OGM - Amenazas de responsabilidad civil para los agricultores

La Campaña Alerta contra los Alimentos Manipulados Genéticamente es una coalición de organizaciones preocupadas por la protección de los derechos de los consumidores, la salud pública y el ambiente. En un esfuerzo por generar conciencia en la opinión pública, la Campaña Alerta contra los Alimentos Manipulados Genéticamente ha lanzado una campaña en todos los países sobre los riesgos asociados con los alimentos manipulados genéticamente. Por más información, lo invitamos a visitar el sitio http://www.gefoodalert.org

Introducción

A medida que las gigantes corporaciones de la industria agropecuaria controlan más y más la genética que interviene en los cultivos de los agricultores, el suministro alimentario en su conjunto puede enfrentar riesgos “todavía no descubiertos”. Este artículo se centra en los posibles riesgos legales que enfrentan los agricultores con relación a los organismos modificados genéticamente (OGMs). No intenta ser, sin embargo, un análisis completo del sinnúmero de cuestiones legales que los agricultores deben tener en cuenta cuando toman decisiones relacionadas con los OGMs.

La introducción de los OGMs en la producción comercial de cultivos altera los riesgos que los agricultores deben considerar cuando toman decisiones sobre la compra de semillas, la siembra y comercialización de sus cultivos. Estos incluyen la posible pérdida de los mercados de exportación y otros riesgos de mercado, así como también la responsabilidad legal potencial. Las cuestiones legales suscitadas por la producción de cultivos que contienen OGMs incluyen la responsabilidad basada en el daño producido, como aquellas demandas que surgen cuando ocurren dispersiones genéticas y contaminación de cultivos; la responsabilidad basada en el contrato, del tipo de la que podría surgir bajo los Convenios de Tecnología de los agricultores con las compañías de semillas o las aseguradoras de los agricultores a los compradores de cultivos; y la responsabilidad reglamentaria, como la que podría surgir si las acciones o circunstancias de los agricultores dan como resultado violaciones de estatutos o regulaciones.

El descubrimiento realizado por Genetically Engineered Food Alert (Campaña Alerta sobre los Alimentos Manipulados Genéticamente) del maíz StarLink MG en las cáscaras de los tacos y otros productos alimenticios que comenzó en septiembre de 2000 causó efectos en cadena en el manejo de los granos y las industrias alimenticias. El maíz StarLink sólo había sido aprobado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) como alimento de animales o para usos industriales (no para consumo alimenticio) debido a que el maíz contiene un bioplaguicida que podría causar reacciones alérgicas en humanos. Para los agricultores que sembraron maíz StarLink y para los vecinos cuyos cultivos fueron contaminados, la introducción del maíz StarLink en los alimentos humanos ha tenido efectos duraderos.

Aventis CropScience, la compañía que desarrolló el maíz StarLink, instituyó un programa de re-compra con la intención de compensar a los agricultores por los costos adicionales y por la pérdida de mercados como resultado de la introducción del maíz StarLink dentro de la cadena de distribución de este cereal en su conjunto. Sin embargo, a pesar del acuerdo de re-compra alcanzado entre Aventis y 17 procuradores generales estatales, los agricultores tuvieron dificultad en encontrar un lugar para colocar su maíz StarLink o el maíz contaminado con StarLink, experimentaron demoras al realizar reembolsos de deudas debido a pagos de re-compra tardíos, y enfrentan la continua posibilidad de litigios civiles por contaminación por parte de vecinos o elevadores de granos.

Hasta el momento, se han entablado al menos nueve juicios en seis estados contra Aventis a raíz de del desastre del StarLink. El 17 de septiembre de 2001, miles de concesionarios del restaurante Taco Bell y otras compañías de comida mexicana demandaron a Aventis en la corte estatal de Arkansas. La acción legal sostiene que el descubrimiento de la presencia de StarLink en los productos Taco Bell dio como resultado que Taco Bell se transformase en una vitrina o cartel expositor de aquello que tuviera que ver con StarLink y otros organismos genéticamente manipulados. El Procurador General de Missouri Jay Nixon también ha iniciado juicio a favor de los agricultores y elevadores de Missouri, alegando que Aventis no dio correctamente las instrucciones para que el maíz fuera usado sólo para forrajes y quedara fuera del suministro alimentario para humanos.

