Nuestro Mundo no está en venta

La agricultura y la alimentación son fundamentales para los pueblos y la gente en todo el mundo, tanto en términos de la producción y disponibilidad de cantidades suficientes de alimentos nutritivos y seguros, como en cuanto pilares de comunidades, culturas y ambientes rurales y urbanos saludables. Todas esas funciones están amenazadas y vienen siendo socavadas por las políticas económicas neoliberales que con ímpetu creciente impulsan las grandes potencias como Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE), a través de instituciones multilaterales como la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). En lugar de garantizar la alimentación de toda la población del mundo, esos organismos presiden un sistema que multiplica el hambre y diversas formas de desnutrición, y la exclusión de millones de personas del acceso a bienes y recursos productivos tales como la tierra, el agua, las semillas, las tecnologías y el conocimiento. Se requieren cambios urgentes y fundamentales a éste régimen mundial.

La soberanía alimentaria es un derecho fundamental de los pueblos
Para garantizar la independencia y la soberanía alimentaria de todos los pueblos del mundo, es crucial que los alimentos sean producidos mediante sistemas de producción diversificados, de base campesina. La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo sustentable, y a decidir en qué medida quieren ser autosuficientes sin volcar sus excedentes en terceros países mediante la práctica del 'dumping'. La soberanía alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de una producción agropecuaria nutritiva, sana y ecológicamente sustentable.

Para conseguir y preservar la soberanía alimentaria de los pueblos y garantizar la seguridad alimentaria, los gobiernos deberán adoptar políticas que fomenten una producción sustentable, basada en la producción familiar campesina, en lugar que un modelo industrial, de altos insumos y orientado a la exportación.

Ello implica adoptar las siguientes medidas:

I. Políticas de mercado
n Garantizar precios remunerativos para todos los productores agropecuarios;

n Ejercer el derecho a proteger los mercados nacionales de los productos importados a bajo precio;

n Regular la producción en el mercado interno a fin de evitar la generación de excedentes;

n Abolir todo tipo de apoyos y subsidios directos e indirectos a las exportaciones;

n Eliminar progresivamente aquellos subsidios a la producción nacional que promuevan sistemas agropecuarios insustentables y patrones inequitativos de tenencia de la tierra y, en cambio, brindar apoyo a las prácticas agropecuarias sustentables y a programas de reforma agraria integral.

II. Medio ambiente y calidad y seguridad de los alimentos
· Controlar adecuadamente la proliferación de pestes y enfermedades, garantizando al mismo tiempo la seguridad e inocuidad de los alimentos;

· Prohibir el uso de tecnologías peligrosas como la irradiación de los alimentos, que genera toxinas en ellos y disminuye su valor nutritivo;

· Fijar criterios de calidad de los alimentos adecuados a las preferencias y necesidades de la gente;

· Establecer mecanismos nacionales de control de calidad de los alimentos, de manera tal que cumplan con normas ambientales, sociales y sanitarias de alta calidad;

· Garantizar que todas las funciones de inspección de alimentos sean llevadas a cabo por organismos gubernamentales adecuados e independientes, y no por empresas privadas o concesionarias.

III. Acceso a los recursos productivos
· Reconocer y hacer valer los derechos jurídicos y consuetudinarios de las comunidades en lo que refiere a tomar decisiones acerca del uso de los recursos locales y tradicionales, aun cuando jurídicamente no hayan gozado previamente de esos derechos;

· Garantizar el acceso equitativo a la tierra, las semillas, el agua, el crédito y otros recursos productivos;

· Prohibir cualesquier formas de patentamiento de materia viva y cualquiera de sus componentes, y la apropiación del conocimiento asociado a la agricultura y la alimentación mediante regímenes de propiedad intelectual;

· Proteger los derechos de los productores agropecuarios, los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre los recursos fitogenéticos y el conocimiento asociado, inclusive el derecho de los agricultores a intercambiar y reproducir semillas.

IV. Producción-Consumo
· Desarrollar economías alimentarias locales, basándose en la producción y el procesamiento local y la creación de puntos de venta locales.

