La otra Monsanto: radiografía de Syngenta

Con la adquisición de la mayor compañía global de productos biológicos, Syngenta/ChemChina impulsa una campaña para posicionarse como la empresa que liderará el agro del futuro. Pero sus publicidades “verdes” se licúan rápidamente ante la realidad de sus prácticas. En Argentina inunda los campos de transgénicos y plaguicidas altamente peligrosos como la atrazina, el glifosato o el paraquat. Y mientras habla de sustentabilidad comercializa sustancias prohibidas en otros lugares del mundo, que solo exporta a países empobrecidos.

Syn–gente

Cuatro empresas manejan el mercado global de insumos agrícolas. Syngenta Group es una de ellas. Las otras tres son Bayer –empresa que compró Monsanto–, Corteva –resultado de la fusión entre Dow y Dupont–, y BASF. En Argentina, Syngenta, Bayer, BASF, Corteva y FMC representan el 55 % del mercado.

Syngenta es una transnacional con sede en Suiza y propiedad china desde 2017, adquirida por ChemChina (China National Chemical Corp) por unos 43.000 millones de dólares. Es la segunda fabricante a nivel mundial de transgénicos, agrotóxicos y semillas comerciales. En enero, ChemChina se fusionó con la también china Sinochem para formar el flamante Syngenta Group.

El 8 de octubre pasado la empresa comunicó la adquisición de Valagro con el objetivo de posicionarse en el desarrollo de un mercado de productos biológicos que está previsto duplique su tamaño en los próximos cinco años. “Aprovechar el poder de la naturaleza para ofrecer soluciones innovadoras y eficaces en la nutrición y el cuidado de las plantas”, dicen en su página oficial. El grupo Syngenta informa además que sus ventas en el tercer trimestre de 2020 en América Latina crecieron un 5 % en la división protección de cultivos, un 9% en químicos y un 4% en semillas. Las corporaciones crecen mientras las tierras se concentran cada vez más, vaciando los campos de gente.

Syngenta factura según Forbes unos 750 millones de dólares anuales. Al comprar Nidera en 2018, llevó su liderazgo en agrotóxicos (tiene el 20% del mercado) al mundo de las semillas y hoy ranquea primera en girasol, segunda en maíz detrás de Dekalb (de Bayer) y segunda también en soja, detrás de la argentina GDM (Don Mario).

De los 61 eventos transgénicos autorizados en nuestro país, Syngenta tiene 9 de los productos que se usan para maíz, con resistencias a lepidópteros y a coleópteros y tolerancias a glifosato y a glufosinato de amonio; otro para soja, con tolerancia a los herbicidas a base de glufosinato de amonio e inhibidores de la enzima p–hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD); y uno más que es utilizado para la plantación de algodón, con protección contra lepidópteros. Tres de los cultivos pilares del modelo extracivo argentino.

En 2019 se produjo en el país un récord de uso de fertilizantes, que se incrementó en un 9% en relación al año previo, mostrando una tendencia siempre creciente desde el año 2015. Por su parte, la producción de agrotóxicos creció un 13% en lo que va del 2020, entre otros factores, gracias a las mayores exportaciones.

En Europa no se consigue

Aproximadamente un tercio de los pesticidas vendidos por las principales agroquímicas del mundo están clasificados como altamente peligrosos y tienen como principal destino a los países menos desarrollados. Solo en 2018 más de 81.600 toneladas de 41 pesticidas fueron prohibidos en la Unión Europea.

Unearthed –una organización periodística independiente financiada por Greenpeace y la ONG suiza Ojo Público– realizó en febrero de 2020 un informe sobre el tema donde mencionan que Syngenta fue por lejos el mayor exportador de agroquímicos prohibidos (29.307 toneladas).

“Casi la mitad (41%) de los de los principales productos de BASF, Bayer, Corteva, FMC y Syngenta contienen al menos un plaguicida altamente peligroso (HHP, por sus siglas en inglés)”, afirma Unearthed. “Las ventas de estos productos altamente peligrosos representaron el 36% de todos los ingresos de estas cinco empresas. Más de dos tercios de esas ventas se realizaron en países de bajos y medianos ingresos”.

Syngenta Agro S.A comercializa en el país los siguientes plaguicidas: ametrina, atrazina, clorotalonil, diquat, glifosato, lambdacialotrina, paraquat, tiametoxam. Muchos son parte de una lista de 108 plaguicidas altamente peligrosas según una investigación de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (Rapal) prohibidos en algunos lugares del mundo, mayormente la Unión Europea, y de uso libre en Argentina.

Glifosato, socios y lobby

El glifosato fue condenado tres veces en Estados Unidos por ser sustancial para provocar cáncer, en los casos Johnson, en 2018, Hardeman y Pilliod en 2019.

En  los Monsanto Papers se documenta cómo Monsanto, ahora Bayer, oculta los riesgos cancerígenos y genotóxicos de la sustancia. Se menciona además cómo Syngenta participó de acciones destinadas a entorpecer mecanismos de regulación e investigación científica independiente. Competidoras en el mercado son, sin embargo, socias y aliadas en el lobby científico.

Según estas investigaciones Syngenta, junto a corporaciones como Monsanto-Bayer, Basf y otras, ha interferido en lograr establecer cuáles son los límites permisibles de tóxicos en alimentos. La sospecha se confirmó durante el juicio de Dewayne Johnson, al presentarse como pruebas del accionar malicioso de la empresa una serie de correos dónde altos ejecutivos de Monsanto mantienen intercambios con sus pares de Syngenta y Cheminova, para influir sobre la determinación del Nivel sin Efecto Adverso Observado (NOAEL), índice de toxicidad que se utiliza para la evaluación de riesgos en alimentos.

También se han denunciado maniobras sobre el JMPR, el grupo que fija el límite máximo de residuos tóxicos en alimentos, a través de integrantes del ILSI (Instituto Internacional de Ciencias de la Vida) que se presenta como una ONG independiente pero que actúa como un grupo de lobby, del que Syngenta es parte.

Un informe encargado por tres partidos políticos del Parlamento Europeo (Socialistas, Verdes e Izquierda Unificada), publicado el 15 de enero de 2019, demuestra otro delito cometido por Syngenta: que la evaluación científica que condujo a la aprobación del glifosato por parte de la EFSA es fruto de plagio en más de un 50 % y de “copiar y pegar” en más del 70 %. Párrafos enteros del texto son una copia literal del dossier de homologación enviado a las autoridades europeas por el Grupo de Trabajo del Glifosato (Glyphosate Task Force, GTF) del que Syngenta forma parte.

También se acusa a la empresa por el hecho de que la recategorización de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la OMS (IARC) para el glifosato (probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico) no sea asumida por otras reguladoras europeas y norteamericanas. Vía Croplife internacional y GMO Answers, entre otros grupos de lobby, buscaron detener un efecto cascada. Syngenta forma parte de ambas. En los Monsanto Papers las dos agencias de lobby figuran como TIER 1, es decir, aliados empresariales.

Atrazina, pruebas y sombras

Syngenta es hoy el principal productor de la molécula tóxica atrazina, inventada por Geigy en 1958. La compañía no la comercializa en Suiza, donde tiene su sede, pero sí en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. La denominada “República Unida de la Soja”, según un viejo anuncio publicitario de Syngenta que revela cómo conciben al Cono Sur.

A pesar de estar prohibida en más de 37 países y desde hace casi dos décadas en la Unión Europea debido a la contaminación del agua, la atrazina es el 4° plaguicida más usado en Argentina y, junto al letal paraquat (prohibido en la UE desde 1989), viene incrementando sus volúmenes de venta en los últimos años. Se aplica en producciones extensivas de maíz, soja, trigo, así como en sorgo, hortalizas y maíz para consumo en fresco (choclo).

Es un disruptor endocrino que, aun en dosis muy bajas, puede causar defectos de nacimiento y daños reproductivos. También es un posible carcinógeno. Un estudio epidemiológico realizado en Francia de 2002 a 2006 por el INSERM sobre 3.500 mujeres al comienzo de la gestación puso en evidencia que quienes mostraban trazas de atrazina en la orina tenían un 70% de probabilidades de dar a luz un bebé con deficiencia de circunferencia craneana y déficit en el desarrollo neurocognitivo .

El biólogo Tyrone Hayes de la universidad de Berkeley en California, referencia mundial en el sector de la investigación del impacto de los biocidas, obtuvo los mismos resultados. En 2007, Tyrone publicó que la atrazina es la causa potencial de ciertos tipos de cáncer, como el de próstata o el de mama.

Hayes realizó parte de su investigación financiado por la propia Syngenta que, al conocer los resultados, intentó ocultarlos. La empresa, cuando Hayes hizo públicos sus hallazgos, realizó una campaña de descrédito contra el investigador y financió “papers” propios para contrarrestar ese material equilibrando la balanza a favor de sus intereses, y en detrimento de la verdad.

En noviembre de 2011, un grupo organizado por Syngenta publicó una serie de cinco artículos defendiendo la atrazina. Esos trabajos incurrieron, según un informe del Natural Resources Defense Council titulado “Economic Analysis of Atrazine” de 2013, en errores de metodología que le hacían inferir beneficios inexistentes.

Hayes en 2018 publicó un nuevo estudio que muestra que los efectos dañinos de la atrazina son consistentes en anfibios, peces, reptiles, aves, mamíferos de laboratorio, y con datos epidemiológicos humanos.

