Necropolítica: dejar morir a la gente y la naturaleza para mantener viva la economía

Eduardo Gudynas es investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social – CLAES. Fue el primer latinoamericano en recibir la Cátedra Arne Naess de Justicia Global y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo (Noruega). Recientemente se ha incorporado a la Comisión para la Transformación de la Economía del Club de Roma. Sus últimos libros son sobre el extractivismo y los derechos de la naturaleza, publicados en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En inglés, su obra más reciente es «Extractivisms» (Fernwoord, 2021).

– ¿Cuáles son los principales aspectos de las crisis vividas en los países latinoamericanos?

Es necesario entender que estamos inmersos en múltiples crisis. La insistencia en que sólo sufrimos de Covid-19 se utiliza para minimizar otras crisis igualmente graves. Los problemas de la sanidad pública han agravado las dificultades que ya estaban presentes desde años anteriores. Hay dificultades económicas, desempleo y aumento de la pobreza. Ninguno de estos problemas comenzó con la pandemia. Esto explica a su vez que estas crisis afectan a todas las dimensiones sociales, económicas, políticas y medioambientales, y que sus componentes están interconectados. No se pueden tratar por separado.

La situación es dramática: más de 22 millones de personas viven en la pobreza, lo que eleva la pobreza total en América Latina a 210 millones de personas. Se han perdido al menos 43 millones de empleos, ha aumentado la informalidad, ha vuelto la inseguridad alimentaria en varios países, más de 160 millones de estudiantes han sufrido interrupciones en sus clases y la atención sanitaria, en lugar de mejorar, ha empeorado. Estos y otros problemas están interconectados.

– ¿Cuáles son las principales expresiones de este conjunto de crisis?

Hay algunos análisis que consideran la situación actual como una etapa o expresión de la «crisis del capitalismo». Estos planteamientos son a veces muy simplistas porque no entienden que el capitalismo, en cualquiera de sus versiones, implica «crisis». Por tanto, el hecho de que existan estas crisis no significa que el capitalismo esté amenazado, ni que vaya a colapsar mañana. Por el contrario, el capitalismo se reproduce aprovechando las crisis y, en algunos aspectos, esto sirve para reforzar sus versiones más primitivas. Lo que está en marcha en América Latina y en otras regiones son brutales transferencias de excedentes que se captan como dinero, mientras que al mismo tiempo se derivan otras como externalidades de todo tipo, sanitarias, sociales, económicas y culturales.

– Usted propuso la idea de la necropolítica para abordar esta situación. ¿Por qué esta idea nos ayuda a entender estas situaciones?

La pandemia aceleró un cambio más profundo en las formas de entender la política. Los grupos políticos y los Estados aprovecharon la pandemia para reforzar los mecanismos de vigilancia, control y disciplina. Utilizaron la crisis sanitaria para justificar estos altos niveles de pobreza y desempleo. A su vez, argumentando que necesitan salir de la pandemia de la crisis económica, aplican medidas de protección a las empresas e inversores que hasta hace poco eran injustificables.

La necropolítica surge bajo esta condición. Se trata de dejar morir a las personas y a la naturaleza para mantener viva la economía. Todos estamos más controlados y vigilados, la pobreza ha aumentado, cientos de miles de personas han muerto por Covid y el medio ambiente se ha destruido aún más. Pero de alguna manera esto ha sido aceptado por los políticos y gran parte de la sociedad.

Es en este cambio donde el concepto de necropolítica pone su énfasis. Se está produciendo un cambio en la esencia de la forma de entender la política, lo que hace que se acepten y naturalicen todas estas crisis. Hay miedo entre varios sectores de la ciudadanía, una creciente resignación entre otros, y hay quienes exigen aún más control, más facilidades para las corporaciones, más destrucción ecológica.

La idea de la necropolítica también indica que lo que consideran aceptable o inaceptable en las políticas públicas está cambiando, en sus demandas a los gobiernos y en relación con lo que creen que sería vergonzoso tolerar. En el pasado también hubo crisis económicas, pobreza y violencia, pero al mismo tiempo hubo grupos de partidos políticos que consideraron esto inaceptable y buscaron alternativas, y todo esto fue alimentado por fuertes movilizaciones ciudadanas. El debate político estuvo presente en las diferentes formas de defender la vida, de intentar superar estas crisis.

