Los movimientos sociales en juego: la resistencia popular en Perú

La crisis de la izquierda

Con la irrupción del neoliberalismo en los años 90, bajo la batuta de Alberto Fujimori, se acabaron buena parte de las aspiraciones de la izquierda peruana y del movimiento popular que se había consolidado desde los años 20 de la mano de José Carlos Mariátegui, fundador del Partido Socialista Peruano, y de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) de Víctor Raúl Haya de la Torre, un legado, el aprismo, que ha dado un viraje definitivo hacia la derecha más radical y autoritaria encarnada por su líder y ex presidente de Perú Alan García.

La sierra y la selva peruana fueron los únicos lugares donde la lucha social se mantuvo intacta. Las movilizaciones campesinas por la defensa de sus tierras contra las actividades extractivas –una constante en la historia de las luchas populares en el Perú– demostró que un movimiento social en el campo se estaba fortaleciendo rápidamente.

Sin embargo, el 3 de octubre de 1968, un cambio sociopolítico fulminó el gobierno nacionalista de Fernando Belaúnde (1963-1968) con un golpe de Estado encabezado por el general Juan Velasco Alvarado (1968-1.975) que, contraviniendo la vieja tradición militarista, arrancó a la oligarquía del poder, implementó medidas como la estatización de empresas y conformó una nueva clase obrera que enmarcaría una política legitimada por el poder popular que terminaría en junio de 1969 con el proceso de reforma agraria más radical de toda América del Sur.

Este proceso rupturista del velasquismo a favor de los sectores populares finalizó con el segundo golpe de Estado consecutivo, en 1975, de Francisco Morales Bermúdez, y seguidamente con la aparición del grupo armado, en abril de 1980, de Sendero Luminoso, que masacró a buena parte del movimiento popular con los asesinatos de dirigentes, sindicalistas y líderes campesinos. En 1990, el grupo armado maoísta, represaliado por el régimen de Fujimori y con su líder Abimael Guzmán, capturado, colapsó.

Alan García y el fujimorismo

La época previa al fujimorismo estuvo gobernada por el APRA de Alan García (1985-1990) que propició, en su tercer año de legislatura, un apreciable retroceso en política de derechos humanos, y culminó con un nuevo régimen neoliberal, claramente cleptocrático, otorgando al narcotráfico un papel importante en la financiación del partido.

Por su parte, Alberto Fujimori consiguió una amplia mayoría en la segunda vuelta, en el año 1990, frente al Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. El fujimorismo entronizó el neoliberalismo salvaje, la corrupción generalizada y el autoritarismo militarizado y sanguinario contra la sociedad. El dictador relegó la gestión política a los mandos militares y los servicios de inteligencia peruanos en el famoso autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992.

Ollanta Humala, la esperanza truncada

Humala, actual presidente de la República del Perú y del Partido Nacionalista Peruano, ganó las elecciones en 2011 gracias al respaldo del movimiento popular, que secundó con la intención de bloquear el retorno al poder del fujimorismo, liderado por Keiko Fujimori, hija del dictador.

El gobierno de Ollanta recogía el malestar de una buena parte de la población que había admitido que el modelo neoliberal ya no tenía lugar en el país. Sin embargo, el viraje del dirigente hacia la derecha se produjo después de los seis primeros meses de mandato. Humala rápidamente respondió a los intereses de los grandes grupos de poder.

Tres de sus principales ministros, que formaban parte del frente de izquierda, dimitieron y el gabinete ministerial se orientó hacia una derecha proempresarial, prominera y proextractivista con reformas que truncaron los sectores sociales. Según explica Arturo Ayala, secretario general de la Juventud Comunista del Perú-Patria Roja, el actual presidente “nunca quiso aliarse con la izquierda, sino que en su hoja de ruta se dibujaba un continuismo a favor de la burguesía y una clara pugna con los movimientos sociales”.

Contra las transnacionales: ¡resistencia!

