La epidemia de la OMC, por Silvia Ribeiro

Como el rey Midas, todo lo que toca lo convierte en oro -que va a parar a las arcas de las multinacionales, creando más pobreza y desigualdad en el mundo. Tiene sus orígenes en el GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio), que inició en 1947, pero fue concebido ya en 1944 en la Conferencia de Bretton Woods, en New Hampshire, para funcionar conjunta y complementariamente con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

La OMC se creó al finalizar la Ronda Uruguay de negociaciones del GATT (Acuerdo General de Aranceles y Comercio) en 1994. Mucho más que al comercio, la OMC se ha dedicado, tal como lo expresó abiertamente su entonces Director General Renato Ruggiero en 1996, "a escribir la nueva constitución del mundo".

La Ronda Uruguay introdujo varios temas nuevos. Uno de los de mayor impacto es el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC). La idea y el primer borrador de ADPIC fue escrito por una coalición de transnacionales de Estados Unidos, Japón y Europa, lideradas por las farmacéuticas. Este acuerdo impuso a todo el mundo la adopción de sistemas de patentes -o sistemas de propiedad intelectual equivalentes- que legalizaron el patentamiento de seres vivos, -microorganismos y procesos microbiológicos- mundializando así la biopiratería de recursos genéticos provenientes de plantas medicinales, semillas de cultivo y otros, a manos de las transnacionales farmacéuticas, químicas y agrícolas. Hasta ese momento, prácticamente ningún país del Tercer Mundo tenía legislación de propiedad intelectual, sencillamente porque no les convenía. Actualmente, casi todos los países del mundo han cambiado su legislación para permitir el patentamiento tal como lo exige la OMC.

Las patentes más que un sistema de protección para retribuir al "inventor", como es la teoría, en realidad son un efectivo sistema de monopolizar productos y tecnologías, impidiendo que otros puedan acceder a ellas sin consentimiento de su dueño. Aproximadamente dos tercios de los productos patentados nunca llegan a producirse, porque su intención primaria no es recuperar los gastos de investigación, sino eliminar competidores.

El 97% de las patentes en el mundo están en manos de países de la OCDE (Norteamérica, Japón y Europa), y el 90% son de empresas transnacionales. Luego de instaurados los sistemas de propiedad intelectual según los requerimiento de la OMC, se estima que más del 98% de las solicitudes de propiedad intelectual en esos países -muchas veces sobre recursos genéticos originarios de esos países- son de transnacionales.

El ADPIC protege también los derechos monopólicos de las farmacéuticas a los medicamentos. Este es un tema muy relevante para estas empresas, cuyo interés fundamental es el lucro y no la salud. Las farmacéuticas dicen necesitar las patentes para poder recuperar las inversiones que hacen en investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Pero según un estudio de 1993 de la Oficina de Evaluación Tecnológica de Estados Unidos, el 97% de los nuevos productos lanzados al mercado son copias de productos que ya existían. Su único fin es prolongar el período de monopolio de la patente e impedir la producción de medicamentos genéricos, es decir con los mismos componentes, pero producidos sin patente y por tanto mucho más baratos para el público. La industria farmacéutica es el rubro industrial que tiene más ganancias en el mundo -un promedio general de 13% anual en todo el sector, y alrededor del 30% en las más grandes. Se entiende entonces que es realmente viable producir a costos menores, si lo que primara fuera el interés público. Además es uno de los sectores de mayor concentración empresarial a nivel global. Diez farmacéuticas acaparan el 58% del mercado global.

Desde su aprobación, y como compensación por las desventajas que alegaron algunos países del Sur, el ADPIC previó excepciones a las patentes farmacéuticas por razones de salud pública, por ejemplo epidemias. En esos casos, la OMC permite la utilización de licencias obligatorias (se obliga a la empresa a licenciar un producto patentado, para que el país lo produzca y venda a un costo mucho menor), y de importaciones paralelas (comprar el mismo producto a otro país que lo vende más barato). Sin embargo, cuando Sudáfrica, con 20% de su población seropositiva, intentó en el 2000 usar estos mecanismos, 39 transnacionales iniciaron un boycott contra ese país para impedir que hiciera uso de éstos. Por la campaña internacional de protesta, las empresas redujeron sus precios hasta el 85%. Aún así, este precio resultó diez a veinte veces más caro que las versiones genéricas.

Este conflicto fue la gota que desbordó el vaso, y en la posterior conferencia ministerial de la OMC, en Doha en noviembre del 2001, debido a las protestas gubernamentales del Sur y sobre todo de organizaciones de la sociedad civil, se sacó una declaración oficial que muchos vieron como un logro, pero básicamente dice que los países tienen derecho a usar las reglas que ya existían en la OMC para atender problemas de salud pública. Para satisfacer a los países sede de las transnacionales, se acordó al mismo tiempo que el Consejo del ADPIC de la OMC, vería la implementación de la declaración, particularmente el hecho de que la OMC restringe a partir del 2005 la posibilidad de exportar genéricos a países que los producen, como India. Esto inhabilita de hecho las importaciones paralelas, y como la mayoría de los países del Sur no tienen capacidad de producción de genéricos, vacía totalmente de contenido los mecanismos existentes y la Declaración de Doha sobre salud.

Las reuniones posteriores del Consejo del ADPIC, presididas por México, han empeorado la interpretación de la Declaración de Doha, llegando a un punto muerto en diciembre pasado, cuando Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza propusieron limitar aún más el ámbito de aplicación de estos mecanismos, restringiendo su uso solamente a los países menos desarrollados, y proponiendo una reducida lista de enfermedades a las que se aplique, excluyendo por ejemplo, cáncer, astma y diabetes. Al parecer, solo los ciudadanos de sus países tiene derecho a atenderse por esas enfermedades, el Sur solo puede tener malaria, tuberculosis o SIDA, y si éstas son epidemia, lo decide la OMC. Aún la reciente propuesta de la Unión Europea, más amplia en la lista de países y enfermedades, es limitante, ya que lo único lógico -buscando soluciones dentro de la lógica de la OMC- sería que las excepciones se aplicaran por razones de salud pública y punto.

Pero esta "lógica" es altamente variable. Históricamente, la táctica de los poderosos ha sido crear cláusulas retóricas frente a las negociaciones difíciles, que aplacan los ánimos de momento, pero finalmente no pueden ser usadas por los países del Sur, por falta de capacidad de éstos o porque cuando lo intentan son vetados o se cambia la regla. Será lo que sucederá con la posible inclusión de "claúsulas sociales" o de "desarrollo" en otros temas de la OMC, como la llamada "Caja de Desarrollo" en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, que se introdujo para promover la aceptación de este acuerdo, muy desfavorable a los países del Sur y a los agricultores pequeños en todas partes.

Tanto el Acuerdo sobre Agricultura, como el ADPIC -por el acceso a medicamentos y por el patentamiento de seres vivos- son puntos candentes de la próxima reunión ministerial de la OMC en Cancún, en septiembre 2003. La historia nos muestra que todos los caminos dentro de la OMC son callejones sin salida. La única "salida" es terminar con esta perversa institución.

La autora es investigadora del Grupo ETC