Ley de Responsabilidad Civil con relación a los Cultivos de OGMs en los Estados Unidos

Responsabilidad Civil por Daño

Uno de los principales problemas de los agricultores con relación a los OGMs que reveló la situación del StarLink es que aquello que siembre el vecino de un agricultor puede afectar seriamente sus propios cultivos. Esto es así debido a que ciertos cultivos –como el maíz y la canola- se polinizan en forma cruzada, provocando que el material genético migre más allá de donde el cultivo fue sembrado. Hasta que no se desarrollen las “vallas genéticas” para evitar que la dispersión genética o la “polución” ocurran durante la polinización cruzada, pueden surgir disputas entre los agricultores que plantan OGMs y sus vecinos que no lo hacen. Los vecinos pueden sufrir daños como, por ejemplo, que les sea imposible comercializar sus cultivos no MG como quisieran si éstos dan resultado positivo en los análisis de los OGMs que vinieron de los campos de los agricultores vecinos. Los agricultores que plantan cultivos MG deberían tener conciencia de que si no existen barreras efectivas contra la polución genética, o bien fallan, ellos podrían enfrentar la responsabilidad legal por el daño a sus vecinos u otros, por los cultivos contaminados.

Aventis intentó crear una “valla genética” para el StarLink al hacer que los agricultores planten una franja “amortiguadora” de 660 pies de maíz no StarLink alrededor de los cultivos de maíz StarLink. El maíz cultivado en esta franja fue también aprobado sólo para forrajes o fines industriales. El uso de estas franjas amortiguadoras fue para restringir la polinización cruzada al maíz no MG y también crear un refugio donde las plagas de maíz europeo y otras plagas en el blanco no desarrollarían resistencia tan rápidamente al bioplaguicida Bacilo thuringiensis (Bt) encontrado en el maíz StarLink. Muchos agricultores, según se dice, no tuvieron conocimiento del requerimiento de la franja amortiguadora, dando como resultado muchos casos de maíz StarLink plantado en forma adyacente a un vecino no StarLink. Este último luego dio positivo en los análisis de la proteína insecticida Cry9C StarLink.

Los agricultores y las compañías de semillas que son responsables por la contaminación genética de los campos vecinos podrían ser responsables legales por los daños a un vecino basados en demandas por daños por traspaso ilegal a un terreno, perjuicio, negligencia, o responsabilidad absoluta.

El reclamo de daño por traspaso ilegal a un terreno surge cuando alguien entra en forma intencional en la tierra de otra persona y causa daños. Esta demanda podría surgir en un contexto de OGMs si un agricultor y/o una compañía de semillas supiera que las características genéticas de un cultivo MG podrían entrar en la propiedad de un vecino y que realmente se produce una dispersión genética, dañando el cultivo. El agricultor y/o la compañía de semillas podrían así ser responsables por cualquier daño resultante causado por el cultivo MG.

Un daño similar es el perjuicio. El perjuicio ocurre cuando alguien interfiere en el uso y disfrute que una persona hace de su propiedad. La interferencia es generalmente un acto que da por resultado ruidos, vistas u olores molestos que emanan de la propiedad del demandado y que se sienten desde el terreno de la otra persona. El acto de interferencia no necesita causar daños a la propiedad, solamente afectar la capacidad de una persona de usarla o disfrutarla. La contaminación por OGMs podría afectar los cultivos que siembra un agricultor vecino, interfiriendo así con la capacidad del agricultor de usar su propiedad.

La demanda de daño por negligencia surge cuando una persona no logra actuar razonablemente bajo las circunstancias y esta falla perjudica a otro individuo. Los elementos de una demanda por negligencia son: (1) la existencia de una obligación por parte del demandado de proteger al demandante de daño; (2) la falta del demandado en cumplir con esa obligación; y (3) el perjuicio al demandante que resulta de esa falta. Para probar que una contaminación de OGMs fue el resultado de una negligencia, una persona debería tener que probar que el propietario de tierras vecinas tenía la obligación de prevenir una contaminación de OGMs y que existía una probabilidad de daño razonablemente previsible. Dado el potencial de algunos cultivos MG de contaminar los campos vecinos, una corte podría decidir que los agricultores tienen el deber de prevenir este daño a sus vecinos. Si se establece la obligación, los vecinos deberían entonces tener que mostrar que este deber fue quebrantado por quien sembró el cultivo MG. El fallo en la adecuada selección de las semillas, en la adhesión a zonas especificadas como “amortiguadoras”, o en el seguimiento de los procedimientos de siembra y cosecha podrían significar el quebrantamiento de esa obligación. Si una de estas irregularidades se vincula con daños a otras personas, el agricultor que causó la contaminación de OGM podría ser responsable por negligencia.

