Posición de la Asociación de Medicina General de la provincia de Buenos Aires sobre regulación de uso de agroquímicos propuesta en resolución inter-ministerial
“Entendemos que la reciente Resolución Conjunta N° 1/2018 ha antepuesto los intereses del sector productivo por encima del dela salud de las comunidades, el ambiente y todas las formas de vida. Como sociedad científica nos preocupa que se omita la amplia información científica válida que demuestra los efectos negativos para la salud dela exposición a agroquímicos.”
Noviembre de 2018
Posición de la AMGBA respecto a la regulación de uso de agroquímicos propuesta en la Resolución Conjunta N° 1/2018 de los Ministerios de Agroindustria, de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
La Asociación de Medicina General de la provincia de Buenos Aires es una organización académica y científica que nuclea a médicas/os especialistas en Medicina General y equipos de salud que se desempeñan en el primer nivel de atención. Su función social está relacionada con el desarrollo, la capacitación y la participación de dichos equipos en espacios comunitarios de producción de salud, contribuyendo así a la Salud Colectiva.
A modo de introducción reconocemos que la exposición a agroquímicos es perjudicial para la salud, y que la convivencia de las poblaciones con las prácticas productivas actuales conlleva al aumento del riesgo para la salud y a la aparición de situaciones de tensión e intensos conflictos sociales.
En la actualidad la agroindustria se aplica a la producción de cereales, carnes, leche, frutas, verduras y hortalizas. En todos estos procesos intensivos se utilizan sistemáticamente -entre otras sustancias-agroquímicos, que luego son encontrados como “residuos” en los alimentos, generando con su ingesta, una formidable exposición, lenta pero prácticamente constante. Esta situación se ve agravada por la añadidura de otras fuentes de exposición (reiteradamente objetivadas), como el agua subterránea que se utiliza para beber, contaminada por el transporte vertical de químicos del campo fumigado a las napas de agua, o el aire que es respirado, contaminado por las recurrentes derivas de moléculas biocidas que “no dieron en el blanco” y son traídas por el viento, desde el campo a la ciudad (1).
Son muchas las investigaciones rigurosas que demuestran que los fitosanitarios o agroquímicos son también sustancias tóxicas. Se reconocen daños inmediatos como intoxicaciones agudas, con manifestaciones cutáneas, respiratorias, gastrointestinales, oftalmológicas, neurológicas, etc. Pero también daños a largo plazo, producto de la bioacumulación de pequeñas pero continuas exposiciones que desafían nuestra biología. En este grupo encontramos problemas de salud asociados a disrupciones hormonales: enfermedades endócrinas(hipotiroidismo); trastornos en la fertilidad (malformaciones congénitas, abortos espontáneos); trastornos del desarrollo (trastornos del espectro autista, etc.); y diversos tipos de cánceres, entre otros (2,3, 4, 5).
Por otra parte, los actuales conocimientos de las ciencias de la salud entienden a la vida (y la salud) como una red de relaciones complejas, como un sistema abierto en el que los procesos de la vida (biológicos, sociales, psicológicos y culturales) van configurando relaciones determinantes de la salud de los individuos y de las poblaciones. Con este paradigma sistémico podemos afirmar que nuestro organismo tiene múltiples relaciones de interdependencia con procesos de niveles macroscópicos y microscópicos del ecosistema, relaciones que van influyendo en la vida y en la salud (6, 7). Lo que le sucede al ambiente y a todas las formas de vida también nos sucede a nosotros.
Desde esta perspectiva de la ciencia moderna, nos preocupa y cuestionamos que se acepte un modelo de producción que libera sustancias tóxicas en un nivel superior al de la capacidad de degradación ambiental. Diversos estudios demuestran la impregnación de prácticamente todo el ecosistema, con comunidades vivas que sufren las consecuencias de la bioacumulación y la acción tóxica de estas moléculas, que interactúan en su biología.
