Nuevas leyes de semillas en Honduras. Mecanismo de despojo y violación de derechos a campesinos e indígenas
"El paradigma de la Revolución Verde se impone y prevalece en los centros de “investigación” y la academia. Su enfoque reduccionista, desconoce o ignora la existencia de modos de producción ancestrales, que persisten y son consustanciales a la vida campesina e indígena; desconoce sus aportes a la producción de alimentos, su adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la cultura y la vida. Estos sistemas agroecológicos diversificados, complejos, dependen de los saberes que los pueblos han compartido, enriquecido y desarrollado por miles de años".
Introducción
Las semillas son fundamentales para la vida y para ejercer plenamente el derecho humano a la alimentación. Sin semillas, no hay comida y sin ella no hay pueblos.
El proceso de las semillas para la agricultura está plenamente documentado y reconocido, es una coevolución; las semillas se han adaptado a una diversidad de ecosistemas a medida que las poblaciones humanas fueron colonizando la tierra. Lo anterior dio origen a las miles de variedades de los principales cultivos que hoy conocemos.
Hasta 1950, antes de la Revolución Verde, la mayoría de los cultivos para la alimentación eran criollos o nativos, manejados por familias campesinas; su fin primordial es y ha sido producir alimentos. Con la Revolución Verde se impulsó un nuevo paradigma de producción agrícola: los agronegocios. Este modelo se basa en tres elementos vinculados: maquinaria agrícola, insumos químicos (fertilizantes y agrotóxicos/venenos) y “semillas mejoradas”. Se impulsan los monocultivos, atropellando los sistemas multidiversos de la agricultura familiar ecológica.
El paradigma de la Revolución Verde se impone y prevalece en los centros de “investigación” y la academia. Su enfoque reduccionista, desconoce o ignora la existencia de modos de producción ancestrales, que persisten y son consustanciales a la vida campesina e indígena; desconoce sus aportes a la producción de alimentos, su adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la cultura y la vida. Estos sistemas agroecológicos diversificados, complejos, dependen de los saberes que los pueblos han compartido, enriquecido y desarrollado por miles de años.
Según FAO,1 de las 570 millones de fincas que hay en el mundo, más de 500 millones son familiares, lo que hace de la agricultura familiar el principal modo de producción agrícola del planeta. Éstas producen un 80% de los alimentos del mundo en términos de valor, y tomadas en su conjunto constituyen la mayor fuente de empleo en el mundo entero.
En Honduras, según datos de FAO,2 hay unas 484 mil parcelas de agricultura familiar, que generan 56.5% de la producción sectorial; esto contribuye con 76% del empleo en zonas rurales. Estas fincas familiares, utilizan las semillas criollas como un patrimonio e insumo fundamental para sus sistemas productivos. Sin embargo, para los promotores de la semilla “mejorada” en Honduras (SAG-Senasa, DICTA, Universidades de Agronomía, sector semillero), la semilla nativa o criolla pertenece a la prehistoria, no existe. Según este sector, todos los campesinos e indígenas utilizan en sus sistemas, “semillas mejoradas”. Ignorancia supina.
Esta visión más ideológica que científica, contrasta con los datos del estudio de mercado de semillas, realizado por FAO en el 2011.3 Ahí se demuestra que los productores de frijol apenas utilizan un 12% de semilla mejorada, 88% es nativa o propia de los agricultores; en el caso del maíz 42% es semilla mejorada y 58% es nativa; en el sorgo 20% es mejorada y 80% es del agricultor. En el arroz 19% es mejorada y 81% es del agricultor. El siguiente cuadro ilustra lo anterior.
En un estudio de Anafae, en 2017, con cien pequeños productores en zonas de montaña, 98% de la semilla de maíz y frijol era nativa. Es evidente que las variedades “desarrolladas” en estaciones experimentales y zonas de producción de semillas, que se hallan en los valles, tienen un rango limitado de adaptación ecológica. En las zonas de montaña arriba de los 1500 msnm, ninguna variedad “mejorada”, puede competir con las variedades nativas que los pueblos lencas han cuidado, adaptado y adoptado durante miles de años. Ningún frijol “mejorado” podrá desplazar los “chinapopos” de las zonas lencas o los “alacines” del corredor seco.
Una preocupación de las organizaciones campesinas, indígenas, los movimientos sociales y ambientales, es la evolución de los marcos regulatorios de semillas en el país, que restringen más y más los derechos a la libre circulación de las semillas, práctica ancestral consuetudinaria de indígenas y campesinos en el devenir de la historia de nuestros pueblos.
En Honduras la primera Ley de Semillas data de 1980. Entonces se establecieron varias iniciativas privadas de producción de semillas, y programas nacionales de semillas (maíz, frijol, arroz, soya), que funcionaban en diferentes regiones del país. Dicha Ley reconocía, en su artículo 6, la existencia de las semillas criollas y nativas, denominándolas semilla comercial o común; el resto del articulado se orientaba a regular la certificación de semillas. La Ley de 1980 no prohíbe la libre circulación de semillas. La siguiente Ley que reguló el control sanitario y la calidad de las semillas es la Ley Fitozoosanitaria de 1994; en 1998 se emitió el reglamento de bioseguridad con énfasis en plantas transgénicas, que reglamentó el uso de organismos transgénicos. En su artículo 15 establece un procedimiento simplificado para su cultivo. Por primera vez, en el artículo 16, se reconoce el derecho de propiedad sobre las semillas.
