Las tierras mal habidas de Paraguay
El informe Grand Theft Chaco reveló que el cuero utilizado por los productores europeos de autos proviene de tierras ilegalmente deforestadas en Paraguay. Esta tala de bosques no solo impulsa la crisis climática y devasta la biodiversidad nativa, sino también destroza el hogar de uno de los últimos pueblos indígenas aislados en el mundo.
Las comunidades indígenas, los ambientalistas y los funcionarios gubernamentales que están dispuestos a compartir información reservada han resistido dicha deforestación ilegal. En el proceso, han chocado con poderosos intereses y con estructuras de poder que tienen profundas raíces en la historia paraguaya.
En este artículo, Earthsight examina la manera como un siglo y medio de guerra, comercio y dictadura han convertido a Paraguay en el principal centro mundial de deforestación.
A finales del siglo XIX, Paraguay sufrió una calamidad militar sin igual en su historia moderna. En 1864 se desbordaron las tensiones regionales, desatando una guerra en la que Paraguay se encontró confrontado a una “Triple Alianza” compuesta por Brasil, Argentina y Uruguay. La desigualdad de la confrontación era abrumadora y a pesar de una serie de victorias tempranas, en 1867 el ejército paraguayo había sido aniquilado. Sin embargo, su líder, el presidente Solano López, se negó a rendirse y reclutó a esclavos y niños para continuar la pelea, promocionando a su hijo de 14 años al rango de coronel.
El presidente López finalmente murió a bala en 1870, mientras huía por los densos bosques subtropicales del oriente de Paraguay. Su esposa, una aventurera irlandesa llamada Eliza Lynch, lo enterró junto con su hijo el coronel, en la tierra bermeja del bosque, bajo la mirada de un contingente de soldados brasileños.
Cuando la guerra llegó a su macabro fin, había matado a dos terceras partes de la población paraguaya, incluyendo a 90 por ciento de sus hombres. El acuerdo de paz que siguió a la guerra le arrebató más de la tercera parte de su territorio y le impuso una enorme deuda financiera. Para pagar lo debido, el gobierno vendió enormes cantidades de activos públicos a empresas extranjeras.
El activo principal del gobierno era la tierra. Más de 16 millones de hectáreas (ha) – 40 por ciento del territorio nacional – fueron vendidas como pan caliente a treinta y dos empresas. Un solo negociante español, Carlos Casado, adquirió siete millones de hectáreas: un territorio más amplio que toda la República de Irlanda.
Esta liquidación masiva estableció el patrón de la economía paraguaya al amanecer del siglo XX. Transformó a Paraguay en suministrador de productos básicos baratos para el mercado global, estableció la tierra como la base de la riqueza nacional y pasó el control de la tierra a las manos de una minúscula elite.
Hoy, Paraguay es el país más desigual del mundo en términos de distribución de tierra, el 90 por ciento de su territorio estando en manos de solo 12.000 personas. El 10 por ciento restante está dividido entre más de 280.000 pequeños y medianos cultivadores. Más allá de este grupo, existe una población desamparada de 300.000 familias de agricultores sin acceso a cualquier pedazo de tierra. Esta situación genera un coeficiente de Gini de 0,93, mucho más alto que en cualquier otro lugar (incluso en la región notoriamente desigual de América Latina), los países más cercanos siendo Brasil, Colombia y Perú, todos con un coeficiente de 0,86.
“Paraguay es un país que, a partir de un hecho histórico, que es la guerra contra la triple alianza en el siglo 19, sufrió una transformación radical en su modelo económico, que anteriormente era un modelo más autónomo, más de producción diversificada con énfasis en el mercado interno y con fuerte participación del Estado. Con la guerra eso cambia radicalmente. Se privatizan masivamente los recursos públicos, principalmente la tierra que era mayormente propiedad estatal hasta 1870, y ahí cambia la economía, cambia la política, cambia el Estado mismo, cambian las leyes. Y Paraguay se convierte en un proveedor de materia prima para el mercado mundial, para la economía internacional”
Luis Rojas
Las tierras mal habidas
Mientras la guerra estableció el patrón, eventos posteriores intensificaron la estratificación de la riqueza y del poder en Paraguay. A un siglo de la muerte del presidente López, vínculos entre los terratenientes del país y su clase política se estrecharon bajo el régimen del General Alfredo Stroessner. Un dictador clásico de la época de la Guerra Fría, Stroessner asumió el poder en 1954, manteniendo su posición durante 35 años. El dictador ejercía control a través de alianzas con las elites militares y políticas del país, principalmente miembros del oficialista Partido Colorado. Para mantener estas redes clientelistas, Stroessner dividió lo que quedaba de las tierras públicas entre sus aliados. Ocho millones de hectáreas fueron regaladas o vendidas a precios irrisorios a generales del Ejército y grandes personajes del Partido Colorado. Supuestamente, estas tierras deberían beneficiar a pequeños agricultores dentro del marco de un programa de reforma agraria. Por esta razón son conocidas como “las tierras mal habidas”.
