¿Llamado al diálogo o llamado a emergencia?, por RAFI

El séptimo Congreso Internacional de Etnobiología tuvo un partido difícil en Atenas la semana del 23 al 27 de octubre. Sobrevolando las conferencias académicas, estuvo el conflicto entre ECOSUR –un centro de investigación en Chiapas con una orgullosa historia de trabajos en agricultura y medioambiente – y el COMPITCH (Consejo de Médicos y Parteras indígenas tradicionales de Chiapas). El hecho de que los co-anfitriones del Congreso –la Universidad de Georgia- dirige un programa de bioprospección con ECOSUR, financiado por el gobierno de los Estados Unidos a través de su controvertido programa ICBG (International Collaborative Biodiversity Group) exacerbó las tensiones. La Universidad de Georgia y ECOSUR afirman que la iniciativa (conocida como ICBG Maya) sirve los mejores intereses de los mayas en Chiapas. El COMPITCH dice que es biopiratería (ver antecendentes en www.rafi.org)

¿Biopiratería o bioprospección?

Hace ya años que el tema de la “bioprospección” es un tema candente entre muchos pueblos indígenas y etnobiológos. Algunas comunidades indígenas y acádemicos ven la bioprospección como un medio de conservar y compartir conocimientos indígenas amenazados de extinción posibilitando que las eventuales ganancias comerciales sean compartidos con los pueblos indígenas. Otros contestan que en ausencia de mecanismos de regulación comunitarios, nacionales e internacionales, la bioprospección no es más que un modo delicado de nombrar la biopiratería. La reunión de Georgia nos dio una receta de como no manejar el conflicto. Coloque una organización indígena local contra un centro nacional de investigación, agregue una organización de denuncia internacional (RAFI), y una universidad respetada con una larga tradición histórica de bioexploración y ponga todo al fuego en la olla de presión que es Chiapas. El Congreso permitió, además, un nivel de intimidación física, abusos verbales y agravios sexistas, que RAFI rara vez ha tenido ocasión de presenciar en sus 23 años de trabajo internacional de información.

COMPITCH quiere que el proyecto se cierre –al menos temporalmente- para dar lugar a lo que llaman una “moratoria activa”, durante la cuál las diversas comunidades de Chiapas pueden ser consultadas plenamente. COMPITCH sostiene que los esfuerzos del ICBG Maya por obtener el “consentimiento informado previo” de las comunidades, ha ignorado repetidas veces las formas tradicionales, y que más allá de eso, no les cuentan toda la historia. Además el Consejo teme que el ICBG Maya, que ya ha extraído cerca de 6000 muestras antes de obtener la aprobación de los mayas y del gobierno mexicano para el proceso de evaluación biotecnológica, continúe con la investigación pese a la falta de aprobación. En efecto, en setiembre, las autoridades mexicanas denegaron la solicitud del ICBG Maya para este fin. Los organizadores del proyecto insisten en que han actuado correctamente de acuerdo al espíritu y las normas de la legislación mexicana.

¿Estado de sitio?

Como uno de las actividades previas al Congreso, los co-anfitriones organizaron un simposio sobre el “estado del arte” en bioprospección. Al comienzo del simposio, se anunció a los acádemicos y líderes indígenas invitados que la idea era adoptar una “Declaración de Atenas” (Athens, Georgia) con la intención de establecer estándares sobre prácticas recomendadas en el tema y en propiedad intelectual relacionada al conocimiento indígena.

No hubo suerte.

La declaración fue declarada muerta antes de nacer por líderes indígenas invitados al simposio, y el texto borrador desapareció de la vista. Alejandro Argumedo, un indígena quechua de Perú, coordinador de la Red de Biodiversidad de los Pueblos Indígenas, dijo al simposio que no existían las condiciones previas necesarias para la bioprospección y el reparto de beneficios. “La bioprospección es como si uno se despierta en mitad de la noche y encuentra ladrones en su casa con una bolsa llena de tus pertenencias. Cuando preguntas que es lo que está pasando, te contestan “no te preocupes, tenemos una propuesta para reparto de beneficios”.

¿Llamado al diálogo?

Ya en el Congreso, la declaración fue reemplazada por una propuesta tentativa de “Llamado al diálogo”. El llamado fue un reconocimiento de que hay problemas en Chiapas y que la bioprospección parece tener pocas perspectivas. Uno de los fundadores del Congreso empezó a sugerir, en privado, que el término “bioprospección” estaba tan gastado que se debería buscar un nombre nuevo y otro contexto. Otros argumentaron que Chiapas podía ser un “caso de estudio” para el diálogo, y la base de un nuevo comienzo en el trabajo etnobiológico. Aunque dándole la bienvenida al llamado al diálogo en principio, en la ponencia que realizó en uno de los paneles del Congreso, RAFI advirtió que a esta altura de la historia de la biopiratería, quizá fuera más útil un “llamado al 911” ( número de emergencias en EE.UU.)

