Palma aceitera en Perú: una destrucción que avanza en la Amazonía

Es un hecho que la mega industria del aceite de palma ya no solo se limita a tener plantaciones en el sudeste asiático, aunque Indonesia y Malasia siguen produciendo el 80 por ciento de este aceite a nivel mundial. Además de expandirse en varios países africanos, desde 2001, el área de tierra plantada con palma aceitera se ha duplicado en América Latina. Según un estudio que analizó los tipos de uso de tierra convertidos para el cultivo de palma en 10 países latinoamericanos, el Perú registró la tasa más alta de deforestación para la producción de aceite de palma. Esto es particularmente preocupante en la región de Loreto, donde el 85 por ciento de las plantaciones de palma fueron cultivadas donde antes había bosque tropical. (1) Estos datos, junto a las muchas denuncias realizadas por pueblos y comunidades que están siendo afectadas por esta industria, convierten al monocultivo de palma en una nueva amenaza emergente para la Amazonía peruana.

Una historia de colonización

Desde 1832, el gobierno peruano promovió normas que otorgaban títulos de propiedad sobre la tierra amazónica de forma gratuita para el desarrollo de actividades agropecuarias. Esto inició lo que se conoce como la colonización ‘oficial’ de la Amazonía. Para mediados del siglo XX, comenzó un proceso más intenso de ocupación territorial y consecuente ampliación de la frontera agrícola. En este proceso, la Amazonía estaba siendo concebida como una enorme despensa de recursos ‘sin dueño’ que debía dominarse. Territorios indígenas fueron despojados, invadidos o destruidos con el aval del Estado. Una pieza clave fue la construcción de caminos y carreteras, que de paso beneficiaban a madereros, traficantes de tierras, empresas constructoras, entre otros. (2)

En la década de 1990, con el ajuste neoliberal, se puso fin a los mecanismos de apoyo de la pequeña agricultura (subsidios, créditos, compra de la producción, etc.) y los colonos, alentados en su mayoría por el Estado para avanzar la frontera agrícola en la Amazonía, quedaron abandonados. En la década del 2000 llegaron nuevas incursiones: la construcción de dos mega-carreteras (las interoceánicas norte y sur), el incremento acelerado en la exploración y extracción de hidrocarburos, la puesta en marcha del sistema de concesiones para la extracción de madera, el boom de la minería aluvial de oro, así como las plantaciones industriales de palma aceitera.

Aunque el Perú no es un actor importante en el mercado mundial de palma, de acuerdo con algunas estadísticas, sería el país donde el cultivo está creciendo más rápidamente.

Arrasando bosques y pueblos

En el contexto de promoción de la expansión agrícola, el gobierno peruano propició una serie de reformas normativas para fomentar el cultivo de palma aceitera, entre las que destaca la publicación en mayo de 2000 del Decreto Supremo N° 015-2000-AG. Este decreto declara de ‘interés nacional’ la instalación de cultivos de palma aceitera, con el objetivo, entre otros, de contribuir a la recuperación de suelos deforestados por la agricultura migratoria y por el desarrollo de actividades ilícitas, en áreas con capacidad de uso mayor, para el establecimiento de plantaciones de palma aceitera. (3)

El llamado ‘interés nacional’, sin embargo, se evidencia como ‘interés económico’ al ver una realidad de usurpación de tierras, deforestación, violencia e incluso asesinatos. Iván Flores, líder indígena Shipibo-Konibo de la comunidad de Nuevo Requena, en el departamento amazónico de Ucayali, sostuvo en una entrevista en setiembre de 2017, “Todos tenemos miedo y ninguna autoridad nos respalda. Desde que llegó la empresa [palmícola] Plantaciones de Pucallpa no estamos tranquilos. Están deforestando territorio ancestral y ahora, después del caos, están empezando a llegar los muertos.” (4)

En la selva, el Estado clasifica dos tipos de suelo: de capacidad forestal y agropecuaria. Bajo suelos de capacidad forestal no se permite hacer cultivos ni ganado. Cualquier actividad de este tipo es ilegal. Las plantaciones de palma deberían haberse realizado en zonas deforestadas (con suelos de capacidad agrícola), sin embargo, la gran mayoría se han cultivado donde había bosque (con suelos evidentemente de capacidad forestal). De forma ilegal, las empresas obtuvieron permisos de áreas boscosas para fines agroindustriales. En algunas de estas áreas había campesinos asentados con sus parcelas y pequeñas poblaciones, se afectaron incluso territorios indígenas.

