La recolonización: REPSOL-YPF en Argentina, por M. Gavaldà

Que en la Loma de la Lata, habitaran comunidades mapuches desde la profundidad de los siglos es algo que Repsol no tuvo en cuenta y poco les importaba. Sus ambiciones se centraban en lo que había debajo de ellas. De Loma de la Lata proviene la mitad de la producción petrolífera argentina y el 60% del gas. La apropiación de este yacimiento y su posterior prórroga de explotación por otros diez años más no fue una tarea fácil

(Fragmento del libro La Recolonización de M. Gavaldà)

Repsol en Neuquén

Repsol tuvo que sacar un acuerdo inicial con el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch y después presionar al gobierno argentino con amenazas de desinversión. Primero Repsol declaró a todo viento que invertiría 7.000 millones de dólares y luego, cunado el gobierno argentino decidió cuestionarse si no era muy pronto para prorrogar un contrato que finalizaba el 2017, Repsol advirtió que si no le conceden la extensión, la inversión se reduciría a 5.543 millones de dólares en los próximos cinco años, un 20% menos.

Pero resulta, que encima de esos yacimientos en negociación, vive gente. Las comunidades mapuches Paymenil (“oro celeste”) y Kaxipayiñ (“volver al orígen”) sobreviven a 37 años de ocupación petrolera en su territorio. Esta ocupación, incluye un toal de 65 pozos, 29 caminos, 5 oleoductos principales y 83 secundarios, 4 estaciones compresoras, 23 viviendas y tres baterías. Son más de 2.000 hectáreas afectadas. El silencio informativo fue roto en 1995, con la primera denuncia de contaminación en las aguas comunitarias originada por los frecuentes derrames de crudo en la cuenca del río Colorado. El primero fue en Octubre de 1995, cuando la perforación de una bomba de agua en el puesto de un poblador de Paynemil revela la contaminaciónpor condensados de gasolina de la napa freática en una extensa superficie. Entre los meses de octubre de 1996 y marzo de 1997 se repitieron los derrames.

Las autoridades provinciales demoraron en efectuar los análisis de orina y sangre necesarios para determinar la presencia de metales pesados en los habitantes. Al ser los resultados alarmantes, especialmente en los niños, evitaron entregarlos a las comunidades. Los medios de difusión publicaron lod alarmantes datos, por lo que la Defensoría de Menores inició una acción de amparo, para que las autoridades de la provincia brindaran el agua potable necesaria para la vida de los niños, garantizaran los tratamientos de salud indispensables para la recuperación de los afectados, y ejerciera funciones de control, referentes a las afectaciones al medio ambiente. La sentencia favorable fue incumplida por el poder ejecutivo provincial, por lo que se realizó la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Atendiendo a la sentencia, el Gobierno de Neuquén, debía haber construido una Planta Potabilizadora y la provisión de agua potable para las famílias afectadas.

Pero a principios del año 2000, salen a la luz los resultados de nuevos estudios realizados por el estado provincial, a pobladores de la zona: mágicamente disminuyeron los niveles de metales pesados encontrados en sangre y orina. Con estos nuevos datos se intentaría demostrar que el grado de contaminación no es el que se preveía, restando así trascendencia al problema. En tal situación Repsol- Y.P.F. quedaría desvinculada del envenenamiento a las comunidades mapuche. Con esta maniobra quedaba al descubierto la dualidad Estado/Y.P.F. No sólo se brinda seguridad jurídica y política a la inversión extrajera, sino que el gobierno provincial se convierte en cómplice del etnocidio y se asumía como un precio razonable el exterminio de dos comunidades si ello significa progreso, regalías, dólares... De no existir tal grado de contaminación la provincia y Repsol-YPF se verían liberadas de dar solución a los mapuche. Ya no se justificaría la construcción de un acueducto río arriba, para garantizar la provisión de agua potable a las comunidades.

