La increíble historia de la demanda de Eco Oro Minerals contra Colombia

El Proyecto Angostura y su triste desenlace

Eco Oro Minerals (conocida como Greystar Resources hasta el año 2007) es una empresa constituida en Canadá, dedicada a la exploración y desarrollo de metales preciosos, y que desde 1994 hace presencia en Colombia. Su joya de la corona es el Proyecto Angostura, ubicado en el páramo de Santurbán (Santander, a 69 kilómetros de Bucaramanga) y sobre el que se otorgaron 8 títulos mineros que cubren un área total de 30 mil hectáreas.

Desde un inicio, el otorgamiento de la concesión estuvo afectada por numerosos incidentes relacionados con su impacto a nivel socioambiental y la falta de debida diligencia de Eco oro Minerals respecto de su previsión y mitigación. En diciembre de 2009 la empresa solicitó una licencia ambiental para poder iniciar el proyecto, pero ésta fue denegada en abril de 2010 pues se trataba, originalmente, de una iniciativa de explotación a cielo abierto.

Debido a este revés, se cambió el esquema de extracción y se volvió a solicitar el mencionado permiso en marzo de 2011. Y en el marco de numerosas acciones de resistencia y movilización ciudadana, en septiembre de 2012 la Agencia Nacional de Minería decidió extender la licencia de explotación del proyecto Angostura y lo declaró de interés nacional. Parecía que no había marcha atrás al Proyecto Angostura, a pesar de numerosos reparos hechos por la sociedad civil, la academia y otros grupos de interés.

Sin embargo, la suerte de Eco Oro empezó a cambiar en 2014. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible decidía demarcar el área del páramo de Santurbán para fines de protección a través de la resolución 2090.

Acto seguido, el 8 de febrero de 2016, la Corte Constitucional emitió una sentencia histórica en virtud de la cual se declaró inexequible al artículo 173 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, y por ende se extendió la prohibición del desarrollo de actividades extractivas a los páramos del país. Con esta decisión se afectaron de forma inmediata los títulos mineros y concesiones hechas hasta el momento en dichas áreas, incluido el Proyecto Angostura de la empresa canadiense.

La reacción de Eco Oro Minerals no se hizo esperar. En el marco del Tratado de Libre Comercio celebrado entre Canadá y Colombia en 2008, El 7 de marzo de 2016 la compañía le notificó al gobierno nacional la intención de iniciar una disputa internacional de inversión, con ocasión de la decisión emitida por la Corte Constitucional a través de la cual se logró la protección definitiva del Páramo de Santurbán, y que por ende afectaba sus derechos y expectativas económicas.

Si bien la compañía manifestó su intención de llegar a un arreglo pacífico para evitar el inicio formal de un proceso de arbitraje, las autoridades colombianas tenían claro de la decisión del máximo tribunal del país era perentoria y de inmediata ejecución, por lo que la protección de los intereses públicos de los colombianos primó sobre las pretensiones de la empresa, y la propuesta de negociación no fue acogida.

En consecuencia, el 2 de agosto de 2016 se emitió una resolución (Resolución VSC 829) a través de la cual se le notificó a Eco Oro de la revocatoria de sus títulos mineros ubicados en el Páramo de Santurbán.

Teniendo en cuenta los anteriores acontecimientos, y de acuerdo al carácter beligerante con el que la empresa asumió desde un principio las decisiones emitidas por las autoridades públicas colombianas, el pasado 9 de diciembre el gobierno colombiano recibió una notificación formal de demanda por parte de Eco Oro. La empresa alega que las acciones de la Corte y la ANM afectaron sus derechos y expectativas legítimas al tratarse de un caso de expropiación indirecta y trato desigual. Igualmente, anunció la intensión de someter el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, a través de un tribunal ad hoc creado para tal propósito.

Que hay detrás de Eco Oro Minerals y su demanda arbitral

Pero si ya la historia del Proyecto Angostura parece increíble a la luz de la temeraria acción judicial de Eco Oro Minerals contra Colombia, que sin duda redunda en la efectiva protección de los intereses públicos del país y el disfrute los derechos humanos de sus habitantes, lo que ha salido a la luz en los últimos días es aún más impactante. Ya no sólo se trata de un asunto de debida diligencia empresarial, sino que entra a la escena un conflicto de intereses que pone en duda, desde ya, la probidad del CIADI para estudiar este caso.