V. Organismos Genéticamente Modificados
· Prohibir la producción y comercialización de semillas, alimentos y piensos genéticamente modificados, así como de cualesquier productos afines.

· Alentar y promover la agroecología y la agricultura orgánica fundadas en el saber indígena y tradicional, y otras prácticas agropecuarias sustentables.

· Denunciar y resistir activamente los diversos métodos (directos e indirectos) que están utilizando las grandes empresas agroalimentarias como Monsanto, Syngenta, Aventis/Bayer y DuPont para introducir variedades de cultivos transgénicos en el ambiente y los sistemas agropecuarios.

VI. Transparencia de la información y leyes antimonopólicas
· Garantizar el etiquetado claro y preciso de los alimentos para consumo humano y animal, con base en el derecho de los consumidores y los agricultores a conocer el origen y contenidos de esos productos;

· Fijar normas obligatorias para todas las empresas, que garanticen la transparencia, responsabilidad pública y respeto de los derechos humanos y las normas ambientales en sus operaciones;

· Dictar leyes antimonopólicas para evitar la formación de monopolios industriales en los sectores agropecuario y alimentario.

· Responsabilizar ante la ley a las entidades corporativas y a sus directores por cualesquier violaciones de las leyes sociales y ambientales y las normas y acuerdos nacionales e internacionales.

Las reglas de comercio tienen que garantizar la soberanía alimentaria
No se le debe conceder primacía al comercio internacional por encima de otras metas sociales, ambientales, de desarrollo o culturales. Es imperativo darle prioridad a la producción de subsistencia y culturalmente apropiada de alimentos sanos, nutritivos, de buena calidad y a precios razonables, para el mercado interno y los mercados subregionales y regionales. La liberalización actual del comercio, que deja en manos de las fuerzas del mercado y poderosas empresas transnacionales las decisiones acerca de qué y cómo se producen y se comercializan los alimentos, no puede dar cumplimiento a estas importantísimas metas sociales.

No! a las políticas agropecuarias y alimentarias neoliberales
Los abajo firmantes denunciamos la 'liberalización' de los intercambios de productos agropecuarios promovida a través de acuerdos de libre comercio bilaterales y regionales y a través de organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y la OMC. Condenamos el dumping de productos agropecuarios que practican los grandes exportadores, particularmente sobre los países del tercer mundo en donde han socavado la producción nacional para el mercado interno. Las políticas neoliberales obligan a los países a especializarse en productos agrícolas en los que gozan de supuestas 'ventajas comparativas', y a comercializarlos con base en el mismo principio. Así se fomenta la producción para la exportación a expensas de la producción de alimentos para el mercado interno, y los recursos y medios de producción se encuentran cada vez más bajo el control de grandes intereses privados empresariales.

Los gobiernos ricos continúan subsidiando fuertemente la producción agropecuaria de exportación en sus países, destinando la mayor parte de esos recursos a los productores más grandes. La mayor parte de esos dineros de los contribuyentes terminan en manos de grandes empresas -grandes productores, grandes empresas mercantes y grandes cadenas minoristas-que desarrollan prácticas agropecuarias y comerciales insustentables, en lugar que en manos de los productores familiares de pequeña escala que producen principalmente para el mercado interno, a menudo con estrategias y prácticas productivas más sustentables.

Esas políticas de fomento a las exportaciones han dado origen a precios de mercado para los productos que son mucho menores que los costos reales de producción. Eso alienta y perpetúa la práctica del dumping, y permite que las empresas transnacionales (ETNs) compren productos agropecuarios a muy bajos precios, para vendérselos después a precios mucho más altos a los consumidores tanto del Sur como del Norte. Los fuertes subsidios agropecuarios de los países ricos son en realidad subsidios para la industria agroalimentaria, las grandes empresas mercantes, las grandes cadenas minoristas, y para una minoría de los mayores productores.

Los efectos adversos de esas políticas y prácticas se revelan cada vez con mayor claridad. Ellas conducen a la desaparición de la agricultura familiar de pequeña escala tanto en el Norte como en el Sur; la pobreza ha aumentado, especialmente en las zonas rurales; los suelos y el agua están contaminados y degradados; y ha habido pérdidas irreparables de diversidad biológica y destrucción de hábitat.

