La conquista por el fuego: cómo los incendios reconfiguran la propiedad de la tierra en la Patagonia

Aunque el tema parece haberse apagado en la agenda pública, los incendios forestales en la Patagonia siguen activos con focos en Chubut y Neuquén. Mientras el fuego avanza, también avanza una narrativa oficial que busca desviar la atención y señala como culpables de los incendios a brigadistas y comunidades mapuche, instalando la idea de un “terrorismo ambiental”.
Pero la devastación del bosque nativo no solo representa una tragedia ecológica, sino también una oportunidad de negocios (para pocos). Mientras la comunidad se organiza para combatir el fuego, los grandes propietarios de la tierra —empresarios nacionales y extranjeros dedicados a los negocios inmobiliarios, el turismo de lujo y la extracción de recursos naturales— se benefician con las llamas y el accionar de un Gobierno que desfinanció la política ambiental. En este contexto, la criminalización de quienes defienden el territorio no puede entenderse como un hecho aislado, sino que es parte de un modelo que, tras el paso del fuego, reconfigura el acceso a la tierra en favor de grandes empresarios.
Los incendios en la Patagonia argentina comenzaron en diciembre de 2024, cuando las llamas avanzaron en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Río Negro, y consumieron más de 10.000 hectáreas de bosque nativo. Con el inicio del nuevo año, el fuego se intensificó: el 15 de enero se desató un incendio en Epuyén —una localidad ubicada al noroeste de Chubut— que arrasó más de 3.600 hectáreas y destruyó al menos 76 viviendas, fincas y galpones. Días después, las llamas alcanzaron el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, al oeste de El Bolsón en Río Negro, donde se prendieron fuego más de 100 casas y  murió un poblador, que se había negado a abandonar su vivienda durante el pedido de evacuación. En Neuquén, el incendio en el Parque Nacional Lanín avanzó con rapidez, duplicando en solo dos días la superficie afectada hasta alcanzar las 15.200 hectáreas, mientras que otro foco en Caviahue consumió 450 hectáreas antes de ser controlado.

En el último mes, los incendios forestales ya afectaron a más de 50 mil hectáreas de bosque andino patagónico, dejando un paisaje devastado y poniendo en riesgo la biodiversidad, las fuentes de agua y la vida de comunidades enteras. Sin árboles nativos para proteger los suelos, el invierno que se avecina traerá más dificultades, con riesgos de deslizamientos y una menor capacidad de retención del agua para el abastecimiento y la producción que la zona requiere. Mientras tanto, las respuestas del Estado han sido insuficientes y tardías, combinando la  falta de recursos para combatir el fuego con la  criminalización de quienes habitan y defienden esos territorios.

La Ley de Bosques en la mira: desinformación, desfinanciamiento y precarización

Al calor de los incendios, la Ley de Bosques se convirtió en el centro de una disputa marcada por la desinformación: algunos sectores denuncian que la norma fue derogada para permitir el avance inmobiliario y extractivo en tierras incendiadas, pero la  Ley 26.331 sigue vigente (y hay que recordarlo). Sin embargo, su implementación es cada vez más débil debido a la falta de recursos y control estatal.
“Se intentó bajar el estatus de conservación de ciertos bosques para permitir su venta después de los incendios, pero no lograron modificar la ley”, explica Sofía Nemenmann, activista e integrante de la  Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas. También hubo intentos de derogarla, pero fueron frenados por el Congreso y la presión de organizaciones socioambientales. “Lo que sí cambió es que cada vez hay menos financiamiento para su aplicación y control”, advierte.
La Ley de Bosques establece un fondo destinado a la conservación y manejo sustentable de estos ecosistemas, pero en 2024 el Gobierno libertario ejecutó solo el 22% de los $33.343 millones del presupuesto contemplado para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), lo que representa un recorte del 81% en términos reales respecto al año anterior. Para 2025, el SNMF tiene un presupuesto de $33.000 millones, pero aún no ha ejecutado ni un solo peso, a pesar de la gravedad de los incendios que se vivieron este verano no solo en la Patagonia sino también en provincias como Corrientes y Entre Ríos.

“El Estado históricamente ha optado por financiar sólo la extinción del fuego, sin invertir en prevención ni mitigación”, advierte Hernán Ñanco, brigadista del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Hace semanas que su vida transcurre entre guardias extenuantes, turnos interminables y la frustración de saber que trabajan con equipos insuficientes. “En marzo se vencen los contratos de brigadistas que llevan meses trabajando en los incendios. Esto genera una inestabilidad que afecta directamente la capacidad de respuesta”, explica a LATFEM en uno de los pocos momentos libres que le deja el avance del fuego. Sin descanso y con  recursos cada vez más limitados —algunos brigadistas denunciaron que llegaron a trabajar con camisas y pantalones ignífugos que ya están vencidos—, Hernán enfrenta los incendios mientras el Estado recorta presupuesto y precariza aún más a quienes ponen el cuerpo en cada emergencia.

