México: Zoques contra la repartición de suelos

ROTUNDO “NO” A LA REFORMA ENERGÉTICA Y LOS “BLOQUES” DE LA SENER EN EL NORTE DE CHIAPAS

Los pueblos zoques de Chiapas levantan la voz contra la repartición de su territorio entre las empresas petroleras que el gobierno mexicano considera sus socias de elección, con lo cual llegarán el fracking, la desolación material y el eventual exilio de pueblos que han sobrevivido ya depredaciones sin cuento por aquello de la energía. Grandes hidroeléctricas y pozos petroleros llevan décadas asentadas en tierras de zoques, hoy dañadas irreversiblemente. Organizados como Pueblo Creyente Zoque, centenares de indígenas se movilizaron en Tuxtla Gutiérrez el 22 de junio y dieron a conocer su rechazo a esta alegre repartición de sus suelos bajo la batuta de la Secretaría de Energía (SENER).

La reforma energética aprobada en 2013 junto a diez reformas constitucionales constituye una seria amenaza de despojo de las tierras de los pueblos indígenas de México, en particular contra los zoques del norte de Chiapas. Por ello nos hemos organizado en un movimiento de resistencia y defensa de la vida y la madre tierra para hacer frente a los proyectos extractivos que ponen en riesgo la vida social, ambiental y cultural de 60 mil hablantes zoques.

La amenaza es real por las 11 concesiones mineras otorgadas por el gobierno, con un total de 70 mil hectáreas, de los cuales ya se encuentra en operación la Minera Frisco en Solosuchiapa, propiedad de Carlos Slim; una ampliación de presa hidroeléctrica sobre las tierras de Chicoasén; un proyecto de geotermia sobre el cráter del volcán Chichonal sobre 15 mil hectáreas; un geo-parque en el mismo volcán con dos mil 400 hectáreas; además, pequeñas represas en Ocotepec y Chapultenago. Más de 180 mil hectáreas de montañas de niebla, manantiales, ríos, tierras ejidales y espacios simbólicos se encuentran amenazadas por los proyectos extractivos.

La amenaza más directa es la licitación que realiza desde agosto de 2016 la SENER, a través de la Licitación Pública Internacional conocida como la Ronda 2.2 para el concesionamiento de 12 pozos de extracción de gas natural y aceite en los estados costeros del Golfo de México y Cuencas del Sureste, la cual se compone de 12 bloques, dos de los cuales tienen impacto en Chiapas. Un total de 84 mil 500 hectáreas de tierras de nueve municipios del norte de Chiapas serían utilizadas para la extracción de gas natural mediante el despojo y contaminación ambiental del territorio zoque.

El bloque 10 afectaría 42 mil 600 hectáreas de los municipios de Tecpatan, Francisco León y Ostuacán, con la finalidad de obtener aceite superligero y gas húmedo, mientras que el bloque 11 afectaría 41 mil 900 hectáreas de Chapultenango, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Pichucalco, Solosuchiapa, Sunuapa y Teapa (Tabasco), para obtener aceite ligero y superligero. La instalación de 12 pozos petroleros en territorio zoque provocaría graves daños ambientales, económicos y culturales como el uso excesivo de agua (se calcula que cada pozo requiere 20 millones de litros de agua), desplazamientos migratorios, contaminación de suelo, aire y manantiales, pérdida de biodiversidad, desequilibrio ambiental, disminución de la producción alimentaria, daño patrimonial y de salud pública.

La ronda 2.2 pone en riesgo 16 arroyos y cuatro manantiales de las comunidades de Chapultenango, Ixtacomitán, Francisco León y Tecpatán. Por mencionar algunos: los ríos Yomonó y Totopac en Tecpatán, Movac y Susnubajk en Chapultenango, Tumbak y Magdalenas en Francisco León, y Blanco en Ixtacomitán. Está en riesgo la disponibilidad de agua para la agricultura y el equilibrio ambiental. Un riesgo fuerte son los tubos que atravesarían las tierras zoques, que en caso de romperse contaminarían toda la red de mantos freáticos del subsuelo hasta por 60 kilómetros a la redonda.

