Manifiesto como en México y las Américas: En Chile El Campo No Aguanta Más

A 36 años de la promulgación de la Ley N° 16.625 de Sindicalización Campesina, el día 27 de Abril de 1967; junto con la Ley de Reforma Agraria, fueron leyes que les dieron dignidad, justicia social, un lugar importante en el desarrollo económico del país a los campesinos e inquilinos de la época.
Es decir, se transformaron en actores directos de sus vidas, de la sociedad, de la producción agropecuaria y del trabajo rural.

Hoy conmemoramos este hecho histórico fundamental para los campesinos y que también lo fue para Chile.

A través de este Manifiesto, hacemos un llamado a hombres y mujeres, a productores y consumidores, a los trabajadores y trabajadoras de la ciudad y a todos los habitantes urbanos; a unirnos para demandar de las autoridades de gobierno soluciones a nuestros problemas y recuperar nuestros derechos arrebatados por la Dictadura.

Exigimos y demandamos del conjunto de la sociedad chilena y del Estado: Recuperar el espacio perdido y que necesitamos para seguir existiendo los campesinos, las campesinas, los pequeños productores y las productoras agrícolas, los medieros, los arrendatarios y minfundistas, los campesinos y las campesinas sin tierras y pueblos originarios, sumando también desprotegidos y vulnerables como son los asalariados agrícolas; los permanentes y los temporeros y las temporeras, con los profesionales que valorizan lo rural y conocen de verdad del sector, lanzamos al país este manifiesto: ?El campo no aguanta más?.

La Ley 16.625 de Sindicalización Campesina, promovió la organización en el campo, que de 20.000 afiliados a organizaciones campesinas antes de marzo de 1967, se llegó a casi 200.000 campesinos organizados en sindicatos comunales y comités campesinos de Arica a Magallanes; hasta el momento del golpe militar de septiembre de 1973.

La Ley de Sindicalización Campesina tuvo el mérito de ser un instrumento legal dinámico para organizar a los campesinos, a los inquilinos de los fundos y trabajadores de grandes propiedades agrícolas, agroindustriales y empresas forestales, porque era de fácil entendimiento, manejo y aplicación por parte de los dirigentes y de los socios de las organizaciones en todos los niveles, principalmente en el territorio del sindicato comunal.

Hoy a 30 años del 11 de septiembre de 1973, fecha dolorosa para el pueblo de Chile y en especialmente para los campesinos, porque se implantó a sangre y fuego un modelo económico que provocó retrocesos inmedibles en lo logrado por los campesinos y los trabajadores agrícolas.

La dictadura militar dejó fuera de la ley a las organizaciones sindicales campesinas, subdividió la tierra reformada en parcelas individuales, dejando fuera de la repartición de las tierras a los dirigentes campesinos de los asentamientos y lo que es peor, el porcentaje mayor de las tierras fueron devueltas a sus anteriores ?dueños?, entregadas instituciones estatales, de las fuerzas armadas o de beneficencia, con lo cual se produjo el proceso de contra-reforma agraria y el reinicio de la alta concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos.

Qué pasa en Chile después de 36 años de la dictación de una ley especial para los campesinos y a casi 30 años del golpe militar que rompió e hizo trizas un proceso de lucha social y de ascenso en el nivel de mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos y de sus familias.

En Chile existen 270.000 explotaciones o propiedades agrícolas de pequeños productores campesinos y campesinas e indígenas que dependen fundamentalmente de la tierra y del agua, medios indispensables para producir y asegurar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo.
Además, existen alrededor de 770.000 trabajadores asalariados agrícolas; permanentes y en la gran mayoría temporales, por lo tanto ambos sectores socioeconómicos demandan:

1.- El derecho a la tierra, al territorio y a los recursos
naturales:

Los derechos humanos y los derechos de los campesinos y de los pueblos originarios están estrechamente ligados al derecho a la tierra y por lo tanto a sus culturas e identidad.
La importancia del derecho a la tierra no solo reside en la función instrumental del recurso en tanto medio de subsistencia básico, es decir, fuente de alimentos, de recursos económicos, de plantas medicinales, etc, y espacio concreto de vida; la tierra en el sentido de territorio cumple también una función simbólica y afectiva fundamental ya que es el espacio donde se escribe la historia y la memoria colectiva de los campesinos, de los indígenas y de los habitantes rurales, es el lugar donde habitan sus antepasados, es un referente a sus referentes primordiales, es un sitio de apego afectivo, en síntesis, es el espacio de inscripción de sus cultura, y por lo tanto, de su identidad.

Como Derecho Humano, como todos los demás, el derecho a la tierra, implica para el Estado tres tipos de obligaciones:

a).- La obligación de respeto al derecho a la tierra significa que el Estado no puede tomar ninguna medida que afecte las tierras donde los campesinos e indígenas viven, siembran y se reproducen social, económica y culturalmente.
b).- La obligación de protección, significa que el Estado se compromete a resguardar en toda circunstancia el derecho a la tierra de los campesinos e indígenas frente a terceros, es decir, el Estado es quien debe impedir a toda costa que particulares afecten los territorios de campesinos e indígenas.
c).- La obligación de garantizar el derecho a la tierra de aquellos que dependen de ésta para su reproducción. Esto significa que en los casos de que campesinos e indígenas carezcan de recursos suficientes para sembrar y al menos proveerse por sí mismos de sus alimentos, el Estado debe buscar los medios para dotarlos de tierra y de los recursos necesarios para hacerla producir.