Los seres humanos no somos la excepción. Luego de que se revelara el genoma humano tuvimos que reconocer que compartimos gran parte de los genes con los vertebrados, los insectos, los hongos y las plantas (a modo de ejemplo la abeja comparte el 47,5% de sus genes con el ser humano). Compartir genes implica compartir receptores, procesos metabólicos y sistemas enzimáticos con las otras especies del ecosistema. Dicho de otro modo, nuestras células comparten muchas de las estructuras “blanco” de estas sustancias fungicidas, herbicidas o insecticidas que hoy se utilizan, siendo vulnerables a sus efectos biocidas (8, 9, 10, 11).
La Resolución Interministerial.
Entendemos que la reciente Resolución Conjunta N° 1/2018 ha antepuesto los intereses del sector productivo por encima del dela salud de las comunidades, el ambiente y todas las formas de vida. Como sociedad científica nos preocupa que se omita la amplia información científica válida que demuestra los efectos negativos para la salud dela exposición a agroquímicos.
Vemos con alarma cómo la Resolución Interministerial plantea la idea de avanzar con la producción agroindustrial hacia las áreas periurbanas, hoy protegidas por áreas de exclusión o de amortiguamiento, y además que considera que la única forma de hacerlo es con la utilización sistemática de “fitosanitarios”.
La misma reconoce que los ‘fitosanitarios’ son tóxicos para el ecosistema y la salud humana, sin embargo, acepta el riesgo, que debe ser disminuido con ‘buenas prácticas agrícolas’. No se menciona a la producción agroecológica como opción de desarrollo social, económico y sustentable, que ante la emergente conflictiva de intereses sociales antagónicos, resulta una opción mediadora de gran valor. En lugar de esto, y al poner el único foco de interés en la maximización de la producción, se olvida de la defensa de la ‘salud integral’ de las comunidades (que enuncia), descarta las pruebas que se tienen de toxicidad y -pese a las conflictivas sociales-, viabiliza la producción con agrotóxicos en las áreas de periurbanas. (12)
Agrava la investidura institucional afirmar cada vez el concepto de ‘fitosanitario’, un eufemismo que destaca -de toda la naturaleza química de estas sustancias-, sólo las propiedades en relación con el producto que se quiere maximizar. Un reduccionismo que discursivamente oculta la naturaleza tóxica de las sustancias, y desde el punto de vista perlocutorio transforma una sustancia tóxica en inocua, es decir que, estos discursos institucionales “hacen cosas” sobre las personas, produciendo efectos de vulnerabilidad social para el autocuidado y la lucha por su salud.
Luego se mencionan las ‘Buenas Prácticas Agrícolas’(BPA) como la forma de disminuir el riesgo de daño a la salud humana o ambiental, estrategia que viene siendo implementada por el Ministerio de Agroindustria desde hace más de diez años. De esta noción aseveramos: a) que las BPA constituyen un oxímoron ya que ¿cómo se van a poder hacer ‘buenas prácticas’ con agrotóxicos, que una vez que son liberados al ecosistema entran en un proceso de dispersión molecular incontrolable?; b) Si realizamos una evaluación de las BPA logradas en tantos años de su promoción vemos que la estrategia no ha funcionado, pruebas de ello son las pruebas positivas de contaminación realizadas en agua, suelos, aire, en personas, etc.; c) Que las BPA constituyen una estrategia de las empresas responsables de la producción de “fitosanitarios”. El concepto de BPA niega la naturaleza tóxica de las sustancias que diseñan y ofrecen; y deriva su responsabilidad a quienes realizan su aplicación.
Por otra parte, la Resolución Interministerial le asigna al sector privado un importante protagonismo en la responsabilidad del monitoreo y el control de las BPA (“responsabilidades complementarias al Estado”). El sector privado será estimulado económicamente para hacerlo (12). Entonces nos preguntamos: si no son las instituciones del Estado las que están ejecutando las políticas públicas, o controlando el cumplimiento de las leyes, ¿quién podrá hacerlo?, ¿puede el sector privado ser juez y parte?
