Perú - Caso de Tamshiyacu: El Estado como subsidiario de la empresa

Por Alberto Chirif

27 de mayo, 2016.- Me viene ahora a la memoria el poema de Nicolás Guillén, convertido luego en canción: “¿Cómo estás Puerto Rico, tú de socio asociado en sociedad”, en irónica referencia a la condición de ese país como “estado asociado” de los Estados Unidos. También el Perú está de socio asociado pero de empresas, a las que no solo les hace leyes a pedido y les dicta las políticas que mejor respondan a sus intereses, sino que también las atiende con gestos serviciales. Ejemplos sobran: el contrato firmado, en mayo de 2010, entre la empresa Afrodita y el Ejército para que este, mediante el campamento militar acantonado en la cuenca del alto Cenepa (cordillera del Cóndor), la protegiera de posibles irrupciones de pobladores awajún de las comunidades del entorno, que reclamaban por la invasión de su territorio ancestral y por haber el Estado burlado los acuerdos firmados con ellos para crear en la zona un parque nacional que librase el área de la actividad minera; o el uso de servicios (camionetas) e instalaciones de la empresa petrolera para el transporte y el interrogatorio “científico” de comuneros del alto Pastaza que protestaron, en marzo de 2008, por los impactos ambientales causados en su hábitat por la extracción de hidrocarburos.

Todo indica que Cacao del Norte SAC y el Gobierno Regional de Loreto (Gorel) han recurrido también a esta modalidad de asociación, como lo planteo en este texto.

Un viaje reciente a Tamshiyacu (río Amazonas, una hora aguas arriba de Iquitos) para entrevistar agricultores y, en general, a moradores y algunas autoridades locales sobre la presencia de la empresa Cacao del Perú Norte SAC, sus métodos de adquisición de tierras y la extensiva deforestación que ha originado, me ha proporcionado nueva información que pretendo ahora exponer y analizar. Hice el viaje en compañía del sociólogo Juan Luis Dammert, quien estudia el tema de la expansión de monocultivos agroindustriales en la Amazonía. Junto con dos colegas, él publicó, en 2012, un informe sobre los potenciales impactos ambientales y sociales de la palma aceitera en Loreto.

La información recogida en Tamshiyacu me ha sugerido abordar cuatro temas en este texto: la titulación de parcelas realizada en 1996 al amparo del D. Leg. 838; el plan de titulación masiva de predios rurales que actualmente ejecuta en Tamshiyacu la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (Disafilpa) del Gorel; otras estrategias de la empresa Cacao del Perú Norte SAC para adquirir propiedades en la zona; y el programa de créditos que ella ejecuta en dicha localidad con la finalidad de promover el cultivo de cacao entre los agricultores.

Antes, sin embargo, quiero comentar brevemente la respuesta –si así se puede llamar- dada por el Sr. Ulises Saldaña, gerente de Responsabilidad Social Empresarial de la empresa (se refiere a ella como “mi representada”), al artículo que publiqué, en este y otros medios virtuales hace pocas semanas (¿En qué país vivimos?), cuestionando los métodos de la empresa para hacerse de las tierras de los agricultores, el impacto que esto podrá tener sobre la economía campesina, la barbarie de la tala de 2 300 ha -ilegal por donde se la mire- y la complicidad o, en el mejor de los casos, el alelamiento de las autoridades del Estado “que no saben, no opinan” respecto a su voraz comportamiento.

Mi inicial entusiasmo porque el representante de la empresa comentara mi texto, se convirtió pronto en decepción. En primer lugar porque está tan mal escrito que es difícil adivinar qué es lo que quiere decir, aunque sí queda claro que es contrario a mi enjuiciamiento. En términos criollos, es un sancochado de ideas o, dicho en el habla amazónica, un chapo de palabras, en la que los trozos de plátano más grandes que han quedado sin machucar han sido escritos en mayúsculas, esa manera escrita de levantar la voz que tienen algunas personas, con la pretensión de darle solvencia a argumentos insostenibles.