¿Consentimiento informado previo?

Uno de los ejes principales de la contienda entre el ICBG Maya y el COMPITCH ha sido la objeción de parte de los mayas a los métodos inadecuados de la institución para obtener el “consentimiento informado previo” de las comunidades de Chiapas. Pero la Sociedad Internacional de Etnobiología desarrolló sus propios problemas de “consentimiento informado previo”. Ya en el cierre, en el último plenario de clausura el viernes por la tarde –y cuando muchos de los delegados ya se habían marchado- un científico de la Universidad de Georgia empezó un ataque directo a la integridad de RAFI, aunque nadie de RAFI estaba ya presente. El ataque fue introducido como “punto nuevo” y no estaba previsto en la agenda. Inmediatamente de presentado el alegato de ataque (cuyos detalles RAFI sólo conoce esquemáticamente hasta ahora) una científica de una universidad mexicana leyó una carta de apoyo a los líderes académicos comprometidos con el proyecto en Chiapas. Desde el público se realizó una moción de que se adoptara la carta como resolución del Congreso. Se llamó a votación, se levantaron manos y el presidente de mesa rápidamente declaró que la moción había sido aprobada. La sesión plenaria entró en receso en medio de la confusión –pese a algunas protestas.

El Congreso se volvió a reunir, pero constituído en “Asamblea de miembros” de la Sociedad Internacional de Etnobiología. Se volvió a debatir la carta y la resolución de apoyo a ésta. En un ambiente tenso y confuso, se retiró la resolución y se decidió que la carta estaría a disposición de los que la quisieran firmar individualmente. La científica mexicana que había presentado la carta fue recorriendo la sala parándose frente a cada uno de los asistentes a la asamblea, esperando que firmara. Las democracias no han permitido las votaciones abiertas por más de un siglo, pero la Sociedad Internacional de Etnobiología permitió esta “votación” en sus propios procedimientos. Muchos de los presentes eran estudiantes o colegas de los científicos a los que se alude en la carta. Digamos que no fue un gran día para el “consentimiento informado previo” y mucho menos para la democracia.

¿Adónde vamos desde ninguna parte?

La conducta de individuos durante el Congreso causó un daño grave –esperemos que no irreparable- al llamado al diálogo. RAFI llegó a Atenas a una reunión que estaba signada para no ser agradable, en parte, con este propósito de diálogo. En el breve tiempo que RAFI dispuso para presentar su ponencia, resumimos algunas de los impedimentos –y condiciones- para desarrollar una bioprospección equitativa. A continuación presentamos una elaboración de ese resumen.

Diez puntos sobre piratería

Condiciones comunitarias:

1. No hay “reinos salvajes”: A menos que se tengan pruebas de lo contrario, los bioprospectores deben asumir que todos los materiales que encuentren han sido manejados, promovidos y custodiados por las comunidades.

Un amplio jardín comunitario forestal fue tomado por una bosque “natural”. De la misma forma, existen suelos, insectos y hongos que se suponían desconocidos, y que después de un escrutinio minucioso se encontró que desde hace mucho tiempo eran usados con fines medicinales u otros.

2. Tampoco hay monopolios indígenas. Los bioprospectores deberían asumir que, en ausencia de evidencias definitivas que demuestren lo contrario, las mismas plantas y preparados son usados por diferentes comunidades en el país y posiblemente por comunidades de otros países. Todas las comunidades deben estar de acuerdo antes de que los bioprospectores consideren que tienen permiso para proceder.

A principio de los ’90, el “libro de plantas deseadas” de la Shaman Pharmaceuticals incluía plantas utilizadas por tres diferentes culturas indígenas en promedio y en muchos casos hasta en ocho países.

3. “No” es una respuesta: Los bioprospectores deben esperar y estar preparados a aceptar un “no” como respuesta y entender que puede no existir “consentimiento” aunque sea previamente informado. La posibilidad y condiciones para decir “no” también deben ser explícitas desde el comienzo.

No hace mucho tiempo que algunos bioprospectores terminaron en la cárcel en Palawan, fueron expulsados de la ciudad en las Filipinas y se les hundió su bote con muestras en Perú. Los etnobiólogos deberían encontrar mejores formas de entender lo que quiere decir “no”.

4. “No” fuera de la normalidad: Si los bioprospectores no son capaces de hacer acuerdos basándose en los procesos comunitarios tradicionales y/o están negociando en un ambiente donde los mecanismos de decisión de las comunidades han sido interferidos o distorsionados por conflictos civiles, emigraciones forzadas temporales, desplazamientos o desastres naturales, no existen las condiciones para obtener un verdadero consentimiento informado previo, y se debería esperar a que estas condiciones cambien.