Foto de Mario Olarte.
Con esta Ley se abrió el camino para privatizar las semillas. En 2012, sin consultar a los grupos afectados, campesinos, indígenas, consumidores, se aprobó la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales o Ley Monsanto. Esta Ley criminaliza, persigue e impone multas (artículo 51) de hasta 10 mil días de salario mínimo a quienes infrinjan la Ley. El Estado hondureño reconoce los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas, privatiza la vida y prohíbe la libre circulación de las semillas en manos campesinas e indígenas. En 2021 se reactivó la propuesta de una nueva Ley de semillas. Ésta se orienta a sólo permitir el uso de semilla certificada y prohibir la siembra de semillas nativas y criollas. Se proponen multas y cárcel para quienes violen tales principios legalizados.
Con esta Ley, se entrega la soberanía y la seguridad alimentaria al sector privado, despojando a campesinos e indígenas de su patrimonio fundamental para la vida: sus semillas. Estas Leyes suponen una grave violación al derecho a la alimentación, atentan contra el principio de no regresividad de los derechos humanos, desconocen el contenido del artículo 19 y 28 de la declaración de la ONU de derechos campesinos y de otras personas que viven en zonas rurales (UNDROP, por sus siglas en ingles), que entre otros declara en el artículo 9 inciso d) el derecho a “conservar, utilizar, intercambiar y vender las semillas o el material de multiplicación que haya conservado después de las cosechas. Para Anafae, no se puede prohibir el ejercicio del derecho a la libre circulación de las semillas, práctica milenaria de los pueblos del mundo. Anafae suscribe la declaratoria de La Vía Campesina Internacional, “las semillas son patrimonio de los pueblos, al servicio de la humanidad”.
Amenazas de la Ley POV y la nueva propuesta de Ley de Semillas
A continuación presentamos los riesgos que implica.
Permite privatizar materiales genéticos que se han manejado por miles de años por las comunidades mediante títulos de obtentor de semillas.
Niega los derechos de los agricultores a guardar semilla y poder utilizarla en una nueva siembra.
Criminaliza a campesinas, campesinos e indígenas por realizar su práctica ancestral, la libre circulación de semillas.
Es un retroceso a los procesos de creación de nuevas variedades, ya que durante la puesta en marcha de la Revolución Verde y la transgénesis, han desaparecido miles de variedades de cultivos alimenticios, al enfocarse los programas de mejoramiento en variedades mejoradas comerciales, que se caracterizan por uniformes y estables.
Pone en riesgo la soberanía alimentaria y atenta contra el derecho a la alimentación de las familias que viven de producir alimentos. Quitarle la semilla a un campesino o indígena equivale a quitarle la base fundamental de sus alimentos y viola el derecho a la alimentación.
Uniforma las semillas de los cultivos, destruyendo la biodiversidad prevaleciente en nuestras comunidades. Las múltiples variedades de semilla que existen en nuestro país se han ido adaptando de manera específica a nuestra diversidad ecosistémica.
La Ley POV y la nueva Ley de Semillas, responden sólo a los intereses de las transnacionales. Las empresas de semillas locales son absorbidas (compradas) por estas corporaciones, obteniendo el control absoluto del mercado de semillas.
Las transnacionales piratean los recursos fitogenéticos de campesinos e indígenas perjudicando los saberes milenarios de las comunidades y despojándolas de un patrimonio que han creado durante miles de años.
Supone ingresar a un sistema que apoya cada vez más los derechos de los obtentores industriales en detrimento de agricultores y comunidades.
Se facilitan así los monopolios a las compañías semilleras transnacionales en detrimento de los derechos ancestrales de los pueblos a conservar y a compartir sus semillas, poniendo en precario a miles de familias que viven de actividades de producción primaria, en especial en los países del sur global.
Emprender una de las medidas de adaptación al cambio climático, como es la utilización de variedades de semillas que se han adaptado a condiciones agroecológicas específicas y que las familias las han utilizado por muchos años queda limitada y en riesgo.
Es un atentado contra formas ancestrales y culturales de manejo de semillas y alimentos. Cada familia hondureña tiene el derecho de conservar aquellas variedades con usos específicos para sus ritos y no sólo las que sirvan para la alimentación.
A pesar del poderío económico y político de las multinacionales semilleras, de los organismos multinacionales y los gobiernos que imponen todo tipo de acuerdos, tratados y leyes —que promueven el despojo de los bienes comunes y los saberes ancestrales de los pueblos— existen luchas permanentes de los pueblos originarios y organizaciones campesinas a nivel global. A estas luchas se suman organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas, profesionales comprometidos para la defensa ante este ataque contra las diversas formas de vida. La lucha es permanente, prolongada, dispar, pero no nos vencerán.
