La semilla en su encrucijada
En Latinoamérica la lucha por la defensa de las semillas es cada día más consecuente con el espíritu anticapitalista y antisistémico de una agricultura que reconoce la historia del campesinado y la naturaleza de los territorios.
Sabiendo que la labor es guardar y compartir por canales de confianza —y reproducir, resembrando y hermanando las semillas con amistades, familia y comunidad—, la gente entiende que los gobiernos, la sociedad civil, las fundaciones, los centros de investigación independientes y oficiales, y claro, las instancias internacionales— deberían respaldar esta labor directamente y sin enredos.
La cuestión es si existe una conciencia de lo que significan las semillas para el futuro de la vida en este planeta o si la percepción de las instancias oficiales de variados grados es que pueden sustituirse por versiones sintéticas, digitales, en una especie de burdo lego que supone sofisticadas operaciones sin mucho horizonte político y técnico. Ese horizonte tecno-científico supone gran inteligencia artificial que al final adolece de todas las torpezas de una estadística ciega aunque presuma lo contrario.
En los 3 meses que van de 2025 ya se levantaron voces de México a Argentina pasando por Colombia, Honduras, Ecuador, Guatemala, con resonancia en toda América Latina, en defensa de las semillas de los pueblos, con especial énfasis en el maíz y el trigo pero en general de las semillas como base de la alimentación y la vida. En un escenario donde el robo y el acaparamiento industrial y corporativo de las semillas se volvió brutal, es crucial defender nuestras semillas y nuestros materiales vegetativos para reproducir los cultivos milenarios que nos siguen cuidando.
Los pueblos se asumen los guardianes de las semillas de antaño y por ende de la vida futura. Esto no es retórica, es real y es una urgencia.
En esta creciente toma de conciencia en los pueblos, resuenan las palabras de Camila Montecinos cuando nos dice que las semillas son la clave de la vida. Que “absolutamente todos los cultivos del mundo, sin excepción alguna, son obra campesina e indígena, que partió por la domesticación y luego por el mejoramiento”, y que esa obra milenaria ha sido posible porque fue una obra colectiva. “No fue una obra colectiva de unos pocos, de tres, de cuatro, de una familia, de cinco familias. Fue una obra colectiva de comunidades enteras, de pueblos enteros y de colectivos de pueblos, donde había millones de personas haciendo ese trabajo de mejoramiento de las plantas, millones. Y es un trabajo que además de ser colectivo se ha hecho a lo largo de toda la historia”. Tampoco olvidemos que esto sigue vivo y vigente: hay personas, colectivos, comunidades, empeñadas en que no se pierda. Dice Camila:
Pero que nadie diga que una semilla tradicional es hoy lo mismo que era hace cincuenta años atrás, hace cien años atrás, hace doscientos años. Las semillas campesinas siguen evolucionando, y no por casualidad, sino que siguen evolucionando porque las comunidades campesinas e indígenas trabajan sobre ellas, y ese trabajo es invisible, no se reconoce pero tenemos que lograr que se reconozca. Lo que no podemos aceptar como marco teórico, por decirlo así, es que nos digan que las semillas están de alguna forma estáticas, que no evolucionan en forma permanente, porque eso tiene una serie de consecuencias sobre cómo debemos defenderlas.
Algo vital para el entendimiento de la encrucijada actual es que en muchos pueblos y sus comunidades existe una claridad de que las semillas y la gente están en una relación indisoluble, pues las semillas formaron a los pueblos y éstos configuraron poco a poco, paso a paso, en una conversación milenaria, nos insiste Camila, lo que son los cultivos contemporáneos. Con sus distinciones y sus variedades, según sus tradiciones y las condiciones materiales de su entorno, de su territorio.
Puesto así, es entendible que desde varios rincones del continente se levante la voz de las comunidades y las organizaciones para exigir respeto por la libre circulación y reproducción de las semillas, por el reconocimiento de lo que hoy son las semillas campesinas, libres de la imposición de cualquier propiedad intelectual, de las certificaciones o los registros que facilitan la biopiratería y el acaparamiento.
- Foto: Josué Garita Rivera
Reunimos en un solo documento la defensa que ocurre en México, Honduras, Guatemala, Colombia y el Cono Sur no sólo de las semillas en abstracto, sino de ese tejido de relaciones que implica una defensa territorial y la autonomía de los pueblos.
