Las transformaciones neoliberales en México y el tratado de libre comercio (TLCAN)
De la sentencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) capítulo México. La inserción de México en la globalización neoliberal está asociada con un aumento extraordinario de sufrimiento en el pueblo mexicano. La globalización neoliberal genera fuertes desequilibrios entre el mercado y los derechos humanos. La economía se globaliza y las instituciones democráticas que tutelan los derechos de las mayorías se ubican en un espacio subordinado y marginal; las instituciones globalizadas sustituyen el control democrático por la regulación opaca del comercio global.
El derecho neoliberal tutela la acumulación de la riqueza y la concentración del poder económico y político frente la eliminación de los “perdedores”. Además, se sustenta en la arquitectura de la impunidad construida a favor de las empresas multinacionales y del capital. La desigualdad y la asimetría son elementos constitutivos del mismo.
El gobierno mexicano ha intervenido para facilitar la transformación y eliminación compulsiva por medios económicos de amplias masas de población de la ciudad y el campo consideradas “innecesarias” o “superfluas”. Los gobiernos mexicanos han utilizado el poder del Estado para acelerar esta eliminación mediante actos directos de despojo de medios de producción o por intervenciones distorsionantes en la economía de subsistencia.
México representa un caso emblemático por muchos motivos. Antes que nada, ha sido el primer país en experimentar las políticas económicas globales, impuestas por el capital financiero internacional a partir de fines de la década de 1980.
El 1 de enero de 1994 entró en vigor el TLCAN, primer experimento de creación de un área de libre intercambio comercial y de incondicionales garantías para la inversión de capitales. Se trata de un acuerdo que lleva en sí una característica muy singular por la profunda desigualdad entre las economías de los países que lo firmaron: por un lado la fortísima economía de Estados Unidos y la aún sólida economía de Canadá, y por otro, la débil economía de México. Además, con este tratado, México se privó de participar en el esfuerzo que algunos países de América Latino hicieron para establecer un camino de cooperación entre países más semejantes entre sí, como el ALBA y el Mercosur.
Desde 1994, el capital financiero y en particular el gobierno estadunidense han intentado introducir acuerdos comerciales en otras zonas con los mismos criterios del TLCAN. Actualmente Estados Unidos está proponiendo nuevos acuerdos comerciales aun más severos, como el Acuerdo Transpacífico (ATP) con algunos países de la cuenca del Pacífico, y la Asociación Comercial de Inversión Trasatlántica entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ambos están en proceso de negociación, aunque se enfrentan a no poca oposición tanto a nivel popular como en los parlamentos.
El TLCAN forma parte de este entramado jurídico-político de dominación. No hay cruce de caminos entre los derechos humanos y los derechos corporativos; hay una profunda ruptura de la jerarquía y de la pirámide normativa del sistema de protección de los derechos humanos. Es crucial comprender que el TLCAN y las otras instituciones neoliberales no están diseñadas para promover el bien social. El TLCAN, en particular, no es un acuerdo entre la gente de los tres países norteamericanos para aprovechar los beneficios mutuos del intercambio de productos y servicios en función a sus ventajas comparativas. Son acuerdos que elevan el estatus legal de los grandes inversionistas y simultáneamente vinculan el poder económico del Estado a sus intereses, a la par que erosionan el compromiso y las opciones de los Estados nacionales para proteger a la ciudadanía.
Un propósito central de estos tratados comerciales ha sido desarmar a los pueblos despojándolos de las herramientas de identificación, expresión, resistencia y capacidad transformativa que puede brindarles la soberanía nacional y la existencia de un Estado legítimo. En el caso de México, el desarme del Estado frente a los intereses corporativos internacionales ha adquirido características trágicas. La amputación de la soberanía económica comenzó hace mucho, a través de diversos mecanismos. En ocasiones mediante la renuncia a asumirla, por ejemplo el abandono de la conducción de la economía; otras, por cesión, como sería el caso de los recursos del subsuelo y la generación de energía, y otras más eliminando la capacidad gubernamental para ejercerla, como ha sido la pérdida de control territorial ante el incontenible avance del narcotráfico. El vaciamiento del Estado está siendo llevado hasta el límite por el gobierno de Enrique Peña Nieto que por entrega, omisión o impotencia va renunciando a la soberanía en todos los ámbitos.
Analizar los devastadores efectos que ha tenido este primer experimento cargado sobre las espaldas de los mexicanos es de enorme interés para el mundo entero. Es aquí donde por primera vez se procedió a realizar una adecuación total de la legislación y de las políticas económicas nacionales a los imperativos del Tratado. De esta manera se elimina todo poder de decisión de las instituciones representativas de los intereses del pueblo mexicano. Desaparece el espacio del derecho público; el Estado se convierte en un promotor y un certificador de las operaciones privadas de los inversionistas.
Particularmente grave resulta el acelerado desmantelamiento de la Constitución mexicana, aprobada en 1917 al término de la Revolución, que constituyó un ejemplo significativo para otros países ya que fue la primera que introdujo los derechos sociales y subordinó el derecho privado de la propiedad al interés común.
La impunidad transnacional que el TLCAN regula permite afirmar que es un Tratado tremendamente violento. La violencia estructural del sistema capitalista —que permite la acumulación de la riqueza de unos pocos a costa de la pobreza y la destrucción medioambiental y cultural de los pueblos— se incorpora de manera transversal a lo largo de todo el Tratado.
El TLCAN colisiona frontalmente contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Se puede invocar la preeminencia de una norma jerárquicamente superior. Así, el artículo 53 de la Convención de Viena establece que todo tratado que afecte a una norma imperativa de Derecho Internacional es nulo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como otros tratados y convenciones internacionales de derechos humanos y ambientales revisten el carácter de normas imperativas y de Derecho Internacional General.
Se debe efectuar el control de constitucionalidad de los tratados y verificar si existen vicios insanables en su celebración y aprobación, que generan su nulidad. Se debe restablecer la competencia territorial de los tribunales nacionales, recuperar el papel de los parlamentos y poner en marcha iniciativas legislativas populares, haciendo cumplir las normas internacionales para revertir la fuerte asimetría entre las normas de comercio e inversiones y los derechos humanos, poniendo los derechos de las personas y los pueblos por encima de los intereses de las grandes empresas.
*De Libre comercio, violencia, impunidad y derechos de los pueblos en México (2011-2014), la sentencia de la audiencia final de Tribunal Permanente de los Pueblos, presentado en la Ciudad de México el 15 de noviembre.
Fuente: Ojarasca