Otro argumento histórico del sector agroindustrial interesado es la afirmación que no hay investigaciones serias de toxicidad. En consonancia, uno de los 12 principios que enuncia la Resolución para la elaboración de políticas públicas, es que deben estar basadas en conocimientos científicos o en publicaciones de las Instituciones del Estado. Aquella aseveración es inmediatamente contrastada por el hecho de contaren la actualidad con suficientes trabajos científicos de calidad, y con rigurosas fuentes nacionales (Universidades, CONICET) e internacionales; y que no son consideradas. A modo de ejemplo, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer(IARC), dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS)en su informe del 2015, demuestra que la exposición al glifosato aumenta la probabilidad de padecer cáncer considerándola en su clasificación como categoría IIA –probablemente cancerígeno – Sin embargo, la Resolución en cuestión toma como referencia un informe del año 2009. Este antiguo informe nacional dictamina que realizando BPA el glifosato es de bajo riesgo para la salud humana (13).
Entendemos la importancia de la exportación agroindustrial para la economía del país, pero ¿qué es la salud sino una condición fundamental para el desarrollo y la realización de un país?
Debemos reflexionar sobre las condiciones del desarrollo sostenible. Creemos que esto se logra entendiendo a la vida humana formando parte de una naturaleza que nos constituye como un todo, e intentando regenerar -y no sólo sostener-un mundo mejor para las generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, la AMGBA propone:
Revisar el espíritu de la Resolución, centrándola en modelos productivos y de desarrollo económico que no vulneren el superior Derecho de salud de las poblaciones;
Establecer medidas de protección que regulen la aplicación de agrotóxicos en la industria alimentaria;
Generar mecanismos de control de la utilización de agrotóxicos en los procesos productivos: en el campo (cereales, leche y carnes de feedlotsy criaderos), como también en aquellos lugares de producción frutihortícola;
Prohibir aquellos agrotóxicos que por su deriva excedan las capacidades de control;
Realizar el monitoreo epidemiológico de los grupos de mayor exposición a estas sustancias (trabajadores rurales, pequeñas comunidades rurales);
Generar políticas de estímulo para la reconversión tecnológica de las empresas hacia tecnologías regenerativas del ecosistema;
Fomentar la agroecología como modo de producción alimentos sanos en armonía con la salud de los ecosistemas y de los seres humanos;
Fomentar la exportación de productos orgánicos con alto valor agregado como motor del desarrollo económico nacional y de las comunidades;
Incorporar a las currículas del sistema educativo el estudio de la Alimentación como determinante de la salud.
Fuentes consultadas
1. Tomasoni M. No hay fumigación controlable, Generación de derivas de plaguicidas. Noviembre de 2013.
2. Facultad de Ciencias Médicas -Universidad Nacional de Córdoba. 1º Encuentro nacional de médicos de pueblos fumigados. Disponible aquí
3. Kaczewer J. Uso de Agroquímicos en las Fumigaciones Periurbanas y su efecto nocivo sobre la Salud Humana. Disponible: aquí (pdf)
4. Ávila Vázquez M. Difilippo F. Agricultura tóxica y salud en pueblos fumigados de Argentina. Disponible: aquí
5. Red Universitaria de Ambiente y Salud. Exposición ambiental a glifosato e impactos en la salud reproductiva en población agrícola de Argentina. Disponible aquí
6. Capra F. La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos. Editorial Ana.Barcelona; 1996.
7. Monsalvo J. Payán S. Salud de los Ecosistemas. Disponible aquí
9. Lundin O. et al. Neonicotinoid Insecticidesand Their Impacts on Bees: A Systematic Review of Research Approachesand identification of Knowledge Gaps. Disponible aquí
10. https://www.genome.gov/...
11. Aiassa D. Evaluación del nivel de daño en el material genético de niños de la provincia de Córdoba expuestos a plaguicidas. Editorial: Archivos Argentinos de Pediatría. 2015.
12. Resolución Conjunta N° 1/2018 de los Ministerios de Agroindustria, de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
13. CONICET Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el ambiente-COMISIÓNNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE AGROQUÍMICOS DECRETO 21/2009.