La cosa no quedó ahí. Ante esta situación, la Coordinación de Organizaciones Mapuche pidió que se realizasen nuevos análisis; pero esta vez a cargo de un laboratorio internacional, para garantizar la veracidad de los resultados. Por esa razón la demanda presentada al gobernador Felipe Sapag fue acompañada del presupuesto de un laboratorio Suizo (el costo de los estudios sería de U$S 28.800). El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se comprometió a aportar los fondos necesarios para realizar nuevos estudios, pero surgió una nueva dificultad: al parecer sacar sangre humana hacia el extranjero es un problema de política exterior que debe resolver Cancillería. ¿ Estaba en juego la soberanía argentina por exportar sangre al extranjero? Paradójicamente la soberanía no fue violada en 1996, cuando científicos de Universidad de Pennsylvania (EE.UU.) sacaron, bajo engaño, sangre a 120 mapuches para patentar su secuencia genética.

Pero en los despachos de Buenos Aires, poco importaba la sangre mapuche ni tampoco los resultados de dos evaluaciones de impacto ambiental que demostraban la responsabilidad de la empresa en el incumplimiento de varias leyes. El primer informe de 18 páginas , demuestra como el yacimiento descubierto por YPF en 1977 han “ desencadenado una compleja cadena de impactos ambientales” que han agravado las condiciones de vida de sus pobladores. Son 40 los pozos perforados, con 37 km de oleoductos, 20 Km de electroductos y 50 Ha para pistas de aterrizaje.Se detectó cantidades alarmantes de emisiones atmosféricas (50.000 m3/día), contaminación de suelos, ríos y aguas subterráneas. Este informe podría determinar el Pasivo Ambiental que asumiría Repsol-YPF en la prorrogación del Contrato, pero no fue así. Un segundo informe, esta vez encargado por el gobierno provincial a un equipo del PNUD, cuantifica el daño ambiental producido en la Provincia por las empresas petroleras en 925 millones de pesos argentinos . Pero este informe, que se realizó sin la consulta ni participación de las comunidades afectadas, a pesar que trataba temas tan determinantes como los territorios y la propiedad de las tierras, sólo sirvió como carta de negociación y no para remediar y compensar los perjuicios en las poblaciones.

A pesar de todo, la empresa se salió con la suya, además el negocio le salió redondo. El Ministro Argentina exigía el cobro de 500 millonesde dólares si el pago no se hacía al contado, pero Repsol le pudo arañar nada menos que 200 millones de dólares. Así, con el pago de 300 millones de dólares en comodísimas cuotas, Repsol-YPF obtuvo la ampliación de su concesión en 10 años adicionales a los 17 que ya tenía del área Loma de la Lata-Sierra Barrosa. Todo un regalo, pues de sus yacimientos sacan 600 millones de dólares al año. En otras palabras, con las ganancias de 6 meses pagan la concesión por 10 años! Con esta concesión, se verán materializadas las más espectaculares ambiciones de RepsolpYPF en uno de los yacimientos más grandes del continente, donde ya está en construcción una planta separadora de gases denominado “Proyecto Mega”, por las magnitudes del proyecto.

Los millones de dólares volaban de despacho en despacho, pero en las comunidades de Kaxipayiñ y Paynemil la situación no mejoraba, sino al contrario. La contaminación del agua de las napas subterráneas continuaba, problema que proviene de la época en que la propiedad era de Y.P.F. Con la llegada de las millonarias inversiones de Repsol , la política ambiental no cambió. Se seguía regando los caminos con "agua de purga" mezclada con petróleo y otros productos químicos, una actividad que estuvo de moda en muchas zonas tropicales hace 30 años, cuando las petroleras gozaban de más impunidad, si cabe, que ahora. Además, hubo derrames en la Planta UAM 2/3 con 30 m3de contaminantes, se roturó un caño , vertiendo productos tóxicos en el río Neuquén, se derrumbó una torre de la firma Pride ( contratista de Repsol-YPF), matando un trabajador. El 29 de marzo del 2001 explotó un tanque con 40 mil litros de capacidad en la reserva Paynemil, hubo un derrame y posterior incendio de combustible.

La explosión del tanque, condujo a una explosión social. Los pobladores, que se habían organizado a través de una Comisión de Control y Vigilancia hicieron llegar sus reclamos a las autoridades de Neuquén. Repsol-YPF pidió ayuda a las fuerzas del orden y estas, bajo las órdenes del Ministro de Interior J. Gorosito, invadieron policialmente las comunidades. Era el 5 de abril del 2001. Para defenderse la Comunidad Paynemil, decidió ejercer medidas de acción directa en accesos internos de su territorio, pero posteriormente, estas medidas fueron levantadas por la Comunidad a fin de Semana Santa para permitir un diálogo entre las partes y con la presencia de un funcionario de Repsol-Madrid. Pero la empresa no venía por las buenas y en lugar de levantar sus medidas de fuerza, las reforzó. El cuerpo policial, se dedicó a hostigar desde el mes de abril a miembros de la Comisión de Control y Vigilancia de la Comunidad. Era un acoso insoportable, la policía identificó a los dirigentes y se dedicó a interceptarlos en sus caminos internos con absurdos interrogatorios y exigencias de documentación, penetraba al interior de sus puestos sin llamado previo, convirtiendo a la propia casa y territorio de estos pobladores, mapuche y ciudadanos, en una suerte de ghetto o campo de concentración, fuera de la ley.

Una mañana de mayo, cansados de reclamar sin resultados ante la propia empresa y las autoridades provinciales y nacionales, la comunidad mapuche realizó una acción de protesta frente a la sede central de la empresa Repsol en Neuquén, manchando con restos de petróleo la fachada, puertas y ventanas del edificio. Además, leyeron un documento que dejaron para las autoridades de la empresa: donde aseguraban que esta acción “es lo que REPSOL hace cada minuto en nuestros territorios comunitarios cuando abre pozos a cielo abierto sin importarle nuestra vida y futuro.”

El 5 de junio del 2001, coincidiendo con el día mundial del medio ambiente, las dos comunidades mapuches denunciaron penalmente ayer al gobernador Jorge Sobisch como máxima cabeza del Poder Ejecutivo provincial, a quien acusan del incumplimiento de una sentencia judicial que data de 1997, mediante la cual se obligó al Estado a proveer agua potable a los pobladores que residen en Loma La Lata y a realizar un seguimiento médico de los niños indígenas para determinar los niveles de contaminación con metales pesados en la sangre, entre otros aspectos. A pesar de la gravedad del tema, fue un día colorido, donde participaron mujeres y niños de la escuelita. Las voceras de las comunidades, Elba Paynemil y Esmeralda Cherqui, denunciaron el incumplimiento de la provisión de agua potable, la negligente construcción de una planta de agua potable que nunca funcionó y la falta de controles médicos a los chicos de las comunidades. Las comunidades solicitaron al juez que cite a declarar a sus representantes para ratificar la denuncia y más tarde ambas comunidades presentaron otra denuncia a la justicia reclamando al estado la puesta en marcha de mecanismos de control del medio ambiente por la explotación hidrocarburífera por parte de empresas privadas.

A finales de año, se dieron a conocer los resultados de la Evaluación de los daños culturales y ambientales que realizaron tres empresas consultoras alemanas contratadas por las comunidades y asesoradas por autoridades mapuches . Esta evaluación se conformó bajo el Acta de Acuerdo entre las comunidades mapuches y Repsol-YPF en septiembre del año 2000. Los objetivos de la evaluación fue identificar y cuantificar los impactos producidos por Repsol-YPF en las 11.000 hectareas de las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil , la valoración de los impactos y definir un plan de remediación y compensación. Los resultados fueron contundentes. Se cuantificaron 630.000 metros cúbicos de suelo contaminado, valores altísimos de constituyentes peligrosos como el Cromo, Plomo, Arsénico, Naftaleno, Pireno y compuestos aromáticos en caps de suelo de hasta 6 metros de profundidad. Las aguas, están en un 50% contaminadas con valores de metales pesados, hidrocarburos y fenoles que superan los límites legales. Los resultados del estudio clínico realizado en 42 personas sobre un total de 98, tampoco dejaron duda. Se demostró una signo-sintomatología de intoxicación crónica de hidrocarburos como es la presencia de vértigo, debilidad , nerviosismo, dolor de extremidades y dermatitis. Los resultados también reflejaban manifestaciones de intoxicación por metales pesados como: irratibilidad, cefalea, insomnio, sueños perturbadoes, debilidad, fatiga y abortos en los últimos 10 años. Los técnicos de Umweltschutz Nord Argentina SRL establecen en su informe de más de 300 páginas que los individuos de las dos comunidades tienen niveles de presencia de "elementos tóxicos" por encima de los normales. En el informe se da cuenta de que se hallaron valores elevados "sobre todo de Aluminio, Manganeso, Talio", siempre en relación al grupo de comparación: individuos urbanos europeos. En ese ítem, también se indica que "fueron encontrados algunos valores significativamente altos de Plomo, Cadmio, Arsénico y Níquel". En el caso del Aluminio se detectaron valores altos en 11 personas, 5 mujeres y 6 hombres.

