México: Pronunciamiento del Encuentro Estatal de Autoridades Agrarias
"Hoy juntamos nuestras voces y nuestras manos para decir que ya basta, hoy las autoridades agrarias nos unimos para exigir respeto a nuestros pueblos, a su autonomía, garantizando el ejercicio de nuestras formas y manifestaciones culturales, conocidas como sistemas normativos."
Oaxaca de Juárez, 15 de Julio del 2013.
Con la participación de 35 comunidades que representan a los pueblos zapoteca, chontal, mixteco, chinantecto, Ikoots y mixe, del estado de Oaxaca se llevó a cabo el ENCUENTRO DE AUTORIDADES AGRARIAS 2013 los días 11 y 12 de Julio del presente año.
Los más de 120 participantes, a través de mesas de diálogo y análisis lograron establecer un DOCUMENTO DE ACUERDOS en donde destacan: 1.- La integración de un Congreso Estatal avalado por asambleas comunitarias para el cuidado y defensa del territorio. 2.- Rechazo rotundo al PROCEDE, FANAR, SERVICIOS AMBENTALES y a cualquier otro programa privatizador de nuestras tierras. 3.- el rechazo total y absoluto a la implementación de proyectos o planes de desarrollo que perjudiquen directa o indirectamente a nuestros pueblos sin habernos consultado de manera libre, previa e informada.
Después de la exposición y discusión de temas como las Reformas al artículo 27, la propuesta de modificación a la Ley Agraria , las modificaciones a la Ley de Amparo y los programas federales y su impacto en el territorio indígena, los asistentes al Encuentro integraron y expusieron una CARTA ABIERTA dirigida a los gobiernos Federal, Estatal y Municipal así como a los titulares de las dependencias correspondientes en donde se establece que “A partir de la Reforma al artículo 27 constitucional de 1992 se han instrumentado un conjunto de leyes reglamentarias, políticas y programas que atentan contra la integralidad de nuestros territorios. Tal es el caso de la Ley Minera, Forestal, de Aguas Nacionales, de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entre otras, así como los programas PROCEDE y FANAR los cuales tienen la finalidad de fraccionar, dividir, privatizar y desaparecer los ejidos y comunidades del país”.
De igual forma se manifestó que “la política ambiental implementada en México bajo el pretexto de mitigar los impactos producidos por el cambio climático lejos de traducirse en beneficio para nuestros pueblos ha modificado, limitado y prohibido el uso y disfrute de nuestros Territorios: se nos impide sembrar, pescar y acceder a nuestros lugares espirituales y simbólicos que ancestralmente hemos utilizado”.
Así mismo, dicha carta abierta integra claras demandas entre las que destacan:
“La intromisión de servidores públicos del Servicio Geológico Mexicano en comunidades Mixes y Chontales quienes han realizado estudios sin nuestro consentimiento, de los cuales desconocemos los resultados y fines de dichas investigaciones”.
Así como que “ los programas: Pago por Servicios Ambientales e Hidrológicos, el establecimiento de áreas naturales protegidas y las de conservación comunitaria así como los Planes de Ordenamiento Territorial Comunitario impuestos en todo el territorio estatal y específicamente en comunidades zapotecas, mixes y chinantecas, vulneran nuestro derecho a decidir sobre nuestros territorios”, entre otras.
La carta abierta plantea catorce exigencias hechas a los diferentes niveles de gobierno que van desde el respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca, hasta la exigencia al Congreso Federal y Estatal de no aprobar la Iniciativa de Reforma a la Ley Agraria presentada por Felipe Calderón ya que dijeron “atenta contra la comunidad y el ejido, figuras legales que reconocen nuestro derecho a la tierra colectiva , quitando atribuciones a las figura de la asamblea en la toma de decisiones. Dicha iniciativa representa un retroceso en el reconocimiento de nuestros derechos como pueblos indígenas,.”
Finalmente fue tarea de autoridades agrarias redactar un PRONUNCIAMIENTO derivado del encuentro donde compartieron diferentes experiencias de invasión y despojo de sus territorios en unidos exigieron “respeto a nuestros pueblos, a su autonomía, garantizando el ejercicio de nuestras formas y manifestaciones culturales, conocidas como sistemas normativos”. Y establecieron nueve puntos que coinciden en un NO rotundo a la construcción de presas hidroeléctricas como la de “paso de la reyna”, a la instalación de parques eólicos en el istmo oaxaqueño así como a la siembra de maíz transgénico en el estado.