Qué proponemos desde Anafae
Como organización nacional que trabaja por la soberanía alimentaria, comprometida con la defensa de los derechos humanos del pueblo hondureño especialmente el derecho humano a la alimentación y a una vida sana, Anafae mantiene su posición contra la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales, y volveremos a presentar el recurso de inconstitucionalidad hasta lograr su derogación o inaplicabilidad, por todas las implicaciones que tiene sobre campesinas, campesinos, indígenas y todo el pueblo hondureño. Mantendremos la lucha para que no aprueben la nueva ley de semillas.
Nos comprometemos a las siguientes acciones:
* Concienciar a la sociedad hondureña sobre los impactos que la Ley Monsanto y la nueva Ley de Semillas, tienen sobre los derechos humanos de campesinas, campesinos e indígenas y el pueblo hondureño en general.
* Fortalecer las alianzas con organizaciones y articulaciones nacionales afines, y desarrollar acciones conjuntas a fin de revertir los impactos de esta ley.
* Realizar acciones de incidencia política y sensibilización sobre los impactos de la Ley Monsanto y la nueva Ley de Semillas, con diputados del congreso nacional interesados en promover leyes que respeten los derechos del pueblo hondureño.
* Realizar incidencia con los gobiernos municipales para que con los actores sociales comunitarios se desarrollen acciones de defensa de las semillas locales.
* Promover ferias de semillas y apoyar el flujo de los materiales genéticos para la agricultura y la alimentación entre campesinas, campesinos e indígenas de nuestro país, pero también el flujo de semillas en la región centroamericana.
* Promover la conservación de los materiales genéticos locales mediante la siembra permanente y promover el consumo responsable de los productos provenientes de las fincas campesinas e indígenas, como acción de solidaridad, pero también de autonomía, de no dependencia de las corporaciones semilleras y de lucha contra el sistema alimentario global.
* Promover la conservación, el manejo y uso de las semillas nativas como una estrategia de adaptación al cambio climático.
* Trabajar acciones jurídicas que incluyan elaborar un nuevo recurso de inconstitucionalidad de la Ley Monsanto y no permitir que se apruebe la nueva Ley de Semillas.
* Luchar por mantener la vigencia de la Ley de Semillas de 1980, ya que si bien no reconoce la importancia de los sistemas locales de semillas, no prohíbe la libre circulación de semillas entre campesinos e indígenas.
* Luchar por que se respete y garanticen los derechos a campesinas, campesinos e indígenas a continuar con sus prácticas ancestrales de manejo de sus semillas, donde prevalece la libre circulación de las mismas; declarar las semillas como patrimonio municipal y patrimonio de pueblos indígenas.
* Elaborar e implementar una campaña para sensibilizar a sectores importantes como los consumidores, estudiantes/juventud, para apoyar la iniciativa.
* Participar en movilizaciones sociales donde se demande la derogación de la Ley Monsanto y la no aprobación de la nueva Ley de Semillas.
Para Anafae las semillas no son un tema coyuntural
La defensa de los derechos campesinos a la libre circulación de las semillas debe ser parte del trabajo institucional, ya que sin semillas libres y soberanas no puede haber soberanía alimentaria ni agricultura ecológica.
Debemos trabajar hombro a hombro con organizaciones y articulaciones afines por la no privatización de las semillas. Anafae se compromete a seguir impulsando toda iniciativa o propuesta que garantice el libre flujo o circulación de la semilla, como lo han venido realizando nuestros productores y productoras desde hace miles de años.
Anafae se opone a la Ley para la Protección de Obtenciones de Vegetales (POV) o Ley Monsanto y la nueva propuesta de Ley de Semillas, pues no reconocen los derechos campesinos y sus innovaciones en las semillas, y porque la base genética de la alimentación no debe estar controlada por el mercado. Debemos continuar propiciando y fortaleciendo las prácticas milenarias de nuestros productores, donde prevalezca la solidaridad, el compartir y muchas formas de convivencia social fuera de la lógica del mercado.
La semilla campesina e indígena debe permanecer en manos de nuestras comunidades, es un asunto de sobrevivencia, de respeto a la cultura, al conocimiento y saberes populares, a los derechos humanos, sobre todo el derecho a la alimentación y a una vida sana con dignidad.
No a la privatización de las semillas.
No a Monsanto y las corporaciones semilleras.
Sí a la soberanía alimentaria, sí a la vida.
Por el derecho del pueblo hondureño por una vida sana, sin transgénicos, sin agrotóxicos.
Por el respeto a los derechos campesinos e indígenas a la conservación y libre circulación de las semillas, por el derecho humano a la alimentación.
Anafae dice presente.
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Notas:
1- FAO, 2014. Hacia una agricultura familiar más fuerte
2- La prensa, 8 de agosto 2016
3- SAG/FAO. Semillas, para el Desarrollo, Estudio de mercado de semillas de granos básicos en Honduras. Febrero 2012.