Las grandes empresas han ‘secuestrado la justicia’
Países de toda Asia se encuentran reunidos en Melbourne esta semana para negociar el Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), un tratado comercial que afectaría a casi la mitad de la población mundial, entre ellos Tailandia, Indonesia, China, India, Japón, Corea y Australia.
Los tratados comerciales parecen ser aspectos inaccesibles y distantes de los sistemas jurídicos internacionales, desconectados de las realidades locales y nacionales. Pero de hecho, sucede lo contrario. El comercio y las inversiones tienen profundos impactos sobre las cuestiones locales y nacionales y tienen la capacidad de socavar derechos humanos y ambientales básicos y principios clave de la democracia.
Lucro empresarial
El RCEP está enfocado en la liberalización del comercio y las inversiones, los derechos de propiedad intelectual, los servicios, las políticas de competencia - al igual que muchos otros acuerdos comerciales.
El acuerdo repercutiría en cómo los gobiernos reglamentan nuestra economía. Las negociaciones se dan tras puertas cerradas y sin control democrático, y por eso el acuerdo resultante probablemente coloque los intereses empresariales por encima del interés público.
Los documentos que se han filtrado demuestran que el acuerdo RCEP propuesto incluye un mecanismo denominado Solución de Controversias Inversionista - Estado (ISDS, por su sigla en inglés).
El ISDS es, en esencia, un sistema de tribunales empresariales ante los que las empresas pueden demandar a los países cuando consideran que las decisiones de los gobiernos o los dictámenes de los tribunales nacionales afectan negativamente sus ganancias.
Estudios recientemente publicados por Amigos de la Tierra Internacional/Europa, el Transnational Institute y Corporate Europe Observatory han puesto en evidencia los impactos que tienen estos tribunales empresariales en los seres humanos, por demandas contra los gobiernos que suman más de US$623 mil millones en casi 1000 casos de ISDS. Esto equivale a más de cuatro años de gasto mundial combinado de Asistencia Internacional para el Desarrollo destinada a reducir la pobreza.
Protección ambiental
En los arrozales de Tailandia, las y los agricultores locales acusaron a una empresa que explotaba una mina de oro por verter desechos tóxicos que provocaron problemas graves de salud y arruinaron los cultivos. El gobierno tailandés respondió suspendiendo la mina y posteriormente paralizó todas las actividades de minería de oro en el país, mientras desarrollaba una nueva ley de minería.
Pero en 2017, en lugar de indemnizar a las comunidades locales por los daños provocados, los propietarios australianos de la mina, Kingsgate, demandaron al gobierno tailandés exigiéndole millones de dólares de indemnización. Interpusieron la demanda a través del mecanismo de ISDS que se incluyó en el Tratado de Libre Comercio entre Australia y Tailandia.
La controversia entre Kingsgate, activistas ambientalistas y la población local, que sostiene haber sido afectada negativamente por la mina, se remonta a muchos años atrás.
En 2010, los pobladores demandaron a la empresa ante la justicia por no haber mitigado los daños y por obtener ilegalmente los permisos de minería. El Tribunal dictaminó que la empresa minera efectivamente había infringido las leyes de protección ambiental, y le ordenó a la empresa presentar un estudio de evaluación de impacto ambiental y sanitario.
Más adelante, en 2015, el gobierno suspendió por varios meses el funcionamiento de la mina de Kingsgate tras protestas ambientales y análisis clínicos que develaron que cientos de personas que vivían cerca de la mina presentaban niveles altos de sustancias tóxicas en sangre. La empresa misma reconoció en sus propios informes la existencia de problemas provocados por el polvo, contaminación de aguas, ruido y asociados al manejo de cianuro, y distintos investigadores criticaron su “falta de consulta efectiva a la comunidad”.
Procesos democráticos
Los problemas ambientales en la mina de Kingsgate tuvieron lugar después de que se dieran hechos violentos en otra polémica mina en el país, la Mina de Oro de Loei, cuando más de 300 hombres armados y enmascarados atacaron y golpearon a los pobladores que bloqueaban el acceso a la mina.
