Movimientos sociales en Honduras defienden sus semillas campesinas e indígenas

Por esos años también se impulsó, por parte de las multinacionales semilleras y de los agrotóxicos, otro modelo de producción agrícola basado en el uso intensivo de maquinaria agrícola, fertilizantes químicos, agrotóxicos/venenos y semillas “mejoradas o híbridas”; a este modelo reduccionista y depredador se le llamó Revolución Verde. Impulsores de este modelo fueron la USAID, las Fundaciones Ford y Rockefeller, en coordinación con centros de investigación agrícola como el CIAT, el CIMMYT, el IRRI, entre otros.

Así comenzó a cambiar la matriz productiva imponiéndose en los llamados paquetes tecnológicos las “variedades mejoradas”, desconociendo la importancia de las semillas nativas y criollas, adaptadas a condiciones agroecológicas diversas, que son capaces de alimentar de manera adecuada a los pueblos, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria.

En nuestro país, la primera Ley de Semillas se emitió en 1980. Surgió con el fin de promover y regular la producción, certificación, comercialización, importación y exportación de semillas. Esta Ley considera por primera vez que las semillas son una mercancía y no un legado de los pueblos para su seguridad y soberanía alimentaria. Hasta ese momento, la semilla campesina no tenía ninguna restricción para su uso por las familias campesinas, permitiendo la libre circulación de semillas.

A mediados de 1990 se empezaron a promover los transgénicos en Honduras; en 1995 se elaboró el Reglamento de Bioseguridad para Plantas Transgénicas, que tenía como objetivo, vaya paradoja, promover los cultivos transgénicos en el país. Para esto se creó un Comité de Bioseguridad, que fue copado por funcionarios y expertos en biotecnología de entidades del gobierno y las universidades. La participación de la sociedad civil en el mismo fue nula, ya que se consideraba que este comité debería estar conformado solamente por “expertos”. Éstos eran todos promotores de los transgénicos en el país. El reglamento se publicó en la Gaceta en noviembre de 1998, se impuso la soberbia académica y tecnocrática, sobre los derechos del pueblo a la soberanía alimentaria.

En 1998, cuando el país fue impactado por el huracán Mitch, entraron a Honduras los transgénicos (maíz y soya) como ayuda alimentaria, a través del Programa Mundial de Alimentos (PMA), CARE, y otras ONG. No existía un marco jurídico que regulara los transgénicos, y el Estado permitió su ingreso sin ningún control.

Para defender los derechos de las familias campesinas e indígenas a sus semillas, organizaciones de la sociedad civil fundaron un movimiento nacional de lucha contra los transgénicos y los agrotóxicos denominado Red Hondureña Contra Agrotóxicos y Transgénicos (REHCAT). Parte de esta articulación fueron el Movimiento Madre Tierra, el Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC), ANAFAE, La Vía Campesina, organizaciones campesinas, indígenas y de mujeres. Entre las acciones que se desarrollaron destacan la Marcha de las Mazorcas, de las Cacerolas Vacías, movilizaciones en defensa de las semillas criollas, foros públicos, jornadas de sensibilización, campañas de medios, entre otras. Fue el primer movimiento nacional contra los transgénicos y la defensa de las semillas criollas.

Una de las peticiones de este movimiento era prohibir la utilización de los transgénicos en Honduras, tanto el ingreso de semillas como en los alimentos.

En 2007, las empresas semilleras, principalmente Monsanto, ejercieron presión al gobierno de Manuel Zelaya, quien en un acuerdo gallo-gallina, aprobó el cultivo de transgénicos solamente en los valles, prohibiéndose su cultivo en las laderas y las montañas.

Lo anterior produjo un tremendo problema, porque el maíz es un cultivo de polinización abierta, que podría contaminar a todas las variedades de maíz existentes en el país. Prueba de ello fue un estudio hecho por ANAFAE hace 5 años, que demuestra la contaminación de los maíces criollos en lugares remotos en Honduras. En ese periodo, La Escuela Agrícola Panamericana (Zamorano) tenía 300 hectáreas de producción de semilla de maíz transgénico, que se vendía en Honduras, Guatemala y posiblemente a Colombia.