2.- Los derechos laborales, la previsión, seguridad social y la
estabilidad en el empleo de los trabajadores y
trabajadoras agrícolas:

La dinámica y explosiva instalación del modelo agro exportador en el sector silvoagropecuario y la temporalidad en las faenas, sustentada en el menor costo de la mano de obra, se caracteriza por un cambio en la organización del trabajo productivo, cuya ejecución se le encarga mayoritariamente a instancias externas a la empresa agrícola agroindustrial o transnacional. Es así como las empresas de contratistas y subcontratistas o ?enganchadores?, hoy día han alcanzado un amplio dominio y tráfico de mano de obra de carácter temporal.

Para cumplimiento del derecho al trabajo y a la seguridad social, reivindicamos y demandamos lo siguiente:

1,. Derecho a un pago de un salario justo por el trabajo realizado por los trabajadores y trabajadoras agrícolas, permanentes y temporeros.
2.- Derecho a la salud laboral de hombres y mujeres que se desempeñan en labores agrícolas, agroindustriales y forestales.
3.- Derecho a la previsión y a la seguridad social de trabajadores y trabajadoras temporeras. Además, el derecho a una jubilación digna para los trabajadores y trabajadoras agrícolas.
4.- Derecho a un contrato de trabajo justo, digno y que proteja a los trabajadores y trabajadoras temporeras de los contratistas o ?enganchadores?.
5.- Demandamos de los empresarios agrícolas que cumplan las leyes laborales, que aunque sabemos que son insuficientes, pero que a pesar de ello no se cumplen.

3.- La soberanía alimentaria y las relaciones entre productores del campo y los consumidores de la ciudad:

Debe ser una exigencia que la soberanía alimentaria sea parte integral de una discusión seria y la puesta en práctica de una nueva concepción de desarrollo sustentable y de la alimentación de nuestro pueblo.

La agricultura y en especial la pequeña agricultura y la pesca artesanal deben mantenerse al margen de los Acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, de las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.

Ante los planteamientos ideológicos de las políticas de estos organismos internacionales y que son los promotores y ejecutores del modelo neoliberal en el planeta, señalamos:

1.- Que los alimentos no son una mercancía más y que el sistema alimentario no puede ser tratado con una lógica de mercado.
2.- Que es una gran mentira el argumento que la liberalización del comercio agrícola y pesquero internacional garantiza el
derecho a la alimentación de las personas.
Prueba de ello es el incumplimiento de las metas fijadas por la FAO hace seis años, de bajar el numero de hambrientos en el mundo, pero por el contrario , estos se han multiplicado por tres veces.
3.-Que nos tratan de engañar cuando afirman que los agricultores, agricultoras; campesinos y campesinas, los indígenas y los pescadores artesanales somos ineficientes e incapaces de responder a las necesidades crecientes de producción de los alimentos.
4.- Que nos quieren convencer que la función de los campesinos, de las campesinas, de los indígenas y de los pescadores artesanales es dar paso a la privatización y a la liberalización de nuestras tierras y de nuestros recursos naturales. Aceptar estos postulados noliberales, nos obligaría, entre otros efectos negativos, a la migración masiva a las ciudades, a aumentar la disponibilidad de mano de obra barata en el campo y en los bordes costeros.
5.- Que se intenta imponer un patrón alimentario de las corporaciones transnacionales como el único viable, apropiado y correcto en un mundo global, se trata en
definitiva, de un verdadero imperialismo alimentario que atenta contra la diversidad de las culturas alimentarias de los pueblos, introduciendo los productos agrícolas genéticamente modificados o productos transgenicos. Hoy vemos con gran preocupación como nos van cambiando nuestros hábitos ancestrales y formas de conservar nuestras semillas, que por décadas hemos producido, y nos hacen dependientes de las multinacionales que deciden por nosotros que debemos producir, por lo tanto planteamos que las semillas efectivamente sean declaradas patrimonio de la Humanidad.
6.- Que es necesario establecer alianzas y uniones con los
consumidores de la ciudad para asegurar el precio justo por la
venta de nuestra producción e igualmente garantizar un precio por la compra de nuestros productos por los consumidores de las ciudades.

Para enfrentar las desigualdades sociales, económicas, laborales y de producción que han generado la aplicación de un modelo económico brutal de dominación y explotación y la desequilibrada distribución de la riqueza en chile, los campesinos, las campesinas, los trabajadores y las trabajadoras agrícolas, los indígenas y los pueblos originarios, los trabajadores forestales, los pescadores artesanales, los jóvenes, las mujeres y todos habitantes rurales; necesitamos una nueva ley específica de organización campesina, agraria y rural , de acuerdo a nuestra época y que cambie la situación de pobreza, miseria, incertidumbre y desesperanza de una parte importante de habitantes del país.

GRC
Apoyo Depto. Campesino e Indígena
Central Unitaria de Trabajadores
Santiago de Chile, 21 de Abril de 2003.-