A continuación, el pronunciamiento:
Pronunciamiento: Encuentro Estatal de Autoridades Agrarias
Durante los días 11 y 12 de julio de 2013 nos hemos reunido las Autoridades Agrarias de los pueblos zapoteca, mixteco, mixe, chontal, ikoots, mazateco, así como organizaciones civiles con el fin de analizar las últimas reformas en materia agraria, proyectos y programas que atentan contra el territorio indígena, para construir espacios de articulación y alternativas de defensa colectiva.
Siguiendo las formas tradicionales de nuestras comunidades, hemos platicado en asamblea, nosotros los legítimos dueños de los territorios indígenas, sobre los problemas que aquejan a nuestras comunidades, como consecuencia de estas nuevas formas de violación a nuestros derechos al territorio de parte de los gobiernos. Es así como hemos compartido la problemática que se ha generado con las concesiones mineras, con los proyectos de presas hidroeléctricas, con la construcción de los parques eólicos en el istmo oaxaqueño, los pagos por servicios ambientales, el arrebato de nuestras tierras comunales y ejidales y de toda la presión a nuestras comunidades para meternos a los programas gubernamentales que nada tiene que ver con nuestras formas de concebir la vida y nuestra relación con la madre tierra.
Las comunidades aquí representadas coincidimos en que las reformas al artículo 27 constitucional son cambios encaminados al despojo de nuestros recursos naturales al abrirle las puertas legales al capital privado y extranjero en nuestro país. Acaso los gobiernos saben lo que para nosotros significa la tierra, el agua, el viento, el aire, los animales, los peces, nuestro alimento el maíz; si lo supieran, no atentarían en contra de estos signos de vida, que nos permite continuar con nuestro caminar por este mundo.
Hoy juntamos nuestras voces y nuestras manos para decir que ya basta, hoy las autoridades agrarias nos unimos para exigir respeto a nuestros pueblos, a su autonomía, garantizando el ejercicio de nuestras formas y manifestaciones culturales, conocidas como sistemas normativos.
Queremos puntualizar que a partir de la Reforma al artículo 27 constitucional de 1992 se han instrumentado un conjunto de leyes reglamentarias, políticas y programas que atentan contra la integralidad de nuestros territorios. Tal es el caso de la Ley Minera, Forestal, de Aguas Nacionales, de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, entre otras, así como los programas PROCEDE y FANAR los cuales tienen la finalidad de fraccionar, dividir, privatizar y desaparecer los ejidos y comunidades del país. Estos programas han sido impuestos a través de mentiras y promesas que han corrompido nuestras formas propias de organización comunitaria como la asamblea, el tequio, los sistemas de cargos y que en las últimas dos décadas han sido el camino para la entrada de megaproyectos en nuestro estado. Asimismo hemos analizado que la política ambiental implementada en México bajo el pretexto de mitigar los impactos producidos por el cambio climático lejos de traducirse en beneficio para nuestros pueblos ha modificado, limitado y prohibido el uso y disfrute de nuestros Territorios: se nos impide sembrar, pescar y acceder a nuestros lugares espirituales y simbólicos que ancestralmente hemos utilizado. Dichas políticas se han traducido en una violación sistemática de nuestros derechos como pueblos indígenas, campesinos y rurales.
Exigimos respeto al artículo 27 que concibe al ejido y a la comunidad como propiedad social. Nos manifestamos por la no privatización del territorio de nuestros pueblos, nopensamos ser rentistas de tierras. Pedimos respeto al derecho de consulta y consentimiento previo, libre e informado de cualquier proyecto que se pretenda desarrollar en nuestro territorio consagrado en el convenio 169 de la Organización del trabajo.
Exigimos seamos tomados en cuenta cuando se pretenda legislar en materia agraria, para no generar mayor injusticia en nuestros espacios de vida. Rescate del libro segundo de la Ley de Amparo.
Reprobamos las reformas estructurales impulsadas por el gobierno federal porque son impuestas por el pacto por México (pri,pan,prd) que quitan las voces del campesinado mexicano.
No estamos de acuerdo con las formas de presión e intimidación del que hacen uso los gobiernos al introducirse a nuestro territorio las empresas mineras,
En el caso de nuestro estado oaxaqueño, es la entidad con más leyes en derechos humanos y derechos indígenas pero, es el estado en donde más agresión se da a pueblos indígenas.
