Perú: las políticas del actual gobierno promueven el latifundio

Por Fernando Eguren*

9 de febrero, 2014.- En esta nota vamos a reiterar nuestra preocupación por la creciente concentración de la propiedad de las tierras agrícolas en manos de corporaciones dedicadas a la agroexportación, tema que hemos abordado en La Revista Agraria en más de una oportunidad.

En recientes declaraciones, el ministro de Agricultura, Milton von Hesse, manifestó que, definitivamente, el gobierno daba por cerrada la posibilidad de alguna regulación sobre el tamaño de la propiedad de las tierras agropecuarias. Los anuncios al inicio de la gestión del presidente Ollanta Humala, acerca de que el Ejecutivo consideraba que la gran concentración de la propiedad de la tierra podía ser un problema social y económico, finalmente han sido olvidados.

Retrospectivamente, podemos afirmar que tan sólo el primer ministro de Agricultura, Miguel Caillaux, manifestó un moderado interés en introducir alguna regulación al proponer que parte de las tierras incorporadas a la agricultura, por la irrigación Olmos, fuesen adquiridas por el Estado y, luego, vendidas a pequeños y medianos inversionistas. La oposición a esta propuesta, dentro del propio Estado, hizo que fracasara.

Los siguientes ministros, Luis Ginocchio y el actual, Milton von Hesse, declararon en su momento que para tomar decisiones respecto a tan complicado asunto había que esperar los resultados del censo nacional agropecuario, el cual se realizó a fines de 2012.

Los resultados del censo, difundidos en el segundo semestre de 2013, mostraron que, en efecto, había una importante concentración de la tierra, particularmente en la costa. Pero el responsable de la cartera de Agricultura ya cerró el tema, lo que demuestra que el argumento de que era necesario esperar los resultados censales no era sino una maniobra dilatoria.

El gobierno consolida la concentración de tierras

Ahora queda claro, pues, que no hubo ninguna intención de regular el tamaño de la propiedad. También queda claro, en contraposición, que el gobierno actual está empeñado en continuar con la política iniciada por el gobierno de Alberto Fujimori y mantenida por Alejandro Toledo y Alan García, de hacer grandes inversiones en irrigaciones, con financiamiento público, y transferir las centenares de miles de hectáreas de tierras públicas beneficiadas a poderosas corporaciones de capital nacional y extranjero, para desarrollar la agricultura de exportación.

El ministro von Hesse confirmó hace poco que, a los miles de millones ya invertidos en el pasado, se agregarían 590 millones de dólares más para la irrigación Chavimochic, con lo que se lograría incorporar 63 mil hectáreas más para la agroexportación(1). Luego, agregó, seguirán inversiones en Majes Sihuas (Arequipa), Chinecas (Áncash) y Alto Piura. Con los resultados censales que ya conocemos, estamos en camino a que casi la mitad de las tierras agrícolas de la costa estén concentradas en empresas con más de 500 hectáreas de extensión.

El estímulo a la concentración de la propiedad de la tierra en manos de corporaciones para la agroexportación es una política de Estado que ya tiene dos décadas de aplicación. Compromete las inversiones públicas más grandes orientadas al agro.

Un reciente estudio —aún preliminar— estima que con este fin se han invertido 5 mil 849 millones de dólares de recursos públicos, la mayor parte de los cuales el Estado no recuperará(2). A este inmenso subsidio se suman otros, determinados por una serie de beneficios legales que reducen a la mitad el impuesto a la renta de estas empresas, así como también reducen los costos laborales a costa de los derechos de los trabajadores.

Una proporción importante de la tierra concentrada en grandes empresas ha sido posible gracias al subsidio estatal, en montos incomparablemente mayores a todos los programas (aun considerando el programa Mi Riego) que se han destinado a la agricultura familiar (que incluye pequeños agricultores, campesinos de las comunidades y las poblaciones nativas). Es la aplicación, casi a la letra, de los supuestos que subyacen en el discurso alanista del «síndrome del perro del hortelano»(3).

El latifundio ya no es tema de agenda política

Es cierto que la retórica de este gobierno es diferente de la del gobierno aprista, que sin ningún rubor expresaba en forma abierta su identificación con el gran capital. Ante el relativo recato del presidente Humala, el mundo empresarial le exige cada cierto tiempo que dé muestras tangibles de que esta identificación continúa —lo que García hacía de motu proprio—. Pero esta diferencia parece que es cada vez más de estilo, pues en la práctica no hay tal o es mínima.

Tampoco el Congreso ha mostrado continuidad en el tema. Luego de las iniciativas de poner límites máximos de 40 mil o 25 mil hectáreas a la propiedad de la tierra —en realidad, un intento apenas velado de legitimar latifundios—, este asunto ha salido totalmente de la agenda. En su momento, los debates tenían una agenda oculta, en la que algunos congresistas parecían estar comprometidos: alinearse con el grupo económico Oviedo, administrador de las empresas agroindustriales Pomalca, Cayaltí y Tumán, en la competencia con el grupo Gloria, principal productor de caña de azúcar en el país.

Es preciso llamar la atención acerca de que la concentración de la propiedad de la tierra ha dejado de formar parte de la agenda, incluso de la izquierda política, casi monotemáticamente volcada a la crítica del extractivismo (la dependencia extrema del crecimiento económico de las rentas mineras y petroleras) y a temas de coyuntura. Lejanos están los días en que no solo la izquierda, sino también el centro político, consideraban que el latifundio, además de ser injusto, era una barrera para un desarrollo socioeconómico democrático.

Todo esto ocurre mientras que el censo de 2012 revela que, al mismo tiempo que hay concentración de la propiedad, hay también un crecimiento espectacular del número de predios: desde 1994 han aumentado en casi medio millón, a 2 millones 269 mil. La mayor parte —un millón 500 mil: el 68%— son minifundios, inferiores a las 3 hectáreas. El 72% de estos minifundios están en la sierra, el 16% en la costa y el 12% en la selva.

En conjunto, los minifundios tienen el 21% de las tierras de uso agrícola del país. En el otro extremo, los predios mayores de 500 hectáreas son solo 6,532, el 0.3% del total, pero poseen el 28% de las tierras de cultivo. En la costa, la concentración es mucho mayor: el medio centenar de predios mayores de 500 hectáreas —el 0.1% del total regional— controla directamente el 41.1% de las tierras de uso agrícola.

Se está reproduciendo una estructura de propiedad de la tierra agropecuaria que nos hace recordar al periodo previo a la reforma agraria aplicada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado hace cerca de cuarenta y cinco años.

Notas:

(1) Tan solo esta inversión representa 60% más que todo el programa Mi Riego.

(2) Lorenzo Eguren “Estudios económico costo beneficio del apoyo estatal a la gran agricultura”. Enero, 2014.

(3) Alusión al polémico artículo publicado en el diario El Comercio, escrito por el entonces presidente Alan García. Ver aquí (pdf)

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* Fernando Eguren es presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes).
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Fuente: Publicado en la edición Nº 158 de La Revista Agraria