Protocolo del taller regional del Cono Sur: "Exigibilidad ciudadana frente a los procesos de privatización de los servicios públicos y los recursos naturales. Negociaciones comerciales del ALCA, Unión Europea TLC"

Protocolo de Santiago

Estimados amigos:

Entre el 17 y el 19 de noviembre se realizó en la sede de la Cámara de Diputados de Santiago de Chile el Taller Regional del CONO SUR : Exibilidad Ciudadana frente a los Procesos de Privatización de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales. Negociaciones Comerciales del ALCA, Unión Europea TLC". organizado por la Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable y la adhesión de un amplio abanico de organizaciones sociales chilenas. En el evento participaron representantes de organizaciones sociales de los distintos países del Cono Sur y de la región andina, además de representantes del Equipo Nizkor y de SERPAC de España.

En las presentaciones del taller se analizaron los impactos de los procesos de privatización de los servicios públicos ( particularmente de agua y saneamiento y otros servicios básicos )como consecuencia de la implementación de los acuerdos de la OMC en la región. En particular se analizaron las campañas e iniciativas de resistencia para frenar o revertir estos procesos, tanto en los casos de resultados exitosos, como la Guerra del Agua de Bolivia o las movilizaciones de Arequipa, como en las exigencias por regulaciones que limiten el poder discrecional de las empresas en los países donde se ha concretado la privatización de los servicios ( Chile y Argentina).

Los participantes alertaron y rechazaron en forma unánime la posibilidad de profundizar en forma hemisférica el proceso de mercantilización de los servicios a partir de los acuerdos del ALCA, o a través de los TLCs bilaterales, que se basan en la misma normativa.

En el evento se revisaron diversas estrategias puestas en marcha desde la sociedad civil para enfrentar estos procesos; y se destacó la conveniencia de realizar el seguimiento de las empresas transnacionales, para exigir a los Estados la penalización de las prácticas en donde se produzca violación de los derechos humanos por parte de estas empresas.

A partir del intercambio de experiencias y del amplio debate que suscitaron las presentaciones y análisis de los casos estudiados, se arribó a las siguientes conclusiones de consenso:

- Revertir la falta de información y exigir a las autoridades el cumplimiento del derecho ciudadano a estar informados.

- Realizar el seguimiento a las empresas transnacionales que operan en los servicios públicos.

- Exigir a los gobiernos el cumplimiento de los avances del derecho internacional en el tema del agua.

- Exigir a los parlamentarios asumir su papel de fiscalizadores y legisladores en cuanto al conocimiento y presentación de mociones que defiendan y garanticen el derecho ciudadano de acceso a los servicios.

- Propugnar legislaciones nacionales que respeten el derecho internacional, y articular estas demandas con la movilización de distintos sectores de la comunidad, como ha sucedido en Arequipa, Perú, Cochabamba, Bolivia o en Concepción , Chile.

- Penalizar las practicas de las empresas transnacionales en tanto constituyen violación sistemática de los derechos humanos. Tal violación se puede probar al esgrimir el estatuto de Nuremberg, en lo referente a la nconstitucionalidad de un agente que pase por sobre las normas de los Estados que estos han suscrito al incorporarse al sistema de naciones Unidas.

Las conclusiones y los acuerdos generales sirvieron de base para la redacción del Protocolo de Santiago, suscrito por los asistentes y entregado a las autoridades del Gobierno de Chile y a las delegaciones diplomáticas de los países del CONO SUR y de la Región Andina.

A partir de los acuerdos del Protocolo las organizaciones firmantes aprobaron desarrollar campañas nacionales para incorporar nuevos adherentes nacionales e internacionales y desarrollar iniciativas comunes en el marco de los acuerdos del Protocolo.

Se decidió también la organización de un taller regional en el espacio del FSM de Porto Alegre en la perspectiva de formalizar la organización de una Red de Organizaciones Sociales abocadas a la Defensa de los Derechos Ciudadanos en el acceso a los servicios públicos, relacionándolos con los procesos y negociaciones comerciales en curso: UE-ALCA. Particularmente, sobre GATS y Capitulo 11 del Nafta, que estipula que una empresa puede demandar a un Estado si no cumple con los compromisos acordados, como lo muestran los antecedentes existentes al respecto, asumiendo que una instancia de interpelación puede ser el Comité de Inversiones Extranjeras del Banco Mundial, CIADI.

FOCO, como firmante del Protocolo de Santiago, asumió el compromiso de difundir el documento entre las organizaciones sociales argentinas para ampliar las adhesiones nacionales y promover, a partir de estas coincidencias, la construcción de una red de organizaciones dedicada a la defensa de los derechos ciudadanos frente a la amenaza de los acuerdos de libre comercio y a las violaciones de estos derechos por las empresas transnacionales operadoras de los servicios públicos privatizados.