El representante de la empresa afirma, en el segundo párrafo de su respuesta, que “es una una [tartamudeo del original] plantación agro-forestal [la que se quiere hacer] y que necesita la sombra de otras especies forestales como los Palosangre, Capironas, Cedros, etc”. En esto coinciden todos los especialistas en cultivo del cacao. Sin embargo, ¿por qué entonces, don Ulises, no se lo comunicó a su empresa antes de que hiciera tabla rasa de 2 300 ha? ¿Admite de esta manera que ha sido una barbaridad arrasar el bosque?

Sería injusto, sin embargo, cargar toda la responsabilidad de este confuso documento al representante de la empresa quien, en verdad, aparte de dos párrafos iniciales y uno final (que ciertamente son fieles al estilo general del escrito), no es autor del resto, que es consecuencia del “copiar y pegar” –y este es el motivo de mi segunda decepción- del alegato que el abogado de la empresa ha presentado ante la Corte Superior de Loreto.

Más allá del problema de creatividad implícito en esta manera de abordar un tema, quiero referirme ahora a lo que plantea el abogado y refrenda el representante Saldaña. El argumento es solo uno: las parcelas que la empresa ha adquirido en Tamshiyacu fueron dadas en propiedad a los agricultores al amparo del D. Leg. No.838 (del 18 de agosto, 1996) y su reglamento que dejan sin efecto la aplicación del artículo 19º del D. Leg. 653, Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario (julio 30, 1991). ¿Y que dice el citado artículo? Textualmente señala lo siguiente:

Artículo 19.- Toda adjudicación de tierras rústicas, a cualquier persona natural o jurídica, se efectuará a título oneroso, mediante contrato de compra-venta con reserva de propiedad hasta la cancelación total del precio. El contrato podrá formalizarse por documento privado con firmas legalizadas y constituirá título suficiente para su inscripción registral.

En concreto, el D. Leg. Nº 838 suspende la aplicación de dicho artículo para que el Estado titule las tierras de manera gratuita.

El Art. 19º citado no dice nada más. No se explica entonces cómo la empresa pretende afirmar que, con esa suspensión temporal de pago, los campesinos fueron exonerados de realizar trámites de cambio de uso de tierras. Pero incluso suponiendo que exista otra norma que establece esta excepción, ¿cómo se puede asumir que una dispensa de trámite dada a campesinos que realizan actividades agrícolas a baja escala y de escaso impacto en el medioambiente es válida para una empresa que acapara grandes extensiones para dedicarlas al monocultivo de cacao? Las exoneraciones fueron dadas sobre el sujeto (los agricultores) y no sobre las tierras. Es lo mismo que pretender que la exoneración del pago del impuesto predial de la que goza un jubilado del Estado sea también válida para quien adquiere su propiedad. Es bien sencillo el racionamiento y si no se quiere entender, salvo que se padezca de alguna patología, se debe solo a falta de voluntad, o mejor dicho, de honestidad.

Como ya dije, hace pocas semanas, con Juan Luis Dammert fuimos a Tamshiyacu, lugar que ambos ya conocíamos y, en mi caso, desde hace muchos casos y no solo por “imágenes satelitales”, como critica el representante Saldaña al finalizar su respuesta. Esas imágenes, sin embargo, son muy útiles porque permiten tener una idea de lo que sucede en el conjunto del área (que no se puede ver desde el suelo), sobre todo en una circunstancia como la que comento, en que la empresa ha bloqueado los caminos de acceso al área deforestada con trancas y casetas custodiadas por guardias particulares. No olvide, don Ulises, que una de las denuncias realizadas a su representada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas es por obstrucción a la justicia, dado que la empresa le negó acceso para realizar una inspección ocular. Las imágenes de satélite sirven para que mortales con menor poder que la mencionada Fiscalía puedan conocer una realidad que no se les deja observar de manera directa. Por cierto, un intento de Dammert para conversar con el coordinador local de la empresa y así conocer su opinión, recibió como respuesta el corte abrupto de la llamada.

Entro a tratar los cuatro temas que antes he mencionado.