Por el contrario, en la necropolítica hay un fatalismo en dejar morir a las personas y a la Naturaleza, aunque estén obsesionados por mantener vivas las economías. Parece que no nos damos cuenta de que al menos 1,5 millones de latinoamericanos han muerto a causa de la pandemia. Es una cifra asombrosa. Es una ola de muertes que en otros tiempos habría hecho caer a gobiernos y presidentes, pero que no ocurrió, echando la culpa, una y otra vez, al Covid-19. El virus se ha convertido en una excusa para reforzar la necropolítica.

– Algunos componentes de esta necropolítica, como la pobreza y la violencia, están presentes en América Latina desde hace mucho tiempo.

Correcto. La violencia es un problema muy grave, no sólo hoy, sino que se arrastra desde la época colonial. Muchas de sus expresiones conocidas se han reforzado con la pandemia. Por ejemplo, la violencia del Estado al imponer medidas de cuarentena y confinamiento apelando a la policía y al ejército. La escala de todo esto era inmensa. Por ejemplo, estimamos que al menos 300 millones de latinoamericanos experimentaron alguna forma de confinamiento. También se han fortalecido los grupos ilegales, como los que se dedican a la extracción de oro o a los cultivos para las redes de narcotráfico, que controlan los territorios mediante la violencia.

La condición necropolítica se apoya en esta difusión de la violencia. Sin embargo, la necropolítica no se refiere a la violencia en actos concretos, como en el caso de los grupos armados en Colombia o las maras centroamericanas. No es una política que ordene la ejecución de personas. Sin embargo, es una política que permite que mueran, ya sea por Covid-19, o por estos grupos armados o por la criminalidad tradicional, y se resigna a ello. Es la inacción. Es una aceptación resignada. Como si asumiera que se han agotado todas las alternativas para resolver el drama de la violencia.

La vieja política presentaba discursos y medidas para intentar solucionarlo, independientemente de que pudiéramos estar o no de acuerdo con esas propuestas. Estas cuestiones fueron objeto de debate político y amplios sectores de la ciudadanía exigieron soluciones, porque no podían tolerar y estaban indignados por los asesinatos. Sin embargo, tras la pandemia, se produce una transformación en la moral pública: esto ya no genera tanta indignación, ya no produce vergüenza ni angustia, y se acepta cada vez más. Este es el triunfo de la necropolítica.

Así, la necropolítica es el resultado de una ruptura en el campo de la moral. Esto se debe a que la opresión opera ahora en este nivel más profundo y es capaz de anular otras opciones morales. Antes, las condiciones morales consideraban inaceptable que la gente muriera, las muertes generaban angustia e indignación. Durante años, todo esto se ha ido erosionando, pero con la pandemia el proceso se ha acelerado y empeorado. La opresión ha dado un paso más, actuando ahora en este campo antes que las ideologías políticas, para modificar los mandatos morales que alimentan todas las principales corrientes políticas.

– ¿Qué valoración hace de las negociaciones de la convención sobre el cambio climático que acaban de terminar en Glasgow?

Muchos líderes ofrecieron discursos y promesas radicales para hacer frente al cambio climático. Por ejemplo, Iván Duque, de Colombia, prometió la neutralidad en las emisiones netas de carbono para 2050, y el gobierno de Jair Bolsonaro firmó un acuerdo para detener la deforestación. Pero sus prácticas concretas, dentro de cada país, están lejos de cumplir estas promesas; al contrario, empeoran las emisiones de gases de efecto invernadero. Así es como Duque promueve la exploración de petróleo y gas mediante el fracking y defiende la minería del carbón, y en Brasil se acaba de confirmar un aumento del 22% de la deforestación en la Amazonia, alcanzando el nivel más alto en 15 años.