Queremos decirle a nuestros hermanos y hermanos que está en los gobiernos, que nos preocupa esta situación que estamos viviendo en nuestras comunidades. Tanta agresión, tanta injusticia, falta de sensibilidad. En las decisiones que ustedes toman está puesto el futuro de todos, de nuestros hijos e hijas. Tengan ustedes la sabiduría suficiente para ofrecerle a su pueblo paz, justicia, dignidad. Por eso creemos que en sus manos está la cancelación de los proyectos que afectan la integridad de nuestros pueblos y garantizar el goce y disfrute de nuestros recursos naturales de manera racional como nos lo heredaron nuestros abuelos y abuelas. Por esa razón atentamente le pedimos su intervención oportuna y responsable en los puntos al que hacemos alusión. Estaremos en espera de su respuesta.
- No a la construcción de la presa “paso de la reyna” que afecta a los Municipios de Santiago Ixtayutla, Tataltepec de Valdés, Santiago Jamiltepec, Santiago Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec, Villa de TututepecdeMelchor Ocampo.
- No a la instalación de los parque eólicos en el istmo oaxaqueño que afecta las comunidades de San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, el sitio de Barra de Santa Teresa, Chicapa de Castro, Unión Hidalgo, Ixhuatán, Juchitán, Ejido Charis, ejido Zapata, Santa Rosa, San Blas Atempa, Alvaro Obregón, San Francisco del Mar.
- No a la siembra de maíz transgénico. Exigimos una declaratoria que coloque al estado de Oaxaca como territorio prohibido para la producción, comercialización, almacenamiento y/o transporte de semillas transgénicas, exigimos a la SEDAFPA se creen programas dirigidos al campo que promuevan la siembra de semillas nativas, así mismo rechazamos la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
- Reversión de las 2050 hectáreas de las tierras de la sabana mixe propiedad de la comunidad de Jaltepec de Candayoc,del que ahora se ostenta como dueño el Gobierno del Estado.
- Exigimos la cancelación de las 10 órdenes de aprehensión contra ciudadanos y ciudadanas de Santiago Tutla.
- Al Ejecutivo federal y estatal, a la Secretaría de Economía: Exigimos la cancelación definitiva de las concesiones mineras otorgadas en el territorio del estado de Oaxaca, toda vez que no se generó ningún procedimiento de consulta para obtener nuestro consentimiento al momento de otorgarlas. Exigimos la cancelación definitiva de los proyectos mineros en las comunidades de Magdalena Teitipac y Capulálpam de Méndez, así como solución al conflicto político y social generado en la comunidad de San José del Progreso por la empresa minera Fortuna Silver Mines.
- Que el Procurador y el Gobierno del estado no de entrada a las demandas falsas de Magdalena Teitipac. Que la Procuraduría Agraria no ponga obstáculos para los trámites legales. Pedimos a las Autoridades Agrarias para la solución inmediata a nuestros problemas y que se cancelen las órdenes de aprehensión en contra de los ciudadanos y ciudadanas de Magdalena Teiptipac que están defendiendo a la población contra los megaproyectos.
- Revisión del decreto de veda de 1967 relacionado con el agua en valles centrales de Oaxaca.
- Que se garantice la protección de los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas.
Comunidades:San Miguel Nizabiguiti, Bosque Tanetze, Santiago Yosondúa, Santa Lucía Mecaltepec, San Cristóbal Chichicaxtepec, Yagabila, Zoogochí, San Juan Atepec, San Pedro Ocotepec, Santa María Tlahuitoltepec, Asunción Cacalotepec, San Baltazar Chivaguela, El Vergel Yosundúa, Santa Cruz Yagavila, San Juan Analco, Santiago Teotlasco, Magdalena Teitipac, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, Capulálpam de Méndez, San Pedro Apostol, San Antonino Castillo Velasco, Paso de la Reyna, Tanetze de Zaragoza, San Juan Tabaa, San Lucas Atoyaquillo, San Miguel Chongos, Jaltepec de Candayoc, Santiago Tlatepusco, Nopalera del Rosario, Tlacolula de Matamoros, San Miguel Quetzaltepec, Santiago Tutla y Santo Tomas Quierí.
Organizaciones: Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA A.C.; Tequio Jurídico A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Servicios del Pueblo Mixe A.C.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, UNOSJO S.C.; Centro de Derechos Humanos Míguel Agustín Pro Juárez, Centro Prodh A.C. Organización de Agricultores Biológicos ORAB, Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas A.C.; Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano.