Mucha tierra en pocas manos: el arrasamiento de la vida

Darío Aranda, Agencia de Noticias Biodiversidadla, abril de 2020

En el Cono Sur se desarrolla una reforma agraria, pero al revés: donde unos pocos tienen mucho y donde muchos no tienen casi nada. Es la situación de la tierra en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. En los últimos veinte años, agronegocio transgénico mediante, se agravó el problema. Ningún gobierno, de ningún signo político, cuestionó esta injusticia. El avance territorial empresario implica represión y asesinatos. Por supuesto, la Vía Campesina exige reforma agraria popular.

En Argentina desapareció el 41% de las explotaciones agropecuarias entre 1988 y 2018. Son 169 mil chacras, según datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario (CNA). Al mismo tiempo aumentó la superficie promedio de las fincas. De 469 hectáreas pasó a 690 hectáreas. Se confirma la tendencia de mucha tierra en pocas manos: el 1% de las explotaciones agropecuarias controla el 36.4% de la tierra. Mientras que 55% de las explotaciones (de menos de 100 hectáreas) cuenta con solo el 2.2% de la tierra.

En Paraguay, entre 1991 y 2008, desaparecieron 18 mil 300 fincas. Pero aumentó la superficie cultivada en siete millones de hectáreas (de 24 millones a 31). Según estudios de la organización paraguaya Base-Is (Investigaciones Sociales), la agricultura campesina representa el 91% de las fincas pero cuenta con sólo el 6% de la superficie. El agronegocio abarca 3% de las fincas, pero controla 85% de la tierra del país.

En Bolivia la injusta distribución de la tierra tiene directa relación con las regiones. La Fundación Tierra, con base en datos oficiales, afirma que en el altiplano y valles se encuentra 83% de las UPA (Unidades de Producción Agropecuaria), y la enorme mayoría son de base campesina-indígena. En esas regiones está el 38% de la superficie cultivada del país. Por otro lado, en el departamento de Santa Cruz de la Sierra se ubica 16% de las unidades productivas, que abarcan el 62% de la tierra cultivada del país.

En Uruguay desapareció 40% de las explotaciones de menos de 20 hectáreas y 31% de las explotaciones menores a 100 hectáreas. Mientras que aumentaron un 4% las explotaciones de más de 2500 hectáreas. Sucedió entre 2000 y 2011 e implicó la desaparición de 12 mil 241 chacras.

Pablo Galeano, de las organización Redes-Amigos de la Tierra Uruguay, confirma que la causa de la desaparición de fincas es el avance del agronegocio. En paralelo existe un proceso por el cual cada vez más productores abandonaron la gestión de sus campos para arrendarle a los grupos de empresarios (pooles de siembra). Quien era productor pasó a convertirse en rentista. El mismo fenómeno se dio en Argentina, Paraguay y Bolivia.

En Brasil el censo agropecuario de 2017 mostró que el número de establecimientos se redujo, con apropiación territorial por parte de los grandes propietarios. En Brasil existen 5 millones 072 mil 152 establecimientos agrícolas, en 350 millones 253 mil 329 hectáreas. En comparación con el censo de 2006 esta superficie creció en 16.5 millones de hectáreas, pese a la desaparición de 103 mil 484 unidades productivas. Brasil cuenta con 3287 fincas que controlan el 47.5% de la tierra cultivada (166 millones de hectáreas).

Avance territorial

En números redondos Argentina pasó de 6 millones 600 mil hectáreas con soja (convencional) en 1996, y alcanzó los 20 millones 500 mil hectáreas de soja transgénica en 2015. El maíz pasó de 4 millones 100 mil hectáreas en 1996 a 6 millones 900 mil hectáreas en 2015. Paraguay creció de 1 millón 100 mil hectáreas con soja en 1997 a 3 millones 400 mil en 2018. El maíz llegó a un millón de hectáreas en 2016 desde un piso de 356 mil 600 hectáreas en 1997. En Bolivia se pasó de 200 mil hectáreas con soja en 1990 a 1 millón 200 mil en 2017. Uruguay pasó de 9 mil hectáreas con soja en el año 2000 a 1 millón 100 mil en 2018. A fines de los noventa Brasil contaba con 3 millones de hectáreas declaradas. En 2019 llegó a 36 millones de hectáreas.

El agronegocio avanzó sobre nuevas áreas, que estaban en manos de campesinos, indígenas, agricultores familiares. Zonas que eran de producción diversificada, con cuidado del monte nativo.

En Argentina los territorios campesinos indígenas más afectados por el avance transgénico están ubicados en las provincias del llamado Gran Chaco Americano: Formosa, Salta, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, y partes de Córdoba, San Luis, y Catamarca.