Otro riesgo del proyecto de hidrocarburos es que cambiaría el uso de suelo del territorio. Actualmente las tierras se dedican a la actividad agrícola y de conservación ambiental; al instalarse los pozos petroleros pasarían a uso industrial. Las empresas extractivas dejarían tras de sí un paisaje desolador de tierras inservibles, como ocurre en el ejido Nuevo Volcán Chichonal, municipio de Juárez. En las anteriores rondas de licitación se cometieron diversas irregularidades. En la ronda 1.3, el bloque conocido como Catedral fue concesionado al grupo Diavaz, propiedad de Pedro Aspe, quien fue secretario de Hacienda de Carlos Salina de Gortari y fuerte impulsor de la reforma energética, y ahora puede adquirir bloques de extracción.

A partir de septiembre de 2016 la SENER ha intentado un proceso de consulta en las comunidades, sólo para aparentar que cumple con la Ley Nacional de Hidrocarburos. No se ha consultado a todas las comunidades afectadas, sólo a los agentes rurales; no han tenido traductores, por lo que los supuestos procesos han sido engañosos y bajo presión a cambio de que algunos ejidos reciban proyectos como ampliación de caminos, puentes y drenaje, que son obras para que las empresas saquen mejor el petróleo. En las supuestas consultas no se ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental, violando el derecho a la información que tienen los pueblos indígenas.

A partir de la Ronda 2.2 las comunidades afectadas establecieron un proceso de organización y articulación comunitaria frente al despojo del territorio que pretende hacer el proyecto del Estado mexicano contra los pueblos indígenas de México. Los megaproyectos extractivos representan muerte, por eso las comunidades zoques anteponen los intereses colectivos para la sobrevivencia, el agua, la tierra y la vida, pero también para defender su derecho a la libre determinación. En las comunidades de Chapultenango, Francisco León, Tecpatán e Ixtacomitán se han levantado firmas en actas de asamblea que se oponen a la extracción de hidrocarburos en su territorio. Las actas ya fueron entregadas a instancias federales y legislativas. El 22 de junio se entregaron las actas al gobierno del Chiapas en el marco de la magna peregrinación del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y la Tierra. Las decisiones de las comunidades son:

1) Respeto al derecho de autoconsulta y la libre autodeterminación de los pueblos zoques. 2) La cancelación definitiva de los bloques 10 y 11 de la licitación de la Ronda 2.2. 3) Rechazo para otorgar el permiso para el proceso de licitación y por consiguiente del concesionamiento de los pozos de extracción de hidrocarburos en el bloque 10 y 11, debido a que sólo dejan pobreza y permiten la llegada de la delincuencia organizada detrás de las empresas, pero principalmente por el daño ambiental y la división comunitaria. 4) Exigimos la cancelación de concesiones mineras, ampliación de presas y proyectos geotérmicos en los municipios zoques. 5) Declarar nuestros territorios libres de proyectos extractivos, que atentan contra los recursos naturales (hidrocarburos, minería, hidroeléctricas, centrales geotérmicas).

Nos declaramos en permanente defensa del territorio zoque. Defenderemos la vida, el agua y la tierra por un Chiapas y un México mejor para las generaciones presentes y futuras.

Por su parte, el Congreso Nacional Indígena (CNI) expresó su respaldo al pueblo zoque. “Saludamos la movilización y organización emprendida desde abajo por el respeto a lo que es suyo, reconstituyéndose dentro y fuera de Chiapas para resistir y repudiar organizadamente la llamada ronda 2.2 sobre su territorio ancestral con la que los capitalistas planean el exterminio de los pueblos del norte de Chiapas... Ante la amenaza que busca destruir a Nasakobajk, que es como la lengua zoque nombra a nuestra madre tierra, los pueblos del norte de Chiapas construyen nuevas y antiguas formas, constantemente renovadas y que tienen su conciencia colectiva con la vista en detener los proyectos de muerte”.
Edición: Ojarasca

Fuente: Suplemento Ojarasca