En Argentina científicos del Conicet y de varias universidades nacionales han encontrado atrazina en aguas de lagunas de llanura pampeana, en la lluvia, en aguas de pozo de escuelas rurales y de comunidades, y hasta en pejerreyes.

El pasado 30 de octubre la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) fue demandada por Pesticide Action Network, Beyond Pesticides, Center for Biological Diversity, Center for Food Safety y Rural Coalition, por reaprobar la atrazina. Las organizaciones mencionadas denuncian que el lobby es más influyente que el deber de la agencia en el cuidado de la salud.

Abejas en jaque

En su página web Syngenta promociona iniciativas como la creación de “Hoteles de insectos” y planes para cuidar a los polinizadores. Pero no cuenta que considerando la toxicidad ambiental de los plaguicidas altamente peligrosos autorizados en Argentina 47 de ellos, un 38,2 %, poseen una toxicidad muy alta en abejas, pudiendo causar la muerte a dosis mayores de 2 microgramos por abeja según la EPA de Estados Unidos. Este dato denunciado por Rapal se correlaciona con denuncias realizadas por apicultores individuales y sus organizaciones por la alta mortandad de abejas en diversas regiones.

Syngenta comercializa productos que dañan a las abejas: los herbicidas paraquat, glifosato (solo y con metacloro), atrazina e insecticidas como el tiametoxan, clorantraniliprole, clorpirifos, cipermetrina y otros piretroides.

Desde la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) señalan que existen sobradas pruebas científicas de los daños de esos tóxicos sobre los polinizadores y el perjuicio sobre la actividad apícola como sector productivo. “Las empresas tóxicas buscan eludir su responsabilidad y pretenden invertir las responsabilidades. Que seamos los apicultores quienes tengamos que demostrar la toxicidad en cada caso, ignorando así el principio precautorio. Además de sostener la pretendida inocuidad en ‘papers’ realizados por científicos financiados por las mismas empresas fabricantes. A ello hay que sumarle la connivencia de las agencias regulatorias locales que, ante las denuncias reiteradas, sostienen que el modelo agroindustrial y sus químicos, en especial los neonicotonoides, pueden convivir con las abejas”.

Un contexto favorable

Syngenta tiene como portavoz argentino a Antonio Aracre, desde hace una década gerente general para Latinoamérica Sur. Aracre realiza una enorme campaña mediática para promocionar a su empresa como sustentable, preocupada por el “bienestar de la humanidad y el destino del planeta”. El propio Estado argentino le permitió proyectar esa imagen cuando le otorgó un lugar destacado dentro del “Plan contra el hambre”. El lugar en la mesa en la articulación de un plan con ese nombre fue ampliamente repudiado por organizaciones de la sociedad civil y productores que señalaron algo obvio: los commodities no son alimentos. Y quien es parte de las causas, no puede ser parte de la solución.

En primera fila, el día del anuncio allá por octubre de 2019, Aracre sonreía. No era para menos. Desde ese lugar Syngenta sigue repitiendo un mito que parecía desterrado, y que permitió el desarrollo de las corporaciones tóxicas y transgénicas desde la fracasada revolución verde: que son ellos quienes pueden terminar con el hambre del mundo.

La Agencia de la Agricultura y la Alimentación de la ONU asegura que desde 1987 no faltan alimentos para la población planetaria y que desde entonces es más rápida la fabricación de productos comestibles que la reproducción de la población. El problema no es la falta de comida, sino su distribución. Al mismo tiempo denuncia la epidemia de obesidad por el aumento de ultra procesados, y otras enfermedades por el exponencial crecimiento de la utilización de agrotóxicos y la contaminación de aire, tierra y agua.

Un año después de ese acto, las políticas estatales siguen haciendo sonreír a Syngenta y al resto de las corporaciones tóxicas.

En menos de un año marcado por una pandemia que exhibe las consecuencias de alterar los equilibrios naturales, en nombre de “terminar con el hambre” y “salir de la crisis” se lanzó el Plan 200 millones de toneladas (resolución 216/2020 del ministerio de Agricultura).

Busca ampliar la superficie cultivada avanzando sobre zonas de exclusión y amortiguamiento, reinstalando la idea de “buenas prácticas agrícolas” pero esta vez de la mano de las ag-tech, o tecnologías de precisión. Se aprobó el trigo transgénico (condicionado a la autorización de Brasil) y se concedieron rebajas en las retenciones a los agroexportadores, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la “Estrategia de Reactivación Agroindustrial Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal. Plan 2020-2030”.

Todas medidas que profundizan o allanan el camino para que el modelo agroenvenenador siga su curso.

Fuente: La Vaca.org