En base a estos datos,el 27 de marzo de 2002 las comunidades mapuches de Loma de La Lata rpresentaron una demanda a la empresa Repsol-YPF por 445 millones de dólares en concepto de los daños que sufrieron en sus territorio como consecuencia de la explotación hidrocarburífera.La demanda, que tiene pocos antecedentes en la Argentina, se divide en dos partes. En una se reclama una compensación por impacto, donde se incorporan conceptos tales como salud psicofísica, vegetación, fauna, y afectación sociocultural. Por este ítem, los mapuches demandan algo más de 138 millones de dólares. El otro concepto es mucho más específico y los números más abultados. Se trata del costo de la remediación de la superficie afectada, que incluye desde el agua hasta los suelos, incluido el repoblamiento de la fauna silvestre. La consultora Umweltschutz estimó que los trabajos de recuperación, que demandarán por los menos veinte años, requieren de 307 millones de dólares. TampEl? conflicto mapuche en el bloque más productivo de Repsol es una espina para la empresa, que cree que puede ocultar. Pero eso es como querer tapar el sol con el dedo gordo.

El Humedal de Llancanelo

En el sur de la provincia de Mendoza, en el departamento de Malargue se halla ubicado el humedal Llancanelo, que fue declarado Reserva Natural y que entre otras cosas está protegido por las Naciones Unidas a través de la convención Ramsar.58 La reserva es de gran importancia por su ubicación en la falda de la coordillera de los Andes, que la convierte en zona de paso y descanso obligatorio de más de 130 especies de aves migratorias y residentes, en especial del Halcón Peregrino, ave migratoria que llega a Laguna LLancanelo cada año y que se encuentra en situación de alta vulnerabilidad y presumiblemente peligro de extinción . Pero resulta que debajo el humedal se sabe de impresionantes reservas de petróleo que han querido ser explotadas varias veces en lo que va de siglo, aunque la viscosidad del crudo hacen poco rentable su explotaciópn. En 1937 se instaló en la zona la primera compañía, la cual tuvo éxito relativo en las explotaciones; luego vino en 1965 la estatal YPF con 14 pozos y en el año 1980 se instaló la californiana Union Oil, retirándose en 1985 por falta de rentabilidad. En 1993 apareció Alianza Petrolera, la empresa que realizó el contrato con REPSOL YPF en 1999 para explotar el crudo de Llancanelo. La aparición de nuevas tecnologías que mejoran la eficiencia de extracción, hizo que el petróleo de Llancanelo volviera a tener interés para las compañías petroleras, por ello la española REPSOL YPF diseñó un plan a largo plazo para desarrollar el área.60 Llancanelo forma parte de la Cuenca de Cuyana, con unas reservas provadas netas de 35.000 millones de barriles equivalentes de petróleo61 . En el campo Mendoza Sur, donde se encuentra Llancanelo, en el año 2000 producía 508.500 barriles diarios. Con la ejecución del proyecto donde se empezarán perforando 8 pozos de petróleo, la producción y los beneficios se multiplicarán. Se calculan una producción de 100 a 130 m3 de petróleo por día, que serán transportados desde esa Reserva Natural en camiones cisterna, hasta la localidad de Malarqüe a 70 Kilómetros, donde se conectará al oleoducto que va hacia la refinería, de Luján de Cuyo. Si tiene éxito, la empresa está pensando en la apertura de hasta 80 pozos. Como ya hizo en la provincia de Neuquén, Repsol ha amasado una buena amistad con el gobernador de Mendoza , que no duda en sacarse fotos con los agentes de la empresa y presenta el proyecto que invadirá la Reserva de Llancanelo como un gran logro de su gestión. A parte, Repsol ha utilizado de nuevo los medios de prensa como un conveniente vector