Dumping
Hay dumping cuando se venden productos en un mercado a precios menores que el costo de producción. Ello puede ser el resultado de la aplicación de diversos tipos de subsidios o de distorsiones estructurales tales como el control monopólico de los mercados y la distribución, tanto como de la falta de voluntad que exhiben las políticas económicas actuales para 'internalizar' los costos de externalidades tales como el agotamiento de las fuentes de agua, la pérdida de nutrientes en el suelo y la contaminación que acarrean los métodos industriales de producción agropecuaria. Bajo las políticas neoliberales hoy predominantes, ocurre dumping tanto en el comercio Norte-Sur como en los intercambios Sur-Norte y Sur-Sur. Independientemente de la forma que adopte, el dumping es una práctica que lleva a la ruina a los productores locales de pequeña escala, tanto en los países de origen como en aquellos donde se venden los productos.

Por ejemplo:

- Importación a la India de productos lácteos excedentes subsidiados por la Unión Europea;

- Exportaciones de productos porcinos industrializados de Estados Unidos a los países del Caribe, que han arruinado a los criadores caribeños de cerdos;

- Importaciones de productos porcinos en Costa de Marfil, procedentes de la Unión Europea a precios -subsidiados-- tres veces menores que el costo de producción en Costa de Marfil;

- Exportaciones de hilos de seda de la China a la India a precios mucho más bajos que el costo de producción en la India, perjudicando muy seriamente a cientos de miles de familias rurales del sur de la India;

- La importación a bajo precio de maíz proveniente de EE.UU. en Méjico -el centro de origen del maíz-está provocando la ruina de los productores mejicanos del grano. De otra parte, las verduras de bajo precio mejicanas están arruinando a los productores hortícolas canadienses, todo ello en el marco del TLCAN.

Es imperativo impedir el dumping. Los países importadores deben gozar de pleno derecho a protegerse contra el dumping, y a los países exportadores no se les puede permitir volcar sus excedentes en el mercado internacional a precios bajos. Los exportadores deberían responder a la demanda real de productos y bienes agropecuarios que no socaven la producción local.

No existe un 'mercado mundial' de productos agropecuarios
El llamado 'mercado mundial' de productos agropecuarios en realidad no existe. Lo que existe, ante todo, es comercio internacional de excedentes de cereales y productos lácteos y cárnicos volcados al mercado internacional principalmente por la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EE.UU.) y otros miembros del llamado Grupo CAIRNS de países agroexportadores. Aparte de eso, el comercio internacional en productos agropecuarios compromete solamente a un 10% del conjunto total de la producción agropecuaria mundial, y constituye fundamentalmente un intercambio entre empresas transnacionales de EE.UU., la UE y algunos otros países industrializados. Los así llamados 'precios del mercado mundial' son sumamente inestables y no guardan relación alguna con los costos de producción. Esos precios son sumamente bajos debido al dumping, y por lo tanto jamás podrán ser una referencia adecuada o conveniente para la producción agropecuaria.

La OMC hace oídos sordos a los reclamos de reforma del sistema
La OMC es antidemocrática, no le rinde cuentas a nadie, ha aumentado las desigualdades mundiales y la inseguridad, fomenta patrones de producción y consumo insustentables, erosiona la diversidad y socava otras prioridades sociales y ambientales. Ha demostrado ser impermeable a las críticas respecto a su funcionamiento y ha rechazado todos los reclamos de reforma del sistema. A pesar de las promesas de mejoras en el sistema anunciadas durante la conferencia ministerial de Seattle en 1999, las formas de gobierno de la OMC en realidad se han empeorado. En lugar de encarar las iniquidades y los desequilibrios reinantes entre los países ricos y los países pobres, el grupo de presión de los ricos y poderosos en la OMC está buscando ampliar el mandato de esa organización sobre nuevas áreas de la vida social como el medio ambiente, la legislación laboral, las inversiones, las políticas de competencia y las compras del Estado.

