La defensa de los territorios ante el nuevo gobierno
Los días 6, 7 y 8 de mayo nos reunimos en la Ciudad de México integrantes de 60 comunidades, de 20 pueblos originarios —maya, chuj, yaqui, zapoteco, ñuu savi, tseltal, ch’ol, mam, rarámuri, ikoot, ikojt, ñahñu, ñuhú, nahua, chatino, ayuuk, totonaco, lacandón, me`phaa, zoque— de 24 estados del país para analizar la situación en que se encuentran nuestras luchas por defender nuestros territorios ante el cambio de gobierno.
Somos pueblos originarios, dueños y poseedores del territorio que ocupamos desde antes de la conquista española, e integrantes de comunidades campesinas dueñas de la tierra, como ejidos y comunidades agrarias.
En los sexenios anteriores las corporaciones mineras, petroleras y de gas, las generadoras de electricidad a partir de presas hidroeléctricas, termoeléctricas, generadores eólicos y fotovoltaicos, y otros megaproyectos, invadieron nuestras comunidades e intentaron despojarnos de nuestras tierras y bienes naturales, amparadas en las leyes que esos gobiernos reformaron. Para detenerlas, los pueblos nos organizamos y emprendimos luchas de larga duración, que actualmente se extienden por más de quince años.
Las empresas y los gobiernos que las apoyaban nos enfrentaron con violencia y en muchas ocasiones se valieron del crimen organizado para intentar doblegarnos. La violencia en el campo creció de manera alarmante.
Muchas personas vieron en la candidatura del actual presidente de la república Andrés Manuel López Obrador una alternativa para salir de la violencia y el horror de los sexenios anteriores. Su triunfo fue en buena medida, resultado del rechazo a esas condiciones alarmantes e insostenibles. Hay quienes pensaron que el nuevo gobierno restituiría a los pueblos sus bienes.
En estos primeros meses de gobierno hemos seguido las declaraciones, las acciones, pero también las situaciones de renovada violencia y encontramos signos ambiguos y otros ominosos que nos preocupan:
Compartimos la decisión del gobierno de no permitir la siembra de cultivos transgénicos para la alimentación, pero urge que se prohíban de manera legal y se impida la siembra de cualquier cultivo genéticamente modificado.
Compartimos la decisión de prohibir el fracking pero es necesario que se establezca el mecanismo legal para su prohibición.
Una de las prioridades del gobierno es la soberanía energética, a través del fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, pero esta prioridad se coloca por encima de los derechos indígenas.
El presidente ha declarado que no dará más concesiones mineras, pero también que no cancelará ninguna de las concesiones existentes. Según sus propias cifras 30 por ciento del territorio nacional está concesionado y muchas de las concesiones se localizan en territorios indígenas. El despojo a los pueblos originarios por proyectos mineros debe ser detenido y reparado el daño que han provocado, ya que las concesiones están vigentes durante 50 años o más.
El presidente se comprometió a no construir más hidroeléctricas, sino a modernizar las existentes. Pero en algunos casos se reanudó la construcción de presas suspendidas, pese a la negativa de los pueblos. Que el presidente haya incumplido su promesa de cancelar la termoeléctrica de Huexca, desembocó en el asesinato de Samir Flores (opositor al proyecto), y en una consulta totalmente inapropiada que impugnaron varias comunidades de Morelos y desconcertó a muchos sectores.
El presidente ha declarado que echará a andar los gasoductos que están parados por conflictos sociales, pues las cláusulas de los contratos obligan al gobierno a pagar la distribución de gas aunque esto no ocurra. Esta acción es contraria a los pueblos originarios que han defendido su territorio para que no sea cruzado por estos ductos.
En suma las declaraciones del gobierno implican que los proyectos energéticos y extractivos continuarán, sin tomar en cuenta el rechazo de los pueblos a ser despojados de sus territorios, de sus bienes comunes y de su futuro.
Los principales proyectos de este gobierno: el Corredor Multimodal Transístmico, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el Proyecto Integral Morelos, afectarán a pueblos originarios y provocarán considerables impactos ambientales.
Las consultas indígenas que ha llevado a cabo el gobierno mexicano con el fin de aprobar sus proyectos, son consultas en las que los pueblos originarios directamente afectados no pueden ejercer su derecho a la libre determinación. La consulta indígena debe ser: previa, libre, informada, de buena fe, culturalmente apropiada y vinculante. Así lo señaló la relatora de la ONU para pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz en su Nota Técnica del 5 de marzo de 2019 donde subrayó al gobierno de México que sus “procesos de consulta ciudadana diseñados para la población nacional en general no garantizan las salvaguardas de los derechos de los pueblos indígenas consagradas en los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas. Falta claridad sobre cómo las consultas previstas tendrán en cuenta las obligaciones del Estado mexicano de implementar procesos específicos de consulta previa con los pueblos indígenas potencialmente afectados con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado”.
Nos alarma la frecuencia y regularidad con que son asesinados los defensores de los territorios y de los derechos humanos, los dirigentes y voceros (que suman más de diez), y los nueve comunicadores ultimados en lo que va del sexenio. Los perpetradores son diversos, pero una constante es que tales asesinatos le sirven a quienes impulsan el despojo y a la devastación de los territorios.
