México: Encuentro políticas ambientales, leyes energéticas, territorios indígenas y campesinos

Los pueblos originarios y campesinos, mujeres y hombres, somos los legítimos dueños y poseedores de las tierras sobre las que tenemos derechos agrarios y derechos indígenas, además de que nuestros territorios se encuentran entre los mejor conservados, por lo que adquieren cada vez más importancia frente a la crisis climática. Sin embargo, las reformas energéticas aprobadas el año pasado, se han convertido en una nueva amenaza a nuestros territorios, cultura, naturaleza y formas de vida,

A partir del intercambio de experiencias analizamos que:

- Las áreas naturales protegidas, bajo cualquier categoría de conservación, fueron decretadas en nuestros territorios sin que haya existido consentimiento de nuestra parte y a partir de ellas se ha enajenado el disfrute, uso y control a favor de los funcionarios ambientales, e incluso a empresas privadas, fundaciones de conservación internacionales, etc.

- El decreto de parte de nuestros territorios como área natural protegida debilita el papel de la Asamblea como máxima autoridad, al sustituir sus decisiones por los planes de manejo, decretos, ordenamientos territoriales comunitarios, y reglamentos que han impuesto múltiples restricciones al uso de nuestro territorio, incluso la prohibición de realizar actividades necesarias para el sustento.

La mayoría de los ordenamientos territoriales, que son condición para acceder a distintos programas, se realizan sin el consenso de la comunidad, buscan incluir como áreas de conservación grandes extensiones y se convierten en límites y prohibiciones a la realización de las actividades necesarias para la vida.

Los Programas de Pagos por Servicios Ambientales son la única compensación a las comunidades por los límites que les impone la conservación, sin embargo su operación no es transparente, prácticamente imponen vedas en las áreas en las que se instalan, prohíben la roza tumba y quema, la cacería, la recolección, la pesca y una vez concluido el plazo de cinco años contratado por la comunidad, buscan que se conviertan en áreas de certificación voluntaria para mantenerlos en conservación. Estos pagos ni siquiera compensan el trabajo adicional que los programas de servicios ambientales imponen a las comunidades.

Los pagos por servicios ambientales hidrológicos y los proyectos REDD+ operando en nuestras tierras y bosques, buscan aumentar la captación de agua, y la captura de carbono, sin embargo las mineras, las hidroeléctricas y minihídricas, la fractura hidráulica, la explotación de hidrocarburos, acaparan el agua que nosotros producimos, además de que generan un aumento inusitado de gases de efecto invernadero.

Amparadas en las reformas energéticas se han multiplicado las iniciativas para establecer proyectos extractivos en nuestras regiones. Estas reformas promueven los proyectos de exploración y explotación de petróleo e hidrocarburos no convencionales, de fractura hidráulica, la instalación de gasoductos, presas hidroeléctricas y minihídricas, la explotación minera, a las que les dan el carácter de actividad prioritaria sobre cualquier otra.

Estos proyectos fraccionan y deterioran territorios de pueblos indígenas y campesinos, nos quitan fuentes de trabajo, provocan expulsiones y migraciones forzadas de las poblaciones. Causan una devastación ambiental de magnitudes desproporcionadas con impactos en la salud de las personas, contaminan mantos acuíferos, aire, suelo, aniquilan ecosistemas completos. Ocasionan divisiones y conflictos comunitarios, permiten la entrada de personas ajenas a la comunidad y destruyen el tejido social.

Un gran número de comunidades y organizaciones en distintos estados del país nos oponemos a la instalación de estos proyectos en nuestros territorios, así como a la construcción de la infraestructura que requieren para su operación: aeropuertos, carreteras, zonas comerciales, basureros, etc.

Hemos impulsado distintas estrategias de defensa de nuestros territorios, bienes naturales y formas de vida, a las que el Estado ha respondido criminalizando la protesta, endureciendo sus políticas y legalizando el despojo a través de las leyes. Además de las tradicionales prácticas amañadas.

Afirmamos que:

Queremos seguir siendo lo que somos y mantener nuestros territorios.

Ningún proyecto puede ser instalado en territorios indígenas y campesinos sin obtener su consentimiento libre, previo, e informado. Los derechos de los pueblos deben estar por encima de los derechos de las empresas. Nosotros como mujeres y hombres dueños y poseedores de los territorios vamos a ejercer nuestro derecho de veto cuando hayamos decidido rechazar el proyecto.

Las y los asistentes a este Encuentro hace tiempo que venimos dando batallas. Así que anunciamos que seguimos ofendidos por el despojo y la devastación a la que pretenden someternos.

Nos proponemos:

- Fortalecer nuestras estructuras de organización autónomas, y la democracia comunitaria, principalmente las Asambleas agrarias, los Consejos, las Juntas de pobladores. Apoyar y mantener bajo control a las autoridades agrarias. Utilizar los estatutos comunales y los reglamentos ejidales como instrumentos de defensa.

- Hacer de los procesos de información una vía para la cohesión colectiva en la comunidad, el ejido, la asamblea, el consejo, la red, el frente. Evitar que el “especialista”, la abogada o el “técnico” diseñen el rumbo estratégico de nuestras luchas.