El 12 de febrero de 2025 una serie de organizaciones campesinas, indígenas y sociales, nacionales e internacionales dirigieron una carta a la presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro, por la conformación de la llamada “Mesa Técnica de Semillas” donde participan “funcionarios de la Secretaria de Agricultura, Cancillería, Congreso Nacional y Organizaciones de la Sociedad Civil, con el objetivo de trabajar en la elaboración de una Nueva Ley de Obtentores de Vegetales o Ley “Monsanto” y una nueva Ley de Semillas, que sólo permitirá cultivar semillas certificadas; ambas Leyes, solamente responden a los intereses de la empresas semilleras, al establecer un monopolio privado sobre las semillas, con el apoyo de la institucionalidad del Estado”.
En la carta se insiste en que “Si se aprueban estas leyes, el gobierno de Honduras estaría entregando el control de las semillas y la soberanía alimentaria al sector privado y además establecería nuevamente los mecanismos de criminalización, persecución y cárcel a cualquier campesino que infrinja esas leyes, tal como guardar, intercambiar, regalar o vender sus semillas”.
Desde noviembre de 2021 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Obtentores de Vegetales que se había aprobado en el gobierno de Juan Orlando Hernández en 2012 “de forma oscura e inconsulta”. Que se haya declarado inconstitucional en 2021 “no sólo fue un triunfo del pueblo hondureño, sino que ha servido de ejemplo para que muchos países del sur global puedan enfrentar a las multinacionales semilleras”. Otro triunfo de las organizaciones hondureñas es haber logrado modificar el Reglamento General de Semillas que:
no hacía más que afirmar los mecanismos de despojo a los campesinos, ya que sólo permitía utilizar semilla certificada para la siembra, prohibiéndole a campesinos e indígenas utilizar sus propias semillas como se ha venido haciendo desde los orígenes de la agricultura hace más de 11 mil años. La modificación de este Reglamento, en Coordinación con la Dirección de Senasa, Vía Campesina, la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y la Asociación Nacional de Fomento a la Agricultura Ecológica (Anafae) significó otro hito histórico de su gobierno, al dejar claramente establecido que el Estado de Honduras respeta el derecho de campesinos e indígenas a guardar, intercambiar y regalar sus semillas, de acuerdo a su cultura y costumbres, quedando exentas de lo establecido en el Reglamento General de Semillas, que aplica solamente a los agentes involucrados en la industria y negocio de semilla.
La insistencia de la sociedad civil latinoamericana es que no se permita esta Mesa Técnica “que contradice los principios más fundamentales de su plan de gobierno”, le dicen a la presidenta.
En un tenor parecido, se reunieron en Esquipulas, Guatemala, el 11, 12 y 13 de marzo de 2025 en el Encuentro Regional Mesoamericano para la Defensa de las Semillas Nativas y los Derechos Campesinos, pueblos, comunidades y organizaciones de Mesoamérica. Con la “Declaración de Esquipulas” las y los participantes se dirigieron a los Estados mesoamericanos, a los organismos internacionales y a la comunidad mundial para manifestar una profunda preocupación y rechazo “ante las políticas y regulaciones que vulneran nuestros derechos colectivos e individuales, la biodiversidad agrícola y la soberanía alimentaria de nuestros pueblos”.
Estas organizaciones, movimientos, comunidades, denuncian “la imposición del Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados (OVMs) para usos agropecuarios en Centroamérica, que fue aprobado y puesto en vigencia desde el 2018 sin consulta y consentimiento previo, libre e informado a pueblos indígenas y comunidades campesinas”, violando con esto el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidades sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP), el Protocolo de Cartagena y la Declaración de Río, el Protocolo de Nagoya y su protocolo suplementario conocido como Protocolo de Nagoya-Kuala Lumpur.
Denuncian también “la contaminación genética de nuestras semillas nativas y criollas y el desplazamiento y pérdida de nuestras variedades”, “la monopolización, privatización y despojo de las semillas y conocimientos ancestrales y la criminalización del intercambio y resguardo de semillas nativas”, esto con el respaldo de “de políticas y normativas que promueven los derechos de propiedad intelectual sobre las semillas”. Otra preocupación es “el uso intensivo de agrotóxicos asociados a los cultivos genéticamente modificados”, el avance del Plan del Trifinio sin una consulta y participación adecuada y efectiva de los pueblos originarios y comunidades campesinas de la región, promoviendo el modelo extractivista que beneficia a sectores agroindustriales y financieros”. Es también un grave problema “la profundización del modelo extractivista en la región mesoamericana”, en particular por “la aprobación de la Ley General de Minería Metálica en El Salvador”.
