Nicaragua no consigue proteger a los grupos indígenas de los acaparadores de tierras

“Las autoridades nicaragüenses han sido cómplices no solo en la venta de territorios y la entrada de las empresas mineras para conseguir recursos que pertenecen a los indígenas, sino que también le están restando importancia a la crisis”, dice Anuradha Mittal, autor del informe y fundador del Oakland Institute.

Según  el informe, 40 indígenas han sido asesinados en conflictos con migrantes, conocidos como colonos, desde 2015, y otros miles han tenido que huir a ciudades y pueblos cercanos para escapar de la violencia. El año pasado, Mongabay informó de  los conflictos entre las comunidades mayangna y los migrantes en la Reserva de la Biósfera Bosawás y, a finales de enero de este año, reportó cómo el  ataque a una comunidad en la reserva dejó a cuatro mayangna muertos.

“Nos hemos enfrentado a muchas amenazas de diferentes empresas y colonos que acaparan la tierra”, dijo Lottie Cunningham, abogada de la comunidad indígena miskito, quien ha seguido un largo proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para defender los territorios indígenas en Nicaragua. “Cada año va a peor”.

Muchos inmigrantes se sienten atraídos por la idea de un territorio fértil que pueden utilizar para la agricultura. Mitta señala que la presencia de estas personas beneficia al final a los inversores que quieren explotar o convertir la tierra, como la poderosas industria ganadera de Nicaragua.

“Tenemos que entender que estas empresas utilizan a los colonos para despejar la tierra. Después cuando se van a otro sitio, eventualmente ese lugar se convierte en grandes granjas”, dijo.

La mayoría de grupos indígenas de Nicaragua —entre los que están los mayangna y los miskito, además de las comunidades criollas afrodescendientes y otros grupos— viven en dos regiones autónomas a lo largo de la exuberante costa caribeña. Las dos regiones se forjaron a mediados de los 80 durante la guerra civil, y contienen algunas de las porciones de selva más grandes de Centroamérica.

Las tensiones entre los sandinistas de Ortega y los grupos indígenas que viven en las dos regiones no son nuevas. Después de que los sandinistas derrocaran la dictadura de Somoza a finales de los 70, el partido estableció, al principio, relaciones amistosas con las comunidades de la costa caribeña. Eso cambió, sin embargo, cuando intentaron aplicar un programa de alfabetización en español y mantener el control del territorio en 1981.

Después de eso, los miskito y otros grupos indígenas formaron una alianza con las fuerzas leales al régimen de Somoza y tuvieron un papel importante en la guerra de los Contras apoyada por los EE. UU. que cobró la vida de unos 30.000 nicaragüenses.

“Los miskito primero fueron aliados de los sandinistas porque…era un movimiento campesino de gente pobre”, dijo Laura Herlihy, profesora de estudios caribeños y latinoamericanos en la Universidad de Kansas que ha  escrito mucho sobre la región. “Pero en cuanto la brigada de alfabetización bilingüe empezó y era en español y no en miskito, y sintieron que sus territorios iban a ser nacionalizados en parte, se apartaron”.

Después de años de intensa lucha, un proceso de paz llevó al establecimiento de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe del Norte y Sur en 1987. La “Ley 28”, que creó las dos regiones, otorgaba a los grupos indígenas el derecho a un autogobierno semiindependiente.

No obstante, en 1990, los sandinistas perdieron las elecciones nacionales contra sus oponentes conservadores, quienes otorgaron concesiones a empresas mineras y madereras en las dos regiones y alentaron a los soldados desmovilizados a reinstalarse allí. Después de que se entregara una concesión de 620 km2 a una empresa maderera surcoreana, las comunidades mayangna llevaron al gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que  falló a su favor en 2001.

La batalla en los tribunales impulsó la aprobación de otra ley en 2003 que estableció un proceso de cinco pasos para que las comunidades indígenas y afrodescendientes demarcaran sus territorios y obtuvieran títulos de propiedad formales. El quinto y último paso del proceso obligaba al gobierno nicaragüense a sacar a los migrantes y las empresas de esos territorios titulados, de forma voluntaria o no.

