Otro año más de Conquista de América

El fotoperiodista Alessandro Cinque (Italia) trazó un vívido relato del lado oscuro de la minería. Un trabajo de registro que lleva 4 años y que en exclusiva comparte con  www.purochamuyo.com / Cuadernos de Crisis

PERÚ, UN ESTADO TÓXICO

El corredor minero de los Andes, va desde la ciudad de Cerro de Pasco -una de las mayores minas a cielo abierto, que se extiende por tres kilómetros, inmersa en una vorágine- hasta el puerto de Matarani, en la región de Arequipa, donde se embarcan los minerales extraídos, especialmente el cobre, y se envían al resto del mundo.

Las imágenes -algunas de las cuales participan del  Festival de Fotografía Ética 2020, revelan el impacto ambiental que tiene esta actividad en miles y miles de personas de pueblos indígenas que viven en pequeñas comunidades, a lo largo de la cordillera andina.

Según Amnistía Internacional (basados en el Censo Nacional de 2007), son más de 3 millones de personas en esa situación. Muchos de ellos tienen sus casas a poca distancia de los grandes complejos mineros, y es allí mismo donde cultivan sus campos, crían sus animales, y tienen a sus niños.

Perú es una de las economías con mayor tasa de crecimiento en América Latina, y la minería es su columna vertebral: según el Informe de Minería 2017, publicado por el Ministerio de Energía y Minas, el sector representa alrededor del 10% del PIB, y un 60% de las exportaciones.

Los minerales son extraídos del suelo principalmente por empresas multinacionales extranjeras que, gracias a acuerdos privados con el Estado peruano, logran enormes beneficios.

Sin embargo, no beneficia a los pueblos indígenas que han sufrido el deterioro en sus ecosistemas, la contaminación de sus tierras. No se respetan sus derechos humanos fundamentales.

Muchos de los proyectos megamineros o de minería intensiva trabajan las 24 horas del día.

El incesante transporte de materiales extraídos del subsuelo, en carreteras no aptas para el paso de vehículos pesados, desparrama nubes de polvo por el aire. Esa polvareda sin fin cae sobre los cultivos, ensucia las aldeas, penetra en los acuíferos. Las calles y viviendas próximas a la carretera, tienen grietas y daños debido al continuo temblor.

El CENSOPAS (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección de la Salud Ambiental) realizó entre 2010 y 2013 un análisis de las tierras y las personas del distrito de Espinar, donde se encuentran los enormes complejos mineros de Tintaya y Antapaccay, son propiedad de la multinacional Glencore. La empresa de capitales anglo-suizos (de la cual participa con un 6% el mayor fondo de inversiones del mundo BlackRock), es además un gigante de la producción mundial de carbón: produce 130 millones de toneladas al año.

El estudio en terreno comprobó la peligrosa presencia de arsénico, cromo y mercurio en la sangre y la orina de la población, y la contaminación con metales pesados de aguas fluviales y terrestres.

La economía comunitaria, que desde siempre se basó en la agricultura y la cría de ganado, está en la ruina debido a la enorme cantidad de polvo que flota, y la escasez de agua limpia.

Las consecuencias son devastadoras para el medio ambiente: las tierras se volvieron áridas y los recursos escasos y mínimos para el sustento de las familias. Falta agua, especialmente agua potable, y la que está contaminada se evapora y contamina la atmósfera, haciendo que las temperaturas aumenten.

Uno de los símbolos de los Andes, las llamas, están muriendo: beben de los mismos afluentes contaminados, y se alimentan de los pastos que crecen a lo largo de las tierras inutilizadas por la contaminación minera. Al mismo tiempo, las sequías reducen los cultivos, y aumentan los incendios que destruyen grandes porciones de territorio. En toda la zona hay sumideros de residuos minerales.

De acuerdo con la Constitución peruana, los gobiernos deben garantizar la protección de los territorios y la identidad cultural de las comunidades indígenas. Lo cierto es que debido a una estructura de gobierno débil y a la corrupción, la salud de las personas y su derecho a una existencia digna, peligran.

La desnutrición afecta a una alta proporción de la población, la mortalidad infantil es alta y los bebés nacen con malformaciones. La mayor causa de mortalidad en los Andes peruanos vinculados a proyectos megamineros es la insuficiencia renal, tal como reportan los comuneros que habitan en el territorio. Intensas migrañas, persistentes dolores de estómago y huesos, diarrea, problemas respiratorios e insuficiencias cardiovasculares son los signos de la vida tortuosa, que frecuentemente lleva a la muerte a los pobladores.

