La lucha contra las plantaciones. Boletín N° 113 del Movimiento Mundial por los Bosques
Aunque el punto de partida necesario es la oposición que surge en el plano local, queda claro que el poder combinado de los gobiernos y las empresas (con el apoyo de un gran número de organismos de “expertos” y “de ayuda”) exige fuertes movimientos de oposición, y que esto implica la necesidad de crear redes amplias en los planos nacional, regional e internacional. Este tipo de redes ya existen en muchos países del Sur. Un hecho más reciente ha sido la creación de redes regionales formales e informales de oposición a las plantaciones en África, América Latina y Asia
Movimiento Mundial por los Bosques
Boletín número 113 - Diciembre 2006
NUESTRA OPINIÓN
Redes regionales: un paso adelante en la lucha contra las plantaciones
COMUNIDADES Y BOSQUES
Gambia: la población rural en el centro del manejo de los bosques
Kenia: el bosque del Complejo Mau bajo amenaza
Uganda: empresa azucarera planea destruir el bosque de Mabira
India: campesinos resisten toma de tierras por gobierno de ‘izquierda’ en Bengala Occidental
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES
Camboya: conferencia regional del Mekong sobre plantaciones de árboles
Perú: promoción de plantaciones en base a falsedades
Brasil: día internacional de acción para la demarcación de las tierras de los indígenas Tupinikim y Guaraní
Primeros pasos de la Red de Acción contra las Plantaciones en África del Sur
Camboya: pueblo indígena resiste la expansión de plantaciones industriales de árboles
Laos: empresas vietnamitas instalan plantaciones de caucho en el Sur
Uruguay: aun sin estar en funcionamiento, la fábrica de celulosa de Metsa Botnia ya huele a podrido
DESTACAMOS: LOS NEGOCIOS DEL CARBONO
Mozambique: un alerta contra la promoción de monocultivos de árboles
India: la forestación para secuestro de carbono en marcha
Uganda: FSC no respalda derechos de los pueblos indígenas en Mount Elgon
Colombia: negocios de secuestro de carbono, territorios y comunidades
Conferencia sobre el Clima: ONGs exigen la exclusión de los árboles transgénicos del MDL del Protocolo de Kyoto
NUESTRA OPINIÓN
- Redes regionales: un paso adelante en la lucha contra las plantaciones
Los gobiernos de Camboya, China, Laos, Tailandia y Vietnam están fomentando las plantaciones a gran escala de palma, eucalipto y pino. Sin embargo, los habitantes afectados protestan abiertamente contra ellas. En una reunión celebrada el mes pasado en Camboya supimos que estos planes tienen la fuerte oposición de las comunidades locales porque ven que estas plantaciones están usurpando sus tierras y afectando sus medios de vida. En visitas a Camboya y Laos fuimos testigos de la tala de sus bosques, la destrucción de sus campos de arroz secano y la ocupación de sus tierras de pastoreo para allanar el camino al monocultivo de árboles.
Como en otros países del Sur que enfrentan proyectos similares, las ONGs de la región del Mekong tienen una función importante que cumplir en apoyo del derecho de las comunidades locales a tomar sus propias decisiones sobre el uso de sus tierras y recursos. No obstante, algunas ONGs parecen creer que no es posible oponerse a las plantaciones y que la única opción es intentar mejorarlas.
Ese supuesto no es verdad. Como ejemplo en este sentido vale la pena mencionar que comunidades locales de la propia Camboya detuvieron recientemente un proyecto de plantaciones (el de Pheapimex). En muchos casos más, la expansión de las plantaciones fue frenada o limitada (como ocurrió en Tailandia y recientemente en Ecuador) como consecuencia de la oposición organizada.
Las luchas locales se vieron fortalecidas por numerosas actividades realizadas a lo largo de muchos años por personas y organizaciones en todo el mundo que han respaldado a las comunidades locales, generado conciencia, difundido información y análisis, realizado investigación, presionado a gobiernos e instituciones internacionales y organizado campañas contra los monocultivos de árboles en gran escala.
Aunque el punto de partida necesario es la oposición que surge en el plano local, queda claro que el poder combinado de los gobiernos y las empresas (con el apoyo de un gran número de organismos de “expertos” y “de ayuda”) exige fuertes movimientos de oposición, y que esto implica la necesidad de crear redes amplias en los planos nacional, regional e internacional.
Este tipo de redes ya existen en muchos países del Sur. Un hecho más reciente ha sido la creación de redes regionales formales e informales de oposición a las plantaciones en África, América Latina y Asia.
En el caso de América Latina, en el Foro Social Mundial de enero de 2003 se creó la Red Latinoamericana contra el Monocultivo de Árboles, que realiza una campaña activa en casi todos los países de la región.
Con respecto a Asia, se celebraron dos reuniones (la primera en Tailandia, en 2003, y la segunda en Camboya, el mes pasado) entre representantes de organizaciones que trabajan en la región del Mekong, que resultó en acuerdos para trabajar juntos en la oposición a la expansión de las plantaciones (ver artículo abajo “Camboya: Conferencia regional del Mekong sobre plantaciones de árboles”).
En África, los activistas contra las plantaciones en Sudáfrica trabajan en estrecha colaboración con organizaciones de Swazilandia y Mozambique y establecen contactos con organizaciones de otros países africanos donde las plantaciones ya existen o se las promueve. (Ver artículos sobre Sudáfrica y Mozambique abajo).
Las personas que participan en esas redes están convencidas de que las plantaciones pueden ser detenidas efectivamente y – a pesar de las dificultades – trabajan activamente para alcanzar ese objetivo. La creación de redes regionales constituye un gran paso adelante en esta lucha y su éxito dependerá en definitiva de su capacidad para crear un amplio movimiento popular contra las plantaciones. Si eso se logra, no hay duda de que se detendrán las plantaciones.
COMUNIDADES Y BOSQUES
- Gambia: la población rural en el centro del manejo de los bosques
Gambia es un país pequeño (10.000 km²) y económicamente pobre que se enfrenta a varios problemas sociales y ambientales. Entre estos últimos, la deforestación es probablemente el que plantea la mayor amenaza tanto para las personas como para el medio ambiente. Hasta principios de los años 1900, densos bosques cubrían Gambia. En 1981 se clasificaron como bosques unas 430.000 hectáreas, es decir 45% de la superficie terrestre total. En 1988 esta cifra había caído a aproximadamente 340.000 hectáreas, o sea 30% de la superficie terrestre. Además, la degradación del estado de los bosques es tan severa que la mayoría de los bosques cerrados ha desaparecido, dejando solamente una sabana de mala calidad de árboles y arbustos.
Por lo tanto resulta interesante ver cómo Gambia está enfrentando el problema, con recursos financieros muy limitados, con un enfoque donde lo principal es la gente. A este respecto el Departamento Forestal ha creado un “Concepto de Manejo Forestal de Gambia”, que guía todas sus actividades.
Unas pocas citas del documento del Concepto servirán para ilustrar un cambio importante respecto de los enfoques más corrientes del manejo forestal:
- “La administración de bosques y los funcionarios forestales individuales tienen que ver más allá de los árboles y preocuparse más por la gente y el potencial de múltiples usos de las tierras boscosas. Es necesario ampliar el enfoque tradicional de los silvicultores hacia la participación de la población rural en el manejo y uso racional de sus bosques”;
- “Las decisiones sobre el uso de la tierra no pueden ser tomadas solamente desde el punto de vista de los silvicultores sino que hay que considerar el desarrollo de la población, la necesidad de tierras para la agricultura, etc.”;
- “El objetivo del manejo forestal debe orientarse más hacia el pastoreo del ganado que a la mera protección o la producción de madera y otros productos del bosque”;
- “La función del personal forestal ha cambiado de policías a socios de manejo”.
El Concepto da a la población rural un lugar central en el manejo de los bosques. Por consiguiente, aplica criterios participativos para que los habitantes locales se impliquen plenamente en el planeamiento, la toma de decisiones, la organización y la administración. De hecho, la introducción del manejo comunitario de los bosques nació cuando el Departamento Forestal se dio cuenta de lo vano de sus esfuerzos para proteger los bosques sin la participación comprometida y voluntaria de la comunidad local.
La introducción y aplicación del manejo comunitario de los bosques resultó ser un proceso de construcción de la confianza que necesita mucho tiempo para crear un sentido de pertenencia de los bosques entre los aldeanos, pues debido a experiencias pasadas existe una profunda desconfianza hacia las acciones y políticas del gobierno.
Una de las condiciones principales que una comunidad tiene que cumplir antes de celebrar un Acuerdo de manejo comunitario de bosques con el Departamento Forestal es la creación de un Comité del Bosque en el poblado. Este Comité es responsable de toda la organización del trabajo en la esfera de la aldea.
En la instrumentación del manejo comunitario de los bosques se distinguen básicamente tres fases: la preparatoria, durante la cual las comunidades locales preparan el manejo del bosque, la preliminar, durante la cual las comunidades demuestran su capacidad de protección y manejo del bosque, y la de consolidación, durante la cual las comunidades adquieren mayor capacidad técnica y administrativa para manejar el bosque, encaminándose a la autogestión.
Una vez completado el proceso, la comunidad y el Departamento Forestal celebran un Acuerdo de manejo comunitario de bosques que otorga a la comunidad o comunidades derechos permanentes de propiedad sobre una zona de bosques claramente demarcada. Con este Acuerdo las comunidades tienen derecho a quedarse con los beneficios derivados de sus bosques. La única condición que impone el Acuerdo es la gestión del recurso forestal según un sencillo plan de manejo.
La experiencia de Gambia parecía tan interesante que la secretaría del WRM decidió que sería útil visitar el país. Por lo tanto entramos en contacto con el director del Departamento Forestal, Jato S. Sillah, quien amablemente organizó varias visitas a bosques comunitarios, así como entrevistas con funcionarios de este Departamento. Lo que vimos y oímos coincide básicamente con la política forestal declarada.
Visitamos varias comunidades forestales y conversamos con integrantes de comités del bosque, quienes nos explicaron los numerosos beneficios que estaban recibiendo de los diferentes usos del bosque. Nos reunimos con la Asociación Nacional de Apicultores, donde se nos explicó de qué forma esta actividad ayuda a prevenir los incendios forestales y a aumentar los ingresos de las personas del medio rural (véase http://www.wrm.org.uy/bulletin/107/Gambia.html). Vimos funcionarios forestales sin uniforme interactuando en términos de igualdad con personas de la comunidad y afiches de los bosques comunitarios que decían “se permite el pastoreo”. Funcionarios forestales explicaron lo fácil que es el trámite para adquirir la calidad de bosque comunitario. En relación con el Concepto, todos, desde el director del Departamento Forestal hasta el personal de campo, parecían sinceramente convencidos y comprometidos con su instrumentación.
Por supuesto que una breve visita a unas pocas zonas de un país no puede ser, en modo alguno, prueba de nada. Sin embargo, esta experiencia parece ser un gran paso en la dirección correcta y tener el potencial de replicarse en otros países que se enfrentan a problemas similares. Probablemente se necesite investigar más para evaluar la realidad en el terreno, pero el marco conceptual tiene sentido no solamente desde la perspectiva de la conservación sino también desde la social y económica.