La reunión de Esquipulas generó una serie de exigencias a los Estados mesoamericanos entre las que destacan: “el reconocimiento y protección de las semillas nativas y criollas”, “La implementación de medidas urgentes para detener la liberación, comercialización, investigación y experimentación de OVMs, aplicaciones y productos de la biología sintética en la región mesoamericana”, “la prohibición del uso de agrotóxicos altamente peligrosos como el glifosato, promoviendo en su lugar políticas pública de fomento a la agroecología”.
Existe la preocupación por mantener entornos seguros para las defensoras y los defensores de la biodiversidad y los bienes naturales, que defienden derechos colectivos e individuales, por lo que exigen “el cese de la criminalización, persecución y asesinato de los y las que luchan por el buen vivir y la defensa de la madre tierra.
La declaración hace un esfuerzo por mantener y promover la articulación regional, impulsando de nuevo la idea de lo mesoamericano para que la lucha sea amplia y forme y configure articulaciones, así, insisten:
Hacemos un llamado a articular esfuerzos regionales entre organizaciones campesinas, pueblos indígenas y sociedad civil organizada para la defensa de nuestra vida comunitaria, nuestras semillas nativas y nuestros territorios, impulsando acciones legales y políticas; promover modelos agroecológicos y fortalecer nuestras redes de intercambio, reafirmando nuestra autonomía y autodeterminación frente al modelo extractivo y agroindustrial; Insistir con nuestra cultura ancestral de guardar, intercambiar y producir nuestras semillas nativas sin que nadie lo impida con leyes, normas y regulaciones; iniciar procesos que nos lleven a declarar nuestros territorios libres de Organismos Vivos Modificados (transgénicos) y otras biotecnologías nocivas y fortalecer la bioseguridad comunitaria, implementando sistemas de monitoreo y protección de nuestras semillas nativas y biodiversidad, según nuestras propias formas milenarias ancestrales.
En Colombia, desde finales de 2023 la Alianza por la Agrobiodiversidad logró plasmar un argumento clave en la declaración “Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, frente a la contaminación de maíces criollos de los pueblos indígenas.
En 2022 varios resguardos indígenas de cinco regiones del país interpusieron una acción de tutela contra la institucionalidad por la vulneración de los derechos a las comunidades sobre sus semillas criollas de maíz, sus saberes ancestrales y sus medios de sustento, soportado en pruebas técnicas que permitieron evidenciar contaminación genética de los maíces criollos indígenas.
”Esta tutela”, dice la Alianza, “al ser revisada por la Corte Constitucional en su fallo, ordena al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y otras entidades del orden nacional y territorial la adopción de medidas jurídicas y técnicas efectivas e integrales para proteger las semillas criollas de los pueblos y para proteger la diversidad de maíces indígenas de Colombia de la contaminación transgénica. Aunque la sentencia de la Corte es aplicable para los territorios indígenas, en realidad su aplicación debería ser extendida a todo el territorio nacional, puesto que lo que está en juego es la protección del patrimonio genético y biocultural de la nación presente en los territorios étnicas y campesinos”. Es así como las organizaciones sociales y locales plantean que el gobierno nacional, para cumplir lo ordenado por la sentencia de la corte, debería “adoptar medidas que reconozcan y protejan la agrobiodiversidad como bienes comunes de los pueblos y comunidades rurales y también medidas que permitan prohibir de los cultivos transgénicos en todo el país”.
Sin embargo, dice la declaratoria, “aunque las órdenes de la Corte incluyen medidas para detener las fuentes de contaminación genética de los maíces criollos, así como revertir las afectaciones generadas sobre su biodiversidad en territorios indígenas, consideramos que a través de los efectos inter comunis otorgados por la Corte, es preciso avanzar hacia la protección de las semillas en donde quiera que estén”.
Es muy claro que debe abarcarse a plenitud el conjunto de personas y comunidades que viven en el agro colombiano y que tienen una profunda relación con las semillas, y así, la declaración lo expresa diciendo: “Las semillas criollas y nativas son el fundamento de la soberanía y autonomía territorial y alimentaria de los pueblos. Proteger las semillas es salvaguardar los saberes ancestrales, las identidades culturales y los medios de sustento de las comunidades”.
Por si fuera poco, tras años de promover la invasión del maíz genéticamente modificado, las corporaciones que promueven la biotecnología decidieron irse a lo grande y lanzaron una versión transgénica del trigo; empezaron por Argentina y Brasil irradiando a Paraguay y Uruguay.