Para Nelson Ávalos, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Chubut, “la política estatal es ‘dejar quemar’”. Para él, “los incendios pueden iniciarse por múltiples razones, pero lo que los convierte en catástrofes es la falta de prevención y respuesta, ya que el Estado permite que el territorio se consuma, facilitando su posterior transformación y especulación inmobiliaria”.

Además, algunos sectores promueven información errónea sobre la normativa vigente. “Se instaló la idea de que ahora se pueden vender tierras incendiadas, pero eso no es cierto”, sostiene Nemenmann. La Ley de Bosques (hay que recordarlo) sigue vigente, pero su aplicación depende de cada provincia y ahí radica uno de los mayores problemas. “Las provincias adecúan la normativa a sus intereses, flexibilizando el uso del suelo en función de presiones políticas y económicas”, advierte por su parte Hernán Ñanco.

El brigadista, con años de experiencia en el combate del fuego, señala que los desmontes e incendios intencionales muchas veces quedan impunes debido a la falta de control estatal. “Los incendios no solo avanzan por la crisis climática, sino porque hay una decisión política de no fortalecer la prevención ni hacer cumplir la ley”. “Es fundamental mantenernos en estado de alerta y ser guardianes de la Ley de Bosques y la de Manejo del Fuego, ya que son las únicas normativas que pueden frenar la especulación sobre los territorios incendiados”, agrega Nemenmann.

En paralelo, la narrativa que busca responsabilizar a las comunidades mapuche y a los brigadistas por los incendios no quedó sólo en declaraciones mediáticas, sino que se tradujo en detenciones arbitrarias,  allanamientos y hostigamientos a quienes luchan a diario contra el fuego. En Chubut, Río Negro y Neuquén, las fuerzas de seguridad ingresaron violentamente a comunidades mapuche, se llevaron documentación, detuvieron a integrantes y, en algunos casos —como en  Pillán Mahuiza— esposaron y golpearon a personas mayores.

Seis brigadistas voluntarios también fueron perseguidos y detenidos bajo acusaciones infundadas. Los operativos estatales se concentraron más en criminalizar a quienes habitan y defienden el territorio que en combatir el fuego. “La falta de prevención y de inversión estatal es un problema estructural, pero en lugar de abordarlo, se criminaliza a quienes defienden el territorio”, concluye Ñanco.

Patagonia en venta: quiénes tienen la tierra y quiénes avanzan tras el fuego

Mientras el fuego avanza con libertad, en la Patagonia argentina se consolida un patrón: la expansión de grandes latifundios en manos de empresarios nacionales y transnacionales que arrementen sobre territorios estratégicos. Tierras con nacientes de ríos y lagos con potencial hidroeléctrico, paisajes codiciados para el turismo de lujo y ricos en recursos naturales son adquiridas a precios irrisorios o reconfiguradas tras el paso del fuego.

Para Sofía Nemenmann, detrás de estos incendios hay intereses económicos claros. “En muchas regiones, el fuego se ha sido utilizado como estrategia para habilitar el cambio de uso del suelo”, explica la activista y apunta contra la especulación inmobiliaria, el turismo de lujo y los proyectos extractivos. “Todos son sectores que han lucrado con territorios devastados por el fuego. Esto no es nuevo y no podemos mirar para otro lado”, denuncia.

Por su parte, Ávalos agrega que “cada vez es más evidente que los incendios están ligados al avance de intereses económicos”. Para el abogado de la APDH, la especulación con las tierras arrasadas por el fuego genera expulsión de poblaciones rurales, que se ven obligadas a vender sus chacras y trasladarse a las ciudades. “La estrategia no siempre es iniciar los incendios, sino simplemente dejarlos quemar“.

“Estamos dando una pelea porque avanzan sobre nuestro territorio en complicidad con el Poder Político y Judicial”, denuncia Florentino Nawel, werken zonal Lafkence de la Confederación Mapuche de Neuquén. “Son capitales extranjeros y grupos económicos que vienen por nuestros territorios, por nuestras aguas, por todo lo que tiene valor. Frente a esto, nos estamos organizando como pueblo nación mapuche, porque lo que pasa en una provincia nos afecta a todos”.

La privatización de las tierras patagónicas en manos de grandes empresarios, nacionales y extranjeros, no es ninguna novedad. Entre los principales propietarios de tierras en la Patagonia argentina se encuentran:

Uno de los principales intereses detrás de la concentración de tierras en la Patagonia es el control del agua. Muchas de estas propiedades incluyen nacientes de ríos, lagos y glaciares, fundamentales para el abastecimiento de poblaciones y la producción agrícola. En algunos casos, como en Lago Escondido, se ha restringido el acceso público, generando conflictos legales y políticos.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno nacional en la  Ley Bases aprobada por el Congreso en 2024, profundiza este modelo al facilitar la llegada de empresas extranjeras con acceso privilegiado a recursos naturales y la posibilidad de recurrir a arbitrajes internacionales en caso de conflictos con el Estado.