Artículo basado en información obtenida de: Gambian Forest Management Concept (GFMC), versión 2, borrador, mayo de 2001, aquí; Community Forest Ownership: Key to Sustainable Forest Resource Management. The Gambian Experience, aquí; viaje de Ricardo Carrere a Gambia en junio de 2006
- Kenia: el bosque del Complejo Mau bajo amenaza
La pérdida de cubierta forestal en Kenia ha provocado un deterioro de las formas de vida y sustento de muchos keniatas, causado por la reducción de la productividad de la tierra, el hambre y la sequía. La sequía experimentada en el país en 2005/2006 sirve de ejemplo. Los informes confirmaron la muerte de ganado a gran escala y, en muchos lugares, se comprobó la existencia de conflictos por el uso de los recursos, los cuales provocaron la pérdida de vidas humanas.
Si bien la mayor parte de los bosques de Kenia han sido diezmados entre otras cosas por la degradación, la cubierta forestal del Complejo Mau y, en particular, la del bosque Mau Maasai, ha sido la más afectada y se ha reducido drásticamente a lo largo del tiempo.
El Complejo Mau – el bosque más grande de Kenia – ocupa unas 400.000 hectáreas. Está ubicado en el flanco occidental de la escarpadura Mau, a 250 km aproximadamente de Nairobi, a una altura de 2.000 a 2.600 metros sobre el nivel del mar, rodeado por Kericho al oeste, Nakuru al norte y Narok al sur. Comprende siete bloques de bosque: Mau Sudoeste, Mau Este, Transmara, Mau Narok, Mau Maasai, Mau Oeste y Mau Sur, los cuales se unen para formar el Complejo forestal Mau. De estos bloques, sólo el Mau Maasai no está clasificado.
Tratándose de un bosque de montaña, el Complejo Mau es uno de los cinco principales “tanques de agua” de Kenia, junto con el Monte Kenia, la Cadena Aberdare, el Monte Elgon y los Cerros de Cherengani, que constituyen las cuencas superiores de todos los ríos principales (salvo uno) al Oeste del Valle del Rift. Alimenta importantes lagos, tres de los cuales cruzan las fronteras.
Los bosques ubicados al sur del Complejo Mau son ricos en diversidad biológica tanto vegetal como animal. Son el hogar de ungulados como el Bongo y el Duiker de lomo amarillo, de carnívoros como el gato dorado y el leopardo, y del elefante africano. El bosque Mau Maasai en particular, comprende grandes rodales de cedros y podocarpos, intercalados con claros naturales.
Una gran mayoría de la población de Kenia vive en la cuenca del Lago Victoria. Esta región es cruzada por ríos importantes del Complejo Mau. Los bosques Mau proveen agua a más de 4 millones de personas que habitan en 578 localidades de Kenia y en varias del norte de Tanzania. Además, el Complejo Mau mantiene el flujo continuo del río, favorece la existencia de microclimas indispensables para los cultivos y provee muchos productos, tales como plantas medicinales, leña y pasturas.
El bosque es el hogar de la Comunidad Ogiek, que desde tiempos inmemoriales ha habitado predominantemente el bosque Mau en la provincia del Valle del Rift, y que hasta los años 50 subsistió en base a la caza sustentable de animales salvajes y a la recolección de frutas silvestres. Como resultado de las leyes, las políticas y el rápido avance de la religión y la educación occidentales, los Ogiek han perdido su cultura, sus tradiciones y sus territorios. Ahora deben practicar la agricultura en pequeña escala y cuidar ganado. El bosque Mau es vital también para los pastores Maasai, que llevan a sus animales a pastar allí durante la estación seca.
Durante la última década, más de 46.000 hectáreas fueron adjudicadas por el gobierno a otros usos alternativos, como el establecimiento de colonos y la agricultura privada. El impacto negativo de la consiguiente deforestación masiva provocada por factores como la invasión del bosque a gran escala, la producción de carbón y la tala de árboles nativos ya está teniendo consecuencias tremendas sobre los recursos hídricos, secando pozos y ríos.
El bosque Mau Maasai, de 46.278 hectáreas, es un importante capital natural en términos de acopio de agua, regulación del micro-clima y diversidad biológica. Entre 1986 y 2003, sufrió la pérdida de 20.330 hectáreas. En un informe de situación del año 2005, el relevamiento aéreo muestra que aproximadamente 11.095 hectáreas en la parte oeste del bosque Mau Maasai (distrito de Narok Sur), fueron destruidas o duramente impactadas por la colonización. Al momento del estudio, el bosque estaba siendo talado, y varios penachos de humo se elevaban de la bóveda del bosque remanente.
La adjudicación del bosque para la colonización es un problema complejo. Los bosques son a menudo divididos, supuestamente para reubicar familias que fueron forzadas a abandonar los bosques vecinos. La mayoría de las veces, esta reubicación se lleva a cabo sin la participación de las comunidades locales y, como resultado, las familias son distribuidas en pequeñas parcelas mientras que las personas con poder (especuladores bien conectados, taladores y fabricantes de carbón) se quedan con la mayor parte de la tierra (ver Boletín del WRM N° 55).
Artículo basado en información obtenida de: “Mau Complex Under Siege. Continuous destruction of Kenya’s largest forest”, UNEP, Kenya Wildlife Service, KFWG, junio de 2005; “Maasai Mau Forest Status Report 2005”, UNEP, Kenya Wildlife Service, KFWG, y Ewaso Ngiro South Development Authority; “Article 2 of the African Charter and the Ogiek: challenges and way forward”, Kanyinke Sena, enviado por el autor, e-mail: moc.oohay@ekniynak; “Mau Forest Complex On The Spotlight”, Ogiek Welfare Council, forum for friends of Peoples close to Nature, http://build.blodeuwedd.org/?q=node/288
- Uganda: empresa azucarera planea destruir el bosque de Mabira
na empresa azucarera de Uganda planea expandir su ingenio azucarero destruyendo 7.000 hectáreas, o sea casi un tercio, del bosque de Mabira, uno de los pocos bosques aún intactos en las proximidades de las orillas del Lago Victoria, hogar de especies únicas de aves y primates.
El plan ha sido enormemente controvertido, ya que amenaza cientos de especies únicas confinadas en pequeñas parcelas de bosque tropical, y que podría afectar la pluviosidad de una región que ya está sufriendo sequías por causa del cambio climático.
En agosto, el Presidente Yoweri Museveni ordenó un estudio de factibilidad referente a la posibilidad de ceder la cuarta parte de los bosques protegidos de Mabira a la empresa privada Sugar Corporation of Uganda (Scoul), una de las compañías azucareras más grandes, la cual los talaría para ampliar sus cañavelares vecinos. Museveni fue citado en la prensa local diciendo que la industria debe ser prioritaria. Como informara el diario oficialista New Vision, el Presidente dijo que “es más fácil plantar bosques que construir industrias”, y agregó que “si uno tiene fábricas, puede conseguir fondos para conservar el medio ambiente.” (!)
La iniciativa causó indignación entre los parlamentarios, los habitantes de Mabira y los funcionarios de la Autoridad Nacional Forestal (NFA), quienes sostienen que el costo medioambiental de la destrucción de una de las últimas parcelas de bosque nativo sería incalculable. Pero el gobierno sostiene que los beneficios generados por la creación de nuevos puestos de trabajo superarán las pérdidas que provoque la eliminación del bosque.
“No pueden talar los bosques. Perderíamos nuestras vidas”, dijo John Kasule, de 50 años, que vive en las afueras de la reserva. “El bosque trae lluvia, allí recogemos leña y obtenemos cuerdas; lo usamos para nuestras casas. Hay 40 clases de medicamentos que perderíamos”, dijo, señalando una densa maraña verde de árboles y gruesas plantas trepadoras que se extiende hacia la lejanía.
El bosque absorbe la contaminación de una zona industrial, capturando toneladas de dióxido de carbono, y ayuda a mantener el clima húmedo del centro de Uganda. Según un informe de la NFA, eliminarlo traería aparejado un clima más seco que menoscabaría el rendimiento de los cultivos. Gaster Kiyingi, portavoz de la NFA, comentó que “Mabira es la línea divisoria de aguas para dos ríos que desembocan en el Nilo, es un estabilizador ecológico entre dos grandes ciudades industriales y protege además el Lago Victoria.”
“En lugar de ser negativos … debemos plantar más árboles”, sostuvo Maria Mutagmba, Ministra de Medio Ambiente. Pero otros no están de acuerdo. “¿Cuántos años hace que los silvicultores investigan cómo regenerar el bosque tropical? No sabemos ni por dónde empezar”, dijo Jacovelli. “Es imposible volver a plantar un bosque tropical que contaba con cientos de especies. Una vez que se ha ido, se acabó.”
Artículo basado en : “EU Scheme Cuts Uganda Sugar Funding in Forest Row”, 16 de noviembre de 2006, y “Plan to Axe Ugandan Forest For Sugar Sparks Anger”, 29 de noviembre de 2006, Tim Cocks, Reuters News Service, enviado por Andrew Boswell, ku.oc.oohay@4002_llewsob_a
- India: campesinos resisten toma de tierras por gobierno de ‘izquierda’ en Bengala Occidental
La provincia india de Bengala Occidental posee el singular récord de estar gobernada por el ‘gobierno de izquierda elegido democráticamente’ más antiguo del país, y de hecho, de todo el mundo, como nunca deja de señalar la izquierda.
La violencia se impuso en este estado de ‘izquierda’ y el terror se desató contra los campesinos, los peones agrícolas y los pequeños comerciantes de Singur, una zona agrícola ubicada en la fértil cuenca del río Ganga.
Bengala Occidental contiene algunas de las zonas agrícolas más productivas del subcontinente indio, especialmente las extensas praderas verdes bañadas por el río Ganga y cientos de sus afluentes. El verde proviene de los grandes cultivos de arroz que dominaron tradicionalmente el paisaje bengalí la mayor parte de los últimos 2 mil años. Un largo período en el que los ejércitos invasores fueron y vinieron, el Reino Unido construyó su imperio y se desvaneció, el nacionalismo indio nació y degeneró en una excusa para la explotación: de hecho, la izquierda había calificado de ‘falsa’ la libertad política de India. En 1948, el Partido Comunista de India convocó desde Bengala a la revolución armada. La revolución fallida, y muchas de las luchas que la precedieron y la sucedieron, se centró en torno al verdor de la cuenca de Ganga. La palabra ‘Dhan’ (el término bengalí para arroz) se transformó en sinónimo de lucha, por el cual la gente se movilizaba y peleaba con hoces, arcos y flechas y resistía a los terratenientes feudales y los campesinos ricos, e inició la travesía hacia un nuevo orden social. En tan solo 30 años desde la independencia del país, el Partido Comunista sobrevivió a reiteradas escisiones (y a la fuerte represión estatal) para surgir como la fuerza política dominante de Bengala.
Las luchas por la tierra dirigidas por la izquierda y la ultraizquierda absorbieron a Bengala en las décadas de 1960 y 1970, y a la postre ayudaron a los más organizados a tomar el poder. La población rural pobre, integrada por pequeños campesinos y agricultores marginales, trabajadores agrícolas y aparceros, formó la base de apoyo más poderosa del gobierno del Left Front (Frente de Izquierda). Luego de asumir el poder, el gobierno procuró cumplir con sus electores e inició medidas de reforma agraria como la redistribución de tierras excedentes y el necesario proceso de inscripción de los bargadaars (arrendatarios y aparceros, quienes trabajaban la tierra de otros mediante contratos verbales). Estas reformas tuvieron consecuencias positivas para la economía y la región, y la producción agrícola del estado aumentó mucho con la liberación de grandes extensiones de tierra que se sometían a labranza.
Los campos verdes de Bengala dominaron la economía y la política de la provincia y permitieron que la izquierda gozara de un reinado ininterrumpido durante 30 años. Fueron 30 años agitados en los cuales la iconografía y la retórica políticas de la izquierda sufrieron cambios importantes en todo el mundo, y las revoluciones y las luchas aguerridas por la tierra dejaron de estar de moda en gran parte de las sociedades otrora socialistas. El estado de la URSS se desdibujó; en sentido contrario, la República Popular China construyó una economía capitalista dentro de un estado socialista ‘reformado’, y en muchos países más los comunistas se transformaron en socialdemócratas y otros retazos ‘moderados’ de izquierda. Sin embargo, estos hechos tumultuosos no cambiaron a la izquierda bengalí. Los comunistas en el poder aun juran por Stalin, aman a Fidel, reciben a Hugo Chávez como un héroe y festejan las victorias electorales de la izquierda en América Latina. Observando los carteles rojos y las banderas con la hoz y el martillo que se exhiben con ostentación por doquier, parece que nada ha cambiado.
Pero, más allá de la fachada roja y la retórica, todo cambió. Se instaló la inexorable fuerza destructora de la globalización y el ‘libre’ mercado, los shoppings y las carreteras remplazaron las villas miseria, y los ‘comunistas’ se metamorfosearon en un ávido montón de especuladores, contratistas e intermediarios de tierras. El gobierno se volvió pragmático y comenzó a cortejar a los capitalistas en público, con la lógica política de que en la era del capital mundializado sólo se puede construir el socialismo mediante el desarrollo del capitalismo. Asimismo, siempre se debe emular a China y sus enormes avances hacia el desarrollo.
La última instancia de este socialismo a través del capitalismo es Singur, donde el gobierno adquirió por la fuerza poco más de 400 hectáreas de excelentes tierras agrícolas para la planeada fábrica de automóviles de bajo costo del grupo Tata. La policía desplegada por el gobierno de ‘izquierda’ se enloqueció en los pueblos de Singur en el proceso de ‘suavizar’ la adquisición de las tierras. En un incidente que recuerda fuertemente a la masacre de Kalinganagar (las balas de la policía mataron a 13 indígenas que resistían el cercamiento de sus tierras por el mismo grupo Tata) en la vecina provincia de Orissa este año, la policía recurrió a la violencia cuando agricultores y peones agrícolas locales resistieron la apropiación física y el intento de cercar (con alambrados de púa) fértiles tierras de labranza. Un gran contingente policial ingresó a las viviendas de la gente y golpeó a todos los presentes. Se abusó físicamente de las mujeres, y ni siquiera se tuvo piedad de niños y ancianos enfermos. Se prendió fuego a algunos graneros y campos. Muchas personas fueron heridas y más de 50 fueron arrestadas. La resistencia y la violencia continuó a lo largo del día, en gran parte televisado en directo por los canales de la televisión regional.
La policía aisló a Singur y las zonas vecinas tras el incidente del 2 de diciembre y no permitió el ingreso de persona alguna, ni siquiera a la reconocida activista social Medha Patkar. Los gobernantes (marxistas) del Partido Comunista de India, incluso el Ministro en Jefe Buddhadev Bhattacharya, defendieron públicamente la acción policial al declarar que el incidente fue una exhibición más de la ultraizquierda y que la adquisición de tierras y la construcción de la fábrica de Tata seguirían adelante.
Las protestas espontáneas contra la brutalidad policial continúan afectando a Bengala. En Singur, los campesinos y los peones agrícolas siguen en huelga de hambre. La escala y la intensidad de las protestas populares pusieron al gobierno a la defensiva, que ahora acusa a la oposición de calumnias y ‘desinformación’. La zona no es fértil, señalan los medios de comunicación controlados por el gobierno, y el Estado adquirió sólo las tierras con monocultivos o en barbecho permanente. El gobierno insiste que la fábrica de automóviles y los capitalistas ‘nacionales’ socialmente responsables, como Tata, conducirán al desarrollo del pueblo.
¿Por qué una fábrica de automóviles necesita tantas tierras agrícolas? ¿A cuántas familias desplazaría directamente el proyecto? ¿Cuánto de la tierra adquirida constituye monocultivos? ¿Cuántos son los trabajadores agrícolas y bargadaars sin registrar en la zona del proyecto? El gobierno se niega a brindar respuestas precisas.Los hechos oficiales, o la falta de ellos, muestran que el gobierno, en su compromiso con el capital, el mercado y la globalización decidió sacrificar la realidad a cambio de sus deseos, y asumió el ‘desafío’ de avanzar en el proyecto. Este ‘desafío’ implica ignorar la muy real existencia de varios miles de familias dependientes de la tierra: labradores sin tierra; peones agrícolas tribales zafrales; operadores de fletes en bicicletas y pequeños transportistas; comerciantes que compran, transportan y venden productos agrícolas en lejanos mercados mayoristas; artesanos; y otros pertenecientes a diversas ocupaciones. La indemnización puede compensar en parte el costo de la tierra de sus propietarios, ¿pero quién puede compensar por la pérdida de sus medios de vida?
Con policías armados y fuerzas de acción rápida al acecho, e importantes inquietudes y preguntas sobre Singur sin responder, el gobierno bengalí se prepara para otros proyectos que incluyen la entrega de varios miles de hectáreas de tierras de labranza en Bhangar (próximo a Calcuta) al Grupo Salim de Indonesia, acérrimo partidario del infame régimen de Suharto que mató a miles de comunistas indonesios. Otro pedazo de tierra se entregaría a Jindals para instalar una planta de acero en zonas de bosques en el sudoeste de Bengala. En zonas costeras del sudoeste de Bengala el gobierno está listo para avanzar, con ayuda de EEUU, en la construcción de una planta de energía nuclear con capacidad de 10 mil megavatios que desplazaría a más de 200 mil campesinos, trabajadores agrícolas y pescadores. Esto último, si hemos de creerles a los gobiernos de Bengala y de Bush, es un proyecto que solucionaría la crisis climática, ¡y sin contaminar!
Resulta paradójico que este ataque general contra el medio ambiente, la economía y la población de Bengala lo lleve adelante la izquierda que, fuera de Bengala, es una de las adversarias más elocuentes del desplazamiento provocado por el desarrollo y la conspiración ‘imperialista’ para poner en venta los recursos naturales del país. Por otra parte, es posible que esto caracterice a la nueva, ‘reformada’ realidad de nuestra época, cuando el capital y el mercado abarcan todo el pasado y el presente en común, y se apropian de los conceptos familiares de subversión y oposición.
No obstante, surgen conceptos nuevos y las protestas siempre se renuevan, contrarias a las declaraciones del capital sobre el fin de la historia. En India, los indígenas de Kalinganagar no permitieron el ingreso a su territorio de funcionarios del gobierno local ni de Tata desde que se produjo la masacre. A unos kilómetros, los pobladores resisten la adquisición de tierras para un proyecto acerero del grupo trasnacional POSCO. Los indígenas Adivasis de Jharkhand se pronunciaron claramente en contra de proyectos de desarrollo en sus tierras ancestrales. En Bengala, campesinos, trabajadores y grupos de la sociedad civil protestan contra modelos injustos y tiránicos de desarrollo. La izquierda gobernante de Bengala haría bien en prestar atención a esas señales. La represión sólo ofrece respuestas de muy corto plazo y potencialmente desastrosas.
Por Soumitra Ghosh, NESPON y NFFPFW, correo electrónico: moc.liamg@gartimuos, con aportes de Nagarik Mancha, un foro ciudadano de Kolkata
COMUNIDADES Y MONOCULTIVOS DE ÁRBOLES
- Camboya: conferencia regional del Mekong sobre plantaciones de árboles
“En este tiempo que pasamos juntos aprendimos, gracias a los testimonios directos de los representantes de las comunidades locales de doce provincias de Camboya y también de otros países de la región, de qué forma las grandes plantaciones situadas en sus respectivas zonas afectan vidas, sustento y medio ambiente”.
Lo anterior es parte de la declaración final (la “Declaración de unidad”) resultado de la Conferencia regional del Mekong sobre plantaciones de árboles, realizada en Kratie, Camboya, los días 21 y 22 de noviembre de 2006. Este encuentro, organizado conjuntamente por el Foro de ONG de Camboya, Oxfam Gran Bretaña (Camboya), TERRA (Towards Ecological Recovery and Regional Alliance) y el Movimiento Mundial por los Bosques, reunió a personas de cinco países de la región del Mekong (Camboya, Laos, Tailandia, Vietnam y China) y representantes de otros países. Los participantes pudieron así compartir experiencias y aprendizajes relacionados con el tema de las plantaciones industriales de árboles y sus impactos sobre la vida y el sustento de los pueblos locales, además de ideas y sugerencias para resolver los problemas que estas plantaciones ocasionan.
La idea de organizar esta reunión nace de la creciente preocupación por los planes del gobierno de expandir los monocultivos forestales en la región del Mekong con árboles como eucalipto, pino, palma aceitera y caucho.
Los participantes compartieron experiencias y aprendieron sobre la importancia de los bosques, la tierra y otros recursos naturales para el sustento y las culturas de las comunidades que de ellos dependen para obtener sus plantas medicinales, alimentos, ingresos y seguridad espiritual. Coincidieron en que “las plantaciones no son bosques” y “cuando los bosques se sustituyen por plantaciones, se pierde el sustento de numerosas comunidades que viven en esos bosques o en torno a ellos y los cuidan y protegen”. En consecuencia, “las plantaciones empobrecen las comunidades y su medio ambiente”.
El gobierno afirma que las plantaciones contribuyen al desarrollo económico nacional y mitigan la pobreza. En oposición a este discurso, los participantes de la conferencia enfatizaron que “las plantaciones han aumentado la pobreza al desplazar comunidades enteras, destruir recursos clave para el sustento e impedir el acceso de las comunidades a los recursos naturales”.
Peor todavía, las experiencias compartidas demostraron que “en muchos casos, las plantaciones han entrado en las comunidades con un alto grado de violencia. En algunos casos la violencia ha sido obvia y abierta, como asesinatos y encarcelamientos; en otros, las comunidades son sometidas a intimidaciones y amenazas de modo de asustar a la gente para que no actúe”. Pero incluso sin intimidación abierta, los participantes resaltaron que “el propio acto de quitarle tierra a los aldeanos es un acto de violencia”.
En el contexto de los actuales planes del gobierno de promover las grandes plantaciones, los participantes coincidieron en que la experiencia demuestra que “en todos los casos la única forma de que haya cambios es con las luchas de los pueblos”, resaltando que “lucha no significa violencia sino las diferentes formas que elige la gente del lugar para garantizar y defender sus derechos”. Destacaron también que “el uso de la ley es muy importante, pero por sí solas las leyes no garantizan la protección de los derechos de los pueblos” y que “las estrategias más efectivas de lucha popular salen de las propias comunidades afectadas, no de ONG u otros grupos externos”. Añadieron que “trabajando junto con otras comunidades y buscando posiciones comunes, la gente puede fortalecer su causa”.