En esta oportunidad se acompaña este informe con el documento Protocolo de Santiago y la lista inicial de organizaciones que lo suscriben.

En caso que decida adherir al documento le solicitamos enviar por mail adhesión para incorporarlo a la lista de firmantes e invitarlo a participar en una próxima reunión destinada a preparar la participación de las organizaciones que suscriben el Protocolo en el seminario-taller del FSM de Porto Alegre.

Jorge Carpio

Coordinador
Secretaría de FOCO
Foro para la Participación Ciudadana
Afiliado a la red internacional SAPRIN
Casilla de Correo 228 Sucursal 25
Buenos Aires 1425
Fono 48336769
tel/fax 48318218
pagina web: www.idemi.org.ar
E-mail: foco@idemi.org.ar , saprin@idemi.org

--------------------------------------------------------------------------------

Protocolo de Santiago

Quienes participamos en la Consulta Taller Regional del Cono Sur "Exigibilidad Ciudadana frente a Procesos de Privatización en Servicios y Recursos Naturales - Negociaciones Comerciales UE-ALCA-TLC", reunidos en la ciudad de Santiago de Chile, los días 18 y 19 de noviembre de 2002, considerando que:

En América Latina enfrentamos varios procesos de liberalización que buscan posibilitar la creación de un área de libre comercio continental.

En estos procesos las inversiones se orientan cada vez más hacia el sector servicios, principalmente los servicios públicos ya privatizados o en fase de privatización.

En los acuerdos de servicios del General Agreement on Trade and Services (GATS) - Organización Mundial del Comercio (OMC), en el texto borrador del ALCA y en las recientes negociaciones del Tratado Unión Europea-Chile, todos los servicios, en particular los servicios públicos, son materia de negociación, en tanto no han sido excluidos explícitamente.

Un área de negocios significativa para las empresas transnacionales, en el ámbito de los servicios, es el de provisión de servicios sanitarios, los que tradicionalmente habían sido de propiedad estatal y/o comunitaria, y que durante la década de los noventa, fueron objeto de privatización en la mayoría de los países de la Región.

Entre los efectos sociales y ambientales de las privatizaciones de servicios básicos, principalmente del agua, figura el aumento sustancial de tarifas, sin participación vinculante de la población; despidos masivos; deterioro de las condiciones laborales; ausencia de un marco regulatorio y organismos fiscalizadores eficaces, que reconozcan y cautelen los derechos de los consumidores, en el contexto de la enorme asimetría existente entre éstos y las empresas transnacionales; y una progresiva enajenación del recurso hídrico de las comunidades, principalmente en las zonas rurales.

En este sentido, las privatizaciones de los recursos y servicios hídricos, lejos de aportar al desarrollo de la Región, han provocado una progresiva situación de deterioro social y económico, que ha afectado a la mayoría de nuestros países, tal como ha sido denunciado por diversos organismos internacionales.

Quienes participamos en esta Consulta Taller del Cono Sur, vinculamos la defensa del derecho al agua, como servicio público de carácter social, con el necesario resguardo en su calidad de recurso natural, al cual debe acceder la totalidad de la población. Debemos observar con atención las experiencias desarrolladas por los representantes de la sociedad civil, en aquellos conflictos derivados de intentos de privatización y trasnacionalización del agua u otros servicios, porque en ellas encontraremos las respuestas para establecer y concordar estrategias comunes.

Visto lo anterior, señalamos que:

Es imperioso contemplar los procesos de control de agua en América Latina, como parte del sistema hidrológico mundial, condición necesaria para garantizar la vida y la condición humana a largo plazo.

Los procesos de privatización, han contemplado los derechos de propiedad del agua y su producción, distribución, recolección y depuración, sin tomar en cuenta las condiciones científicas necesarias para garantizar el ciclo hidrológico y por ende la vida humana.

Las normas utilizadas para poner en marcha las privatizaciones del ciclo del agua, han sido impuestas por organismos de carácter internacional: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

El modelo económico neoliberal actual, impuesto por el FMI y otros organismos financieros internacionales, ha provocado un deterioro progresivo de las libertades y los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y de género, reconocidos en diversos acuerdos internacionales.

Dichos organismos deben ser considerados no concordantes con las normas de derecho internacional, que cautelan los derechos humanos, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los Estados que componen el Sistema de Naciones Unidas.

Países como Estados Unidos y bloques como la Unión Europea, han manifestado su interés de integrar en las negociaciones de la OMC los servicios públicos y en particular el agua.