De guardianes del territorio a enemigos internos: la criminalización del pueblo mapuche

La construcción del pueblo mapuche como enemigo del Estado argentino no es nueva. Desde la conformación del país, la historiografía oficial, los relatos de investigadores y los discursos políticos han insistido en su extranjerización y desconocido su preexistencia a las fronteras nacionales. Esta narrativa sirvió históricamente para justificar el despojo territorial y la violencia estatal en su contra.

Hoy esta lógica se reactiva con un discurso que señala a las propias comunidades como responsables de los incendios. “Son incapaces de apagar el incendio que consume toda la cordillera, pero fomentan la teoría del enemigo interno”, denuncia el lonko Mauro Millán de la Lof Pillán Mahuiza.

Desde la mal llamada “Campaña del Desierto” hasta las políticas actuales que los vinculan con el terrorismo, la criminalización del pueblo mapuche ha sido asociado a la violencia y al delito. A partir de la asunción de Javier Milei y bajo la conducción de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esto se ha intensificado.
Recientemente, el Gobierno argentino publicó una resolución, firmada por Bullrich, que declara a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) como una organización terrorista. Además, la ministra aseguró que los incendios en la Patagonia fueron provocados por el pueblo mapuche. “No fue un accidente. No fue un descuido. Es terrorismo. Prendieron fuego la Patagonia creyéndose impunes. Se equivocaron”, aseguró casi en simultáneo a los allanamientos y detenciones en comunidades de Neuquén, Chubut y Río Negro.

“Estamos tristes, con bronca, porque mientras nuestros bosques se queman, el Gobierno nacional, en lugar de combatir el fuego, nos acusa a nosotros, el pueblo mapuche”, se lamenta Florentino Nawel de la Confederación Mapuche de Neuquén. Para él, el accionar del Gobierno evidencia “un profundo odio racial”. En diálogo con LATFEM, el werken denuncia a la ministra Bullrich: “Está repitiendo su estrategia de siempre: represión, allanamientos, hostigamiento y miedo como herramientas de disciplinamiento y control”.
Los operativos de las últimas semanas confirman este patrón. Además de la comunidad Pillán Mahuiza, en Chubut fueron allanadas las viviendas de Jorge Millán, hermano del lonko y miembro de la FM Petu Mogueleiñ, y del lonko Quilaqueo de la Lof Nahuelpan. También fueron reprimidas la Lof Cañío, ubicada cerca de El Maitén, y la Lof Catriman Colihueque, en la Laguna El Martillo.

Para Nelson Ávalos, de la APDH Chubut, la represión en la provincia no es casual. “Los ataques se dirigieron contra referentes con una trayectoria histórica en la defensa del territorio, como  Mauro y  Moira Millán. Buscan debilitar su capacidad de organización, del mismo modo que intentan romper el tejido solidario de quienes ayudan en los incendios. Es un intento de desarticulación social y política”, asegura.

La lógica se repite en Neuquén, donde la comunidad mapuche Paichil Antriao resistió el intento de desalojo del camping Correntoso, en Villa La Angostura. El proceso judicial estuvo plagado de irregularidades, incluyendo el traslado arbitrario del expediente, lo que dejó a la comunidad en un limbo legal y sin posibilidad de ejercer su defensa. En paralelo, las comunidades Linares y Ciwkiliwin, ubicadas en las cercanías de Junín de los Andes, tuvieron que recurrir a frenar los incendios de manera autónoma ante la falta de respuesta estatal.

Desde los años 90, la recuperación de tierras por parte de comunidades mapuche ha sido presentada por el Estado y por sectores empresariales como una amenaza. Sin embargo, estos procesos han demostrado ser espacios de protección del territorio. Muchas de las comunidades que hoy enfrentan la represión han desarrollado proyectos de prevención del fuego y reforestación, resguardo de fuentes de agua y prácticas agroecológicas que contrastan con el avance de los negocios extractivos en la Patagonia.

“La acusación de que los mapuche prendemos fuego es ridícula. ¿Por qué alguien destruiría el territorio que lo vio nacer, el suelo donde descansan sus ancestros, la tierra que sostiene su vida y su espiritualidad?”, cuestiona Millán. La criminalización del pueblo mapuche no es solo una cuestión ideológica: en un contexto de avance del extractivismo, la organización indígena se convierte en un obstáculo para estos negocios.

“Nosotros tenemos una historia de resistencia de cientos de años en este territorio. Hemos sobrevivido a la persecución, al exterminio y al despojo. No vamos a permitir que nos criminalicen ni que destruyan el lugar que defendemos con nuestra vida”, concluye Millán.

Mientras el fuego sigue consumiendo hectáreas de bosque nativo, la pregunta sigue en pie: ¿quién se beneficia con la destrucción del territorio? La respuesta no está en las comunidades mapuche, sino en los grandes propietarios y en un Estado que decide perseguir en lugar de proteger.

Fuente: LATFEM