroecológica en América Latina

Al igual que con la participación de los movimientos sociales en las estructuras de gobernanza internacional, a nivel nacional, los movimientos sociales se enfrentan a riesgos cuando se dejan absorber en colaboraciones con el Estado para construir políticas públicas para llevar la agroecología a escala. Al participar en la institucionalización de la agroecología, los movimientos pasan a formar parte de las reglas del juego establecidas, teniendo que moverse dentro de los límites definidos por un sistema que existe para preservar los intereses de la clase dominante. Por otra parte, al boicotear el ámbito de la gobernanza, los movimientos agroecológicos permiten que las elites políticas y económicas resurgentes se apropien de tierras, territorios y recursos necesarios para que los sistemas alimentarios agroecológicos se conviertan en un sustituto mundial de la agricultura industrial. En el centro de la cuestión está el carácter político de la agroecología: ¿seguiremos apostando por la reforma, en tiempos de (contra)revolución?

Introducción

El rápido ascenso de la derecha en la política brasileña es emblemático de un fenómeno regional: ninguna de las reformas institucionales de los gobiernos de centroizquierda latinoamericanos desde 1999, ni las organizaciones sociales y las poblaciones que se benefician de estas políticas, están a salvo de los ataques revisionistas, neoconservadores y protofascistas. Esta situación histórica particularmente preocupante se está desarrollando a pesar de que algunos de los esfuerzos internacionales más importantes para institucionalizar la agroecología y los derechos de los campesinos están dando sus frutos. En abril de 2018 se celebró el segundo simposio internacional de la FAO titulado “Ampliación de la agroecología para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible”, y se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales por la Asamblea General como ley internacional en el mismo año (Gliessman, 2018; lvc (La Vía Campesina), 2018). Estas tendencias contradictorias nos invitan a discutir qué estrategias deben utilizarse para ampliar y acelerar las transiciones hacia sistemas alimentarios agroecológicos.

Este artículo contribuye a la documentación y análisis de cómo las políticas públicas pueden ayudar a llevar la agroecología a escala, a la vez que califica este debate al reconocer la evolución del pcensamiento sobre el poder estatal en América Latina y la política de los movimientos populares del campo que aspiran a construir la soberanía alimentaria.

Nuestra historia comienza con el fin de la historia, es decir, los años 90. A partir del cenit del neoliberalismo triunfalista, una serie volcánica de desafíos al capitalismo transnacional y a la hegemonía de E.E.U.U. estalló, especialmente en toda América Latina. Estos proyectos políticos progresistas a menudo han encontrado su fuente principal de fortaleza en los movimientos campesinos e indígenas que rechazaron los proyectos de privatización y en cambio elaboraron visiones para un Estado revitalizado y democratizado.

Los movimientos populares han sido la clave para movilizar el apoyo a campañas electorales exitosas, y los gobiernos, que declaran la descolonización de las instituciones, el control nacional sobre los recursos clave y la soberanía alimentaria como prioridades del Estado (McKay, Nehring y Walsh-Dilley 2014). Varios de estos gobiernos han intentado, en diferentes grados, institucionalizar la agroecología y en algunos casos, los derechos de la naturaleza se han consagrado en la ley (McCune 2017; Sabourin et al. 2017).

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