Por desgracia, las comunidades indígenas están expuestas a estos problemas todo el tiempo. De una manera u otra, la realidad de Chiapas se repite en todo el mundo.

Factores externos:

5. Normas y aspectos operativos: En ausencia de regulaciones claras y efectivas y de procesos adecuados al interior y entre las comunidades, en los países y en el mundo, es imposible garantizar la integridad de los términos y las condiciones establecidas a través de acuerdos contractuales, por lo que toda bioprospección inevitablemente corre el riesgo de ser biopiratería.

Sólo porque exista el Convenio de Biodiversidad no quiere decir que existan términos justos para compartir los beneficios. Los pueblos indígenas han estado esperando por ocho años que el artículo 8j se haga efectivo. La FAO estableció los “Derechos de los Agricultores” pero no hay acuerdo sobre qué implican estos derechos en la práctica, ni tampoco la forma de hacerlos cumplir.

6. Ciencia esquiva (1). Los bioprospectores deberían monitorear y alertar sobre la posibilidad de que la difusión del conocimiento indígena que se usa en una comunidad, podría permitir que otros utilicen ese conocimiento pero obteniendo los materiales biológicos de colecciones ex situ en los jardines botánicos, herbarios, zoológicos, colecciones de tejidos o células, etc. Los prospectores deberían también monitorear y aconsejar como prevenir la situación de que las características biológicas de ciertos materiales, conocidas y usadas en una determinada cultura, pueden ser extraídas de especies emparentadas o no emparentadas en otras partes del mundo, a partir del conocimiento que esa cultura aportó. En esos casos, el compartir los beneficios podría ser evitado contractualmente.

Las propiedades medicinales comerciales de la planta “rosy periwinkle” se conocieron por primera vez en Madagascar, pero los componentes activos, una vez identificados, fueron sintetizados de especímenes de Jamaica y Filipinas. Actualmente, el Taxol que fue encontrado en el tejo, árbol del Pacífico, puede ser sintetizado del árbol de tejo de Inglaterra, gracias a procesos técnicos nuevos. El gen que le confiere tolerancia al frío a una hierba andina podría ser identificado también en un pez del Ártico o en un pino de clima templado.

6B. Ciencia esquiva (2): Mientras que antes una simple muestra no era adecuada para ensayos biotecnológicos y para desarrollar productos comercializables, las nuevas técnicas están gradualmente haciendo innecesarias las colectas de volúmenes mayores. En algunos casos, solamente se requiere contar con la parte reproductiva de algunas especies.

Las nuevas tecnologías le permitieron a Celera Genomics mapear gran parte del genoma humano en nueve meses mientras que con las tecnologías anteriores se necesitaban 15 años. ¿Que se podría hacer con una simple muestra de herbario recolectada hoy –en la perspectiva de los 10-20 años necesarios para la investigación y las pruebas clínicas? Cualquiera que prometa hoy que un simple espécimen nunca será suficiente para estudios sofisticados en la próxima década, o es un mal científico o no está en contacto con la realidad.

7. Cambiar el contexto corporativo. Los bioprospectores deberían monitorear y alertar sobre los rápidos cambios empresariales, que pueden ir desde que ciertas unidades corporativas, o contratos o patentes específicas, o empresas enteras, pueden ser afectados por fusiones, disoluciones o reformas varias veces durante el largo proceso de investigación y desarrollo que puede seguir a las colectas.

Si usted cerró un negocio con una pequeña empresa farmacéutica nacional hace diez años, hoy puede haber sido vendida a Astra Pharmaceuticals de Suecia, que más tarde se fusionó con Zeneca del Reino Unido, y que en este año fusionó gran parte de sus operaciones a Novartis de Suiza para crear Syngenta (de todas partes). Entonces, ¿donde quedó su contrato? Si comercializar su producto todavía requiere 5-10 años más, podría usted terminar hablando con Microsoft o General Motors.

8. Patentes predadoras: Los bioprospectores deberían monitorear y alertar sobre los frecuentes cambios en los regímenes de propiedad intelectual durante el período de 20 años (promedio) de validez de una patente. Desde 1980 las “reglas del juego” de la propiedad intelectual han cambiado, y las prácticas y los cambios podrían afectar fundamentalmente los arreglos contractuales con las comunidades. Aún los acuerdos de “no patentar” podrían ser dejados sin efecto, si son aceptadas algunas provisiones sobre bioseguridad y si ganan terreno las nuevas “patentes” biológicas de facto. Hay que recordar también que los monopolios de patentes son anatema para la gran mayoría de las comunidades indígenas. Si una comunidad se opone éticamente al monopolio, el contrato puede decir que no habrán patentes sobre el germoplasma original, pero las empresas podrían sintetizar los componentes activos y patentarlos; o establecer patentes de proceso que para el caso tienen el mismo efecto; o hacer de su invento una marca registrada que hace que de facto sea inaccesible a otros; o imponer reglas de Secreto Comercial; o envolver los ingredientes claves en un sistema de control biológico como Terminator, que de todas formas crea un monopolio botánico.