Otra demanda potencial con relación a la contaminación de OGM es la responsabilidad absoluta. Esta se origina cuando alguien participa en una actividad peligrosa irregular; en tales casos, una persona que se perjudica por esta actividad puede cobrar una indemnización por daños y perjuicios de la persona involucrada, sin tener que probar que quien realizó la acción fue imprudente o negligente. Las cortes han decidido que alojar animales salvajes en las casas, almacenar y usar explosivos, o rociar plaguicidas constituyen actividades peligrosas irregulares. Algunos entendidos en el tema legal sostienen que si un agricultor y/o compañía de semillas reconocen que un cultivo MG es difícil de controlar y que es probable que tenga una polinización cruzada con cultivos de campos adyacentes, deberían ser considerados responsables absolutos por cualquier daño resultante.

Las cortes que determinan las demandas por contaminación genética basadas en la responsabilidad absoluta pueden compararlas con casos anteriores de dispersión genética. En un caso de 1977, citado a menudo por la Corte Suprema de Washington, ésta sostuvo que una compañía de rociadores aéreos, que permitió que los plaguicidas se dispersaran sobre plantaciones orgánicas, era responsable en grado absoluto por los daños debido a que la agricultura orgánica estaba enfrentando la pérdida de su capacidad para llevar al mercado cultivos orgánicos y, debido al uso generalizado de contratos por las granjas orgánicas, el agricultor se vería incapacitado para vender los cultivos en el mercado comercial regular debido a la imposibilidad de celebrar un contrato antes del inicio de la temporada de siembra. Langan v. Valicopters, 567 P.2d 218 (Wash. 1977). La conducción de ese caso puede ser utilizada para argumentar que las compañías de semillas que desarrollan y los agricultores que siembran cultivos MG que “contaminan” genéticamente un cultivo deberían ser considerados responsables absolutos por los daños a los cultivos vecinos. Tales daños podrían incluir: pérdida de la certificación orgánica con la resultante pérdida de capacidad para alcanzar las obligaciones de contrato o cultivos de mercado con bonificaciones más altas, los costos relacionados con la violación de contratos de cultivos con identidad preservada debido a que ya no cumplen las especificaciones requeridas, o incluso costos de litigio cuando los agricultores vecinos son enjuiciados por las compañías por “robar” la propiedad genética intelectual que fue en realidad arrastrada sobre sus campos por el viento.

Responsabilidad Civil por Contrato

La Responsabilidad Civil de los Agricultores bajo Contratos de Semillas de OGM
Las compañías de biotecnología y los distribuidores de semillas que venden las semillas de OGMs a los agricultores habitualmente les exigen que firmen convenios agrícolas o tecnológicos. Estos convenios generalmente le dan al agricultor el derecho de utilizar semillas de OGMs a cambio de acatar todos los métodos de producción y requerimientos de gestión de la compañía. El contrato puede requerir que el agricultor permita el acceso de representantes de la compañía a los campos para inspeccionar los cultivos y determinar si el agricultor cumple con el contrato.

Las compañías generalmente tratan de obtener una cantidad de protecciones a favor de ellas a través de convenios. Estos pueden incluir cláusulas diseñadas para asegurar que los agricultores sigan pautas específicas que orienten sobre dónde y cómo serán plantadas las semillas de OGMs, para evitar que los agricultores guarden las semillas del cultivo que se produce a partir de la semilla comprada, para proteger los derechos de propiedad intelectual de la compañía, y para asegurar que las disputas que surjan bajo los contratos se resuelvan tanto a través de arbitraje obligatorio o en una corte conveniente para la compañía.

Además de las prácticas que alteran la producción de los agricultores año a año, las cláusulas de contrato que protegen los derechos de propiedad intelectual de las compañías sobre los OGMs y les prohíben a los agricultores guardar las semillas para plantar el próximo año pueden también llevar a los agricultores a la responsabilidad civil por incumplimiento de contrato. Monsanto, una compañía química con base en St. Louis, Missouri, recientemente ha hecho llegar quejas contra los agricultores por el supuesto guardado de semillas violando un convenio tecnológico o los derechos de Monsanto de propiedad intelectual.

La Responsabilidad Civil del Agricultor bajo Contratos de Semillas y Comercialización de Organismos no MG

Los agricultores comercializan sus cultivos utilizando una cantidad de métodos diferentes. Uno de ellos es el uso de un contrato de venta donde el agricultor acuerda la distribución de un cierto número de bushels (1) en una fecha determinada al procesador o cooperativa de alimentos. Si el uso final del cultivo es para un producto no MG, entonces el agricultor deberá entregar, por contrato, un cultivo no MG. Algunos de estos contratos de comercialización son para cultivos de identidad preservada, los cuales estipulan para el procesador características específicas tales como alto contenido de aceites. Sin embargo, los agricultores pueden verse imposibilitados para cumplir sus contratos de venta si sus cultivos se encuentran contaminados por los OGMs de sus vecinos o a través del sistema de manipulación de granos. Pueden tener que afrontar indemnizaciones por la falta de despacho según contrato y pueden tener la necesidad de encontrar cultivos de reemplazo o compensar al comprador por los costos de obtener el cultivo en cualquier otro lugar.

La Responsabilidad Civil de los Agricultores bajo Contratos de Venta de Cultivos

Debido a los riesgos de contaminación genética, planteados anteriormente, y a la imposibilidad del agricultor de asegurarse que él o ella reciben semillas completamente libres de OGMs del distribuidor, aún los agricultores que no plantaron semillas MG intencionalmente, deberían proceder con cuidado en las garantías y seguridades que le dan a los compradores de sus cultivos. El riesgo es que un agricultor puede comercializar cultivos que él o ella piensa que están libres de OGMs pero que luego dan resultado positivo en los análisis de genes de OGMs. Estos cultivos garantizados o certificados como libres de OGM por el agricultor pueden ser luego rechazados por el comprador, y el agricultor puede ser responsable por los gastos que debe afrontar para reemplazar los cultivos adquiridos, y puede hasta ser considerado responsable por cualquier otro daño incurrido por el comprador si el cultivo de OGMs positivo se entremezcla y contamina otros cultivos. Por ejemplo, en la actualidad la Unión Europea no permitirá la importación de ciertos cultivos de OGMs. Si los agricultores intentan comercializar los cultivos que no poseen las aprobaciones reglamentarias necesarias, esto podría causar el rechazo de cargamentos completos por parte del país importador. La industria del manejo de granos ha demostrado que todavía no es capaz de segregar la mayoría de los principales cultivos. Es por esto que un error del agricultor podría causar la contaminación de millones de bushels. Dependiendo de lo manifestado por el agricultor al vender el cultivo y los términos del contrato de ventas, éste podría enfrentar responsabilidades significativas si ocurriese una entremezcla de cultivos MG y no MG.

Para limitar la responsabilidad civil potencial, al realizar ventas los agricultores deberían sólo hacer manifestaciones sobre aquellas acciones que estuvieran realmente bajo su control. Esto podría incluir el hecho de que la semilla plantada fue presentada por su compañía de semillas como una semilla no MG y que se tuvieron los recaudos para evitar la contaminación proveniente de cultivos de OGMs. Para muchos agricultores, tomar las precauciones de limpiar el equipamiento y los recipientes, y analizar sus semillas y cultivos en busca de OGMs dará como resultado importantes costos que pueden no ser recuperados, pero pueden disminuir la exposición a la responsabilidad civil. Ellos deberían evitar afirmar que un cultivo no contiene ningún material de OGMs o de que los cultivos no fueron contaminados genéticamente por el cultivo de un vecino o durante la cosecha y almacenamiento.

Responsabilidad Civil Reglamentaria

La introducción de cultivos de OGMs presenta responsabilidad civil potencial por violación de estatutos o regulaciones con relación a la propiedad intelectual genética de las compañías o al control de la distribución de los cultivos de OGMs, incluyendo si el cultivo posee o no las aprobaciones reglamentarias adecuadas para diversos usos incluyendo el consumo humano. Al tiempo que Monsanto está haciendo cumplir los derechos de propiedad intelectual para los agricultores que firmaron convenios tecnológicos, también los está demandando por supuesta usurpación de patente al utilizar en forma inapropiada la tecnología de Monsanto sin firmar un acuerdo y pagar los derechos de tecnología. Por ejemplo, Monsanto demandó a un agricultor canadiense, Percy Schmeiser, por plantar canola Roundup Ready sin un acuerdo tecnológico. Schmeiser, un agricultor orgánico por más de 40 años, afirmó que la canola MG fue arrastrada por el viento sobre su propiedad. En mayo de 2001, una corte canadiense falló a favor de Monsanto y ordenó a Schmeiser pagar por las supuestas ganancias provenientes de la canola MG. Schmeiser está apelando el fallo. Monsanto ha entablado recientemente juicios similares en Estados Unidos contra agricultores a través de toda la nación incluyendo agricultores en Dakota del Norte, Dakota del Sur, Indiana y Louisiana. Habiendo o no violado los derechos de propiedad intelectual de Monsanto, los agricultores deben elevar una defensa en la corte destinando miles de dólares en honorarios para abogados.

El 3 de octubre de 2001 la Corte Suprema de los Estados Unidos dio audiencia oral en un caso que puede también suministrar a las compañías de biotecnología un mayor control regulador sobre el uso de productos de OGMs que hacen los agricultores. El caso de J. E. M. Ag. Supply v. Pioneer Hi-Bred International se relaciona con la reventa de 600 bolsas de semillas de maíz registrado no MG, por parte de J. E. M. Ag Supply. Pioneer le inició juicio a J. E. M. por realizar una venta no autorizada y así infringir la patente de Pioneer sobre la semilla. Pioneer afirma que la semilla está amparada por una “patente de utilidad general” que prohibe cualquier uso no autorizado. En su defensa, J. E. M. sostiene que la semilla revendida estaba protegida sólo bajo la Ley de Protección de Variedad de Plantas de 1970 (PVPA), que exime específicamente ciertos usos incluyendo la investigación y el guardado de semillas. Si Pioneer gana el caso, probablemente abra la puerta para todas las compañías de semillas para obtener y hacer cumplir las patentes de utilidad para sus productos de OGMs. Con protecciones a la patente de utilidad además de los certificados PVPA, las compañías no necesitarán más el contrato “de común acuerdo” que les prohibe a los agricultores guardar las semillas, porque las patentes de utilidad automáticamente le impedirían a los agricultores realizar cualquier uso de la semilla que no haya sido autorizado por la compañía. Si J.E.M. gana el caso, la capacidad de las compañías biotecnológicas de obtener patentes de utilidad sobre las plantas será restringida y los agricultores tendrán derecho a guardar semillas, aunque presumiblemente este derecho puede todavía ser desistido por contrato. Algunos expertos especulan que si J.E.M. gana, las compañías de biotecnología procurarán la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso para sobrepasar el fallo de la Corte Suprema reformando la PVPA. Se espera que la Suprema Corte emita su decisión alrededor de la época de plantaciones de la primavera del 2002.

El Programa de Re-compra de Aventis

El Programa de re-compra de Aventis de maíz StarLink es un ejemplo de cómo los tres tipos de responsabilidades civiles tratadas anteriormente producen impacto sobre los agricultores. Se supone que los agricultores que plantaron maíz StarLink firmaron Convenios de Siembra con fecha de abril de 2000, los cuales requerían el uso de una zona de amortiguación de 660 pies y que informaban que el StarLink no estaba aprobado para consumo humano. Muchos agricultores no firmaron estos contratos antes de plantar el StarLink, y Aventis intentó que firmaran otro contrato en septiembre de 2000. Otros, que sí firmaron el contrato, no fueron informados de las restricciones del mercado impuestas sobre el maíz StarLink. Como resultado de los malentendidos en los contratos y de las restricciones reglamentarias sobre los usos aprobados del StarLink, Aventis y quizás los plantadores de maíz StarLink enfrentan la responsabilidad civil por daños por contaminar campos vecinos y cargamentos completos de maíz. Las hipótesis legales que sostuvieron en los diversos juicios contra Aventis incluyen daños públicos, defraudación al consumidor, y negligencia. Las repercusiones de este desastre pueden también inducir a los agricultores a iniciar juicio a sus vecinos con plantaciones de StarLink porque, a pesar de plantar maíz no StarLink, los análisis de los depósitos de granos de los agricultores dan positivo para el StarLink.

Aventis intentó rectificar algunos de los daños económicos disponiendo una bonificación por bushel para quienes cultivan maíz StarLink y para quienes cultivan maíz contaminado con StarLink en compensación por las oportunidades de mercado perdidas. En un acuerdo y en un acuerdo suplementario con 17 procuradores generales del Estado, Aventis acordó pagar un 25 por ciento de bonificación por bushel sobre el precio del maíz StarLink al 2 de octubre de 2000 a plantadores de maíz StarLink y a ciertos plantadores de maíz no StarLink por el maíz plantado con semillas StarLink y en los 660 pies de área amortiguadora. Aventis también ha acordado compensar una parte del transporte y de los costos de almacenamiento a los plantadores y elevadores de maíz. En el acuerdo suplementario entre los procuradores generales estatales y Aventis anunciado el 24 de julio de 2001, este último también compensará a los plantadores de maíz no StarLink cuyas semillas hayan sido contaminadas con la proteína StarLink Cry9C ó cuyos granos se hayan mezclado con maíz StarLink. Estos recibirán un 5 por ciento de bonificación por bushel si el maíz es alimento de granja (un uso aprobado) y un 10 por ciento de bonificación por bushel si el maíz se vende a un Destino Aprobado de Logística StarLink.

En tanto el programa de re-compra de Aventis le permite a los agricultores vender o utilizar su maíz StarLink o su maíz contaminado con StarLink, que de otro modo sería rechazado por los compradores principales de forrajes como Tyson, también les ha traído problemas legales y de logística. Los agricultores han denunciado la dificultad para obtener el pago por su maíz inmediata y puntualmente. En su acuerdo con los procuradores generales estatales, Aventis le aseguró a los Estados que tiene suficientes activos para cubrir cualquier obligación y que las partes negociarán en cuanto a los detalles de implementación. El Procurador General de Iowa, Tom Miller, y otros, han ejercido presión sobre Aventis para acelerar los pagos, pero los acuerdos no poseen un cronograma específico. Para el 15 de septiembre de 2001, el Procurador General Miller informó que 400 agricultores de Iowa no habían sido compensados todavía por Aventis.

El programa de re-compra de Aventis no elimina la responsabilidad legal potencial por contrato para los agricultores. Los agricultores pueden verse imposibilitados para cumplir con los contratos de distribución de su maíz porque el StarLink y el maíz contaminado con StarLink sólo son aceptados en escasos elevadores o para ciertos usos. Por ejemplo, muchos agricultores de maíz poseen contratos de distribución con cooperativas de etanol de las que son socios y dueños. El maíz StarLink está aprobado para usos industriales, pero muchas plantas de etanol utilizan un sistema de molino húmedo que produce derivados alimenticios, tales como forrajes de gluten de maíz, para mercados locales y de exportación. Ya que no está aprobado para consumo humano, estos agricultores no podrían distribuir su maíz a sus plantas de etanol. Otros agricultores que poseen contratos de identidad preservada para un tipo específico de maíz pueden estar imposibilitados para cumplir con aquellos contratos si su maíz fue contaminado con maíz StarLink.

El programa de Aventis de re-compra no elimina de manera similar la responsabilidad civil potencial por daños para los agricultores. El acuerdo con el procurador general del 22 de enero de 2001 desautoriza cualquier descargo de demanda contra Aventis por los estados o por cualquier agricultor o elevador. No hay ninguna tentativa en el acuerdo, sin embargo, de hacer responsable a Aventis por las demandas contra agricultores independientes debido a dispersiones genéticos o mezcla de cultivos. Es probable que cualquier juicio contra un agricultor podría también nombrar a Aventis como un demandado, y el agricultor-demandado podría demostrar que Aventis debería ser responsable por cualquier indemnización adjudicada por una corte, pero no existe ninguna garantía de que esto pueda ser exitoso y de que el agricultor pueda enfrentar gastos legales considerables mientras tanto.