Finalmente, Stroessner fue obligado a dejar el poder en 1989. Pero la embrionaria democracia paraguaya ha progresado poco en la tarea de desmantelar las estructuras subyacentes que vinculan la posesión de la tierra al poder.
Desde la destitución de Stroessner, más de 120 líderes campesinos han sido asesinados en el marco de la lucha por la tierra, y cientos más encarcelados. Igualmente, la vida política del país sigue dominada por el Partido Colorado, que ha estado en el poder durante 68 de los pasados 72 años.
La única interrupción a esta hegemonía empezó en 2008. En las elecciones presidenciales de ese año, un ex-obispo llamado Fernando Lugo triunfó de modo sorprendente con una plataforma de reforma agraria, prometiendo redistribuir las tierras mal habidas a sus dueños legítimos. Este proyecto llegó a un final abrupto en 2012. En un día fresco de junio, en Curuguaty, un departamento productor de soja, seis policías y 11 agricultores pobres murieron a bala en el marco de una disputa por el derecho a tierras con un antiguo presidente del Partido Colorado. A pesar de las sospechas que marcaron el inicio de la confrontación, indicaciones de ejecuciones extrajudiciales, videos perdidos que habían sido tomados desde helicópteros de la policía, y la ausencia de cualquier evidencia que vinculase las cinco escopetas oxidadas pertenecientes a los agricultores con los policías muertos, la confrontación fue aprovechada como pretexto para iniciar un proceso de juicio político al Presidente Lugo. Esta respuesta oficial fue condenada como golpe de Estado por los países vecinos que expulsaron a Paraguay del bloque regional Mercosur. Menos de un año después, el Partido Colorado volvió al poder bajo el liderazgo de Horacio Cartes, uno de los negociantes más ricos del país y dueño de vastas extensiones de tierra obtenidas en parte del General Stroessner. No sorprende que, durante la media década en la que Cartes disfrutó del poder, no hubo ningún avance en la recuperación de las tierras mal habidas.
“La alianza que existe entre terratenientes, capitalistas, empresarios, agronegocios y los partidos políticos … que gestionan el Estado y las instituciones políticas en Paraguay es muy estrecha”
Luis Rojas
Desaparecen los bosques
Tanta intimidad entre el poder político y la tenencia de tierra tiene consecuencias predecibles para la capacidad de las instituciones paraguayas responsables de regular la agroindustria. Esto deja a los bosques paraguayos – que se encuentran en territorios anhelados por cultivadores de soja en el oriente del país y ganaderos en el occidente – altamente vulnerables. Introducida en 1973, la Ley Forestal estableció requisitos claros que terratenientes que quieran talar los bosques encontrados en sus propiedades tienen que cumplir. Primero, deben recibir autorización tanto del Ministerio paraguayo de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como del Instituto Forestal Nacional. Una vez otorgada la autorización, los terratenientes deben mantener el 25 por ciento de sus tierras bajo cobertura de bosque natural como “reserva forestal”. Un 15 por ciento adicional debe ser retenido para crear franjas protectoras entre cada cinturón de 100ha de tierra deforestada. Si hay fuentes de agua presente, un adicional cinco por ciento de la propiedad debe ser conservada para protegerlas.
Sin embargo, muchas veces estas leyes terminan siendo esquivadas. Recientemente, Ezequiel Santagada, abogado argentino y director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), entidad independiente, coordinó una investigación de un año sobre la deforestación en el Chaco occidental paraguayo, que ha venido experimentando las tasas más altas de deforestación en el mundo. Contrastando imágenes satelitales de propiedades con información disponible sobre la aplicación de la Ley Forestal, IDEA compiló evidencia irrefutable de la existencia de deforestación ilegal. Este análisis pormenorizado posibilitó la formulación – inusual en el país – de cargos penales contra un poderoso terrateniente del Chaco.
“Lo que nosotros hemos detectado con todo este análisis es que aproximadamente de toda la deforestación que hubo, un mínimo [de] 20 por ciento es ilegal,” dijo Santagada a Earthsight.