Usmar, un campesino de la comunidad Cotoyacu afectado por la empresa Palmas del Shanusi recuerda, “La empresa llegó diciendo que nos iba a apoyar en todo, en salud, educación, dar una vida mejor para la gente, trabajo. Pero en total eso fue una gran mentira, ahí es donde ellos engañan a la gente. Empezaron a comprar y siguieron viniendo, buscaban testaferros para que compraran a quienes no querían vender a la empresa. Así fue que fuimos quedando sin tierra a medida que la empresa empezó a adquirir las tierras. Comenzaron a tumbar toda la selva y a drenar los aguajales. Luego plantaron la palma. Los que todavía no hemos vendido, estamos rodeados por la empresa.”

El Grupo Palmas (parte del Grupo Romero, el segundo grupo económico más importante del Perú) es uno de los pioneros de la palma aceitera en el país y actualmente es el productor más importante. Este grupo tiene dos grandes plantaciones desarrolladas: Palmawasi, en Tocache, y Palmas del Shanusi, en la frontera entre Loreto y San Martín. Luego, está el Grupo Melka, del ciudadano checo-norteamericano Dennis Melka, inversionista vinculado a plantaciones industriales de palma aceitera en Malasia. Este grupo desarrolla dos grandes plantaciones en Ucayali que, sumadas, representan alrededor de 11 000 hectáreas.

El caso del Grupo Palmas

En 2006, agencias del gobierno, consultores y representantes de empresas promovieron la llegada del Grupo Romero, hoy llamado Grupo Palmas, a las regiones de Loreto y San Martín, como una supuesta alternativa importante de desarrollo para las comunidades. Más de 10 años después, sin embargo, se comprueba que el ‘desarrollo’ se tradujo en destrucción y conflictos para estas comunidades.

Contrariando la Ley, el Grupo Palmas obtuvo tierras que eran bosques primarios, aguajales, humedales y lugares de nacientes de agua, para establecer sus monocultivos de palma aceitera. El Ministerio de Agricultura adjudicó más de 7 mil hectáreas de bosques primarios a la empresa Shanusi -hoy Palmas del Shanusi S.A.- en 2006, a un costo equivalente de casi 18 nuevos soles por hectárea (alrededor de US 5 dólares). La Empresa Agrícola del Caynarachi -hoy Palmas del Oriente S.A.- recibió 3 mil hectáreas en 2007, a un costo equivalente de 150 nuevos soles por hectárea (alrededor de US 45 dólares). Ambas empresas pertenecen al Grupo Palmas.

“La empresa [Palmas del Shanusi del Grupo Romero] ingresó a la comunidad en 2005 haciendo trochas para que puedan instalarse los campamentos y deforestar nuestros bosques. En 2006 metieron maquinas para poder deforestar, a enderezar nuestras quebradas y a plantar. En esa tierra había humedales, había bastantes aguajales que le daban la vida a las quebradas”, relata Jovina, de la Asociación de Productores Amigos del Bosque, comunidad Cotoyacu.

Frente a esta situación, en junio de 2018, 14 comunidades afectadas por las plantaciones de la Empresa Palmas del Shanusi S.A. y Palmas del Oriente S.A., organizaron un Foro en la ciudad de Yurimaguas, para denunciar y visibilizar los impactos en las zonas colindantes a los Valles del Huallaga, Shanusi y Cainarachi, en las regiones de San Martín y Loreto. (5)

En el Foro se declaró que las empresas en vez de solicitar tierras degradadas, como lo manda la norma, han lucrado con la tierra y la madera extraída de bosques primarios. Con sus operaciones han desviado, drenado y descolmado quebradas, al punto que muchas comunidades ya no tienen agua. Han desaparecido fuentes de agua y cientos de hectáreas de aguajales. El agua de las quebradas, que las comunidades utilizaban para sus necesidades básicas, ha sido contaminada, originando además la desaparición de peces.