Estamos impulsando estrategias de lucha múltiples y diversas de acuerdo al problema, no necesitamos estructuras ni estrategias únicas, pero sí necesitamos espacios de reunión e intercambio a todos los niveles locales, regionales, nacionales.

Responderemos solidariamente ante cualquier amenaza, intimidación y represión a cualquiera de las luchas hermanas,

Decimos NO a la imposición de proyectos y programas que no cuentan con el aval de las propias comunidades indígenas y campesinas. Vamos a defender nuestras formas de vivir y los derechos sobre nuestros territorios y bienes naturales.

Ciudadanos y ciudadanas, autoridades agrarias o municipales de 70 comunidades, ejidos o municipios:

Tziscao, Chis.; Chilón, Chis.; San Cristobal de las Casas, Chis.; Ocozocoautla, Chis.; Tuxtla Gutiérrez, Chis.; San Sebastián Bachajón, Chis.; La Candelaria, Chis.; Bienes Comunales Zona Lacandona, Chis; Frontera Corozal, Chis.; Bosques San Elías Repechique, Chih.; Guachochi, Chih.; Chihuahua, Chih.; Zacualpan, Col.; Santiago Tianguistenco, Edo de Mex.; Tultitlán, Edo de Mex.; Atenco, Edo de Mex.; Temascalapa, Edo de Mex.; Tlapa de Comonfort, Gro.; Cuamantzingo, Gro.; San Miguel del Progreso, Gro.; Xochistlahuaca, Gro.; San Luis Acatlán, Gro.; Atliaca, Gro.; Topiltepec, Gro.; Atzacoaloya, Gro.; Mezcaltepec, Gro.; El Ranchito Amolixtlahuacan, Gro.; Oxceloco, Hgo.; El Grullo, Jal.; El Salto, Jal.; Huaxtla, Jal.; San Isidro, Jal.; Mezcala, Jal.; San Sebastián Teponahuaxtlán, Jal.; Paracho, Mich.; Morelia, Mich.; Santiago Tlatepusco, Oax.; Paso de la Reina, Oax.; El Porvenir, Oax.; Putla, Oax.; San Dionisio del Mar, Oax.; Nuevo Progreso, Oax.; Santiago Amoltepec, Oax.; Santa Marta Zapotitlán, Oax.; Asunción Lachixila, Oax.; San Juan Alotepec, Oax.; San José Chiltepec, Oax.; San Antonio Acatlán, Oax.; Xochitlán de Vicente Suarez, Pue.; Teziutlán, Pue.; Chignautla, Pue.; Hopelchen, Camp.; Suc Tuc, Camp.; Calakmul, Camp.; Blanca Flor, Q.R.; Nuevo Jerusalem, Q.R.; Valparaiso, Q.R.; Chablekal, Yuc.; Merida, Yuc.; San Agustín Tekax, Yuc.; San Rafael Tenanyecac, Tlax.; San Mateo Ayecac, Tlax.; Ixtlahuixtla Soteapan, Ver.; Benito Juarez, Ver.; Tetlatzinga, Ver.; Zaragoza, Ver.; Tetahuicapan, Ver.; Ursulo Galván, Ver.; Ocosotla, Ver.; Huayacocotla, Ver.

Integrantes de 40 organizaciones civiles o movimientos sociales:

Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas (Cecaddhi), Chih.; Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), Chih.; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Chis.; Instituto de Formación y Capacitación Campesina (Ifcam), Chis.; Consejo Indígena por la Defensa del Territorio, Col.; Enlace, Comunicación y Capacitación, Gro.; Radio comunitaria Naxme, Gro.; Grupo de Estudios Ambientales (GEA), Gro.; Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (Codeso), Hgo.; Un Salto de Vida, Jal.; Pueblos de la Barranca, Jal.; Colectivo por la Autonomía, Jal (COA).; Kokon, Mich.; Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (Copudever), Oax.; Organización de Agricultores Biológicos (Orab), Oax.; Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), Oax.; Tequio Jurídico, Oax.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo), Oax.; Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), Camp.; Ka’ Kuxtal, Camp.; Indignación, Yuc.; Bioasesores, Yuc.; Educación Cultura y Ecología (Educe), Q.R.; Centro Fray Julían Garcés, Tlax.; Por un Atoyac con Vida, Tlax.; Fomento Cultural y Educativo, Ver.; Consejo Comunitario Nahua, Ver.; Centro Regional para la Educación y la Organización Popular (Creo), Ver.; Radio Huayacocotla, Ver.; Consejo Indígena del Trueque, Edo de Méx.; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Edo de Mex., Unidad Indígena Totonaca Náhuatl (Unitona), Pue.; Asamblea Social del Agua, Pue.; Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), DF.; Frente Autónomo Xochimilco, D.F., Centro de Investigación y Capacitación Rural (Cedicar), DF.; Jóvenes Ante la Emergencia Nacional (JEN), D.F.; Centro Nacional de Apoyo a las Misiones Indígenas (Cenami), DF.; Movimiento de Liberación Nacional (MLN), D.F.; Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), DF.; Vía Campesina; Grain y Grupo ETC.

Tlalpan, D.F., 5 de marzo de 2015