Exigimos que el nuevo gobierno cumpla sus promesas de hacer justicia y ponga un alto a la impunidad. El Estado y sus gobiernos federal y estatales deben poner fin a la persecución, violencia y operativos policiacos, militares y paramilitares contra quienes defienden sus territorios, sus comunidades y la libre expresión de las ideas y el disenso.
Rechazamos categóricamente la privatización del agua y el despojo de este bien a nuestros pueblos, para destinarla a las industrias que la acaparan y contaminan. Demandamos que se respete el derecho de los pueblos indígenas sobre las aguas en sus territorios.
Romper la naturaleza colectiva de la vida comunitaria con los programas que impulsa el nuevo gobierno destinados a beneficiarios individuales, fragmenta y desarticula nuestras estrategias propias para lograr nuestra soberanía alimentaria, la conservación de las semillas nativas, el cuidado y manejo de nuestros bosques y selvas.
Exigimos que el nuevo gobierno reconozca nuestras instancias organizativas, incluidos nuestros sistemas de cargos comunitarios, particularmente los de impartición de justicia, y que sus políticas públicas reconozcan y respeten la naturaleza colectiva, comunitaria y ejidal de nuestros territorios.
Demandamos la libertad de los presos políticos de las comunidades, en todo el país, en particular los del CECOP-La Parota, Guerrero.
Nos oponemos rotundamente a la militarización de nuestros territorios y exigimos el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento constitucional de nuestras instancias de seguridad y protección como son las rondas y policías comunitarias, o las guardias comunales que surjan de la decisión y las asambleas de los pueblos.
Los pueblos originarios hemos resistido por cientos de años y no bajaremos ahora la guardia. Nos mantendremos organizados para defender nuestros bienes naturales y nuestras formas de organización, nuestros saberes y la vida en nuestros territorios. Nuestra lucha es por la vida y nuestros territorios son nuestra vida. “Estamos claros en que ni la salud, ni la alimentación, ni el cuidado del monte, ni la educación de los niños pasa por el gobierno. De todo eso nos hemos hecho cargo nosotros, porque nuestra fortaleza es nuestra organización comunitaria”.
Comunidades: Mexicali, Baja California; Hopelchen, Campeche; Teopisca, Tziscao, La Trinitaria, Francisco León, Chapultenango, San Sebastián Bachajón, Palenque, Chicomuselo, San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Chiapas; Bosque de San Elías Repechique, Huetosachi, Bacasipare, Chihuahua; Zacualpan, Colima; Atlapulco, Estado de México; Acatepec, Tlapa, Guerrero; Adjuntas del Río, El Coyotillo, Juan González, Guanajuato; Jalamelco, Hidalgo; El Grullo, La Ciénaga, Jalisco; Santa María Ostula, Pátzcuaro, Michoacán; Alpuyeca, Amilcingo, Tepoztlán, Morelos; Yalalag, Santiago Yosondua, Yerbasanta, Buenavista, Guelatao, Lachatao, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar, Paso de la Reina, Cabecera de Cañada, Chikava, Yolotepec de la Paz, Asunción Lachixila, Oaxaca; Zoteapan, Zozutla, Puebla; Nuevo Jerusalem, Chetumal, Quintana Roo; Loma de Bacum, Sonora; Huayacocotla, Veracruz; Xoy, Chaksinkin, Chemax, Sisbic, Muna, Yucatán.
Organizaciones: Muuch’ Xiimbal, Campeche; Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI), Lagos de Colores, Centro de Apoyo Educativo para la Comunidad (Bachajón), Pastoral de la Madre Tierra (Palenque), Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Movimiento Indígena del Pueblo Creyente Zoque en Defensa de la Vida y el Territorio (Zodevite), Comunidad Lacandona, Chiapas; Consultoría Técnica Campesina (Contec), Chihuahua; Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), Grupo ETC, Desinformémonos, GRAIN, Jóvenes ante la Emergencia Nacional (JEN), COTRIC, La Vía Campesina América del Norte, Ciudad de México; Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Concejo de Comunidades Indígenas de la Montaña, Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota ( CECOP-La Parota), Guerrero; Centro de Desarrollo Agropecuario (Cedesa), Consejo Ciudadano Rural (Cocira), Guanajuato; Colectivo por la Autonomía (COA), Jalisco; UNORCA Michoacán; Uken ke Uken, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO), Servicios del Pueblo Mixe (SER Mixe), Sección XXII de la CNTE, Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, (Copudever), Grupo de Mujeres de Lachatao, Guardianes del Mar, Oaxaca; Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, Unidad Indígena Totonaca Nahuatl (Unitona), Puebla; Colectivo de Semillas, K’ luumil X’Kooleloob, Asamblea de Colectivos, Colectivo de Semillas, Quintana Roo; Nación Yaqui, Sonora; Asociación Ecológica Santo Tomás, Tabasco; Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte, Veracruz; Guardianes de las Semillas, Misioneros, Muuch’ Xiimbal, Yucatán.