Incluso cuando los diagnósticos comprueban una alta presencia de metales pesados en sangre, no hay nada que pequeñas comunidades puedan hacer para tratarse: no hay centros especializados, no hay medicamentos disponibles.

Diversos estudios certifican las responsabilidades directas de las empresas mineras como la anglo-suiza Glencore en el deterioro del territorio, así como de la incidencia de metales en la sangre, en las tasas de enfermedades y mortalidad.

Desde este punto de vista, es valioso el trabajo que  las ONG, como  Cooperación, vienen realizando durante años, monitoreando a la población.

La irrupción de grandes empresas mineras en territorios no preparados para acogerlos, también ha tenido importantes consecuencias sociales, y la imposición forzada de nuevos modelos culturales. Según los relatos de los propios pobladores, aumentó la depresión y la tasa de suicidios, especialmente entre los ancianos. Pequeños pueblos se han transformado repentinamente en ciudad para la llegada de mano de obra calificada desde el exterior, convocada para trabajar en las minas, coadyuvando a la contaminación, a las desigualdades sociales, la delincuencia y la prostitución.

PERÚ, UN ESTADO TÓXICO - por Alessandro Cinque

Los conflictos sociales se extienden a todo el territorio del Perú debido a la incapacidad de las empresas mineras de garantizar un crecimiento sostenible, respetuoso del ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. A lo largo del ya estrecho corredor minero, las comunidades protestan: ramas secas y piedras filosas obstaculizan el paso de los camiones; reclaman que cese el tránsito de grandes vehículos de carga que sacuden la tierra, dispersan a su paso partículas de los metales pesados que transportan...y provocan accidentes.

Los comuneros reclaman también el pago de los derechos de servidumbre por el uso de esas rutas comunales, y la reapertura de una mesa de diálogo con las empresas extractivas para que dejen de violar los derechos humanos en nombre del progreso.

El llamado ‘corredor minero’ no surge de un proyecto compartido con las personas del lugar, como lo dispone la Constitución peruana, que coloca a las comunidades agrícolas indígenas, propietarios de sus tierras, al nivel de personas jurídicas, y el estado garantiza que se respeten sus identidades culturales.

Una maraña de acuerdos que las empresas prefieren mantener en la confidencialidad, fragmenta y desarticula el sentido de comunidad y los cambios en marcha que todavía hoy en día, hacen que no esté claro quién va a mantener las carreteras. Y el Estado, en lugar de proteger los intereses de la población, favorece la firma de acuerdos privados entre la Policía Nacional y las fuerzas de seguridad de las empresas, y declara un ‘estado de emergencia’ tras otro, para permitir la represión durante las manifestaciones de protesta.

El nivel de corrupción es muy alto, e incluso la fuerza policial hace acuerdos secretos con las gerencias de las mineras, como sucedió durante el ciclo de protestas "Espinar Se Levanta" en 2012, durante las cuales hubo tres muertes y docenas de arrestos.

Las multinacionales que tienen la extracción de minerales en sus manos son, a menudo, el resultado de afiliaciones, fusiones y acuerdos de diferentes empresas, que así consiguen cubrir vastísimas áreas de mercado y alcanzar un enorme poder, en términos de fuerza y poder contra el que los mismos estados sucumben o no quieren poner suficiente resistencia.

El resultado es que es difícil identificar las responsabilidades reales de cada parte. De esta manera, los derechos de la población local son violados flagrantemente, sin restricciones, pero no hay ninguna posibilidad, de hecho, de detener a los culpables. También es difícil que la libre información logre cruzar las fronteras territoriales sin ser manipulada.

Los propios ciudadanos peruanos muy a menudo no son conscientes de lo que les sucede a unos pocos a kilómetros de casa, inclusive los habitantes de las propias comunidades andinas que debido a la escasa información siguen fragmentados y no pueden hacer frente al derecho fundamental a la salud y una existencia digna.

Perú, un Estado Tóxico es también un viaje a través del tiempo que se convierte en espacio. Los 8000 kilómetros atravesados recorren el proceso de formación de la mina, desde las primeras etapas de exploración de territorios ricos en minerales, pasando por la negociación con la población local para comprar sus tierras, hasta la instalación de la mina, los conflictos que genera en la sociedad, las consecuencias a corto y largo plazo que causa en las personas y la tierra, llegando hasta el agotamiento del complejo extractivo y las protestas que culminan en Lima, la capital, donde los ciudadanos cansados y sin interlocutores, se hacinan bajo el Ministerio de Salud.