La aplicación de normas de derecho que eluden los principios del derecho de los ciudadanos y de las libertades civiles, pueden ser consideradas como la aplicación de estados de facto de orden internacional, que afectan las obligaciones de los Estados y ponen en crisis la institucionalidad democrática.

Con la implementación de este tipo de normas, que podemos considerar de excepción, se han vulnerado en forma coercitiva los derechos indígenas y comunales tradicionales que, en el caso de Latinoamérica, contaban con el reconocimiento jurídico internacional, derivado del derecho que sustituyó a la colonización española.

Consideramos que esta forma de utilización de recursos y sistemas ilegales, pueden ser constitutivos de figuras de delitos internacionales, tales como el exterminio e incluso de genocidio. En ellas, las figuras denominadas de ingeniería financiera han jugado un papel específico en la organización sistemática de las violaciones referidas. Ello, ha provocado lo que podríamos denominar como un delito de saqueo, que afecta de forma directa el derecho a la vida, entendido como derecho colectivo y de la vida humana como sistema.

Las formas de corrupción, de los agentes privados y públicos - conocidas y denunciadas - han tenido como finalidad la concreción económica de los delitos relacionados con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y han sido condiciones necesarias para la comisión de este tipo de delitos.

Es necesario considerar los monopolios naturales y la explotación de los mismos, como servicios que los Estados no pueden enajenar bajo ninguna circunstancia. Por lo tanto, deben ser recuperados como una forma de garantizar el derecho a la vida, consagrado por el sistema internacional de derechos humanos, reconocidos por el Sistema de Naciones Unidas.

Considerando la necesidad de articular las respuestas sociales en torno al tema y plantear caminos de exigibilidad en el marco de las negociaciones comerciales, particularmente del ALCA,

Exhortamos a los gobiernos a:

Tomar en consideración las reflexiones del "Protocolo de Santiago". En particular, los incitamos a integrar, en las negociaciones comerciales en curso y en las reuniones en el marco de Naciones Unidas, las salvaguardias necesarias para garantizar los recursos naturales y la continuidad, regularidad, accesibilidad y calidad en todos los usos del agua.

Reclamamos a los parlamentarios nacionales e internacionales:

Fiscalizar y modificar, los tratados que no cumplen con las normas del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional, asegurando la participación ciudadana. En el caso de las normas nacionales, consideramos que estas son prioritarias, siempre y cuando sean concordantes con el sistema de derecho internacional.

Recomendar a los parlamentos europeos que no aprueben acuerdos de ésta naturaleza, que afectan a aquellos países, donde los sistemas democráticos sufren graves problemas de legitimidad.

Instamos a las sociedades civiles:

A crear redes de socialización de la información de los conflictos, así como de seguimiento del comportamiento de las empresas transnacionales, que son parte de estos procesos de privatización.

A buscar nuevas formas de organización que permitan actuar globalmente ante este tipo de conflictos, comprometiendo el apoyo de las fuerzas populares y de los actores de otras naciones, que sufran estos mismos problemas, incluyendo los países a que pertenecen las empresas multinacionales o donde se originan las inversiones.

Suscriben:

• Alianza Chilena por un Comercio Justo y Responsable, ACJR (CONADECUS, Consumers International, REMTE, RIGC, IEP, ODECU, APILA, Corporación Ayún, PIDDHH)
• Asociación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF
• Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, ASEMUCH
• Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, CONAPACH
• Centro de Estudios Mujer y Trabajo
• Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU
• Sindicato de Empresa ISAPRE CONSALUD
• Foro del agua, Chile
• Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENATRAOS
• Sindicato de Trabajadores Nº 1 Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (X Región)
• Sindicato de Trabajadores Profesionales de la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (X Región).
• Sindicato INGEPRO-Telefónica Chile
• Departamento Pastoral Obrera, Concepción ( VIII Región )
• Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA
• Revista Le Monde Diplomatique - Edición chilena

A nivel internacional:

• Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE
• Confederación General de Trabajadores del Perú, (CGTP-FDTA)
• Foro de Consulta Ciudadana (FOCO)-Argentina
• Federación de Regantes de Bolivia
• Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA)-Bolivia
• Equipo Nizkor, España
• SERPAJ Europa
• Red Global
• Internacional de Servicios Públicos, ISP
• Alianza Social Continental

El "Protocolo de Santiago" se deja abierto a su adhesión a nivel nacional e internacional. Esta adhesión la puede hacer al email: foco@idemi.org.ar ó alianzacj@ctcinternet.cl ó a los fonos: en Argentina:(54-11)4833-6769, (54-11)4831-8218, en Chile (56-2) 3416597, (56-2) 3415110.