Brasil, junto con países como Argentina y Uruguay, ha firmado incluso un compromiso para reducir las emisiones de metano, que es un potente gas de efecto invernadero que se origina, por ejemplo, en la agricultura y la ganadería. Si realmente actuaran así, golpearían a la poderosa agroindustria de esos países. Pero firmaron ese acuerdo en Glasgow porque no impone medidas para garantizar su cumplimiento. Son sólo declaraciones de intenciones que sirven para la publicidad y para calmar las demandas de los ciudadanos, pero no garantizan una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Todos los gobiernos son responsables. Es cierto que algunos son más responsables que otros, pero en este momento, todos tienen algunas responsabilidades. Por otro lado, los países industrializados evitan asumirlas en todos sus aspectos, especialmente en la ayuda financiera. Pero al mismo tiempo, muchas naciones del Sur aprovechan su baja proporción de emisiones de gases de efecto invernadero para seguir contaminando y continuar exportando combustibles fósiles, como es el caso de Colombia, Bolivia y Venezuela. O utilizan la excusa de la necesidad de desarrollarse para ser aún más contaminantes, como India y México.

Así llegamos al documento final firmado por todos los gobiernos, el Pacto de Glasgow, en el que reconocen que el objetivo debe ser reducir las emisiones de CO2 en un 45% para 2030, y a cero para 2050. Pero en el mismo pacto, unos párrafos después, confiesan que las acciones de los gobiernos no conducen a estas reducciones, sino que actúan en sentido contrario, aumentando los gases de efecto invernadero en un 13,7% para 2030.

Esto hace que el documento firmado en Glasgow sea llamativo porque es una confesión escrita de su fracaso. Y no pasa nada. No hay ningún cataclismo político, ningún ministro de medio ambiente ha dimitido. Gran parte de la prensa internacional ni siquiera entiende el contenido de este pacto, y hay organizaciones que incluso lo han apoyado. Esto es necropolítica. El Pacto de Glasgow muestra claramente que la naturaleza y las personas pueden morir.

– ¿La situación política de los distintos países permite afrontar esta crisis? Por ejemplo, los cambios de gobierno en Ecuador y Perú, o las recientes elecciones legislativas en Argentina y presidenciales en Chile, ¿ofrecen oportunidades o son retrocesos?

Por un lado, hay muchos cambios en marcha, pero por otro lado hay que tener cuidado en el análisis para no caer en simplificaciones. En Ecuador, el banquero Guillermo Lasso ganó la presidencia, aplicando un programa muy conservador. Sin embargo, sigue activo el progresismo, que tiene similitudes con la agenda política del «lulismo» en Brasil y que en Ecuador se inspira en Rafael Correa. Pero al mismo tiempo, hay una renovación de la izquierda que busca dejar atrás las limitaciones progresistas y explora una plataforma comunitaria, territorial, ambientalista, feminista e indígena, liderada por Yaku Pérez. –

Se dice que Perú ha girado hacia lo que algunos llaman progresismo o izquierda, tras la victoria del profesor Pedro Castillo. Pero, de hecho, el progresismo retrocedió mucho, ya que el partido Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, perdió buena parte de sus votantes. La renovación del ala izquierda del Frente Amplio, con Marco Arana, se redujo aún más. Perú Libre, el partido que llevó a Castillo como candidato presidencial, defiende un programa dogmático del siglo pasado, ideológicamente anterior al progresismo, e incluso se ha distanciado del gobierno.

Por lo tanto, se puede ver que los sectores conservadores mantienen una presencia y un poder en estos países. Esto alimenta la necropolítica y, a medida que se extiende, refuerza aún más el conservadurismo.

Algo similar ocurrió con la renovación legislativa argentina, donde el progresismo que corresponde al actual presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ha retrocedido. Los partidos clásicos de izquierda han aumentado su presencia, pero los sectores conservadores vinculados a la anterior presidencia de Mauricio Macri han aumentado aún más. No sólo eso, también ha surgido una extrema derecha, similar a la bolsonarista, que ha ganado votos para entrar en el congreso.

El miedo ante la extrema derecha es aún más evidente en las elecciones de Chile. El candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, obtuvo la mayoría en la primera vuelta para presidente. Pero lo más alarmante es que la derecha controlará la mitad del Senado y, en la práctica, también la Cámara de Diputados.