El resultado más importante de la reunión fue el compromiso común de seguir trabajando juntos contra la expansión de los monocultivos de árboles y el fortalecimiento de la resolución de avanzar en las luchas de la región. Los participantes reconocieron “el valor y la importancia de intercambios regionales como éste”, apoyaron “la creación de otros intercambios entre organizaciones populares de la región para seguir aprendiendo y desarrollar estrategias” y se comprometieron a compartir “las conclusiones y los principios” de esta conferencia con todos sus “redes, movimientos y gobiernos”.
Vea el texto completo de la “Declaración de unidad” (en inglés) aquí
- Perú: promoción de plantaciones en base a falsedades
Perú es uno de los pocos países de Sudamérica donde los monocultivos forestales aún no se han implantado a gran escala, pero el gobierno ya se apresta para promover su expansión. En efecto, el país ya cuenta con un “Plan Nacional de Reforestación 2005-2024” [Plan Nacional] y con una “Ley de promoción de la inversión privada en forestación y/o reforestación” [Ley de Forestación], que serían las herramientas fundamentales para justificar y viabilizar las plantaciones de árboles. La meta concreta para el 2024 es de haber plantado 860.000 hás de plantaciones comerciales, fundamentalmente en la Amazonia y 909.000 hás de plantaciones de “protección ambiental”, fundamentalmente en la Sierra.
De la lectura de ambos documentos resulta muy claro que el gobierno peruano se ha limitado a copiar el mismo modelo ya implementado en muchos otros países de la región y a utilizar los mismos falsos argumentos para lograr el necesario apoyo de la ciudadanía, en particular en las regiones donde se prevé la instalación de plantaciones: generación de empleo, reducción de la pobreza, desarrollo, impactos ambientales positivos. Los mecanismos de promoción son también un calco de los utilizados en otros países (exoneración impositiva, créditos blandos, investigación por parte del Estado, etc.) y el único aspecto innovador (acceso a tierras por el sector privado) resulta ser el más peligroso de todos.
En la exposición de motivos de la Ley de Forestación, se empieza diciendo que “La promoción de la inversión privada en forestación y reforestación se establece en el marco de una estrategia de reducción de la pobreza rural” y también menciona –entre otros supuestos beneficios- la “generación de riqueza y empleos permanentes”. El Plan Nacional aporta más detalles en cuanto a empleos, afirmando que las plantaciones generan un empleo directo cada 4 hectáreas, por lo que el plan crearía 425.000 puestos de trabajo directo. El Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal (FONDEBOSQUE) va aún más lejos y en su folleto de divulgación afirma que las plantaciones “generan al menos un empleo directo por cada 2 hectáreas”; de acuerdo con esta cifra, el número total de empleos a ser generados por el plan sería de 850.000.
Lamentablemente, todo lo anterior es absolutamente falso. A este respecto interesa destacar los datos que se manejan en Uruguay, que es uno de los países mencionados como ejemplo “exitoso” en el Plan Nacional. De acuerdo con un estudio de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias de ese país, la forestación genera 7 empleos permanentes cada 1000 hectáreas (otras fuentes reducen dicha cifra a 4,5 empleos/1000 hás). Es decir, que en el mejor de los casos, la forestación genera apenas 1 empleo directo cada 143 hectáreas, cifra muy alejada de las absurdas afirmaciones del Plan Nacional y FONDEBOSQUE. La misma situación se repite en otros países “exitosos” como Chile y Brasil, donde la forestación ha demostrado ser la peor opción posible en materia de generación de empleos. La forestación no reduce la pobreza, sino que la incrementa.
En materia ambiental, el Plan Nacional sostiene que las plantaciones de cualquier tipo (con exóticas o nativas; en monocultivos o sistemas agroforestales; de producción o de protección) tienen las mismas funciones que los bosques. Por lo tanto, no solo no tendrían impactos negativos, sino que todos sus impactos serían positivos. Al respecto el Plan afirma que los beneficios incluyen la “regulación del régimen hídrico de las cuencas”, “control de la erosión de los suelos”, “mejoramiento de suelos y protección de cultivos agrícolas”, “acondicionamiento del hábitat de flora y fauna”, entre otros.
Desafortunadamente, también todo ello es falso, por la sencilla razón de que los monocultivos de árboles no son bosques y por ende no pueden cumplir con las mismas funciones que estos. En todos los países de la región donde existen grandes plantaciones se ha constatado que impactan gravemente sobre el agua, que favorecen procesos de erosión, que degradan los suelos e impactan sobre los cultivos adyacentes y que afectan gravemente a la flora y fauna nativas. Los impactos de las plantaciones se originan fundamentalmente en la gran escala de las mismas. En el caso de Perú está previsto que las plantaciones se harán precisamente a gran escala, por lo que todos los supuestos beneficios ambientales no solo no serán tales, sino que resultarán en graves impactos sobre agua, suelos, flora y fauna. Las plantaciones no benefician al ambiente, sino que lo degradan.
En base a esas -y otras- falsedades, el artículo primero de la Ley de Promoción declara de “interés nacional la promoción de la inversión privada en actividades de forestación y/o reforestación”, lo que implica que el Estado dará múltiples apoyos a las empresas plantadoras, incluyendo exoneraciones impositivas, incentivos fiscales, canje de deuda externa y que será el propio Estado el que instalará las plantaciones para “protección ambiental”, fundamentalmente en tierras de comunidades campesinas andinas. Es decir, que el pueblo peruano será quien pague (directa e indirectamente) para la instalación de las plantaciones, tanto privadas como estatales.
Más grave aún, las plantaciones se convertirán en un instrumento para la privatización de las tierras del Estado. En efecto, el Plan Nacional dice que “el Estado pondrá a disposición del sector privado, mediante diversos mecanismos de adquisición, el acceso a la propiedad privada de tierras públicas para ser destinadas al establecimiento de plantaciones forestales industriales”. A su vez la Ley de Forestación dice en su artículo segundo que “El Estado, a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), podrá adjudicar en venta con compromiso de inversión tierras de su dominio, con capacidad de uso mayor forestal para fines de forestación y/o reforestación, a través del mecanismo de subasta pública ...”.
En resumidas cuentas, estos planes van en sentido contrario a los intereses de los más necesitados y solo beneficiarán a los sectores económicamente poderosos, que podrán acceder a la tierra y a los beneficios previstos en esta nueva legislación. Es por tanto imperioso que las organizaciones de la sociedad peruana se informen al respecto y tomen cartas en el asunto antes de que sea demasiado tarde. Todavía se está a tiempo para detener este proceso.
Artículo elaborado en base a información de: Plan Nacional de Reforestación. Perú 2005 – 20024. Perú, INRENA, s.f.; Ley de Promoción de la Inversión Privada en Forestación y/o Reforestación; Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal (FODEBOSQUE), Primer Vivero Forestal de Alta Tecnología en el Perú, s.f.
- Brasil: día internacional de acción para la demarcación de las tierras de los indígenas Tupinikim y Guaraní
Hoy [12 de diciembre], cientos de indígenas de las siete comunidades Tupinikim y Guaraní en el Estado de Espíritu Santo, Brasil, ocuparon el puerto de Portocel, desde donde la empresa Aracruz Celulose exporta su celulosa a Europa, Estados Unidos y Asia. Protestan junto con varios otros grupos solidarios de Brasil y del exterior para pedirle al gobierno brasileño que de una vez por todas cumpla con su deber constitucional y demarque las tierras tradicionales de los pueblos indígenas Tupinikim y Guaraní: 11.009 hectáreas invadidas por Aracruz Cellulose S/A, una importante empresa papelera.
En febrero de 2006, el ministro de Justicia Márcio Thomaz Bastos prometió durante una reunión pública en la Asamblea Legislativa del estado de Espíritu Santo -- en presencia de pueblos indígenas, parlamentarios y otras autoridades – emitir la Ley de Demarcación antes de agosto de 2006 y ratificar el área antes de fin de año. El 12 de setiembre de 2006, la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) presentó un informe a favor de la demarcación ante el Ministro de Justicia. Desde entonces ha estado en sus manos esperando una decisión --legalmente, la decisión debía haberse adoptado hoy, 12 de diciembre de 2006. La Comisión de los Jefes y Líderes Tupinikim y Guaraní argumenta que el gobierno no ha cumplido con los plazos convenidos, y ha convocado a un día de solidaridad.
La demora ha permitido a Aracruz Celulose adoptar acciones públicas contra las comunidades indígenas, como por ejemplo una campaña fuertemente difamatoria que incita al prejuicio y al odio racial.
En el día de hoy, grupos solidarios de Alemania, Noruega, Holanda y Estados Unidos están coordinando manifestaciones, especialmente frente a las Embajadas y Consulados brasileños, en solidaridad con las protestas encabezadas por los Tupinikim y Guaraní.
Lo invitamos a que dedique un momento a escribir una breve carta al Ministro de Justicia pidiéndole que reconozca los derechos de los Tupinikim y Guaraní, demarcando sus territorios ancestrales: rb.vog.jm@jmetenibag.
- Primeros pasos de la Red de Acción contra las Plantaciones en África del Sur
En 1995, un pequeño grupo de ONGs comenzó una campaña contra las plantaciones en Sudáfrica, como respuesta a los esfuerzos de la industria maderera por expandir en 600.000 hectáreas la superficie de tierra dedicada a las plantaciones de árboles en gran escala.
Árboles exóticos, principalmente una especie de acacia australiana, pinos y eucaliptos, cubren hoy más de 3 millones de hectáreas de la región este del país, una zona bien irrigada y con buena producción agrícola. Sin embargo, 1,5 millones de hectáreas se componen de plantaciones abandonadas o mal mantenidas, o de áreas que han quedado densamente infestadas de jóvenes árboles invasores provenientes de las plantaciones. Estas tierras invadidas representan una gran amenaza para la economía nacional, dado que consumen los escasos recursos hídricos y tienen impactos negativos sobre las comunidades locales y la biodiversidad natural, pero han sido totalmente ignoradas tanto por el gobierno como por la industria que provocó su existencia.
La coalición Timberwatch se estableció en 1997 como una red local, pero con el transcurso de los años se transformó en una coalición nacional de ONGs, y ahora reúne 10 organizaciones medioambientales que reconocen la necesidad de luchar contra el daño causado por los considerables efectos negativos, tanto sociales como medioambientales, que tienen las plantaciones madereras a gran escala. Involucrándose permanentemente en los procesos políticos y construyendo una red de simpatizantes en las zonas donde crecen las plantaciones madereras, Timberwatch ha logrado que el público tome mayor conciencia de los costos asociados a las plantaciones, hasta entonces disimulados o ignorados. Esto ha llevado a que se adopte un proceso más inclusivo y transparente para la consideración de solicitudes de licencias para nuevas plantaciones, y ha ayudado a limitar su expansión en Sudáfrica.
Sin embargo, este éxito local debe ser considerado en el contexto más amplio de la región sur de África, donde varios países ya han sido afectados por las plantaciones. En Suazilandia, a pesar de ser un país relativamente pequeño en términos de territorio, casi un 10% está cubierto de plantaciones madereras al estilo de la era colonial que han forzado al pueblo suazi a abandonar sus tierras tradicionales y han socavado las oportunidades de los granjeros de acceder a las tierras de pastoreo y al agua.