El informe oficial “Relevamiento y sistematización de problemas de tierras de los agricultores familiares en Argentina”, de 2013, señala un piso de 9 millones 300 mil hectáreas en conflicto.

En Bolivia el avance del modelo sojero se dio sobre todo en Santa Cruz de la Sierra. Ese departamento es desde hace tres décadas el mayor centro de la economía boliviana, donde la agroindustria es una de las actividades más importantes. Entre 1990 y 2010 la superficie cosechada se expandió más de seis veces.

En Paraguay se avanzó sobre los territorios campesinos e indígenas de los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. Región de los pueblos Avá y Mbyá Guaraní principalmente.

En Brasil la primera fase de avance transgénico fue desde el sur hacia el oeste y el norte del país. Desde Río Grande do Sul hasta Mato Grosso, Goiás y Bahía. El proyecto actual de agronegocio, en su segunda fase, apunta a la región de “Matopiba”, 73 millones de hectáreas que incluye Maranhão, Tocantins, Piauí y Bahía, entre otros.

Violencia

En las últimas décadas se repitieron hechos de criminalización, violencia y represiones en todos los países donde está presente el extractivismo. La ONG internacional Global Witness realiza informes sobre el asesinato de activistas defensores de la tierra y el medio ambiente. En 2017 contabilizaron la muerte de 201 personas, la mayoría en América Latina, considerada por la ONG como la “región más peligrosa del mundo para las y los defensores” del ambiente. Tan sólo en Brasil se registraron ese año 57 personas.

El agronegocio avanzó con violencia: en algunos casos con paramilitares y poderes políticos y judiciales cómplices, en otros con el abandono del Estado. Un caso emblemático es la llamada Masacre de Curuguaty, en Paraguay, una matanza ocurrida el 15 de junio de 2012, donde fueron asesinados once campesinos y seis policías, en el marco de un desalojo irregular.

La masacre ocurrió en la finca llamada Marina Kue, en Curuguaty, a 300 kilómetros de Asunción, donde jueces, fiscales y policías ejecutaron un operativo irregular para expulsar a 60 campesinos que ocupaban la tierra. De acuerdo a investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, la actuación de jueces, fiscales y la policía estuvo marcada por la ilegalidad y la violación de protocolos de actuación, lo que se documentó en el Informe de derechos humanos sobre el caso Marina Kue. Incluso se confirmaron violaciones de garantías elementales de los detenidos y hasta la ejecución extrajudicial de siete campesinos.

La masacre fue utilizada por la clase propietaria del país para ejecutar un golpe de Estado parlamentario contra el entonces presidente Fernando Lugo.

Once campesinos permanecieron injustamente presos durante seis años, hasta julio de 2018, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena.

Base-Is explica que la criminalización en Paraguay es de las más altas de los países de la región. Entre 2013 y 2018 se identificaron 512 campesinos y campesinas imputadas, 413 detenciones y 50 condenados.

Un hecho histórico de violencia en Brasil sucedió el 17 de abril de 1996, cuando veinte miembros del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) fueron asesinados por la policía militar del estado de Pará. La Vía Campesina respondió con acciones de solidaridad y exigencia de justicia, movilizando a comunidades campesinas en todo el mundo. Y declaró el 17 de abril como “Día Internacional de la Lucha Campesina” para mantener viva en la memoria y denunciar la criminalización.

En 2017 se contabilizaron en Brasil 28 asesinatos de personas que resistían el avance del agronegocio. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT, organización referente en todo lo referido al estudio de la lucha rural), en 2017 se contabilizaron 1124 casos de violencia contra ocupaciones y tierras campesinas. Con 118 mil familias afectadas.

La violencia contra campesinos, indígenas y activistas socioambientales se incrementó luego del golpe de estado parlamentario contra Dilma Rousseff (2016).

La deuda eterna

Desde el nacimiento de La Vía Campesina como movimiento internacional una de sus banderas principales fue la reforma agraria. El documento publicado en su sitio “El nuevo llamado a la reforma agraria en el siglo XXI” (de junio de 2019) hace un repaso histórico de las distintas particularidades de la lucha por la tierra en los últimos treinta años: nos muestran que el Banco Mundial y distintos gobiernos impulsaron “reformas agrarias” con el fin de mercantilizar la tierra y, finalmente, entregar esas parcelas a grandes empresas.

Un punto de inflexión se dio en 2016, en la Conferencia Internacional de la Reforma Agraria realizada en Marabá (Brasil). El documento final de ese encuentro advirtió sobre los peligros de una “creciente alianza nacional e internacional entre las industrias extractivas y la agroindustria, el capital internacional, los gobiernos y, cada vez más, los medios masivos de comunicación”.