Perú, un Estado Tóxico tomó forma por primera vez en Espinar, en la región de Cusco, donde la actividad de extracción de minerales -especialmente cobre, zinc, oro y plata- en el enorme complejo de Tintaya y Antapaccay, ya lleva más de cuarenta años.

Ahí se verifican las consecuencias a largo plazo del proceso: las promesas de bienestar hechas a la población local tanto por el estado peruano como por las empresas mineras con el fin de lograr que les vendan las tierras, no se cumplieron.

Incluso hoy en día, los que viven en el campo habitan hogares sin electricidad, a pesar de las centrales eléctricas que sirven a las minas, y siguen sin acceder al agua potable.

Las tierras son áridas y el ganado quedó diezmado. La desigualdad social por la irrupción minera es muy alta: hay un enorme desequilibrio entre los que trabajan en la mina y los que viven de la agricultura y la ganadería. No obstante, en la ciudad, las condiciones higénico-sanitaria son pésimas, debido al desarrollo repentino pero descontrolado. Aumentó la delincuencia, la prostitución, el abuso del alcohol.

Aquí es donde los estudios realizados por el CENSOPAS mostraron una peligrosa presencia de arsénico, plomo, cromo y mercurio en sangre y orina de la población, y contaminación de los ríos y las tierras con metales pesados.

En 2012 se registró el fuerte ciclo de protestas conocido como "Espinar se levanta”, que también llevó a la detención del alcalde de la ciudad. Y ahí se integra al proyecto de recorrer todas estos kilómetros el activista y periodista peruano Vidal Merma, que lleva años trabajando para difundir información sobre los daños que la minería está causando en la población de las comunidades andinas.

La mina Las Bambas es propiedad de la multinacional MMG (el mayor accionista es la empresa china CMC - China Minmetals Corporation, pero tiene capitales australianos y la sede está en Melbourne). Fue la segunda etapa del recorrido. Las Bambas se encuentra cerca de la ciudad de Challhuahuacho, en la parte centro-sur del Perú, a lo largo del mismo corredor que unos 250 kilómetros más adelante pasa por Espinar. La comparación entre Las Bambas y el distrito de Espinar subraya la relación que hay entre los daños por contaminación a corto y largo plazo.

La producción comercial de la mina Las Bambas comenzó en 2016.

El mayor problema aquí es la enorme cantidad de polvo que se origina en los camiones que transportan el cobre a lo largo del corredor minero, que corta a las pequeñas comunidades agrícolas por la mitad.

El polvo que contiene partículas metálicas pesadas invade los campos, casas y aguas de los ríos. Eso prontamente causó síntomas de intoxicación en la población, y enormes daños a la agricultura y la cría.

Las comunidades locales, a pesar de la “Consulta previa” reglamentada como paso previo a la firma del acuerdo, se enteraron de las concesiones una vez que ya estaban echadas las cartas.

Para ese momento, engañados por falsas esperanzas de desarrollo y educación, los agricultores habían vendido sus tierras por poco dinero.

Perdieron sus casas y fueron trasladados a un pueblo construido por la compañía chino-australiana, sin tener en cuenta las necesidades reales de la población. Hoy en día el pueblo aparece vacío, gris, triste...los que viven allí cultivan en el patio como si fuera un campo, y duermen en el suelo junto a la cama de madera, que sigue desarmada.

Los representantes de las minas son en su mayoría abogados, y los campesinos en su mayor parte, tienen mínima alfabetización.

En el distrito de Cocachacra, al sur de Perú, en 2019, ha habido un ciclo furioso de protestas de la población local para evitar el inicio del proyecto minero Tía María, una concesión otorgada por el gobierno a la Southern Peru Copper Corporation (de capitales mexicanos y con domicilio en Arizona, Estados Unidos). Por aquí pasa la tercera etapa de esta investigación, en la provincia de Islay, entre Cocachacra y el puerto de Matarni, la desembocadura de la corredor minero en el Océano Pacífico.

Las protestas, que comenzaron incluso antes de que se iniciara la construcción de la mina, mostraron la conciencia de la población, las consecuencias y la contaminación causadas por las minas después de su instalación.