También hay plantaciones establecidas en Angola, la República Democrática del Congo, Malawi, Zambia, Zimbawe, Tanzania y Mozambique, pero últimamente el Banco Mundial y la industria maderera han sugerido que Mozambique tiene el potencial necesario para establecer siete millones de hectáreas más. El gobierno ya ha aprobado nuevos proyectos de plantaciones en las provincias de Niassa y Manica, aunque todo indica que las comunidades locales y las ONG medioambientales no han sido casi consultadas. Tampoco parece haber existido investigación formal alguna sobre los impactos nocivos de las plantaciones madereras sobre los valores sociales y culturales tradicionales y sobre las economías locales autosuficientes.
Al parecer, la demanda de madera para celulosa será cada vez mayor, y se espera un rápido crecimiento de la demanda de biomasa para la producción de biocombustibles, ya que el uso de combustibles fósiles en los países industrializados está siendo restringido como resultado de la presión internacional para que se reduzca la emisión de CO2 en la atmósfera. Según la información disponible, parecería que los planes de las naciones europeas de reconvertirse para el uso de biocombustibles cuentan desde ya, en gran medida, con importar biodiésel y bioetanol desde África y otras regiones del mundo “en desarrollo”. Esto significa que la mayoría de los países de la llamada Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC por su sigla en inglés) serán probablemente considerados como oportunidades baratas para el establecimiento de monocultivos destructivos a gran escala, incluyendo plantaciones de árboles.
En respuesta a esta amenaza, Timberwatch planea ayudar a establecer una amplia red de individuos interesados y organizaciones medioambientales de los países de la SADC. La idea fue analizada durante la asamblea anual realizada en Durban el 18 de noviembre. El grupo sabe que el compartir experiencias es un ingrediente necesario para que dicha idea crezca y se transforme en realidad. Así, uno de los miembros de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles fue invitado a participar en el encuentro, para que informara sobre los procesos exitosos que llevaron al establecimiento de dicha red en Latinoamérica.
El paso siguiente fue la participación de Timberwatch en la reunión organizada en Mozambique por Geasphere, una de las organizaciones que integran la coalición. En tal ocasión, los delegados de organizaciones locales debatieron sobre los impactos negativos de los monocultivos de árboles a gran escala (ver artículo sobre Mozambique en este mismo número). Se espera que la Red de África del Sur promueva una mayor toma de conciencia sobre los principales problemas que rodean el establecimiento o la expansión de las plantaciones industriales de árboles y que contribuya a la formación de grupos locales de activistas dentro de los países afectados. Con apoyo y estímulo de la comunidad de ONGs internacionales, el papel de esta red será muy importante para evitar que los agentes del consumismo dispendioso del Norte sigan explotando los escasos recursos africanos.
Por Wally Menne, Timberwatch, correo electrónico: moc.acirfai@tentnalp
- Camboya: pueblo indígena resiste la expansión de plantaciones industriales de árboles
“Todos los aldeanos comprenden la necesidad de proteger el bosque. No podemos vivir sin él”. Quien habla es un habitante de la comuna Dak Dam, provincia de Mondulkiri, en el nordeste de Camboya. “Ahora nuestra vida es más difícil”, sostuvo.
Aproximadamente 20 de nosotros (de Vietnam, Tailandia, Camboya, Filipinas y el Reino Unido) nos sentamos junto a los aldeanos a la sombra del gran árbol próximo a la escuela local. Estábamos en camino a la “Conferencia regional del Mekong sobre plantaciones de árboles”, que se desarrollaría en Kratie en el transcurso de los dos días siguientes. Habíamos viajado a Dak Dam para averiguar cómo la comunidad indígena phnong lucha por preservar su tierra contra Wuzhishan, una empresa china-camboyana con fuertes vínculos en el gobierno camboyano. En agosto de 2004, el gobierno camboyano autorizó en principio a Wuzhishan a establecer una concesión de 199.999 hectáreas, con 10.000 hectáreas autorizadas de inmediato para su puesta a prueba y su plantación comercial.
“La compañía aumentó su superficie de tierras a 20.000 hectáreas”, nos informó un aldeano. Otro dijo que la empresa había tomado 30.000 hectáreas. Ni Wuzhishan ni el gobierno han dado a los pobladores un mapa con las operaciones de la plantación. “La gente pregunta por qué la empresa puede tomar la tierra”, señaló un lugareño. “Luchamos contra la empresa porque necesitamos la tierra para trabajarla. Nos hemos quejado durante dos años a la empresa”.
Los aldeanos no cultivan arroz con cáscara, sino arroz de secano en campos alternados de tala y quema. La compañía había plantado en esos campos de los lugareños. Este año la zona sufrió una sequía y parte del arroz fue destruido.
“La compañía taló todos los árboles de nuestra tierra, incluidos los árboles espirituales”, contó uno de los aldeanos. “En consecuencia, nuestra gente está sufriendo. La compañía también destruyó la tierra que utilizamos para enterrar a los ancestros. La compañía vino para talar los árboles grandes. Nosotros jamás cortamos esos árboles. En la cima de la colina cultivamos árboles frutales. La compañía taló todos los árboles y ahora no tenemos frutas. Antes vendíamos la fruta en el mercado para comprar comida”.
El impacto para la cultura desde que la compañía llegó a sus tierras fue un tema recurrente durante la reunión. “Nuestra cultura respeta los árboles y la tierra. Como pueblo indígena creemos que es importante que, de alguna manera, vivamos juntos. Se produjo un cambio en la cultura de la comunidad desde que llegó la compañía”, explicó un lugareño.
“Los trabajadores de la compañía se han aprovechado de los niños y las jóvenes”, agregó otro. “Algunas jóvenes se enamoraron de los trabajadores y luego la compañía se traslada a otra zona. Les tememos a los trabajadores. Ellos beben vino y cerveza y hacen cosas malas”.
“El gobierno ha prohibido la quema de los pastizales”, afirmó un aldeano, “pero necesitamos quemarlos para mejorarlos, para que pasten los animales”. La compañía contrató trabajadores para vigilar a los aldeanos que intentan quemar los árboles o tierras de su propiedad.
Un lugareño nos contó cómo la empresa utiliza productos químicos para eliminar el pasto en las zonas que cultiva. “Los químicos fluyen hacia los ríos y los arroyos. Esa es el agua que bebemos. Los químicos matan a los peces en los arroyos”.
Los pobladores protestaron ante las autoridades locales acerca de las operaciones de la empresa. El resultado fue mano dura y represión. Se les prohibió abandonar la provincia; por ejemplo, que asistieran a talleres en Phnom Penh. Cuando cientos de lugareños marcharon hacia Sen Monorom para solicitar al gobernador del distrito que se encargara de sus problemas, los recibieron con vehículos lanza-agua. Las autoridades les dijeron que volvieran a sus aldeas con la promesa de que resolverían la situación en cuestión de días. “Pero nada ha sucedido”, destacó otro aldeano. “Las autoridades dijeron que se trata del desarrollo de nuestro país. Pero esto no es desarrollo”.
Este año, los aldeanos organizaron una reunión para discutir sus problemas con Wuzhishan, pero ningún representante de la compañía se presentó. “Uno de los lugareños intentó reunirse con la compañía en Phnom Penh, pero sin resultados. La empresa nunca responde a nuestras quejas”.
Sawaad, un agricultor del noreste de Tailandia y uno de los participantes de la conferencia sobre las plantaciones del Mekong, dijo a los aldeanos: “Hace 15 años, en Tailandia enfrentamos los mismos problemas. No teníamos la experiencia suficiente cuando Phoenix Pulp and Paper comenzó a plantar árboles de eucalipto. El eucalipto causa problemas con el agua, el medio ambiente y nuestro sustento. Los derechos sobre la tierra son un gran problema. Antes de que supiéramos que existía un problema, éste ya estaba presente. Al principio la gente escribía cartas. Lo mismo que aquí. Enviamos muchas cartas, pero nadie respondió. Entonces comenzamos a formar grupos y crecimos hasta llegar a cientos de personas”.
Sawaad sonrió al explicar cómo los agricultores de Tailandia se organizaron para resistir la expansión de las plantaciones en sus tierras. “La gente debe hallar sus propias formas para presionar a su gobierno. En Tailandia hemos creado la Red de Pequeños Agricultores del Nordeste y la Asamblea de los Pobres. Realizamos manifestaciones para protestar y negociar con el gobierno. No sé con exactitud cuántas protestas hubo en los últimos 15 años, pero probablemente sean entre 300 y 500. En 1997, la Asamblea de los Pobres realizó una protesta durante 99 días frente a la Casa de Gobierno de Bangkok. A veces a la protesta concurrían cientos de personas; a veces decenas de miles. Debemos depender de nosotros mismos, de nuestros movimientos. No podemos depender de nadie más”.
Uno de los lugareños de Phnong preguntó cómo reaccionó el gobierno ante las protestas. “El gobierno hizo todo lo que pudo para detenernos”, respondió Sawaad. “Yo estuve en la cárcel ocho veces. Pero logramos trabajar como una red, no sólo como pequeños grupos de personas. Así que si el gobierno atacaba a una persona o encarcelaba a otra, la red simplemente seguía funcionando”.
Nos alejamos de la aldea atravesando las colinas ondulantes. Observábamos los pinos de la empresa plantados en pequeños círculos despejados que salpicaban el paisaje. Mientras comenzaba a llover, recordé las palabras de un lugareño: “Seguiremos quejándonos ante el gobierno hasta que el gobierno nos devuelva la tierra”.
Por Chris Lang, correo electrónico: ed.enilno-t@gnalsirhc, www.chrislang.blogspot.com
- Laos: empresas vietnamitas instalan plantaciones de caucho en el Sur
Una delegación de negocios de la Corporación General del Caucho de Vietnam visitó Laos en julio de 2004. Por entonces, sólo existía una pequeña superficie cultivada con caucho en el sur de Laos. “Podemos proporcionar de 50 mil a 100 mil hectáreas de tierra para que Vietnam cultive caucho”, declaró a la delegación el Vice Primer Ministro de Laos, Thongloun Sisolit.
Unos meses después, el gobierno de Laos otorgó la autorización a un proyecto de US$ 30 millones por parte de la empresa pública vietnamita Compañía de Caucho Dac Lac. Esta compañía debe su nombre a la provincia de la región montañosa central de Vietnam, donde cuenta con 14.000 hectáreas de plantaciones de caucho. La empresa se propone plantar 10.000 hectáreas con árboles de caucho en las provincias de Champasak, Saravane, Sekong y Attopeu, con una cesión de 50 años sobre la tierra. Hasta octubre de 2006 la compañía había plantado 3.200 hectáreas con árboles de caucho.
Según el diario Vietnam Economic Times, Thongloun Sisolit calificó el proyecto de la empresa como “un modelo que ayudará a su pueblo a prepararse para la producción comercial”.
Pero la Compañía de Caucho Dac Lac ha sustituido bosques y tierras de los campesinos con plantaciones de caucho. La empresa indemnizó en los casos que eliminó cultivos comerciales, pero no pagó compensación alguna a los agricultores cuyos campos de arroz secano eliminó. Antes de que la empresa instalara sus plantaciones de caucho, gran parte de la tierra presentaba una combinación de campos de arroz, campos en barbecho y bosques. La compañía se limitó a declararla “bosque degradado”, y despejó la tierra.
Otra empresa vietnamita comenzó en marzo de 2005 a operar en la provincia de Champasak. La meta de la Compañía de Caucho Vietnam-Laos S.A. es plantar 10.000 hectáreas de árboles de caucho con una inversión total de US$ 30 millones. La empresa paga un arrendamiento de US$ 9 por hectárea por año al gobierno de Laos. La compañía pertenece a la Corporación General del Caucho de Vietnam.