Este resultado sorprendió a muchos, porque desde el estallido social de finales de 2019, todo indicaba un giro a la izquierda. Además, en la elección de los miembros de la Convención Constituyente, el progresismo obtuvo una buena votación, pero aún más esperanzadora fue la elección de muchos miembros que representaban una renovación de la izquierda más allá del progresismo. Entre ellos se encontraban reconocidos activistas territoriales, indígenas, ecologistas y feministas. El segundo puesto en la carrera presidencial fue para el candidato de centro-izquierda, Gabriel Boric, procedente del progresismo. Se genera una situación muy tensa, ya que nadie quiere un presidente de extrema derecha, pero al mismo tiempo Boric representa un progresismo que la renovación de la izquierda desea dejar atrás.

En resumen, se puede decir que estamos viendo diferentes tensiones entre al menos tres perspectivas. Hay corrientes de derecha, que pueden ser más moderadas, como en Uruguay, o extremistas, como Bolsonaro y Kast. Ahí se alimenta la necropolítica. Los progresistas gobiernan en Argentina y Bolivia, pero su actuación es aún más criticada, sin avanzar en una renovación de ideas, como ocurriría también en Perú y Chile.

En la dimensión política, siguen atascados con el caudillismo, en la dimensión económica, con el extractivismo, y todavía hay obstáculos, según el caso, con demandas como las feministas, indigenistas y ambientales.

Por lo tanto, no son antídotos eficaces contra la necropolítica.

Por último, se mantienen los intentos de renovar una izquierda plural decolonial y, por tanto, intercultural, ecologista y, de esta manera, postextractivista, feminista y democrática. Son alternativas que trascienden el progresismo, que se enfrentan a la necropolítica, y su avance más reciente se ha producido en Ecuador y Chile, pero ha retrocedido en Perú y es marginal en países como Brasil y Argentina.

– En la última entrevista que nos concedió, dijo que las «alternativas» para América Latina «van más allá del desarrollo capitalista, y para ello contamos con la inspiración del Buen Vivir». En la práctica, ¿qué significa eso en tiempos de necropolítica?

En concreto, el punto en común de estas renovaciones de la izquierda es que tienen componentes que se corresponden con el Buen Vivir. Son de izquierdas porque defienden, por ejemplo, la justicia social y rechazan las aventuras de la derecha y la extrema derecha. Pero también reconocen las limitaciones de progresismos como los de Lula da Silva, con su «nuevo desarrollo». De este modo, el Buen Vivir y otras propuestas similares son alternativas al desarrollo en todas sus variedades. Aparecen de vez en cuando, y el ejemplo más llamativo se da en la Convención Constituyente de Chile. Allí, la comisión de medio ambiente se llama incluso «derechos de la naturaleza y modelo económico». Esto deja claro que apuntan a los derechos de la Naturaleza, que es un componente crucial del Buen Vivir y que, a su vez, corresponde a un cambio en la forma de entender el valor y, por tanto, la asociación con los modelos económicos.

Por lo tanto, no se trata de una discusión filosófica, sino de una izquierda que quiere repensar todas las estrategias económicas desde otros puntos de partida. Los componentes pueden ser muy concretos, como nuevos procedimientos de evaluación de costes y beneficios, herramientas para hacer valoraciones explícitas que no sean utilitarias, otra organización del gasto estatal e incluso propuestas alternativas de integración entre países.

Estos son los antídotos contra la necropolítica. Necesitamos una reconstrucción de la política que proteja la vida, que considere inaceptable que las personas mueran y también la Naturaleza. Este es precisamente el mandato de la Buena Vida. Y, por así decirlo, una política de la vida que parte de la valoración de la vida, no sólo por su utilidad, sino también por su belleza, sus historias e incluso por sus propiedades intrínsecas. Este aprecio alimenta el compromiso moral de defenderla. La política de la vida en la Buena Vida está en la forma en que la practicamos.

Entrevista por Patricia Fachin y Wagner Fernandez de Azevedo, traducida por CEPAT, al portugués, publicada en Revista IHU (Unisinos), 1 diciembre 2021 –  aquí…

Traducción del original en portugués al español por  Correspondencia de Prensa, y publicado en su sitio el 2 diciembre 2021,  aquí…

Fuente: Acción y Reacción