Treinta y seis o treinta y siete mil hectáreas por año de deforestación ilegal y no hay ninguna persona presa por todo esto. "De hecho, no solo es el caso que las autoridades paraguayas hayan incumplido en la implementación de la Ley Forestal, sino que también han intentado perjudicarla de forma activa. En 2017, Cartes aprobó una ley que permitía a terratenientes reemplazar partes de sus reservas forestales con monocultivos con fines comerciales con la mera compra de “licencias de servicios ambientales”. La iniciativa provocó ultraje internacional y fue derogada poco después de que Cartes dejara la presidencia – pero no antes de que él la hubiera usado para deforestar su propia finca.
“Básicamente, cada dos años estamos perdiendo un millón de hectáreas de este ambiente que conocemos como el Gran Chaco”
Alberto Yanosky
El cuero paraguayo y Europa: una historia de amor
La investigación de Earthsight sobre deforestación en Paraguay se enfocó en los bosques secos del occidente del país que forman parte de un bioma de tierras bajas que cubre partes de cuatro países. Este ecosistema es conocido como el Gran Chaco. En Paraguay, estos bosques son hogar del único pueblo indígena de las Américas fuera de la Amazonía que vive en aislamiento voluntario. Nuestro análisis encontró que los bosques del Chaco paraguayo desaparecen a un ritmo mayor que cualquier otro bosque en el planeta. En promedio durante los últimos 15 años, un área del territorio nacional equivalente a 1.200 canchas de futbol ha sido destrozada cada día. El bosque ha sido reemplazado casi en su totalidad por fincas ganaderas que producen carne y cuero destinados a la exportación.
Investigadores de Earthsight vincularon productores europeos de autos, incluyendo a BMW y Jaguar Land Rover, a fincas que operan en tierras indígenas que han sido deforestadas ilegalmente. De hecho, la Unión Europea (UE) es, con creces, el mayor consumidor de cuero paraguayo; Italia por si sola importa casi las dos terceras partes de su producción. La industria de cuero paraguaya también tiene sus orígenes en la Guerra de la Triple Alianza. ¿Se acuerda de Carlos Casado, el empresario español que adquirió una propiedad del tamaño de Irlanda?
En 1889, al visitar su imperio por primera vez, Casado descubrió un tesoro escondido: una rica fuente de taninos proveniente de los árboles quebracho que se encuentran en la región. En un sitio hoy llamado Puerto Casado, se estableció la primera curtiembre industrial de Paraguay, utilizando maquinaria europea y taninos del bosque que lo rodeaba. En unos pocos años, la producción saltó de 120 a 4.200 toneladas anuales – convirtiéndola en la fábrica de cuero más grande del mundo. Los tiempos han cambiado: los químicos sintéticos reemplazaron a los taninos naturales en la producción en los 1940. Sin embargo, Paraguay sigue siendo uno de los exportadores principales de cuero, gracias a su enorme industria ganadera. De hecho, la empresa fundada por Carlos Casado – hoy conocida como Carlos Casado SA y propiedad de la gigante constructora española San José – sigue siendo dueña de más de 200.000ha de tierra en el Chaco paraguayo.
“Necesitamos de este equilibrio ecológico para nuestro desarrollo. Si no les importa la vida, no importa. Pero que entiendan que para hacer dinero necesitan un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, porque en un desierto no se produce carne y en un desierto no se produce soja”
Ezequiel Santagada
Los 2020: la deforestación se acelera
Las tasas actuales de deforestación ya son suficientemente alarmantes, pero la presión sobre los bosques solo va a aumentar en la próxima década. El actual presidente, Mario Abdo Benítez, que reemplazó a Cartes en 2018, emergió de la misma tierra de su antecesor. Su padre era secretario privado del general Stroessner, y uno de los mayores beneficiarios de la generosidad del dictador con las tierras públicas.
Benítez es entusiasta de planes para construir una nueva carretera transcontinental a través del Chaco paraguayo. Conocida como el ‘corredor bioceánico’, se proyecta que este enorme proyecto infraestructural creará una ruta directa entre los océanos pacífico y atlántico, conectando puertos en Chile con Brasil. Sus proponentes dicen que el diseño de la carretera incluirá “pasos de fauna silvestre” que permitirán el cruce de la ruta por los animales, sin interrumpir el tráfico.
Actualmente, las carreteras del Chaco paraguayo están principalmente en manos de dueños particulares de tierras y frecuentemente se vuelven intransitables en la época de lluvias. En caso de que se lleve a cabo el proyecto del corredor bioceánico, servirá como vínculo entre las fincas ganaderas, la enorme industria brasileira empacadora de carne y los puertos chilenos, que sirven al mercado del lejano oriente. Benítez ha descrito la carretera como “un pequeño Canal de Panamá” que incentivará a “una gran parte” de la población de Paraguay a reubicarse en el Chaco.