En diciembre de 2006, la Compañía de Producción de Caucho Quang Minh S.A. firmó un contrato con el Comité de Planificación e Inversión de Laos para realizar un proyecto de US$ 15 millones para la plantación de 4.900 hectáreas de caucho en las provincias de Sekong y Attopeu.
El mes pasado, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales estuvo en Laos y visitó una de las plantaciones de la Compañía de Caucho Vietnam-Laos S.A. próxima a la aldea de Mak Ngeo, en la provincia de Champasak. Un cartel en la plantación advierte que está prohibido el pastoreo de ganado. Un lado del camino de tierra se había plantado más o menos recientemente. La tierra roja y las hileras de árboles de caucho de un metro de altura se extendían en la distancia. Más allá de la plantación podíamos ver los restos del bosque que había sido talado para dejarle espacio a los árboles de caucho. Al otro lado del camino los árboles de caucho eran más antiguos y con más de dos metros de altura. Los aldeanos nos contaron que habían perdido sus tierras debido a la empresa. Trabajando en conjunto podían limpiar unos 150 metros diarios, a veces más, a veces menos, según la cantidad de maleza. La compañía les pagaba 50.000 kip (unos US$ 5,25) cada 150 metros limpiados, por lo que cada uno recibía poco más de US$ 1 al día.
Aproximadamente 200 vietnamitas trabajan aquí. Durante nuestra estadía llegaron dos trabajadores vietnamitas en motocicleta. Uno de ellos hablaba lao y comenzó a darles instrucciones a los trabajadores. Había estado en Laos un año, más o menos.
Un poco más adelante por el camino vimos un vivero de árboles de caucho. Los plantines de los árboles de caucho se plantan en abono en pequeñas bolsas de plástico. Una vez que germinan hojas y raíces, se los puede plantar en la tierra. Los plantines fueron traídos de Vietnam.
Hace unos años, una empresa malaya de palma aceitera instaló una plantación piloto en las cercanías. Hoy la plantación está abandonada y muy crecida. Cerca de la plantación de palma aceitera hay una plantación de caucho recientemente despejada, rodeada de un alambrado y una zanja para mantener al ganado fuera.
En mayo de 2006, en un taller sobre “Desarrollo del caucho en Laos”, celebrado en Vientiane, el subdirector del Centro de Investigación Forestal de Lao, Sounthone Ketphanh, explicó que la demanda del mercado de caucho en China alentó las inversiones de empresas chinas y vietnamitas en las plantaciones de caucho de Laos. Las inversiones chinas se ubican en el norte del país; las vietnamitas, en el sur.
En un artículo del periódico Vientiane Times, Sounthone describió los beneficios de las plantaciones de caucho: “A diferencia de otros cultivos comerciales, el caucho ofrece beneficios de largo plazo a los agricultores por un período de 30 a 40 años. Los agricultores no sólo se benefician con la extracción del látex, sino también con la rotación de cosechas en los primeros años posteriores al cultivo y con la venta de la madera una vez que cesa la extracción”.
Los participantes en la reunión señalaron que el precio del caucho en el mercado internacional sigue los ciclos de “auge y caída”, que podrían ser desastrosos para las empresas y los agricultores que cultivan árboles de caucho en sus tierras. A partir de mayo de 2006 el precio del caucho se precipitó, pero los analistas pronostican que habrá de recuperarse.
Southone reconoció otro problema. “En cuanto al aspecto negativo”, dijo en el taller de Vientiane, “el rápido crecimiento de las plantaciones de caucho genera una pérdida en gran escala de recursos forestales y destrucción de la cuenca de agua, que es particularmente importante en Laos, donde la seguridad alimentaria rural está directamente relacionada con la salud de los bosques”.
Por Chris Lang, correo electrónico: ed.enilno-t@gnalsirhc, www.chrislang.blogspot.com
- Uruguay: aun sin estar en funcionamiento, la fábrica de celulosa de Metsa Botnia ya huele a podrido Es muy probable que el público finlandés sepa poco o nada de la historia del Uruguay y de cómo esta historia se relaciona con la fábrica de celulosa que Metsa Botnia está construyendo en este país. Por eso, vale la pena explicar que, desde 1973 hasta 1984, el Uruguay estuvo gobernado por una dictadura militar. Durante ese período, los militares violaron todos los derechos humanos posibles e imaginables, y la tortura fue moneda corriente. Miles de uruguayos, tanto hombres como mujeres, fueron encarcelados y torturados; gran cantidad de personas fueron muertas o “desaparecidas”, y otros miles debieron vivir en el exilio durante esos años. En la misma época, una brutal dictadura militar gobernó también en Argentina.
Para uruguayos y argentinos, los militares siguen simbolizando la violación generalizada de los derechos humanos. En Uruguay, muchos de los oficiales encargados de las torturas, muertes y desapariciones son hoy coroneles y generales. El público finlandés debe saber que, hace pocos días, las fuerzas por ellos comandadas recibieron la orden de proteger el sitio donde se construye la fábrica de celulosa de Metsa Botnia, y que esto está afectando gravemente la imagen de Finlandia.
No se llegó a esta situación por casualidad. La necesidad de recurrir primero a la protección policial, y luego a la protección militar, es consecuencia de las tácticas de la compañía finlandesa, que pusieron en su contra a las comunidades vecinas, principalmente a las de Argentina. En lugar de tender puentes de comprensión y aceptar que era necesario convencer, la empresa intentó imponerse. Cuando el Presidente uruguayo en persona le pidió detener las obras para facilitar las negociaciones con la vecina Argentina, la empresa se negó a hacerlo. Ha tenido varios enfrentamientos con trabajadores y sindicatos, agravados por su decisión de traer a cientos de trabajadores de Europa oriental y de otros países. Las exageraciones de la compañía en cuanto al nivel de contaminación y de olor de una fábrica que es dos veces más grande que las que funcionan en Finlandia han resultado en una total pérdida de credibilidad acerca de su seriedad.
Como resultado, Metsa Botnia es ahora responsable de la militarización de la región, y de haber creado una peligrosa situación de enfrentamiento con la poderosa hermana República Argentina. En lugar de traer desarrollo al Uruguay, ha traído divisiones internas y problemas externos. El apoyo explícito que recibe del gobierno finlandés vuelve difícil hacer la distinción entre la empresa y su país de origen, y todo lo que hace la una repercute en el otro.
El pueblo finlandés debería exigir explicaciones a su gobierno, porque está en juego la imagen de su propio país. Un país que, hasta hace poco tiempo, gozaba de una percepción favorable, está siendo cada vez más cuestionado tanto en Uruguay como en Argentina. Si el gobierno uruguayo necesita respaldar la inversión finlandesa con personal militar, es evidente que tanto la empresa como su país de origen están en serios problemas. Cuando la presencia militar se vuelve necesaria, ello significa que muchas cosas se han hecho muy mal. La situación podría empeorar aún más si por alguna razón los soldados llegaran a recibir la orden de disparar contra la gente. Algo huele a podrido en el reino de Metsa Botnia, y ese olor no es, por ahora, el de la producción de celulosa.
Comunicado de prensa del 12 de diciembre de 2006 del grupo uruguayo Guayubira, correo electrónico: yu.gro.aribuyaug@ofni, www.guayubira.org.uy
(Último momento: El lunes 18 el gobierno anunció que, a pedido de Botnia, ordenó el retiro de los efectivos militares enviados a custodiar los terrenos donde se construye la fábrica de celulosa de la empresa en Fray Bentos. Botnia, responsable de la militarización, argumenta ahora que "las condiciones de tensión, preocupación e inseguridad disminuyeron en forma muy importante". No queda muy claro a qué condiciones se refiere, pues la medida de las poblaciones argentinas fronterizas de cortar el acceso a los puentes binacionales continúa, al igual que las dificultades para un diálogo entre los gobiernos de ambas márgenes del río. Entonces, surge el interrogante de por qué Botnia cambió de idea. ¿Será que la denuncia de la situación puede lesionar la imagen internacional que la empresa pretende dar? Por otro lado, el Ministerio de Defensa recibió complacido la medida debido a que la custodia del perímetro de Botnia le significaba un esfuerzo importante. Pero advirtió que si fuera necesario volvería a enviar tropas.)
DESTACAMOS: LOS NEGOCIOS DEL CARBONO
- Mozambique: un alerta contra la promoción de monocultivos de árboles
En 1997 se instrumentó el Protocolo de Kyoto en la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático para limitar las emisiones de carbono causantes del calentamiento global. Desde entonces la situación ha empeorado por la aceleración de los impactos del cambio climático, pero de lo que más se habla en las conferencias es de “las oportunidades” de la catástrofe, léase negocios.
En la última conferencia que se llevó a cabo en Nairobi, Kenia, a mediados de noviembre, una de las “oportunidades” sobre las que se puso mayor énfasis se refirió a la posibilidad de que los países empobrecidos de África, Asia y América Latina obtuvieran ganancias a través de los “proyectos MDL” (lo que ellos llaman Mecanismo de Desarrollo Limpio y nosotros Mecanismo de Dudosa Limpieza) – dentro de los cuales figuran los denominados de Forestación y Reforestación para sumideros de carbono – (ver Boletín del WRM Nº 37) así como del establecimiento de cultivos para biocombustibles (ver Boletín del WRM Nº 112). En ninguno de los dos casos se reducen las emisiones que provocan el calentamiento de la atmósfera, sino que se hacen triquiñuelas para ganar dinero mientras siguen sin resolverse las verdaderas causas del cambio climático.
Muchos gobiernos de países empobrecidos, cautivos de la deuda y la dependencia, tienden a ver con buenos ojos estas “oportunidades”. Tal es el caso de Mozambique, que el 20 de noviembre recibió en Maputo a una delegación de Naciones Unidas recién llegada de la conferencia de Nairobi, a raíz de lo cual las autoridades mozambiqueñas anunciaron, con gran entusiasmo, los beneficios que tendría el país de aceptar estos proyectos.
Ese mismo día la organización sudafricana GeaSphere, con una larga trayectoria de lucha contra los monocultivos de árboles, organizó un evento en el que participaron delegados de organizaciones locales para debatir sobre los impactos de las plantaciones forestales en gran escala. Durante el evento, el Coordinador de dicha organización, Philip Owen, un representante de la organización SCAPEI, Nhlanhla Msweli y una representante de WRM, Ana Filippini, dieron detalles sobre los impactos sociales, económicos y ambientales identificados ya en muchas comunidades por causa del establecimiento de monocultivos a gran escala.
Los participantes, informados además sobre los planes del gobierno de Mozambique de promulgar una ley de promoción de plantaciones, resolvieron establecer un grupo de coordinación con la representante de GeaSphere en Mozambique, Vera Ribeiro, y dar un mensaje de alerta a la población mozambiqueña para que no acepte las propuestas de promoción de monocultivos.
Para tener éxito en ese objetivo será fundamental la coordinación regional con otras organizaciones. Las experiencias de Sudáfrica y Swazilandia pueden aportar de manera fundamental a la toma de conciencia en Mozambique sobre el impacto de los monocultivos forestales.