“Estamos ante la emergencia de un movimiento social difuso, que surge sin centralización, y que tiene la intuición e identidad básica para reconocer la solidaridad y semejanza entre las diversas luchas del país”, explica Juan Carlos Giles, educador popular y activista peruano. Los movimientos sociales en la República del Perú se han convertido en una referencia internacional por su capacidad de resistencia, principalmente contra las transnacionales extractivas y mineras que explotan los recursos naturales sin límites.

¿Pero cuáles son estos movimientos sociales capaces de hacer frente a las constantes reformas en el sector social, educativo, sanitario, universitario, y que flexibilizan aún más la actividad de estas transnacionales? En Perú, desde los años 80 y 90, se han ido debilitando los movimientos sociales con el desmantelamiento del tejido social y las redes de solidaridad entre comunidades; el desprestigio de las estructuras sindicales, gremiales y de organizaciones sociales; y la reducción de la capacidad de protesta con la precarización laboral, provocando así una profunda fragmentación de las luchas.

Durante la época de Fujimori, el discurso neoliberal cuajó hasta convertirse en sentido común y sustituyó el de la justicia social, afirma Arturo Ayala. En este contexto se configura una fisura socioterritorial, entre la zona de la costa de Perú, que asume el discurso conservador, y la zona andina y amazónica, donde persiste la sensación de opresión, exclusión y pobreza.

Las luchas ecoterritoriales lideradas por los movimientos rurales e indígenas han sido las protagonistas de las principales rebeliones y victorias sociales del país. Son ejemplos recientes el caso del Pichanaqui, donde una protesta generalizada de toda la provincia ha logrado expulsar de la región la petrolera argentina Pluspetrol. En Cañaris, el movimiento comunal ha impedido la actividad minera de la multinacional canadiense Candente Cooper Corp. El proyecto Conga, situado en la sierra nórdica de Cajamarca, ha sido finalmente detenidopor el movimiento campesino de Las Rondas y por la figura de Máxima Acuña, que resiste a la expropiación de sus tierras por parte de la multinacional Yanacocha.

“Estas luchas, pese a su carácter totalizador en cuanto a la implicación y movilización de la población regional, no han tenido una capacidad de crisis nacional, ni de respuesta unitaria y articulada con otros movimientos”, expone César Cornejo, politólogo limeño. La distancia territorial entre regiones, la inmensa diversidad cultural donde sólo en la selva conviven cerca de 40 nacionalidades, la fragmentación social, y el centralismo de Lima, ciudad que concentra todos los poderes políticos, administrativos y jurídicos, son factores que han obstaculizado la posibilidad de una articulación mayor.

Horizontalidad y autonomía, reclamos sociales para una nueva lucha popular

Precisamente en este escenario, hace aproximadamente tres meses, surgió en la capital un nuevo movimiento llamado Las Zonas que ha sorprendido a la sociedad peruana y que responde a la necesidad de nuevas fórmulas de organización basadas en la horizontalidad y la autonomía, conectadas a los fenómenos globales y con una idiosincrasia anticapitalista. Este movimiento juvenil urbano logró derogar la ley de Régimen Laboral Juvenil, que recortaba con creces sus beneficios, convirtiéndose en la primera ley absuelta gracias a las movilizaciones sociales desde el fujimorismo.

“Estamos en un momento de reconstrucción, de renacimiento y gérmenes de movimientos sociales, de experiencias con un potencial de desplegarse y convertirse en referente”, afirma Giles. Los movimientos sociales comienzan a establecer sinergias entre las luchas del campo, indígenas y urbanas, aunque todavía queda fortalecer las vías de articulación entre las diversas luchas. Queda claro, sin embargo, que este es un movimiento disperso que no busca la centralización y que la conquista de los derechos es su denominador común. El movimiento popular demuestra que el ejercicio político ya no se hace solamente a través de los partidos, sino también en la calle y organizándose. Juan Carlos Giles puntualiza que es necesario el diálogo entre partidos, ONGs, movimientos y organizaciones sin liderazgos ni jerarquías, y que actualmente el camino hacia la transformación implica asumir dos grandes retos: por un lado, poner en práctica una democratización interna de estas estructuras, y, por otra parte, reconocer la pluralidad de luchas.

Fuente: Diagonal Global