El poder de las multinacionales para hacer incidencia y compra de voluntades, se demostró en 2012, cuando se aprobó en total secreto, sin consulta de ningún tipo a los sectores campesinos e indígenas ni a la sociedad en general, la Ley de Protección de Obtentores Vegetales, popularmente conocida en nuestro país como “Ley Monsanto”. La opacidad y secretismo fue tal, que pasaron 2 años sin que se conociera la existencia de esta ley.

La Ley Monsanto criminalizaba, por primera vez en nuestro país, las prácticas y derechos de los campesinos a utilizar, guardar y vender sus propias semillas. Permitía, entre otras cosas, que funcionarios del gobierno pudieran entrar a las fincas campesinas a inspeccionar las bodegas y, de no permitirlo, aplicar las sanciones, acusarlos criminalmente, encarcelarlos e imponerles multas de hasta 10 mil salarios mínimos (equivalente a 100 mil dólares. Ver artículo 51 de dicha ley).

En 2014, mientras, organizaciones sociales que investigaban sobre las concesiones hidroeléctricas y mineras encontraron la existencia de esta ley. A partir de entonces el movimiento social incorporó en sus demandas la derogación de la Ley Monsanto. Se desarrollaron acciones que abarcan movilizaciones, participación en foros, campañas en redes sociales y acciones jurídicas como la presentación de un recurso de inconstitucionalidad que pretendía la derogación de dicha ley.

Después de un silencio de casi 2 años, el 11 de octubre 2017, el abogado encargado de dar seguimiento al recurso comunicó a ANAFAE que el recurso fue denegado por la Corte Suprema de Justicia, indicando que los que habíamos presentado el mismo no éramos afectados directos de la ley. El recurso fue presentado por la ANAFAE y otras organizaciones de la sociedad civil y no por campesinos e indígenas.

En vista de lo anterior, en 2018 se elaboró un nuevo recurso de inconstitucionalidad, firmado por campesinos y campesinas, intentando superar las razones de inaceptabilidad del recurso anterior.

El 15 de noviembre de 2018 se presentó el nuevo recurso ante la Sala Constitucional. Para la presentación del Recurso, ANAFAE solicitó a FIAN Internacional la elaboración de un Amicus Curiae que ilustrara a la Sala sobre la importancia de declarar la inconstitucionalidad de esta perversa ley.

Durante más de 3 años, estuvimos indagando sobre el avance o denegación del nuevo recurso, sin tener respuesta. De forma inesperada, en enero de 2022, los abogados que nos han apoyado nos trajeron la noticia de que la Sala Constitucional declaró por unanimidad la inconstitucionalidad total por razón de contenido de la Ley de Obtentores Vegetales, el 17 de noviembre de 2021. Era la primera vez en el mundo que en un país pequeño como el nuestro se lograba derogar una ley apoyada por un organismo con un enorme poder económico y político como es la UPOV y empresas semilleras poderosas como la Bayer/Monsanto.

La sentencia de la Corte Constitucional debía ser publicada en la Gaceta para quedar en firme. Así, durante 2022 continuamos haciendo presión a los congresistas, se hicieron denuncias por la redes sociales y medios de comunicación y utilizamos los mecanismos del Instituto de Acceso a la Información Pública. Por fin, el 28 de octubre de 2022, la Sentencia fue publicada en la Gaceta núm. 36062, quedando en firme la resolución y eliminando de la normativa nacional la nefasta Ley Monsanto. Después de 7 años de lucha, celebramos este logro: que se haya declarado inconstitucional esta ley.

Hemos ganado una pequeña batalla pero no podemos descuidarnos, pues ahora estamos con que hay un borrador de ley de semillas que quiere imponer la certificación, y acaban de aprobar un reglamento de la ley de semillas que es bastante restrictivo.

Seguiremos trabajando en los territorios para que las semillas nativas estén en movimiento, intercambiándose en la ferias, cultivándolas en las parcelas y que compañeras y compañeros comiencen a asumir posiciones de defensa de sus recursos, frente a cualquier ley que quiera vulnerar sus derechos. Acuerpamos y hacemos nuestra la declaración de La Vía Campesina “Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”. ANAFAE declara un no rotundo a leyes, tratados, acuerdos que privaticen la vida. En las luchas por la autonomía y soberanía de los pueblos ANAFAE dice presente.

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Fuente:  Revista Biodiversidad, sustento y culturas #115