Se concluyó con un llamado de La Vía Campesina a “una reforma agraria popular, no sólo para los campesinos sin tierra” sino también para los sectores populares urbanos, “ambos víctimas del acaparamiento de tierras y el desplazamiento provocados por el capital especulativo”. Detalló que la especulación inmobiliaria en la ciudad, los altos precios de alquileres y viviendas, son parte también de un modelo que prioriza el dinero por sobre los derechos humanos.

“La nueva propuesta es por una alianza política entre los trabajadores del campo y la ciudad [...] En el campo, éstos son los campesinos, las familias agricultoras, los trabajadores sin tierra, los pueblos originarios, los pastores, los pescadores artesanales y otros pequeños productores de alimentos; en la ciudad, quienes habitan las barriadas y las favelas, cuya población sigue aumentando como parte del rápido crecimiento de las periferias urbanas”, señala La Vía Campesina.

La reforma agraria popular no plantea sólo la entrega de tierras. Es crucial la participación protagónica de los sectores involucrados. Debe contemplar, según los movimientos campesinos, comercio justo, créditos flexibles, seguros para las cosechas, educación, infraestructura rural, acceso democrático al agua y a las semillas, entre otros aspectos. El marco global de la reforma agraria es la soberanía alimentaria, que implica el territorio para producir alimentos para el pueblo y no para producir commodities para exportación.

Arrasar con la vida

En paralelo al avance del modelo sojero en el Cono Sur se arrasaron 35 millones de hectáreas de bosque nativo. El equivalente a la superficie de Alemania, donde se ubica la sede central de Bayer-Monsanto, u ocho veces la superficie de Suiza, donde nació la multinacional Syngenta-Chem China. A pesar de leyes que protegen las áreas boscosas, el desmonte avanza en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Un modelo, el agronegocio, publicitado como “exitoso”, pero con enormes consecuencias en los territorios.

Millones de hectáreas

El avance transgénico tuvo su correlato de devastación ambiental. En Argentina se destruyeron 5 millones 600 mil hectáreas de monte nativo entre 1998 y 2017. Las provincias más desmontadas fueron Santiago del Estero (1 millón 800 mil hectáreas), Salta (1 millón 400 mil), Chaco (650 mil) y Formosa (418 mil). Todas zonas ajenas al modelo agroindustrial, todas zonas de campesinos, indígenas y agricultores familiares.

La Fundación Tierra de Bolivia precisó que ahí se arrasaron 5 millones 100 mil hectáreas entre 1990 y 2016. La mayor deforestación fue en Santa Cruz de la Sierra, corazón de las empresas agroindustriales. Otros departamentos, con cifras menores, son Tarija, Beni, La Paz y Chuquisaca.

En Paraguay, entre 2001 al 2017, se destruyeron 5 millones 400 mil hectáreas. Base-Is explicó que el desmonte mayormente se produjo en los departamentos de Alto Paraguay, Presidente Hayes, Concepción, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná. Son los mismos departamentos donde se produjo el mayor avance del modelo agroexportador.

En Brasil se desmontaron 19 millones 100 mil hectáreas entre 1990 y 2019. Sobre todo en la llamada Amazonia Legal, un área que engloba los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins y Mato Grosso, y una parte de Maranhao, todos pertenecientes a la cuenca amazónica.

Un elemento fundamental, muchas veces silenciado por organizaciones conservacionistas, es que en los territorios con bosque vivían (y viven) pueblos indígenas, campesinos, agricultores, familias. Actores imprescindibles para la soberanía alimentaria y la defensa del monte nativo.

Los millones de hectáreas devastadas fueron transformadas en monocultivos. Las cifras están al principio de este texto.

Otro monocultivo, mismo modelo

Uruguay es un caso muy particular en el avance del agro sobre sus bosques. La Ley 15939 (de 1987) prohíbe la tala de monte nativo (con excepciones para el uso doméstico, y con autorización de la Dirección General Forestal) y obliga a reforestar con especies nativas. Así, la superficie de monte pasó de 664 mil hectáreas en 1990 a 850 mil en 2019. Pero la ley estimula el desarrollo de la industria forestal, que genera el avance del monocultivo de árboles, parte del modelo agroindustrial. En 1987 la superficie de plantaciones forestales (pino y eucaliptus) era de 46 mil hectáreas. En 2017 llegó a las 2 millones 200 mil hectáreas. Esto implicó acaparamiento de tierras, uso masivo de agrotóxicos y la instalación de plantas de celulosa, con denuncias de contaminación del agua y el aire. El caso más famoso: Botnia-UPM, de capitales finlandeses.