Parcelas tituladas mediante D. Leg. 838

El D. Leg. Nº 838 establece que la titulación de parcelas “en las zonas de economía deprimida de la Sierra, Ceja de Selva y Selva, hasta el 31 de diciembre de 1998”, será de manera gratuita y plantea que esto se hace con la finalidad de “promover la reincorporación de la población desplazada por la violencia terrorista”.

Si es discutible haber calificado a Tamshiyacu como zona de economía deprimida (los estudios realizados por diversos especialistas sobre el manejo agroforestal realizado por los campesinos locales indican todo lo contrario), lo es mucho más que se lo haya considerado como un lugar afectado por el terrorismo y que, a consecuencia de esto, su población haya sufrido desplazamientos. No solo la mencionada localidad sino Loreto en su conjunto quedaron al margen de la violencia subversiva durante la década de 1980 y siguiente, a excepción de una pequeña asonada en Lagunas, río Huallaga, que tuvo lugar el 29 de junio de 1985 y duró dos días.

Echar mano del D. Leg. 836 para titular tierras en Tamshiyacu tuvo, sin duda alguna, otras motivaciones, y no solo por lo dicho (ausencia de impactos de la subversión) sino porque una parte de las parcelas se dieron a personas que ya tenían tierras o que no eran agricultores porque estaban dedicados a otras actividades: comercio, docencia en colegios, restaurantes y otros. La prueba de esto es que en muchas de las parcelas nunca se sembró ni siquiera una mata de yuca o un árbol de plátano. En algunos casos, sus dueños ni siquiera viven actualmente en Tamshiyacu.

Determinar las verdaderas razones que llevaron al Estado a titular esas parcelas demanda realizar un estudio detallado. Sí puedo afirmar ahora que no fue para compensar a personas afectadas por el terrorismo ni para promover la agricultura campesina. Como respuestas posibles es que puede haberse tratado de una medida para beneficiar a poderes locales o de una expresión de populismo, al cual Fujimori era tan afecto. Como lo que mal comienza mal acaba, lo cierto es que la mayor parte de esas tierras quedó en reserva hasta que apareció Cacao del Perú Norte SAC, quien se benefició de esta situación. Si bien no es posible suponer una coordinación en este caso entre ella y el Estado, ya que entre la titulación de las parcelas y la aparición de la empresa median 16 años, sí es clara la sociedad entre las partes respecto a la información que los funcionarios de la Dirección Regional Agraria del Gorel entregaron a la empresa para que aproveche la situación y también para que se beneficien de su falta de control y “vista gorda”.

En total se trata de 60 parcelas de 49.7 has cada una, que suman cerca de 3 000 has. Sobre ellas se ha instalado Cacao del Perú Norte SAC que ha comprado algunas a sus dueños. Mediante el miedo (la empresa los asustó que si no vendían sus tierras, estas revertirían al Estado), ha pagado a los propietarios precios de ganga: 5 000 soles, es decir, 100 soles ha o 0.01 céntimos el m2. Un estudio detallado deberá determinar cuál ha sido el destino de las parcelas cuyos dueños ya no viven en Tamshiyacu. Las imágenes de satélite muestran que la deforestación es casi completa y que se han salvado por el momento unas pocas parcelas.

Plan de titulación de Disafilpa

En 2015 Disafilpa inició un programa masivo de titulación de las tierras de agricultores que, hasta ahora, solo tienen certificados de posesión o documentos internos que dan cuenta de haber adquirido la parcela mediante compra al posesionario original. En este caso, en la mayoría de los casos se trata de posesionarios que trabajan sus tierras aunque muchos de ellos (según información recogida de primera mano) ya tienen una parcela y, a veces, más de una.

Las brigadas de Disafilpa han trabajado en la demarcación de estas parcelas y en la constitución de expedientes que permitan titular las tierras a los agricultores. Se trata nada menos que de 520 expedientes que culminarán en un número igual de títulos de propiedad. El trabajo de campo ha sido realizado en tiempo record de tres semanas y ha incluido demarcación de la parcela (georeferenciación), estudio técnico, levantamiento de actas de colindancia, determinación de la posesión y otros. Las extensiones son variables y no dispongo de información sobre el tema. Tampoco, sobre dónde están ubicadas, si colindantes o no con las tierras de la empresa y si se trata de parcelas agrupadas o dispersas.

