Posición de OILWATCH frente a la reunión anual de gobernadores del BID

Lima, marzo del 2004

GOBERNADORES DE LA COLONIZACIÓN

En el contexto de la reunión de gobernadores del BID, a realizarse en Lima, Perú, del 29 al 31 de marzo, OILWATCH quiere recordar que las políticas de la Banca Multilateral han sido duramente cuestionadas en todo el mundo por los impactos sociales y ambientales que han generado sobre los países no industrializados.

El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo, y otras instituciones financieras, se articulan entre si como eslabones de una cadena en la que cumplen roles para un objetivo común: el acceso y control de los recursos de los países del sur en favor de los países del Norte industrializado.

En el caso de América Latina estos “bancos” y particularmente el BID, han ido moldeando y organizando la región hasta convertirla en fuente de recursos naturales y de mano de obra barata, en el basurero de desechos y en el sitio de experimentación tecnológica y militar de los Estados Unidos. Nuestra región está siendo repartida entre empresas transnacionales para lograr el control del agua, biodiversidad y recursos minerales, particularmente el gas y el petróleo.

El BID, como parte de esta estrategia financia proyectos energéticos que causan irreparables daños al medio ambiente, así como violaciones a los derechos de los pueblos. El BID ha invertido en reformas estructurales para la desregulación y privatización del sector energético y es también responsable de la construcción de infraestructura para incrementar la extracción intensiva de recursos naturales hidrocarburíferos en Latinoamérica.

Esta reunión se da en el contexto de la aprobación y desembolso del préstamo para el proyecto de Camisea por parte del BID. Tiene una significación especial porque los directivos del BID buscan un espaldarazo de todos sus miembros, es decir de los gobernadores de los 46 países, ante un proyecto que ha sido cuestionado desde hace dos décadas, por sus impactos en el Perú, particularmente para la selva y sus pueblos originarios.

El Proyecto Camisea busca extraer el gas natural en la selva peruana dentro de la Reserva Indígena Nahua-Kugapakori (donde habitan varios pueblos en situación de aislamiento, con gran vulnerabilidad cultural y física) y transportarlo a través de un gasoducto de 730 Km. que atravesará el Parque Nacional Otishi y las Reservas Comunales Mashiguenga y Ashaninka, varias zonas de criaderos y pastoreo tradicionales de alpaca, y varias ciudades, hasta la costa en Lima. Además se construirá otro ducto de líquidos derivados de 560 Km. y se creará una planta de fraccionamiento y toda una infraestructura para buques cisterna dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, única área protegida marino costera del país y zona protegida por la Convención Ramsar.

El Proyecto, en todas sus fases causará impactos severos al medio ambiente y a las poblaciones locales. Amenaza la vida de los pueblos en aislamiento voluntario y de otras comunidades indígenas, zonas protegidas y áreas frágiles en los Andes peruanos y las actividades de turismo que se llevan a cabo en la región costera de Paracas.

El proyecto ya ha producido impactos ambientales y culturales severos en la selva y tendrá efectos peores a lo largo del tiempo (está proyectado a 40 años) como la colonización no planificada, deforestación, contagio por enfermedades a las poblaciones indígenas, vulneración de derechos territoriales de los pueblos indígenas, violaciones a los derechos colectivos, etc.

Las amenazas del proyecto son evidentes y han sido documentadas por diversos actores públicos y privados; tanto así que el propio Banco de Exportaciones e Importaciones de EE.UU. (ExIm) retiró su oferta de financiamiento al comprobar lo insostenible del proyecto Camisea gracias a la presión por parte de grupos de indígenas y ecologistas.

El financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, si bien no es el más importante en cuanto a su porcentaje, es decisivo ya que está anclado al posible financiamiento de las otras entidades bancarias. El interés del BID, se explica claramente al ser uno de los principales impulsores del IIRSA (Integración de Infraestructura Regional de Sudamérica), junto con la CAF y FONPLATA. En el proyecto participan también el Citigroup, Hunt Oil -un consorcio de Texas que ha sido un firme contribuyente de la campaña del presidente George W. Bush-, y Pluspetrol y Techint de Argentina.

Para el BID, los bancos privados, las entidades del Estado y muchas ONGs que caen en su juego, el proceso de consulta a los pueblos afectados es un mero requisito para garantizar el financiamiento de los proyectos, y lo han convertido en un proceso de acoso a las comunidades, pues no reconocen su derecho a decir NO. Las llamadas consultas a la Sociedad Civil de la Banca Multilateral para la revisión de políticas, en cuanto a pueblos indígenas o a las industrias extractivas, se han creado para neutralizar las protestas en su contra, por parte de las poblaciones locales y de distintas organizaciones.

El BID pretende resolver los graves impactos presentes - y potenciales -, y dar salida a la resistencia con una propuesta de monitoreo y participación. Es como si vigilar el asalto hiciera menos grave al delito.

El proyecto de Camisea debe ser visto como parte de esta estrategia regional de ocupación del espacio y territorios y de acceso a los recursos naturales en Sudamérica, a través de una infraestructura gigantesca que, de seguro, beneficiará con creces a sus inversores pero de nada servirá a los intereses nacionales y de las comunidades.

Los proyectos de integración regional son un nuevo golpe a la soberanía de los pueblos con los que se aumentará el saqueo, el endeudamiento del Perú e incrementará su dependencia.

Este proyecto es un freno a las alternativas con que las comunidades buscan enfrentar los problemas locales y globales. Su resistencia debe ser reconocida como uno de los esfuerzos serios para resolver la crisis global del planeta.

Por lo expuesto,

OILWATCH repudia las acciones e intenciones del BID de seguir con sus afanes de financiar proyectos energéticos en la región.

OILWATCH ratifica nuestro total respaldo a las comunidades que resisten al proyecto Camisea y a las organizaciones que las apoyan.

OILWATCH se compromete a enfrentar los nefastos proyectos energéticos fomentados y presionados por el BID en todo el continente, trinchera por trinchera.

Secretaría Internacional
OILWATCH
www.oilwatch.org.ec

Oilwatch es una red internacional de 120 organizaciones ecologistas, de derechos humanos y de comunidades locales, que apoya la resistencia a las actividades de explotación de gas y petróleo en los trópicos y denuncia sus impactos locales y globales desde una perspectiva de países del Sur.