Causa Común

9. Establecer estándares: Sería trágico que, dada la complejidad de condiciones necesarias para una verdadera bioprospección equitativa, las comunidades y el mundo perdieran materiales biológicos o conocimiento irremplazable. Aún en un escenario de “paraíso perdido” podría ser posible, en condiciones inusuales y de emergencia, lograr acuerdos y condiciones razonables cuya integridad fuera monitoreada por las partes del acuerdo y asistida por otras identificadas por esas mismas partes, en el marco de acuerdos comunitarios, nacionales e internacionales.

10. Cambiar las condiciones: la preocupación más importante: Ya que tanto las comunidades como los etnobiólogos –entre otros- apoyan el intercambio más abierto y posible de conocimientos y materiales, deberían trabajar juntos para cambiar las condiciones socio-económicas y las posiciones políticas que impiden la colaboración sin trabas para el beneficio de la humanidad y el planeta. No es un tema de “trabajar con ellas” sino de “superar” esas barreras.

¿Del 911 al 9 a 1?

Es posible pasar del estado de emergencia presente a un estado más constructivo. A RAFI no se le ocurriría decir que estos diez puntos son los únicos ni los centrales, pero a los efectos de la discusión ahora, sugerimos que los nueve primeros podrían ser manejables mientras que el décimo –la necesidad de la causa común- es vital. ¿“9 a 1”? Sería erróneo considerar que estos diez puntos constituyen un obstáculo insalvable para la cooperación en investigación. Es solamente que la tarea es un poco más difícil de lo que le enseñaron a los etnobotánicos en la universidad. El verdadero requisito imprescindible es que las comunidades y los cazadores de genes deben estar del mismo lado.

Tomando en cuenta el problema de que la innovación proviene de múltiples fuentes (comunidades, países y aún continentes), es posible lograr un código de “prácticas recomendadas” y de acuerdos sobre cómo compartir los beneficios. Esto podría permitir acuerdos iniciales, seguidos por prescripciones de investigación y de participantes adecuados en tales acuerdos, junto a la definición previa de correcciones posibles a esos acuerdos, que se aplicarían en la medida que se desarrolla el proceso de descubrimiento. Se pueden y deben desarrollar protocolos también sobre los materiales biológicos colectados previamente. Los jardines botánicos ya se están moviendo en este sentido. Los bioprospectores deberían tener un fuerte incentivo en asegurarse que se hagan acuerdos equitativos sobre las colecciones pasadas, a fin de salvaguardar las futuras.

En el escenario de una comunidad de etnobiólogos y pueblos indígenas en relación de cooperación, es posible definir modelos de protocolos y prácticas –incluyendo el rol de ombusperson- que podrían facilitar, asesorar y servir de base para el monitoreo de las colecciones futuras. Actuando colectivamente, se podría tener una influencia importante en programas y políticas intergubernamentales.

Si hay acuerdo sobre los puntos básicos, también puede haber bases para que las comunidades indígenas y rurales se sienten con los investigadores públicos y organizaciones sin fines de lucro a discutir sus diferencias y posibilidades. Una segunda fase en este diálogo podría –o no- incluir a sectores comerciales. Esto está por verse y depende de lo anterior.

Moratorio maya: Claramente, el requisito previo para cualquier diálogo es la “moratoria activa” demandada por COMPITCH y otras organizaciones mexicanas. Lejos de ser una contradicción terminológica, la moratoria activa propuesta por el COMPITCH crearía las condiciones para un diálogo y consulta creativos en las comunidades indígenas y rurales, igual que para otros grupos sociales preocupados, para los sectores de gobierno y aquellos interesados en la bioprospección. El tiempo y agenda de la moratoria tiene que ser de acuerdo a las necesidades de las comunidades -no de las corporaciones. Pero, de todos modos, Chiapas no es un caso de estudio ni tampoco un modelo o un experimento. Es lo que siempre ha sido: un faro y una campana de alarma. Si bien la situación de Chiapas nos puede servir para clarificar el camino, su realidad no es objeto para la negociación ni el diálogo fuera del propio Chiapas.

Si la declaración de Atenas fue un fracaso y el encuentro una debacle para los bioprospectores, hay otros tiempos y oportunidades. Después de todo, ni Roma ni Atenas se construyeron en un día.