La zona es próspera y conocida por su fértil agricultura y por el turismo en la costa. Los residentes protestaron sin parar durante más de 40 días, seguros de que la mina había contaminado los campos y las vertientes de agua. La mina se instaló demasiado cerca de sus hogares y campos, sin respetar la distancia de seguridad prevista por la regulación estatal. Los habitantes del puerto de Matarani y los municipios vecinos también se unieron a la protesta.

La cuarta etapa es Cerro de Pasco una ciudad a más de 4300 metros sobre el nivel del mar, a lo largo del cordón andino, quebrado por un enorme abismo: una mina a cielo abierto de 900 metros de profundidad y casi 3 kilómetros de ancho, que se encuentra justo en el centro de la ciudad. Es un viejo sitio extractivo que hoy casi no funciona, pero que tiene muy próxima una nueva mina que está en construcción, a algunos kilómetros de distancia.

Es propiedad de la Compañía Minera Volcán, el principal productor de zinc y plata del Perú. La zona de Cerro de Pasco se conoce desde la época precolombina por la presencia de cobre y zinc en el suelo, una riqueza que con el paso de los años se ha convertido en veneno.

En la década de 1970, la actividad minera devino industrial: devastó el medio ambiente y la salud de sus habitantes al causar la emisión de grandes cantidades de contaminado el aire, el suelo y los acuíferos. Los residuos de desechos se acumulan de a montones en la ciudad. Durante la estación seca vuela el polvo con metales por el aire, y durante la temporada de lluvias el agua arrastra los metales de los acuíferos, contaminando los ríos y el agua que consumen los más de 100.000 habitantes de la ciudades y alrededores.

El lago Quiulacocha, a menos de 10 kilómetros de Cerro de Pasco, es el mayor vertedero de residuos de la industria minera desde hace un siglo. Surge en lo que una vez fue llamada la Laguna de las Gaviotas, aunque hoy en día sus aguas son color anaranjado.

En Cerro de Pasco, los problemas de salud forman parte de la vida diaria de la población: enfermedades de la piel, fiebres, trastornos gastrointestinales, infecciones, anemia, malformaciones, abortos, y en los peores casos, muerte. Las malformaciones congénitas, trastornos del desarrollo neuronal, y hemorragias nasales crónicas, afectan al menos a 2.000 niños, según informes locales.

La megaminería, la versión actualizada de la Conquista

La economía de la ciudad se basó principalmente en la agricultura y la ganadería hasta 1922, cuando nació la primera instalación de almacenamiento de metales. Los animales empezaron a morir, los campos de cultivo se secaron, y se construyeron muchas casas para los nuevos trabajadores, sin la más mínima planificación. Luego, en 1997 durante el gobierno de Alberto Fujimori, la empresa de refinación de metales Doe Run Perú (parte de la Renco Group, de Norteamérica) compró el depósito y abrió una planta para fusión de plomo, acordando con el gobierno peruano que iba a limitar el daño al medio ambiente. Esto no sucedió. De hecho, aumentó la capacidad de almacenamiento del depósito, y como resultado la contaminación en la zona. Potencialmente, debido a que no hay análisis fiables al respecto, 35.000 personas podrían haberse envenenado por intoxicación con plomo, cobre, zinc y anhídrido sulfuroso.

Según la revista Time, ya en 1999, en La Oroya, el 99% de los niños tenían valores anormales en los análisis de sangre. Aunque la refinación de metales ahora está más limitada, el plomo permanecerá en el suelo durante siglos, y por el momento no hay ningún plan para limpiarlo.

Finalmente, la sexta etapa de Perú, Un Estado Tóxico, es Lima, la capital cultural y financiera, donde vive más de un tercio de la población.

Más de 9 millones de habitantes se han trasladado a la ciudad que logra ofrecerles el mejor estilo de vida de todo el Perú. El crecimiento sostenido durante un quinquenio colocaron al país entre las ‘economías emergentes’, según los parámetros de los organismos de crédito occidentales. Pero la pobreza y la desigualdad van en rápido ascenso.

De hecho, hay protestas frecuentes por parte de comunidades acosadas por las consecuencias de la minería. Cansados de no ser escuchados, incluso van a pie desde los Andes, y acampan o se encadenan frente al ministerio de Salud esperando que, algún día, sus demandas sean escuchadas, y les restituyan una existencia digna.

Fuente: Puro Chamuyo. Cuadernos de Crisis