Región chaqueña

La ONG paraguaya Guyra analiza la situación del Gran Chaco Sudamericano, que incluye a la Argentina, Paraguay y Bolivia. Analizó el avance de los deforestación entre 2010 y 2018. En 2010 y 2011 contabilizó picos de desmonte de hasta 1400 hectáreas por día en promedio. Y en 2012 y 2013 aumentó incluso hasta un promedio de 2 mil hectáreas diarias. A modo global, entre 2010 y 2013 se destruyeron más de 1 millón 600 mil hectáreas. Paraguay encabezó el ranking con un millón de hectáreas destruidas.

En junio de 2018, último informe mensual disponible, detectaron 34 mil hectáreas arrasadas, un promedio de 1096 hectáreas por día. Argentina representó el 80% y Paraguay el 18%.

“Monitoreo desmonte”, es un sitio web colaborativo que analiza la situación de bosques de la región chaqueña de Argentina, en doce provincias del norte del país donde avanzó el modelo agropecuario. Mediante imágenes satelitales precisa los desmontes desde la década del ‘70 hasta la actualidad. Entre el año 2000 y el 2018 se perdieron 5 millones 700 mil hectáreas, un promedio anual de 300 mil hectáreas. “Las tasas de deforestación en esta región se encuentran entre las más altas del mundo y están promovidas principalmente por el avance de la frontera agropecuaria. Este proceso ha generado importantes conflictos territoriales que incrementaron la preocupación y el interés por conservar los bienes naturales y culturales asociados a estos bosques”, explican los autores del relevamiento, la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART) de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

En Argentina se aprobó en 2007 la llamada “Ley de bosques” (26331), que buscaba frenar la deforestación. Desde la sanción de la ley hasta fines de 2016 se destruyeron en Argentina 2 millones 400 mil hectáreas: equivalente a 120 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. El 80% de los desmontes se concentró en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco.

Crisis climática

Además de las emisiones de gases con efecto de invernadero, un factor clave en el rol de los bosques es que absorben el dióxido de carbono, proveen oxígeno y son fundamentales para bajar la temperatura del planeta. Sin embargo, entre 1990 y 2019 se destruyeron en el mundo más de 129 millones de hectáreas de bosques, superficie equivalente a la de Sudáfrica. El agronegocio, que incluye la ganadería industrial, es un factor clave en la destrucción de esos bosques.

“Perspectivas del Medio Ambiente Mundial”, es el nombre del informe de Naciones Unidas (ONU), presentado en marzo de 2019. Brinda un alerta contundente: el planeta se dirige hacia el colapso climático, sanitario y social.

Desde 1880 la temperatura mundial aumentó entre 0.8 y 1.2 grados centígrados. Y en la última década se produjeron ocho de los diez años más cálidos de la historia. El Acuerdo de París (2015) establece que los países firmantes deben adoptar acciones para que la temperatura del planeta no aumente por encima del 1.5 grados centígrados. Fue (y es) muy criticado por organizaciones sociales por no cuestionar el modelo de consumo que lleva al desastre climático, no ser vinculante, no frenar la extracción de hidrocarburos (como se había propuesto en la cumbre mundial de Kioto, Japón, en 1997) y proponer “falsas soluciones” (monocultivo de árboles, bonos de “compensación” para contaminar, geoingeniería para modificar el clima, entre otros).

Las grandes potencias económicas del mundo comandan el Grupo de los 20 (G20). Y esos mismos países también son los máximos responsables de la crisis climática, del aumento de la temperatura global y los consiguientes desastres ambientales: el 76% de las emisiones del dióxido de carbono (principal factor del ascenso de la temperatura) proviene de los países del G20. Encabezan el ranking de contaminación China, Estados Unidos, la Unión Europea, India, Rusia, Japón y Alemania.

El informe de la ONU es concluyente: “Las actividades antropógenas (humanas) han degradado los ecosistemas de la Tierra y socavado los cimientos ecológicos de la sociedad”. Aclara que es necesario “adoptar medidas urgentes a una escala sin precedentes para detener y revertir esa situación y proteger así la salud humana y ambiental”. Algunas de las medidas esenciales son reducir la degradación de la tierra, frenar la pérdida de biodiversidad y la contaminación del aire, la tierra y las aguas; mitigar el cambio climático y reducir la quema de combustibles fósiles”. Joyce Msuya, directora ejecutiva de ONU Medio Ambiente, fue tajante: “Estamos causando el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. No habrá mañana para muchas personas, a menos que nos detengamos”.

- Para descargar el artículo en PDF, haga clic en el siguiente enlace: 

Fuente: Biodiversidad, sustento y culturas #104