En 2006, Ortega y los sandinistas recuperaron el poder después de una campaña electoral que incluía la promesa de trabajar con las comunidades indígenas de la costa caribeña para finalizar el proceso que se había iniciado con la ley de 2003. Veintitrés territorios que representan casi un tercio de la masa terrestre de Nicaragua recibieron títulos de propiedad con ese proceso, pero los defensores indígenas afirman que el quinto paso aún no se ha llevado a cabo.

Ese paso final, conocido como saneamiento, se ha convertido en un grito de guerra para los grupos indígenas de la región que quieren recuperar el control de su territorio.

“Esta situación no es como otras en América Latina en las que el territorio no está reconocido adecuadamente o está en disputa. El territorio en Nicaragua está demarcado y titulado. Los pueblos indígenas son los propietarios colectivos del territorio”, dijo Guillermo Rodríguez, oficial de incidencia en el Centro por la Justicia y Derecho Internacional. “Desde el punto de vista legal, no tendría que haber una disputa por este asunto”.

El  informe del Instituto Oakland dice que el flujo de migrantes de otras partes de Nicaragua a las regiones indígenas costeras se aceleró después de que Ortega asumiera la presidencia. La tierra fértil y la presencia de oro y madera en las regiones las hacen atractivas en un país que tiene una de las cifras de ingresos per cápita más bajas de Centroamérica. En algunas zonas, la mayoría de la población es inmigrante.

A medida que esos migrantes llegaron a la región, los conflictos por el uso del territorio estallaron y los grupos indígenas se sintieron superados e intimidados por los recién llegados, quienes incluso portaban armas. Según el informe, las autoridades gubernamentales miraron para otro lado cuando esos conflictos se volvieron mortales.

“Lo que escuché una y otra vez durante la investigación de campo es que estaban matando a gente”, dijo Mittal. “Y la policía no hace un informe, ni siquiera hay una investigación”.

Mittal dijo que las grandes operaciones de las industrias extractivas están empeorando la situación. En un intento de hacer que Nicaragua sea más atractiva para las inversiones extranjeras, el gobierno Sandinista ha  concedido condiciones favorables a las empresas mineras y madereras que trabajan en la región, lo cual ha despertado el interés del resto del mundo.

Calibre Mining de Canadá, por ejemplo, es propietaria de una concesión de oro que cubre casi 900 km2 de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, que está cubierta de bosque. Según el informe, Calibre dijo que llevaba a cabo consultas con las comunidades indígenas. Sin embargo, los abogados que trabajan con esas comunidades dicen que, en la práctica, esas consultas las dominan las élites elegidas a dedo por el gobierno nicaragüense.

“Lo que el gobierno hace es imponer a los líderes que quieren, en lugar de certificar a los líderes que eligen las comunidades”, dijo Cunningham.

La presencia de empresas de minería aurífera atrae a trabajadores migrantes, quienes inconscientemente consiguen títulos de propiedad fraudulentos de autoridades gubernamentales locales corruptas, algunas de las cuales son líderes de grupos indígenas.

El informe dice que el hecho de que el gobierno nicaragüense se niegue a evitar las migraciones al territorio indígena y a combatir el comercio ilegal de títulos de propiedad fraudulentos ha creado una crisis volátil que no se solucionará fácilmente. Muchos de los migrantes han construido una nueva vida en la región y las peticiones de saneamiento de los indígenas han avivado el miedo de estos a perder su forma de subsistencia.

“Es una situación realmente compleja”, dijo Rodríguez. “En algunos lugares el 90 % de los habitantes son colonos”.

Cunningham dijo que, aunque entiende a los migrantes, la crisis no se resolverá hasta que el gobierno intervenga para evitar que haya más derramamiento de sangre.

“Se llega a acuerdos cuando se está en un proceso de paz”, dijo. “El problema que tenemos ahora es que hay cada vez más violencia”.

Fuente: Mongabay