En cuanto a la responsabilidad potencial reglamentaria, teniendo en cuenta el programa de re-compra, no parece que Aventis vaya a argumentar alguna violación de sus derechos de propiedad intelectual y, en realidad, está trabajando con los agricultores para eliminar el maíz StarLink “voluntario”. De igual modo, no es probable que Estados Unidos demande a los agricultores independientes por violar las restricciones reglamentarias sobre el uso del maíz StarLink, pero los agricultores no deberían siempre suponer que éste será el caso si ocurren futuras irregularidades en el sistema de manejo de granos, especialmente donde los agricultores están notificados de los controles reglamentarios requeridos. Bajo el sistema reglamentario federal, la EPA exige a los agricultores que plantan cultivos Bt que establezcan refugios Bt para limitar el desarrollo de resistencia de los insectos a los plaguicidas Bt. La omisión de plantar refugios Bt podría dar potencialmente como resultado que la EPA desarrolle acciones de ejecución no sólo contra las compañías de semillas, sino también contra los agricultores independientes. Otro ejemplo de agricultores que asumen la obligación de cumplir con las restricciones reglamentarias que corresponden a sus cultivos es el Acuerdo Tecnológico de Monsanto de 2001, a través del cual los agricultores que plantan maíz y canola Roundup Ready explícitamente acuerdan “conducir, tanto como sea necesario, el grano producido hacia el uso local para prevenir el movimiento a mercados donde todavía no ha sido aprobado para la importación.” Si ocurre una violación de esta condición, es posible que otras entidades además de Monsanto traten de obtener indemnizaciones por daños y perjuicios provenientes de los agricultores y otras partes responsables.

Conclusión

Este artículo puede sólo especular sobre las responsabilidades potenciales que los agricultores pueden enfrentar como resultado de plantar maíz StarLink y otros cultivos MG. El motivo de esto es que las cortes recién están empezando a tratar las complejas cuestiones legales y reglamentarias que presentan los cultivos MG. La actual abundancia de acciones y juicios contra los monopolios y el potencial de agricultores independientes enjuiciando a sus vecinos y compañías de semillas por problemas de contaminación de OGMs pueden comenzar a clasificar estas cuestiones legales y brindar a los agricultores una mejor evaluación de los riesgos legales involucrados en los cultivos MG. Los procuradores generales estatales se han puesto a la cabeza, tratando de obtener protecciones económicas para los agricultores dañados por la situación del maíz StarLink, pero estos esfuerzos no se dirigen completamente a la implementación de Aventis del programa de re-compra o a clarificar las cuestiones legales de responsabilidad civil.

La legislación ha sido introducida en el Congreso y en las legislaturas del estado que intentan imponer la responsabilidad legal sobre las compañías que comercializan y venden los OGMs. Hasta que la legislación no sea implementada, sin embargo, es prematuro suponer que estos esfuerzos eliminarán las responsabilidades legales de los agricultores relacionadas con los cultivos MG. La posibilidad de que los productos de OGMs causen daño a vecinos y a todo el sistema de manipulación de granos está evidenciado no sólo por el ejemplo del StarLink, sino también por el creciente número de interrogantes plantean los OGMs, incluyendo las distancias de dispersión genética, la resistencia de los insectos y malezas, y la imposibilidad del sistema actual de segregar los cultivos MG y los no MG. Los agricultores que evalúan los costos y beneficios de plantar cultivos MG y no MG deberían basar sus decisiones no sólo en los costos y resultados esperados de la producción, sino también en la responsabilidad legal en la que ellos pueden incurrir al plantar, cultivar y comercializar cultivos MG. Para aquellos agricultores que eligen no sembrar cultivos MG, especialmente los agricultores orgánicos, todavía es necesario proceder con cuidado al asegurar que estos se encuentran protegidos de contaminación genética y que cualquier compromiso relacionado a los cultivos no MG son manifestaciones precisas de factores bajo el control de los agricultores.

Notas:

(1) N de T: Medida que en E.U. equivale a 35,23 litros. También se denomina así al recipiente que la contiene.

(*) Procurador del Grupo de Acción Legal de los Agricultores, Inc. (FLAG).

En colaboración con la Campaña “De Agricultor a Agricultor” sobre Ingeniería Genética 877-968-3276 (llamada sin cargo).

Instituto para la Agricultura y Políticas de Comercio: www.iatp.org
Campaña Alerta contra los Alimentos Manipulados Genéticamente

Traducción: Estela Firenstein