La celeridad de este proceso contrasta con el tiempo que tarda titular una comunidad nativa que, en el mejor de los casos, es de un año y medio, pero que no suele durar menos de tres. Una facilidad de los trámites para la titulación de las parcelas es que no pasan por el cumplimiento de las engorrosas –a veces incumplibles- normas de clasificación de tierras que se exigen para las comunidades.

Dos cuestiones generan suspicacias. La primera es que este programa se realice en el momento en que la empresa Cacao del Perú Norte está operando en la zona y tiene ansias no disimuladas de ampliar su propiedad. Es sabido que gestiona un área de 40 000 ha ubicada hacia la frontera con Brasil, así como otras situadas hacia el norte, en dirección al río Maniti. La segunda es el franco apoyo que la empresa le está dando a los equipos de titulación de Disafilpa para que realicen su trabajo, ofreciéndoles, por ejemplo, traslado en sus camionetas. Moradores de Tamshiyacu nos dijeron que funcionarios y empleados de la empresa “paran juntos, andando de arriba abajo”.

Una hipótesis razonable es que la empresa será la principal beneficiaria de esta formalización de la propiedad, dado que luego podrá negociar directamente con los dueños la adquisición de sus predios. Si se comprueba esto, la asociación entre el Estado y la empresa quedara demostrada. El resultado será que el Estado habrá satisfecho los intereses de una empresa, utilizando dinero de todos los peruanos.

Otras estrategias de la empresa para ampliar sus tierras

La informalidad es grande en el medio rural y muchas de las personas que adquirieron parcelas por transferencia directa del posesionario no regularizaron la situación ante la Dirección Regional Agraria ni mucho menos ante Registros Públicos. Trámites complicados y costosos fueron las razones que desanimaron a la gente a formalizar el cambio de manos de las tierras. En otras palabras, formalmente la parcela continuó a nombre del posesionario inicial. Sin embargo, al presentarse la empresa, este volvió a negociar las tierras con ella. La empresa, a pesar de conocer sobre esta situación, aceptó y adquirió la parcela. El posesionario real, aquel que había pagado por la transferencia y la estaba trabajando, un mal día recibió una notificación de la empresa conminándolo a abandonar las tierras en las que, según ella, se encontraba en calidad de invasor. De nada sirven los reclamos de las personas que muestran documentos de transferencia y los trabajos que han realizado en las parcelas: pastos sembrados, cultivos de panllevar, árboles frutales y reforestación maderable.

En algunos casos, la Dirección Regional Agraria ha redimensionado las posesiones de los agricultores cuyas parcelas han quedado parcialmente supuestas por la propiedad de la empresa, para de esta manera entregarle a esta el recorte. Pero esto no ha satisfecho a Cacao del Perú Norte, a quien no le interesa una parte sino el todo. Al respecto, existen varios juicios entablados por los agricultores contra la empresa.

Disafilpa ha dejado de lado de su programa de titulación los casos en los cuales hay conflicto latente entre los agricultores y la empresa. Esta es una razón más para ver con recelo su actuación y pensar que, en efectos, son “socios asociados”.

Programa de créditos de la empresa

Cacao del Perú Norte SAC ha diseñado y puesto en ejecución el Programa Alianza Producción Estratégica Cacao (Papec), dirigido a pequeños productores agrarios a los cuales les da apoyos puntuales para que cultiven cacao en sus parcelas. De acuerdo a la empresa, el Papec, que comenzó en abril de 2015, tiene inscritos a 150 agricultores que reciben semillas o plantones de cacao, fertilizantes, pesticidas, bolsas de plástico para los plantones, herramientas (cavadores, winchas, mochilas fumigadoras y otras) y asesoría técnica. Esta última es dada por graduados del Instituto Superior Pedagógico Público de Tamshiyacu. Ignoro si ellos también asesoran a la empresa en el cultivo de cacao en sus propiedades. El monto de los aportes entregados por la empresa a los agricultores (en los documentos que hemos visto se detalla y valoriza cada uno de ellos) es, en promedio, de 2 200 soles.

