Panamá: Un tratado contra la agrobiodiversidad y los derechos del agricultor

Por moc.liamtoh@85AREVIRORDEP

A principios del mes de octubre del año pasado tuvo lugar en la sede de la FAO, en Roma, Italia, la sexta reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA). Allí y luego de más de diez años de vigencia y de sus consabidas debilidades, contradicciones y ambigüedades que su texto contiene, se empiezan a desvanecer aquellas esperanzas que depositaron millones de campesinos e indígenas del mundo en noviembre de 2001, cuando se convirtió en el primer Tratado internacional que reconocía los llamados “Derechos del Agricultor”, es decir, se empieza a admitir por un lado, el extraordinario papel jugado por las comunidades locales de indígenas y campesinos en la conservación de la agrobiodiversidad y, por el otro, el derecho de las mismas a conservar, utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas; a proteger los conocimientos ancestrales asociados a ellas y participar activamente en la distribución equitativa de los beneficios que se obtengan, de la explotación de estos recursos genéticos.

Pero lo que esta reunión parece venir a confirmar con más claridad, las dudas y preocupaciones que sobre el TIRFAA, ya se tenían. Aquí el reconocimiento de los derechos de los agricultores fue, como evidencian los hechos y las acciones realizadas, un asunto de mera formalidad, ya que su cristalización efectiva se dejó a expensas de los países, a sabiendas que a la gran mayoría se le han impuesto regímenes de protección a la propiedad intelectual sobre obtenciones vegetales y restricciones derivadas del Acta 1991 de la Convención UPOV, que hacen imposible adoptar normas que contravengan estas disposiciones.

De modo que el Tratado que en una década no ha arrojado beneficio alguno para los custodios de la agrobiodiversidad del mundo, ha buscado, principalmente en esta última reunión, garantizar la legitimación y acceso de la industria semillera a los bancos centrales de semillas y con ello, promover los derechos privados de fitomejoradores y la obtención industrial de patentes, a costa de poner en peligro la biodiversidad genética de todos los seres vivos.

Desde hace nueve años que nuestro país aprobó por la ley No. 45 del 27 de noviembre de 2006, el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogéneticos para la Alimentación y la Agricultura. Durante ese tiempo hasta la fecha, nada se ha hecho para garantizarles a los campesinos panameños, sus derechos contenidos en el artículo 9 del TIRFAA. Todo lo contrario. El TPC acordado con los Estados Unidos, vino a endurecer el significado y el alcance de la propiedad intelectual sobre la agricultura y obligó al país a renunciar al Acta de 1978 de la Convención de UPOV, por el Acta de 1991, más rígida y restrictiva y donde los derechos del “obtentor vegetal” que allí se confieren, son lo más parecido a una verdadera patente.

Así que en nuestro país, guardando siempre fidelidad al modelo agrícola industrial y reduccionista imperante, se ha optado por respaldar los intereses de las grandes compañías mundiales de semillas; por depurar normativas sobre semillas para que beneficien exclusivamente a las variedades comerciales, híbridos y transgénicos; por desconocer o subestimar la contribución extraordinaria de los campesinos, en la conservación de la biodiversidad agrícola panameña; por concederle escaso valor a la protección, conservación y mejoramiento de las semillas tradicionales, locales o criollas.