Estos problemas en el sector de la minería de oro determinaron que la junta militar que regía el país paralizara todas las minas de oro a nivel nacional en 2017 “debido al impacto que tienen en la población local y el medioambiente”. Si bien las organizaciones de derechos humanos recibieron con agrado la noticia del cierre, la ley que se utilizó en el proceso también fue criticada, ya que faculta al Primer Ministro a dictar cualquier orden de manera arbitraria sin ceñirse a ningún procedimiento jurídico o proceso democrático.
Kingsgate contraatacó amenazando interponer una demanda de arbitraje internacional multimillonaria. Esta amenaza parecía haber surtido efecto. En 2017, el gobierno tailandés acordó levantar la suspensión de las actividades en la mina, lo que a su vez provocó una valorización marcada de las acciones de la empresa en la bolsa.
- Comunidades en Tailandia protestan contra la contaminación de la mina. Foto por Suekanya Theerachartdumrong
Sin embargo, Kingsgate no reabrió aún la mina. Optó más bien por interponer la demanda de ISDS amparándose en el Tratado de Libre Comercio firmado entre Tailandia y Australia, sosteniendo que fue expropiada y exigiendo indemnización por daños y perjuicios por un monto que no fue divulgado. Según los medios de comunicación nacionales, la demanda podría ascender a US$900 millones, una cifra que el gobierno negó.
Agua tóxica
Aunque el gobierno australiano considera las demandas de ISDS de este tipo como una defensa de los intereses nacionales en el extranjero, estas son en realidad una vía para que las empresas consoliden aún más su poder a costa de las comunidades locales.
En lugar de aplicar el principio de precaución, trabajar con institutos de investigación nacionales o basarse en los conocimientos de la comunidad local, el caso será resuelto por tres árbitros de inversiones que juzgarán solamente en base a las normas del derecho comercial en un proceso secreto a puertas cerradas.
La decisión de los árbitros podría tener un impacto en todo el país por el precedente que sienta para la reglamentación tailandesa. Y mientras que el arbitraje de ISDS sigue su curso, la empresa aparentemente no ha rehabilitado aún la mina que vertía sustancias tóxicas en las fuentes de agua.
Este no es un ejemplo aislado. Nuevos estudios han develado cómo después que la Corte Constitucional de Colombia prohibió las actividades mineras en un ecosistema sensible que proporciona agua potable a millones de colombianos, la empresa minera canadiense Eco Oro demandó al país por daños y perjuicios por US$764 millones.
Cuando los tribunales croatas anularon los permisos ilegales cedidos a un lujoso complejo de golf en la ciudad de Dubrovnik, Croacia fue castigada con una demanda de indemnización de US$500 millones. Rumania se está defendiendo de una escandalosa demanda de US$5700 millones interpuesta por la empresa minera canadiense Gabriel Resources, luego de que los tribunales rumanos declararan ilegal la tóxica mina de oro de Roşia Montana propuesta por la empresa.
Rendición de cuentas
El número creciente de demandas empresariales ha generado un huracán de oposición contra el ISDS y la agenda empresarial más general de parte de todo el espectro político. Dos países parte de las negociaciones comerciales del RCEP, Indonesia e India, comenzaron a reformar el ISDS cancelando Tratados Bilaterales de Inversión.
Sin embargo, como el RCEP es un acuerdo regional de comercio, si los tribunales empresariales del ISDS se imponen finalmente a cambio de mayor acceso al mercado, es probable que el ISDS quede perpetuado por años a futuro.
Dadas las guerras comerciales actuales, los gobiernos parecen obsesionados por lanzarse a nuevos acuerdos.
En vez de seguir insistiendo con los mismos modelos fallidos empresariales de comercio, necesitamos una nueva política comercial que habilite a las comunidades y los Estados a exigirles cuentas a los inversionistas y las empresas por sus impactos ambientales perjudiciales y sus violaciones de derechos humanos.
Las negociaciones del RCEP en Melbourne pondrán a prueba la capacidad de los gobiernos de velar por el cuidado del medioambiente y sus ciudadanas y ciudadanos.