- India: la forestación para secuestro de carbono en marcha
Los proyectos de forestación para secuestro de carbono ingresaron tardíamente en el mercado de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), porque han dado lugar a mucha controversia. El marco legal necesario, diseñado en los acuerdos de Marrakech de 2001, fue aprobado recién a fines de 2005, durante las negociaciones de Montreal sobre el clima. Por ese motivo, hay muy pocos elementos concretos para señalar.
Pero esta actividad figura definitivamente entre los proyectos de la India. El Banco Mundial, el sector forestal y otros sectores privados, los académicos y el gobierno, están muy ocupados armando planes y haciendo cálculos muy diferentes entre sí sobre los créditos que el país podría obtener de los árboles. En el año 2003, los grupos de presión indios de la industria papelera presentaron un plan para “reverdecer la India”, como parte de su larga campaña para lograr un permiso de arrendamiento de las tierras de bosques “degradadas”, en las cuales establecer plantaciones industriales. La posibilidad de obtener créditos de carbono a través de dichas plantaciones fue discutida en detalle. Mientras tanto, un proyecto de política nacional sobre el medio ambiente, presentado por el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques (MoEF) en el año 2004, vino a confirmar una nueva política ambiental “liberalizada”, que promovía el comercio del carbono y de otros servicios ambientales. Esta iniciativa coincide con un grandioso plan ya existente del MoEF, de transformar, para el año 2020, 30 millones de hectáreas de bosques “degradados” y otras tierras en plantaciones industriales de árboles y de productos agrícolas, a través de un nuevo tipo de colaboración con el sector privado, los gobiernos estatales y las comunidades locales.
Entre los numerosos proyectos MDL previstos para la India están los de forestación en los estados de Madhya Pradesh y Andhra Pradesh. Allí, una organización llamada Community Forestry International (CFI) ha hecho un relevamiento de las posibilidades de absorber el carbono utilizando los árboles. La CFI sostiene que ayuda a quienes “definen las políticas, a las agencias de desarrollo, a las ONG y a los silvicultores profesionales, a crear los instrumentos legales, capacitar recursos humanos y encaminar los procesos de negociación y los métodos necesarios para apoyar a quienes administran localmente los recursos” para estabilizar y regenerar los bosques. Su trabajo en Madhya Pradesh ha contado con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo Internacional y del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura estadounidense. En Andhra Pradesh ha sido apoyado por la División de Cambio Climático y Energía del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional del Canadá.
La CFI sugiere que, en la India, el MDL sería una actividad viable que generaría ingresos para las comunidades indígenas rurales. Sin embargo, existen fuertes razones para dudarlo. En la India, como en todas partes, no es la teoría abstracta sino más bien la estructura institucional en la cual se insertaría el MDL lo que nos da las claves para los probables resultados sociales y climáticos.
Tomemos como ejemplo el proyecto MDL analizado por la CFI para ser aplicado en Adilabad, en el estado de Andhra Pradesh. La CFI vio la posibilidad de capturar carbono mediante la reforestación de bosques y la plantación de monocultivos de árboles en tierras no boscosas, cuyo contenido de carbono había sido liberado por las grandes y crecientes poblaciones humanas y ganaderas, el pastoreo sin control del ganado en los bosques y el avance sobre tierras boscosas y su conversión al cultivo de rotación.
La mejor opción, según la CFI, sería regenerar los bosques de teca y de especies de hoja caduca. Se había pensado que las plantaciones de eucaliptos clonados acumularían carbono más rápido y tendrían otros usos comerciales como la producción de madera y celulosa, pero serían más costosas de establecer y mantener, y seguramente las comunidades Adivasi y los activistas se opondrían, por considerarlas como una nueva forma de colonialismo.
La CFI decidió que los mejores agentes para encargarse de la regeneración de los bosques serían los grupos de ayuda mutua de mujeres (SHG). Estos grupos fueron creados en los años 90 por la agencia estatal de desarrollo intertribal, como un mecanismo para mejorar las finanzas de los hogares mediante proyectos de microcrédito y desarrollo de capacidades, y a su vez, vinculando a los hogares con las instituciones financieras y las autoridades gubernamentales. La CFI sostiene que estas instituciones son mucho más dinámicas, responsables y transparentes que otras instituciones locales tales como los comités de protección de los bosques, los cuales tienen fama de ineficientes, poco transparentes, poco confiables y complicados en sus relaciones con el departamento forestal.
Puede sonar perfecto, salvo que es difícil imaginar cómo las virtudes de los grupos de ayuda mutua de mujeres se aplicarían a la economía del carbono. La CFI afirma que solo si los SHG se unen en una federación los proyectos forestales de captura de carbono serían financieramente viables, dados los altos costos de los trámites requeridos para su preparación e implementación. Sin embargo, no explica de qué manera se formaría tal federación entre las comunidades locales, ni cómo los SHG podrían participar en los proyectos MDL y vincularse al mercado de carbono. Tampoco menciona que actualmente los SHG trabajan relativamente aislados de las instituciones del Panchayat Raj (último nivel de autoridad local formal de autogobierno en la India rural), del departamento forestal y de los comités locales de protección de los bosques.
Podría argumentarse que no hay nada de qué preocuparse todavía, y que tal vez podamos simplemente aprender a medida que avancemos. El problema es que el mero hecho de que se estén llevando a cabo estudios como el de la CFI ya legitima la idea de implementar proyectos de compensación de carbono en el Sur. Desde el exterior, serán pocos quienes noten que las conclusiones de dichos estudios son sospechosas.
Tomado y adaptado de: “Carbon Trading: A Critical Conversation on Climate Change, Privatisation and Power”, Dag Hammarskjold Foundation, Durban Group for Climate Justice y The Corner House, disponible en http://www.dhf.uu.se
- Uganda: FSC no respalda derechos de los pueblos indígenas en Mount Elgon
La organización holandesa FACE Foundation trabaja en el Parque Nacional Mount Elgon desde 1994. FACE trabaja con la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda (UWA, por sus siglas en inglés), la responsable de la gestión en los parques nacionales de Uganda. El objetivo del proyecto UWA-FACE es plantar árboles en una superficie de 25.000 hectáreas dentro de los límites del parque nacional. Hasta la fecha, UWA-FACE han plantado 8.500 hectáreas. Según el contrato con UWA, FACE Foundation es propietaria del carbono de los árboles plantados en Mount Elgon, los cuales no deberán talarse al menos durante 99 años. FACE pretende sacar una ganancia con la venta, como créditos de carbono, del carbono almacenado en los árboles. Como señala Alex Muhwezi, director de IUCN en Uganda: “FACE obtiene permiso para continuar contaminando y nosotros para plantar árboles”.
En marzo de 2002, SGS Qualifor certificó que el proyecto de plantación de árboles de UWA-FACE estaba bien gestionado según el sistema del Consejo de Manejo Forestal (FSC, por sus siglas en inglés). El certificado se aplica sólo al proyecto UWA-FACE y no a la gestión del resto del Parque Nacional Mount Elgon. Al emitir el certificado, SGS logró ignorar casi por completo un conflicto en curso entre las comunidades locales y las autoridades del parque.
En julio de 2006, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y la ONG ugandesa Climate and Development Initiatives (CDI) visitamos comunidades en torno al Mount Elgon. Lo que encontramos es escandaloso. Los lugareños nos dijeron que la gestión del parque por parte de la UWA es brutal. En 1993 y 2002 se desalojó violentamente a aldeanos del parque nacional. Desde los desalojos, los guardabosques de UWA los han golpeado, torturado, humillado y amenazado y les han arrancado sus cultivos de raíz.
En una aldea sobre el límite del parque, un poblador nos mostró un sobre con cartuchos de balas que dispararon los guardias de la UWA. “Las balas las dispararon personas que intentaban matarnos”, sostuvo. “Algunos murieron. Otros quedaron heridos”.
Una cuestión fundamental es si SGS puede certificar solamente el proyecto de plantación de árboles de FACE Foundation o si SGS debe tomar en cuenta la gestión de la totalidad del parque nacional. SGS nunca encaró el asunto de manera adecuada.
El resumen de la certificación que SGS publicó en marzo de 2002 señala que el proyecto UWA-FACE se estaba integrando a la UWA, y que “ya que no está permitida la certificación de una parte sola de una Unidad de Gestión Forestal”, el alcance del certificado deberá abarcar la totalidad del Parque Nacional Mount Elgon. SGS preveía que “esta extensión del alcance deberá realizarse a fines de 2002 o 2003 cuando la integración sea completa”.
SGS visitó Mount Elgon en mayo de 2005 para determinar si el proyecto de plantación de árboles de FACE Foundation y UWA seguía cumpliendo con las normas del FSC. Según el “informe de supervisión” basado en esta visita, los asesores de SGS dieron cuenta de que “es necesaria una aclaración sobre el alcance exacto del certificado”. En abril de 2006, SGS realizó otra visita de supervisión. Esta vez, los asesores de SGS no volvieron a mencionar el alcance de la certificación.
Le pregunté a Gerrit Marais, de SGS, sobre el hecho de que SGS no hubiera evaluado el parque nacional, más de cuatro años después de haber escrito que el parque nacional debía evaluarse. Marais respondió que “FACE contrató a SGS para certificar la zona de ‘reforestación del bosque’ del Parque Nacional ya que esa es la única zona física de bosques sobre la cual la sociedad FACE/UWA tiene un control efectivo, siendo que la UWA posee un control independiente sobre el resto del parque. A menos que esa sociedad pueda integrarse de manera suficiente… el alcance no puede ampliarse”. En los hechos, SGS ha permitido a su cliente, FACE Foundation, decidir cómo aplicar las normas del FSC. La realidad es que la plantación de árboles de FACE Foundation dentro de los límites del parque nacional no puede separarse del resto de la gestión del parque. Es una parte integral de la gestión del parque nacional.
Pero el error más notorio de SGS está relacionado con la población indígena que vive en Mount Elgon y sus alrededores. El 27 de octubre de 2005, el juez J.B. Katutsi, del Tribunal Superior Ugandés de Mbale, falló que la “comunidad benet que reside en el subcondado de Benet, incluidos quienes residen en el municipio de Yatui y en la aldea de Kabsekek del condado de Kween y en el municipio de Kwoti del condado de Tingey, son habitantes históricos e indígenas de las zonas mencionadas que fueron declaradas Zona de Vida Silvestre Protegida o Parque Nacional”. El juez Katutsi falló que se deben eliminar las restricciones imperantes en la zona y que los benet tienen “derecho a permanecer en las zonas mencionadas y a realizar actividades agrícolas, incluso a desarrollar las mismas sin que se les moleste”.
Los informes de supervisión de SGS no mencionan el fallo del tribunal sobre los benet. El informe de supervisión de SGS de abril de 2006 menciona a los benet una sola vez: “Fuera de la UGF [unidad de gestión forestal], la tribu benet se instaló dentro de los límites del parque nacional Mount Elgon. Es necesario evaluar el alcance de esto… para valorar la seriedad de la disputa sobre límites”.
El Principio 3 del FSC estipula que “los derechos jurídicos y consuetudinarios de los pueblos indígenas a poseer la propiedad, el usufructo y la gestión de sus tierras, territorios y recursos será reconocido y respetado”. En su fallo de octubre de 2005, el Tribunal Superior de Mbale respaldó este principio. UWA, FACE Foundation y SGS aún no lo han hecho.