Se denunció además que los exámenes de laboratorio que las instituciones del estado realizan para determinar el estado del agua dieron resultados manipulados, ya que indicaron que no había contaminación. Sin embargo, los testimonios sobre animales muertos por consumo de agua y la desaparición de peces, confirma otra realidad. Asimismo, cupo resaltar que las plantaciones de palma se fumigan con pesticidas por avioneta, cuyos componentes son perjudiciales no solo para las fuentes de agua sino también para la salud humana, la flora y fauna silvestre y las áreas de cultivo de sobrevivencia.

Las personas que participaron en el Foro declararon que la compra de tierras ha sido en su gran mayoría fraudulenta. En algunos casos, afirman que se usó mucha presión y violencia, utilizando testaferros y grupos de vigilancia armados. Como resultado, actualmente hay comunidades en donde una gran parte de la población no tiene tierra. Asimismo, se expuso que las empresas están impidiendo el acceso de las personas a sus propias tierras al colocar tranqueras en los caminos públicos. También revelaron que algunos campesinos están procesados injustamente por delito contra los bosques y bosques en formación, supuestamente por haber talado sin el permiso adecuado, cuando en realidad, son las empresas las que están deforestando y beneficiándose ilegalmente de la tierra y de la madera.

En la Carta Abierta realizada al terminar el Foro se manifiesta, “nunca nos faltó buena agua para lavar, bañar, cocinar, ni peces para la comida. Hoy nos traen agua a algunas comunidades, en camiones cisterna, sin que nadie garantice su calidad.” Y terminan denunciando que el modelo de desarrollo propuesto en realidad es la “destrucción de las verdaderas posibilidades que tienen los pueblos para generar su propio desarrollo.” (6)

Las comunidades que viven en y alrededor de las plantaciones de palma aceitera aún viven situaciones de tensión porque las empresas del Grupo Palmas quieren incluso ampliar más sus operaciones. Y, de acuerdo a los comuneros, ya están buscando la forma de quitarles sus tierras.

Ante esta amenaza, sólo la organización y la unión de campesinas y campesinos podrá hacer frente a este avance de la palma en sus territorios. Un ejemplo de esto es lo que está sucediendo en Cotoyacu. “Luego de haber soportado 10 años la contaminación, la deforestación, en 2015 nos reunimos para ver qué podemos hacer y decidimos organizarnos como comunidad”, recuerda Jovina. Para esto fue fundamental el acompañamiento del equipo de la Pastoral de la Tierra, ya que en un contexto donde la empresa ostenta todo su poder, las comunidades se sienten solas, aisladas, y terminan resignándose.

A partir del conocimiento de sus derechos, de una incansable vigilancia de su territorio para el levantamiento de los impactos provocados por la empresa, y de las denuncias realizadas ante las distintas instituciones del estado, difundidas también en los medios de comunicación, han evitado que la empresa continuara deforestando y plantando en las tierras marginales de sus quebradas.

Joanna Cabello, secretariado internacional del WRM, yu.gro.mrw@annaoj

Crédito Foto: Environmental Investigation Agency

Notas

(1) Furumo, P y Mitchell T (2017) Characterizing comercial oil palm expansión in Latin America: Land use change and trade, Environmental Research Letters.
(2) Dammert, JL (2014) Cambio de uso de suelos por agricultura a gran escala en la Amazonía Andina: El caso de la palma aceitera.
(3) Vea varios de los decretos y normas que promueven la expansión de la palma aceitera en el Perú.
(4) Mongabay, Amazonía Peruana: tierra de todos y de nadie, setiembre 2017.
(5) Pastoral de la Tierra, 14 comunidades cuentan los impactos socio-ambientales de las plantaciones del Grupo Palmas, julio 2018.
(6) Pastoral de la Tierra, Comunidades afectadas por las plantaciones de las empresas del Grupo Palmas escriben a las autoridades, agosto 2018.

28 de septiembre, incluido en Boletín 239

Fuente: WRM