La OMC es una institución completamente inadecuada para hacerse cargo de los problemas de la agricultura y la alimentación. Los abajo firmantes no vemos que sea posible que la OMC se someta a una reforma profunda que la haga sensible a los derechos y necesidades del pueblo y el común de la gente. En consecuencia, los abajo firmantes reclamamos que todo lo relativo a la alimentación y la agricultura sea excluido del ámbito de jurisdicción de la OMC, mediante el desmantelamiento del Acuerdo sobre Agricultura (AoA, por su sigla en inglés) y la exclusión o enmienda de otras cláusulas afines y acuerdos de la OMC, entre los que se incluyen el acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC, mejor conocido como TRIPS, por su sigla en inglés), el acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS, por su sigla en inglés), el acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio (TBT, por su sigla en inglés), el acuerdo sobre Restricciones Cuantitativas, el acuerdo sobre Subsidios y Medidas Compensatorias (SCM, por su sigla en inglés), y el Acuerdo General sobre Comercio en Servicio (GATS, por su sigla en inglés).

¿Pueden las normas de comercio desempeñar un papel positivo en las políticas agropecuarias y alimentarias?

El comercio internacional puede desempeñar un papel positivo, por ejemplo en tiempos de inseguridad alimentaria regional, o para el caso de productos que sólo se pueden cultivar en determinados lugares del planeta, o para el intercambio de productos de calidad. No obstante, esas normas de comercio deberán respetar el principio de precaución en todas las políticas a todos los niveles, así como reconocer los procesos democráticos y participativos en la toma de decisiones y la primacía de la soberanía alimentaria de los pueblos por encima de los imperativos del comercio internacional.

Un régimen institucional alternativo
Es evidente la necesidad, como complemento al papel de los gobiernos locales y nacionales, de un nuevo régimen institucional alternativo de reglamentación multilateral para la producción sustentable y el comercio de bienes agropecuarios y alimentarios. Ese nuevo régimen deberá respetar los siguientes principios:

La soberanía alimentaria de los pueblos;
El derecho de todos los países a proteger su mercado interno, regulando a tal efecto todas aquellas importaciones que socaven su soberanía alimentaria;
Normas de comercio que apuntalen y garanticen la soberanía alimentaria;
Equidad de género e igualdad en todas las políticas y prácticas referidas a la producción alimentaria;
El principio de precaución;
El derecho a la información acerca del origen y contenido de los productos alimenticios;
Mecanismos internacionales de participación genuinamente democráticos;
Prioridad para la producción alimentaria nacional, las prácticas agroecológicas sustentables y el acceso equitativo a todos los recursos;
Apoyo a los pequeños productores agropecuarios para que obtengan la propiedad y ejerzan suficiente control sobre los medios de producción alimentaria;
Prohibición eficaz de todas las formas de dumping, a fin de proteger la producción alimentaria nacional, mediante la aplicación de mecanismos que eviten la generación de excedentes por parte de los países exportadores y el ejercicio del derecho de los países importadores a proteger sus mercados internos contra los productos importados a bajo precio;
Prohibición de la biopiratería y las patentes sobre materia viva -animales, plantas, el organismo humano y otras formas de vida- y cualquiera de sus componentes, e incluso al desarrollo de variedades estériles mediante procesos de ingeniería genética;
Respeto por todos los convenios de Derechos Humanos y otros acuerdos multilaterales afines bajo jurisdicción internacional independiente.
Los abajo firmantes hacemos nuestros los reclamos planteados en otras declaraciones de la sociedad civil tales como 'Nuestro Mundo No Está en Venta: OMC, Someterse o Desaparecer' y 'Frenemos Ya el Ataque del GATS'. Reclamamos que los gobiernos aprueben las siguientes medidas de manera inmediata:

1. Cesar las negociaciones tendientes al lanzamiento de una nueva ronda de liberalización comercial y frenar las discusiones tendientes a incorporar 'nuevos temas' o sectores al ámbito de jurisdicción de la OMC, tales como inversiones, normas de competencia, compras del Estado, biotecnología, servicios, normas laborales y medio ambiente;

2. Cancelar las negociaciones para una mayor liberalización del comercio agropecuario en el ámbito del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, inclusive a través de la llamada 'agenda incorporada' u ordinaria de la OMC;