- Foto: Josué Garita Rivera
En fechas recientes organizaciones de la sociedad civil han pedido la suspensión definitiva de la siembra y la comercialización del trigo transgénico. En un boletín firmado por múltiples organizaciones latinoamericanas, nos dan la noticia de “la espectacular caída de los ingresos de la empresa Bioceres del trigo HB4 (manipulado genéticamente para resistir a las sequías y tolerante al glufosinato de amonio), da cuenta de la falla de esta tecnología, y los altos riesgos para productores y consumidores”. Ante ese escenario “Organizaciones de la sociedad civil que trabajamos para promover los sistemas agrícolas indígenas y campesinos sostenibles, y por la soberanía alimentaria en América Latina y África, nos pronunciamos por la suspensión definitiva de todo permiso a la siembra y comercialización del trigo transgénico”.
Todo mientras Bioceres está reportando una caída del 24% de sus ingresos. ¿Será que la gente le teme al glufosinato de amonio, el agrotóxico asociado a su producción y cultivo?
“El fracaso comercial no ha sido explicado por la empresa. Entendemos que se debe a lo que muchas voces críticas planteamos desde el principio del conflicto: la tecnología HB4 no otorga resistencia ni tolerancia a la sequía. Según datos oficiales, el trigo HB4 rinde mucho menos que los trigos convencionales (no transgénicos), incluso en los años de sequía. En el promedio anual de datos del año 2021, los trigos HB4 rindieron un 17% menos que los trigos convencionales”.
Después del 2021 ni el Estado paraguayo ni la empresa publicaron “datos productivos en las diferentes regiones”.
Es increíble que la autorización de la tecnología HB4 “en el cultivo de soja en Paraguay coincidió con la expansión de la frontera agrícola hacia el Chaco, un ecosistema árido altamente deforestado y de vital importancia para la conservación debido a su fragilidad y por ser el hogar de pueblos en aislamiento voluntario”.
Lo grave es que aunque el glufosinato de amonio es 14 veces más tóxico que el glifosato, los reportes indican que “se incrementó sustancialmente el uso de glufosinato de amonio en el país”, según datos de L. Arrúa en “Dependencia tóxica: la importación de agrotóxicos en los últimos años”. Dice el comunicado:
El trigo es hoy la principal fuente de carbohidratos y proteínas para un alto porcentaje de la población mundial, que lo utiliza de forma ubicua en alimentos cotidianos como pan, fideos/pasta, cuscús y repostería. A pesar de la importancia del trigo en la alimentación humana, no existe un método público validado para la detección, identificación y cuantificación de la presencia del trigo HB4 en harinas y otros productos derivados del trigo.
Pero su aprobación no cumplió los requisitos de precaución de un cultivo destinado a “altos niveles de consumo alimentario humano”.
Por eso el comunicado remacha: “Creemos que, dado el gran fracaso de la tecnología HB4 —al que la empresa Bioceres está arrastrando a agricultores en Argentina, Paraguay y otros países donde su cultivo está autorizado—, es hora de que sea sepultada definitivamente. Pedimos que se suspenda todo permiso de siembra y comercialización del trigo HB4, y que se inicie un proceso de reparación integral en los espacios ya intervenidos”..
Sin embargo, los tiempos cambian, y las corporaciones van ejerciendo las innovaciones que les propone una biotecnología que tal parece que quiere subsumir todos los procesos de la agricultura en aras de producir en laboratorio con técnicas de edición genética y otras actualizaciones de un modo de salir del ámbito de lo natural para seguir lucrando e imponiendo el paquete de la cadena tecnológica agroindustrial.
En México, ante el desarreglo del conflicto entre México y Estados Unidos con mediación del T-MEC en el caso del maíz transgénico que se importa a México y la reforma constitucional que prohíbe su siembra, el Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca y la Red en Defensa del Maíz, emitieron un “pronunciamiento en defensa de los maíces nativos mexicanos” que sale al paso de las confusas promociones de la biotecnología.
Cuando José Graziano da Silva afirma que “los transgénicos son una tecnología obsoleta”, el Espacio Estatal se pregunta: ¿Por qué llevar a la Constitución [mexicana] una tecnología obsoleta? y abundan en la respuesta afirmando que “la industria biotecnológica está elaborando organismos genéticamente modificados (OGM) que no quedan comprendidos en la definición de transgénicos que se plasma en el artículo 4o transitorio de la iniciativa presentada” por la presidenta de México. Y textualmente afirman:
El cabildeo que realiza la industria biotecnológica prefiere que se le llame “edición genómica” a los organismos producidos con las tecnologías Crispr-Cas9, Talen y otras, para que no queden regulados por las leyes sobre los desprestigiados transgénicos u OGMs y en consecuencia puedan ser liberados al ambiente sin pasar por evaluaciones de riesgo a la salud humana y al ambiente.