Por Chris Lang, correo electrónico: ed.enilno-t@gnalsirhc, www.chrislang.blogspot.com
-Colombia: negocios de secuestro de carbono, territorios y comunidades
Pocos días atrás culminó la décima segunda sesión de la conferencia de las partes sobre Cambio Climático –COP 12-, con cuyo cierre se confirmó, una vez, más la escasa voluntad de los gobiernos y partes involucradas en buscar soluciones contundentes a la crisis climática a la cual estamos asistiendo. Lo que sí se evidenció fue el interés por promover el uso de las estrategias inventadas para solucionar la problemática climática, es decir aquellas basadas en mecanismos de mercado, destacándose en este grupo los proyectos de plantaciones forestales como sumideros de gases de efecto invernadero.
Entre los proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio –MDL-, los supuestos sumideros representados en las plantaciones forestales llaman ampliamente la atención de los agentes contaminadores de los países industrializados, entre otras razones porque permiten sostener el modelo causante de la crisis climática, son posibles de realizar en países empobrecidos a costos significativamente menores de lo que valdría en sus países y finalmente representan una fuente más de riqueza.
Pero toda esa suerte de proyectos requiere, como es apenas lógico, de grandes extensiones de tierra para ser llevados a cabo, tierras que hoy en día permanecen en gran porcentaje en manos de los pueblos indígenas, negros y campesinos del mundo, que a su vez se convierten en un obstáculo para los planes de expansión de los monocultivos.
Mientras en la COP se habla de la vulnerabilidad y el fondo de adaptación al cambio climático, debería tal vez pensarse en la alta vulnerabilidad de las comunidades locales a los proyectos en mención que como veremos más adelante ya comienzan a impactar de forma negativa territorios y comunidades.
El caso colombiano no es ajeno a esta realidad, lo cual puede inferirse en las declaraciones de miembros de la delegación oficial, quienes manifestaron estar participando de la COP motivados por la posibilidad de acceder a los recursos que puedan derivarse de los negocios del MDL.
El gobierno colombiano cuenta con una Oficina de Cambio Climático dentro del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial -MAVDT; en dicha oficina se encuentran registrados los proyectos forestales aprobados como MDL, es decir sumideros de carbono, los cuales a la fecha suman 8 aun cuando se deben contabilizar como 12 puesto que uno de ellos denominado Proyecto Forestal Nacional comprende 5 zonas del país.
La ejecución de estos 12 proyectos supone el uso de 222.885 ha, lo que representaría un incremento aproximado de 150% en el área ocupada por plantaciones en el país; sin embargo, esta cifra puede ser muy superior si tenemos en cuenta que uno solo de los proyectos plantea el uso de más de 100.000 ha sin que se tenga precisión acerca del área a ocupar. Como es de esperarse, el mayor porcentaje de especies a emplear corresponde a exóticas, tales como pinos, eucalipto, teca, melina y acacias.
A la fecha, únicamente dos de estos proyectos se encuentran en etapa de desarrollo en campo, permitiendo la evaluación parcial de uno de ellos y la identificación de visibles irregularidades y/o aspectos preocupantes (como ejemplo, más adelante se describirá la forma en la cual varios de estos proyectos se pretenden establecer dentro de territorios colectivos de comunidades indígenas).
Si observamos con mayor detenimiento uno de los proyectos en ejecución desde 2002, denominado Procuenca, tenemos que para abril de 2006 contaba con 3.200 ha de plantaciones establecidas, 60% correspondiente a pinos y eucaliptos. Pero, ¿cómo se está llevando a cabo el proyecto? Hagamos mención de los “contratos de cuentas en participación”, figura mediante la cual el proyecto involucra a los propietarios para que éstos pongan las tierras en las cuales se establecen las plantaciones y se les otorga un préstamo destinado a la reforestación comercial, dinero procedente de Certificado de Incentivo Forestal -CIF.
Lo anterior significa que el establecimiento de las plantaciones está siendo financiado con recursos del Estado colombiano, pero paralelamente lo hará con recursos provenientes de la venta de bonos de reducción de emisiones dentro del marco del MDL; en tal sentido, este proyecto es uno de los más avanzados, si no el más, en la negociación de bonos en el país. Respecto a estos dineros, los propietarios tienen claridad en cómo se distribuyen finalmente los recursos provenientes del CIF destinados a cubrir parte de la deuda adquirida, sin embargo no manejan ninguna información sobre cómo se distribuirán los recursos provenientes de los bonos de carbono, los que llegarán a manos del proyecto y no directamente de los ejecutores.
De otra parte, entre los actores involucrados en este sumidero aparecen aquellos identificados en el marco internacional como agentes con claros intereses en el negocio y el mercado de carbono; para citar algunos, además de los consultores particulares, tenemos a la FAO, que ha sido llamada a cumplir con las funciones de administración y asistencia técnica en aras de dar transparencia al proyecto; por otra parte, aparecen las grandes ONGs como Conservación Internacional (CI), encargada del componente de adicionalidad representada en el diseño de corredores biológicos. Al mismo tiempo, esta organización y el Banco Mundial se vislumbran como los dos principales clientes para la venta de los bonos en el mercado de los MDL.
Pasando ahora a los proyectos en espera de comenzar su ejecución, encontramos el correspondiente al Parque Nacional Natural Paramillo, donde de entrada debe cuestionarse la realización de una actividad forestal productiva dentro de un territorio cuyos usos están tácitamente restringidos a la investigación, la educación ambiental y la recreación pasiva. El objetivo presentado en este caso es el establecimiento de plantaciones forestales como estrategia para generar alternativas económicas para pequeños propietarios, garantizar la protección del parque nacional y fortalecer la conservación, lo cual es absurdo de concebir al sopesar este objetivo con los impactos generados por las plantaciones forestales, su manejo, aprovechamiento y en general por el modelo al cual están sujetas.
Por último, se tienen los proyectos diseñados para establecerse en territorios de comunidades indígenas. Uno de ellos se encuentra en la zona plana del departamento de Córdoba, el mismo donde se ubica el del Parque Paramillo; en éste el objetivo es el establecimiento de 1.500 ha de plantaciones para generar beneficios económicos para las comunidades indígenas, debemos suponer pertenecientes al pueblo Zenú que habita esta región.
El otro proyecto llamado Renacimiento de la Orinoquía pretende establecer más de 100.000 ha de plantaciones de palma aceitera, pino, eucalipto, caucho y acacias, entre otras especies, en los llanos orientales, específicamente en el departamento de Vichada; con el supuesto objetivo de generar alternativas económicas para la población indígena local. Lo primero que llama la atención aquí es el uso de territorios pertenecientes a comunidades indígenas; involucra las áreas de Marandua, Carimagua, Cimarron y el resguardo Wacoyo.
Otro asunto es la falta de especificidad del área a utilizar, puesto que para esta misma zona se presentó hace unos meses ante la Unión Europea la propuesta de crear allí el más grande sumidero de carbono del planeta, 3 millones de ha. Tal labor estuvo a cargo de Carlos Gustavo Cano, actual miembro de la junta directiva del Banco de la República, pero otrora ministro de agricultura encargado de presentar la actual ley forestal ante el Congreso, la misma que eliminó todo el control que existía para el establecimiento y manejo de plantaciones y facilitó la inversión de capital privada en la explotación de las selvas colombianas.
Los dos últimos proyectos representan una serie de amenazas para los territorios y las comunidades indígenas del país. En primera medida está el escenario creado por la ley forestal, la cual eliminó el requisito de solicitar permiso para el establecimiento de plantaciones, limitándolo sólo al registro de las mismas, lo que significa que ahora no se hace revisión si los monocultivos se superponen con territorios colectivos, zonas de protección o conservación, condiciones que imposibilitarían estos proyectos. Lo mismo sucede con el tema de aprovechamiento y manejo de las plantaciones.
Por otra parte, se tiene la violación al legítimo derecho de las comunidades indígenas a la “Consulta Previa”, lo cual se logra durante el presente gobierno mediante la creación de una nueva reglamentación que limita la consulta a proyectos que requieran “Licencias Ambientales”, lo cual como acabamos de ver fue eliminado para el caso de las plantaciones por la ley forestal. De esta forma, las comunidades no tienen la posibilidad de decidir sobre las actividades pensadas por terceros para instalar en sus territorios, con los impactos venideros que ya hemos descrito.
Por Diego Alejandro Cardona Calle, CENSAT Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, correo electrónico: gro.tasnec@seuqsob
- Conferencia sobre el Clima: ONGs exigen la exclusión de los árboles transgénicos del MDL del Protocolo de Kyoto
En 2003, un comité de la Novena Conferencia de las Partes (COP 9) del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada en Milán, resolvió que los árboles genéticamente modificados (o transgénicos) podían usarse en las plantaciones establecidas en virtud del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) para que supuestamente compensaran las emisiones de carbono de las fábricas del Norte industrializado.
En respuesta, una red internacional de grupos se juntó para exigir a la ONU la exclusión de los árboles transgénicos del Protocolo de Kyoto. Estos grupos pensaban que la resolución que permitía a las corporaciones vender “créditos de carbono” se había vuelto aun más problemática con la inclusión de plantaciones de los riesgosos árboles transgénicos como sumideros de carbono: solamente servía para empeorar una situación de por sí muy mala (véase el boletín Nº 80 del WRM).
CAN (Climate Action Network) es una red global de ONG ambientalistas de todo el mundo que trabaja en la promoción de acciones gubernamentales e individuales para limitar el cambio climático inducido por la actividad humana. Esta red también había pedido que se excluyeran los monocultivos forestales del MDL alegando que las grandes plantaciones comerciales amenazan la diversidad biológica, la protección de las cuencas y la subsistencia local sustentable. Además, solicitaron la estricta exclusión de especies invasivas o genéticamente modificadas de los proyectos de forestación y reforestación del MDL.
Este año la COP 12 del Convenio sobre el Cambio Climático se reunió en Nairobi, Kenia, entre el 6 y el 17 de noviembre. Una vez más se presentó la petición de que se prohibieran los árboles transgénicos en las plantaciones designadas como sumideros de carbono.
“Debe prohibirse la liberación de los árboles genéticamentemodificados en enormes plantaciones para almacenar carbono”, declaró Anne Petermann de Global Justice Ecology Project. “La fuga de polen o semillas de árboles GM a bosques nativos provocaría impactos ecológicos graves y totalmente impredecibles que podrían afectar la capacidad de almacenamiento de los bosques, lo que empeoraría el calentamiento global”, añadió. Por su parte, Andrew Boswell de Large Scale Biofuels Action Group afirmó que “A la luz de la resolución precautoria de la Convención de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica sobre los árboles transgénicos, de marzo de 2006, exhortamos a los países del Sur a ser resueltamente prudentes en la adopción de tales tecnologías que no están bajo su control y que probablemente no los beneficien”.
Desgraciadamente, el Convenio sirvió de foro a los grandes intereses que se preocupan muy poco por el medio ambiente y las personas y demasiado por el dinero (véanse las “Noticias desde la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - COP 12” en http://www.wrm.org.uy/actores/CCC/inicio.html).
Artículo basado en: “CAN Recommendations: Modalities for Including Afforestation and Deforestation under Article 12”, COP 9, diciembre de 2003; “Soluciones” falsas & destructivas al calentamiento global: Grupos condenan la producción de biocombustibles en gran escala, los árboles y cultivos de ingeniería genética y los monocultivos de árboles”, comunicado de prensa en el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Nairobi, Kenia, 16 de noviembre de 2006.
Boletín Mensual del Movimiento Mundial por los Bosques
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