A juzgar por el desarrollo de las plantas, como se observa en algunas fotos, existen problemas evidentes. O la asesoría o la calidad de las semillas y plantones son deficientes, o las características de los suelos de la zona no están permitiendo el buen desarrollo de las plantas. Varias de las chacras visitadas presentan plantas débiles y de escaso crecimiento, no obstante que muchas de ellas han sido sembradas hace ya un año. Algunos agricultores se quejaron, señalando que sus plantas, que estaban creciendo bien, comenzaron a morir luego de que los técnicos hicieran los injertos. Pero este no es el tema en este momento. Una buena evaluación sobre el desarrollo de las plantas demandará estudios especializados.

El tema central ahora es que al aceptar estos aportes los agricultores han firmado contratos. Sin embargo, todos los entrevistados afirmaron que solo habían leído una parte del contrato y que no recordaban lo que estaba escrito, y además señalaron que ninguno de ellos tenía el contrato para poder mostrarlo.

En una sociedad campesina como la de Tamshiyacu, en la que las relaciones se basan en la confianza de la palabra, los papeles son elementos extraños y, desde el punto de vista de sus integrantes, innecesarios. Es evidente que la empresa no comparte esta concepción ya que, de otro modo, no les hubiera presentado a los agricultores un documento ya estructurado y solo para ser firmado. Ella sabe que un contrato se funda en principios de transparencia y buena fe entre las partes, y es evidente que no ha cumplido con ninguno de ellos. Se ha valido de la inocencia de los agricultores para hacerles firmar un documento que solo ella sabe su contenido y a qué compromete a cada una de las partes.

Conversamos con un agricultor que, luego de recibir el apoyo de la empresa, se niega a firmar el contrato porque la empresa no le quiere entregar copia ni dejarlo leer. Luego de intentar insistentemente que lo firma y de haber recibido el rechazo del agricultor, la empresa le ha mandado una carta diciéndole que, “como no quiere participar en su programa de créditos”, debe pagar los aportes que ha recibido.

Dado el antecedente del engaño de Cacao del Perú Norte de haber atemorizado a los parceleros con el argumento falso de que el Estado revertiría sus tierras por no tenerlas trabajadas y que en estas condiciones era mejor que se las vendieran, hay motivos suficientes para preocuparse por el contenido de esos contratos secretos. Pueden, por ejemplo, establecer que si los agricultores no devuelven el monto de lo invertido la empresa se quedará con la parcela sembrada o con la totalidad de su predio. ¿Qué pasará si las plantas de cacao, que presentan deficiencia en su crecimiento, no llegan a producir? Puedo incluso pensar que las deficientes condiciones de crecimiento son parte de una estrategia para que ellas, en efecto, no produzcan y pueda luego la empresa quedarse con las tierras. Son especulaciones y corresponde a un órgano de control del Estado investigar sobre estos contratos que, sin lugar a dudas, son fraudulentos porque de las dos partes, solo una conoce su contenido.

A momento de cerrar estas líneas he recibido la noticia de que don Ruperto Vásquez, agricultor de Tamshiyacu que además trabajaba en la Municipalidad Distrital de Sargento Lores, ha sido despedido por el alcalde. La razón es haber participado en la marcha realizada el 19 de mayo pasado por el Comité del Agua, para protestar por los abusos que la empresa Cacao del Perú Norte comete contra la población y el medio ambiente. La empresa fotografió la participación de don Ruperto en esa protesta y llevó las pruebas al alcalde. Este, que, según nos declaró, está feliz con la empresa porque ha aliviado la demanda de trabajo que antes recaía exclusivamente en la Municipalidad, no dudó en despedirlo, violando así derechos fundamentales como la libertad de conciencia y de libre expresión.

Es una abusiva expresión más de estos socios asociados en sociedad.

Fuente: Servindi