Lo peligroso de esas nuevas tecnologías que quedan fuera de la reforma constitucional es que además de manipular cultivos como el maíz, también pueden modificar especies silvestres, con el objeto de hacer “ingeniería genética de ecosistemas”, para acabar con plagas y “malezas”; lo que podría provocar la desaparición de especies enteras, como un quintonil que se ha hecho resistente al glifosato y que para los mexicanos es alimento.
Todo esto resulta de que México perdió la controversia del maíz con Estados Unidos. Las reglas del T-MEC impidieron que hubiera la disposición de aceptar las evidencias científicas de las que México tiene todo un expediente, reglas que impusieron la aceptación por parte de México de los “productos biotecnológicos” de EUA, reglas que impiden ponerle restricciones a la importación de maíces que no están separados y que contienen un alto porcentaje de maíz transgénico. En fin, reglas donde lo que pesa es que Estados Unidos busque hacer ejemplar la noción de que es imposible ganarle a su país. Dice el comunicado:
Con los tratados comerciales México fue obligado a dejar de subsidiar al campo para que los campesinos mexicanos no incurrieran en una “competencia desleal” frente a los granjeros estadounidenses. Como resultado el campo mexicano ha sido empobrecido brutalmente, se ha priorizado la producción de exportación y como consecuencia nuestro país tiene que importar granos básicos, como el maíz, para alimentar a la población humana y animal (que han establecido en el territorio nacional por la existencia de laxas regulaciones ambientales).
Con el T-MEC en particular también se obliga a México a legislar en los términos del Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91), que facilita la privatización de las semillas, en grave detrimento de las comunidades indígenas del país, que son depositarias de un valioso legado que no se puede medir en dinero. Sin semillas libres no puede haber soberanía alimentaria.
Por todo esto, se le exige al Estado mexicano que “defienda la soberanía nacional sin simular protección de nuestros maíces nativos”.
Y elevan la queja al gobierno para señalarle que “declarar el maíz como elemento de identidad nacional y establecer la obligación del Estado del garantizar un cultivo de maíz libre de transgénicos en el territorio nacional, no protege a cabalidad nuestros maíces y los sigue dejando a merced de las empresas transnacionales semilleras y sus nuevas tecnologías de modificación genética”. Y aunque la reforma terminó estableciendo que el cultivo del maíz “debe ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas”, la formulación sigue siendo ambigua y más porque “todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas para la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población”. Los productos de las nuevas técnicas de edición genómica no parecen quedar restringidos por esta formulación.
Entonces la propuesta directa es “sacar la agricultura de los Tratados Comerciales y trazar políticas que pongan énfasis en la producción de alimentos sanos. Es urgente transitar de la agricultura convencional de paquetes tecnológicos que contienen semillas artificiales y agrotóxicos que ya enferman cuerpos de niños y campesinos, a la adopción de sistemas agroecológicos y tradicionales, entre otros, adecuados a las diferentes regiones y ecosistemas del país”.
El comunicado termina haciendo una llamado a entender que “sembrar la tierra y comer sano son actos políticos de resistencia, hagámoslo conscientemente. Defender nuestras semillas sembrándolas e intercambiándolas libremente, sin caer en las trampas del sistema que ofrece regalías o distribución de beneficios migajas. ¡Nuestras culturas ancestrales son de comunalidad y solidaridad!”
Estamos entonces en un escenario latinoamericano donde la defensa de los cultivos contra los OGM, contra la industria biotecnológica, los agrotóxicos, las certificaciones, los registros, las patentes, los derechos de obtentor, las políticas públicas que descobijan a quienes tendrían que apoyar para tener un campo produciendo esos alimentos sanos y plenos, es un acto político y una toma de conciencia de lo que implica la agroindustria, hoy hermanada con la tecnociencia para someter al campesinado a modelos de desarrollo que destruyen el tejido social, rompen con los saberes ancestrales que han permitido ese universo de semillas que sigue vivo y comprometen las posibilidades de los pueblos que terminan entregándose a los esquemas de servicios ambientales, con tal de recibir una supuesta compensación tras años de agravios. Las leyes de variedades vegetales, las leyes de certificación, registro o calidad y sanidad alimentaria, las leyes de comercialización de semillas, pero también las modificaciones genéticas, la asociación con agrotóxicos y las nuevas sustituciones “genómicas” y “digitales”, son modos nada ocultos de la privatización, para constreñir a las semillas y que no puedan desplegarse como lo han hecho por casi diez mil años de relación de crianza mutua con las comunidades humanas. Hoy, la conciencia de la crucial importancia de las semillas en nuestras manos, no puede pasarse por alto. Como siempre, desde hace milenios, la semilla está en la encrucijada.
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