3. Eliminar la aceptación obligatoria de un cupo mínimo de importación del 5% del consumo interno; todas las cláusulas sobre acceso obligatorio a los mercados deben ser asimismo eliminadas inmediatamente;

4. Emprender una revisión exhaustiva tanto de la implementación como de los impactos sociales y ambientales de las normas y acuerdos de comercio vigentes (y el papel de la OMC en ese sistema) con respecto a la alimentación y la agricultura;

5. Tomar medidas inmediatas para sustraer a la alimentación y la agricultura del control de la OMC, entre otras, mediante el desmantelamiento del acuerdo AoA y la exclusión o enmienda de las cláusulas pertinentes en los acuerdos TRIPS, GATS, SPS, TBT, y SCM y su sustitución por un nuevo Convenio Internacional sobre Soberanía Alimentaria y Comercio Agropecuario y de Alimentos;

6. Revisar las políticas sobre propiedad intelectual, de tal manera que se prohíba el patentamiento de todo tipo de materia viva o cualquiera de sus componentes, y se fijen límites a los derechos de patente a fin de proteger la salud y la seguridad públicas;

7. Frenar las negociaciones del acuerdo GATS, y eliminar el principio de "liberalización progresiva" a fin de proteger los servicios públicos y el interés común;

8. Aplicar políticas de reforma agraria genuina, y garantizar los derechos de los productores agropecuarios sobre recursos cruciales como la tierra, las semillas, el agua y otros recursos;

9. Iniciar discusiones sobre un régimen institucional alternativo para reglamentar la producción sustentable y el comercio en productos agropecuarios y alimentos. Tal régimen debería incluir:

· A la ONU -reformada y fortalecida- activamente comprometida en la protección de los derechos fundamentales de todos los pueblos, en tanto que foro apropiado para elaborar y negociar normas de producción sustentable y comercio justo;

· Un mecanismo de resolución de disputas integrado a una Corte Internacional de Justicia, especialmente para impedir la práctica del dumping;

· Una Comisión Mundial para la Agricultura Sustentable y la Soberanía Alimentaria, creada para evaluar exhaustivamente los efectos de la liberalización del comercio sobre la soberanía y seguridad alimentaria, y para generar propuestas de cambio; su mandato deberá abarcar los acuerdos y reglas de la OMC y de otros pactos comerciales bilaterales, regionales e internacionales, así como las políticas económicas impulsadas por los organismos financieros internacionales y los Bancos Multilaterales de Desarrollo; tal comisión deberá constar de y estar dirigida por delegados de diversas organizaciones sociales y grupos culturales, movimientos sociales, organizaciones profesionales, y representantes políticos democráticamente electos y funcionarios de organismos multilaterales pertinentes;

· Un Tratado Internacional vinculante que defina y consagre los derechos de los campesinos y pequeños productores agropecuarios sobre los bienes, recursos y protecciones legales que precisan para ejercer su derecho a producir; dicho tratado deberá integrarse al sistema de Derechos Humanos de la ONU y asociarse a otros convenios relevantes ya existentes dentro de la ONU;

· Un Convenio Internacional que sustituya al Acuerdo sobre Agricultura (AoA) y las cláusulas pertinentes de otros acuerdos de la OMC, y que consagre y aplique en el contexto del régimen internacional de políticas el concepto de soberanía alimentaria y el derecho fundamental de los pueblos a alimentos sanos y nutritivos, a pleno empleo digno en las zonas rurales, a derechos laborales y seguridad y a un ambiente natural rico y diverso, y que incluya asimismo reglas para la producción y el comercio sustentables en productos agropecuarios y alimentos.

Una alianza amplia con una agenda para el cambio!

Los efectos de las políticas neoliberales saltan a la vista. La sociedad civil se percata de ellas cada vez más cabalmente y las rechaza en todo el mundo, ejerciendo una presión creciente por cambios.

En la etapa preparatoria de la próxima Conferencia Ministerial de la OMC y en los años que siguen, los abajo firmantes continuaremos denunciando los efectos negativos de las políticas económicas y comerciales neoliberales en la agricultura y la alimentación, y proponiendo alternativas al actual régimen mundial de comercio.