Según consta en numerosos documentos públicos, la International Finance Corporation (IFC) – organización que también hace parte del grupo Banco Mundial – realizó inversiones de capital en Eco Oro Minerals, desde mayo de 2009, por 20 millones de dólares. En ese entonces, adquirió el 12,5% de sus acciones -transadas en la bolsa de Toronto- con el objetivo de financiar el desarrollo de estudios de vulnerabilidad bancaria e impacto socioambiental, además de facilitar el inicio de labores de exploración en la mina.

Lo grave del asunto es que, desde el momento en el que IFC se vuelve accionista de Eco Oro, había alertas sobre los posibles impactos que el Proyecto Angostura le podía generar al ecosistema del Páramo de Santurbán y a sus habitantes. Es por esto que en junio de 2012 el “Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán”, una organización de la sociedad civil apoyada por importantes ONG como AIDA y Miningwatch Canada, presentó una queja ante el Ombudsman-CAO, un mecanismo de revisión independiente de proyectos en los que el Banco Mundial o sus agencias, incluida IFC, hayan invertido recursos.

Como resultado de este proceso de evaluación independiente, el 30 de junio de 2016 CAO emitió un extenso informe en el que se dice, palabras más palabras menos, que IFC -es decir el Banco Mundial- no realizó de forma debida las evaluaciones de factibilidad que son necesarias para invertir en un proyecto como el Angostura, sobre el que se siempre se supo conllevaba evidentes riesgos de distinto tipo. En concreto, no se midieron los eventuales impactos de la actividad de Eco Oro más allá de la fase de exploración.

Peor aún. En octubre de 2016, cuando ya se conocía tanto el informe de CAO y la intención de demanda por parte de Eco Oro Minerals, una coalición de organizaciones sociales se reunió en Washington con representantes del Banco Mundial para solicitar que IFC retirara su inversión sobre la empresa canadiense, habida cuenta de las bien conocidas implicaciones del proyecto en el páramo de Santurbán y, por ende, en la protección de los derechos de los colombianos. Hasta el momento no hay respuesta a dicha solicitud.

En conclusión: una empresa canadiense, financiada en parte por una agencia del Banco Mundial, demanda a Colombia a través de un mecanismo administrado por otra agencia del mismo grupo. Desde una perspectiva judicial hay un evidente conflicto de intereses, ya que se antoja difícil que bajo esta situación un tribunal de arbitraje de inversión pueda realizar una evaluación objetiva e independiente de las medidas que tomó el país para proteger sus intereses públicos. Igualmente, resulta éticamente reprochable que una empresa como Eco Oro, que actuó sin debida diligencia respecto de los riesgos que implicaba un proyecto como el Angostura, tenga el descaro de iniciar un pleito contra nuestro país.

Y la ñapa, por si esto no es suficientemente claro: el 22 de noviembre, el fondo de inversión Amber Capital LLP anunció que había adquirido una nota promisoria expedida por Eco Oro Minerals respecto de las posibles ganancias que se pudiesen generar por el arbitraje de inversión contra Colombia. Un negocio sucio y desleal con el país.

Muchos interrogantes se generan alrededor de este caso. Esperamos, como se ha sostenido siempre, que el gobierno colombiano asuma una coherente estrategia de defensa en la que se incluyan todos estos detalles, que muestran la pérfida y antiética actitud de una empresa que trató de abusar de una posición privilegiada brindada por el TLC firmado por Colombia y, claro está, por la inexplicable actitud de IFC. Es hora de asumir actitudes enérgicas frente a estos casos, y dejar de pensar que estas son cuestiones meramente técnicas. Son debates políticos globales que requieren de movilización política a todo nivel -desde una diplomacia digna hasta la gente en la calle.

Por Marco Velásquez-Ruiz

Fuente: El Tiempo, diciembre de 2016

Publicado por: M4