propagandístico. "Nosotros estamos tomando recaudos para no contaminar el lugar; en ese sentido, la compañia tenía el compromiso de respetar el entorno ambiental de la zona, porque es importante para el país y para nosotros" declaró Carolina Albero ( gerente de medios de Repsol) en el diario Los Andes, " en todas las operaciones que la empresa desarrolla, trata de tomar las máximas medidas de seguridad y protección al medio ambiente y Llancanelo no es la excepción". Pero la realidad indica otra cosa y para muestra hay que mirar la contaminación del Río Colorado o tal vez baste recordar la lluvia que les rompió los oleoductos que habían construido con caños de fibra de vidrio (para ahorrar plata) en el área de Rincón de los Sauces y estuvieron derramando crudo sin control por un par de días. Si con anterioridad una lluvia les rompió los caños, quien sabe los daños que pueden llegar a ocurrir en un área de la precordillera con alto nivel de actividad sísmica. Para ingresar en Llancanelo, Repsol utilizó un atajo legal. A nivel nacional, todo proyecto de esta calaña, debe ser precedida por un Estudio de Impacto Ambiental. Pero en la Provincia de Mendoza, las normas provinciales que instrumentan el procedimiento de EIA contienen una versión más rápida para aquellos proyectos o actividad que no alteren el equilibrio ecológico. Este procedimiento abreviado se llama Aviso de Proyecto y excluye explícitamente actividades como la exploración y explotación hidrocarburífera. Pero los favores provinciales concedieron a Repsol la posibilidad de ampararse en este procedimiento y en forma rápida. En agosto de 1999, la resolución de la DSCA n° 33 autorizó la aplicación de esta tecnología experimental en el Área Llancanelo. Al año siguiente, la compañía presenta al gobierno provincial el denominado Plan de Acción II Proyecto 2000. Rápidamente la autoridad ambiental dio por iniciado el procedimiento de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y aunque resulte curioso, los mismos técnicos examinarían la factibilidad del EIA, trabajaban a su vez para Repsol. Otra irregularidad se cometió en la Audiencia Pública, que es el único espacio que otorga la ley para la participación ciudadana. Esta se hizo en la localidad de Malargüe, a 500 kilómetros de la ciudad capital, antes de completar los informes del EIA y se ocultaron 200 páginas del mismo para desinformar a la población. En Mendoza, una activa ONG llamada Oikos Red Ambiental, ha iniciado una campaña tratando de impedir que REPSOL ingrese a explotar en la reserva con el apoyo de abogados especializados, enfrentarán una acción judicial que pretende demostrar ante un juez el delictivo comportamiento de la empresa en las actividades dentro de la Reserva de la Biosfera Llancanelo. De hacer caso de los mapas, los ocho pozos se encuentran en áreas restringidas en las que “quedan prohibidas las concesiones de tierras de dominio del Estado y la exploración y explotación minera”. En todo este conflicto, Repsol ha tropezado en un encadenamiento de trabas legales y comienza a sentirse incomoda por la complicada autorización para explotar el petróleo de Llancanelo. El gobierno por su parte, presionado por la creciente parálisis económica, busca una salida lo más rápida posible, aunque los diez años de explotación sacrifiquen el potencial turístico de toda la región. Precisamente en esa vía es donde apunta un grupo de empresarios turísticos locales, apoyados por Oikos Red Ambiental para contraponer la destrucción petrolera con una actividad turística con una evidente mayor sostenibilidad económica, social y ambiental."

Fuente: El Observatorio de las transnacionales

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