Esta declaración constituye una clara señal de la firme decisión que une a los movimientos sociales y otros actores de la sociedad civil en todo el mundo en la lucha por democratizar las políticas internacionales y crear instituciones capaces de albergar y defender políticas sustentables para la agricultura y la alimentación.

Contacto de las organizaciones que han lanzado la declaración:

COASAD

Christine Andela

POBox 11813, Yaounde, Cameroon

Tel: +237-96 32 58, Fax: +237-22 86 55

Email: andelac@yahoo.com

Collectif Stratégies Alimentaires
Marek Poznanski

184 D, Boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles, Belgique
Tél. + 32-2- 412 06 61 / Fax: + 32 2 412 06 66

Email: csa@csa-be.org

ETC Group (formerly RAFI)
478 River Avenue, Suite 200, WINNIPEG MB R3L 0C8, CANADA
Tel: (1-204) 453-5259, Fax: (1-204) 284-7871
Email: etc@etcgroup.org

Focus on the Global South

Shalmali Guttal

CUSRI, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Bangkok 10330, Thailand

Telephone: (66-2) 218 7363-5

Email: s.guttl@focusweb.org

Food First/Institute for Food and Development Policy
Peter Rosset

398 60th Street, Oakland, California 94618 USA
tel: +1-510-654-4400 x224, fax: +1-253-295-5257

Email: rosset@foodfirst.org

Friends of the Earth Latin America & Caribbean

Alberto Villarreal

San Jose 1423, 11 200 Montevideo, URUGUAY

tel/fax: 5982 902 2355 or 5982 908 2730

Email: comerc@redes.org.uy

Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland
Tim Rice
26-28 Underwood Street, London N1 7JQ, United Kingdom
tel - 44 20 7566 1603
Email: timr@foe.co.uk

GRAIN

Henk Hobbelink

Girona 25, pral 08010 Barcelona, Spain

Tel: +34-93-301 1381 Fax: +34-93-301- 1627

Email: grain@grain.org

Institute for Agriculture and Trade Policy

Mark Ritchie

2105 1st Ave. S., Minneapolis, MN, USA, 55404

tel: +1 612 870 3454

Email: mritchie@iatp.org

IBON Foundation Inc.
Rosario Bella Guzman, Antonio Tujan Jr.
P.O. Box SM-447, Sta Mesa, Manila, Philippines
tel +63-2-7142737 fax +63-2-7160108
Email: atujan@ibon.org

Public Citizen's Energy and Environment Program

Wenonah Hauter

215 Pennsylvania Ave. SE, Washington, DC 20003, USA

phone 202-454-5150

Email: whauter@citizen.org

Via Campesina
Rafael Alegria, Paul Nicholson

Colonia Alameda, Casa #2025, 11 Calle, 3 y 4 Avenidas, Tegucigalpa, Honduras

Telefax: (504) 235 99 15, Telephone: (504) 239 4679

Email: viacam@gbm.hn

Firmado por:

A) Redes y movimientos internacionales
Via Campesina (movimiento internacional campesino con mas que 80 organizaciones de mas que 40 paises)
B) Redes y movimientos regionales

Friends of the Earth Latin America & Caribbean

COASAD - Africa

C) Organizaciones nacionales
CESTA- Friends of the Earth El Salvador
CENSAT - Friends of the Earth Colombia

COECOCEIBA- Friends of the Earth Costa Rica
COHPEDA- Friends of the Earth Haiti

Collectif Stratégies Alimentaires - Belgium
Focus on the Global South - Thailand

Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland

Foodfirst/ Institute for Food and Development Policy - USA
ETCgroup - Canada

IBON Foundation Inc. - Phillipines
Institute for Agriculture and Trade Policy - USA

KMP (member of Via Campesina) - Phillipines

NBS (member of Via Campesina) - Norway

NFFC (member of Via Campesina) - USA

Public Citizen's Energy and Environment Program - USA

REDES- Friends of the Earth Uruguay
Sobrevivencia - Friends of the Earth Paraguay
Small and Family Farms Alliance (SFFA) - United Kingdom