En 2019, su Ministro de Obras Públicas anunció una inversión infraestructural de $2 billones para preparar la región para la transformación. La carretera podría ayudar a Paraguay a cumplir los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2030, adoptado durante el gobierno de Cartes y que sigue siendo un documento clave de la política nacional. El plan busca convertir a Paraguay en el quinto productor más grande de carne en el mundo, objetivo que requeriría un incremento de cuatro millones de cabezas al rebaño nacional. Esto, a su vez, se traducirá en la necesidad de talar alrededor de cuatro millones de hectáreas de bosque para crear los potreros requeridos – una duplicación de la tasa actual, ya vertiginosa, de deforestación. A pesar de que el dominio de la agroindustria en la economía paraguaya tenga sus raíces hace un siglo y medio, la lucha para proteger a los bosques del país apenas comienza a calentarse.
“En Paraguay se comete un crimen permanente ambiental de deforestación, contaminación, y el Estado es el que lo permite”
Luis Rojas
Combatiendo la destrucción
De Carlos Casado a BMW, los intereses que durante los últimos 150 años han impulsado y se han beneficiado del robo de la tierra paraguaya y del despojo de sus recursos naturales han sido adineradas empresas extranjeras. Estas empresas – junto con consumidores internacionales inconscientes de la problemática – continuarán con el ‘uso y abuso’ de Paraguay, a no ser que gobiernos en el resto del mundo tomen acciones urgentes.
En el contexto actual, es posible que las cosas empeoren dramáticamente. Un tratado de libre comercio (TLC) negociado entre la UE y el bloque comercial suramericano, Mercosur, está a punto de eliminar los aranceles sobre la importación de miles de toneladas de carne y cuero paraguayos – sobrealimentando de esta manera la demanda de los productos básicos detrás de la destrucción de los bosques paraguayos por las excavadoras.
Sin embargo, se están avanzando también los esfuerzos para frenar la ola de destrucción. La Comisión Europea se ha comprometido a introducir legislación este año para combatir el rol desproporcionado jugado por la UE en la aceleración de las tasas de deforestación mundial.Se estableció un claro antecedente para estas medidas legislativas en octubre del año pasado, cuando – tras un debate en el que se mencionó específicamente al informe de Earthsight, Grand Theft Chaco – el Parlamento Europeo adoptó un informe histórico que hizo un llamado para que se publicaran reglas obligatorias que requerirían a cualquier empresa dentro del Mercado Único de la UE a verificar, mitigar, y prevenir el riesgo de deforestación en sus cadenas de suministro.
El informe especificó que dichas reglas deberían aplicarse también a instituciones financieras y deberían proteger a comunidades forestales, puesto que obligarían a las empresas operar únicamente donde tengan Consentimiento Libre, Previo e Informado para hacerlo. Mientras tanto, el Reino Unido también está preparando legislación que entrará en vigor este año y que prohibiría a empresas utilizar productos básicos que provengan de tierras que hayan sido deforestadas ilegalmente. Sin embargo, las propuestas del Reino Unido son más débiles que las de la UE, puesto que se aplican únicamente a la deforestación ilegal – creando así una potencial laguna legislativa que permitiría la complicidad de empresas en la destrucción de bosques en países donde eso es legal bajo normas locales.
Es preciso, por esto, mantener presión sobre la Comisión Europea para que implemente las recomendaciones del Parlamento Europeo, y sobre el gobierno del Reino Unido para que fortalezca sus recomendaciones. De manera simultánea, el gobierno paraguayo debe también tomar medidas si se va a dar la posibilidad de que cumpla con sus compromisos internacionales en cuanto al cambio climático.
Un buen comienzo sería una decisión de castigar a los responsables de los casos particularmente egregios que Earthsight ha vinculado a los productores europeos de autos. Como recientemente declaró una coalición de ONGs y organizaciones de derechos indígenas, en una carta conjunta a las autoridades paraguayas, este caso involucra la destrucción ilegal de bosques que son hogar de una de las últimas poblaciones indígenas ´no-contactadas´ del mundo. Solo tomando medidas decisivas como estas será posible combatir las fuerzas que impulsan la degradación ambiental en Paraguay, y permitir que los bosques del país – y todos los seres vivos que dependen de ellos – prosperen.
Fuente: Earthsight